LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...
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La Desaparición Forzada de personas en el Perú<br />
reconocidos en la Convención surge el deber, por parte de los Estados, de<br />
no solo prevenir sino de investigar con absoluta seriedad56 y sancionar toda<br />
violación de los derechos reconocidos por la Convención, el<br />
restablecimiento, en el marco de lo posible, del derecho conculcado y, la<br />
reparación de los daños producidos57. Es importante destacar que el deber<br />
de investigar -como contraparte del justo derecho de los familiares de<br />
conocer la verdad- subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre el<br />
paradero de la persona, a pesar de la vigencia de leyes de amnistía, de<br />
obediencia y otras similares58.<br />
En la relación con la configuración del Estado de Derecho y las<br />
obligaciones emanadas de los instrumentos de Derechos Humanos, la Corte<br />
asume que la práctica de desapariciones, “a más de violar directamente<br />
numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa<br />
una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono<br />
de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que<br />
más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma<br />
Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el<br />
desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo<br />
que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención”59.<br />
2.1.2 La Dimensión Normativa de la Desaparición Forzada de<br />
Personas en el Perú<br />
La aparición creciente de denuncias por desaparición forzada a lo largo del<br />
segundo semestre de 1983 y durante todo el año 1984 atrajo la atención de<br />
los políticos y legisladores nacionales, quienes en el marco de un debate<br />
más amplio sobre la existencia o no de tales acciones violatorias,<br />
presentaron proyectos legislativos tendientes a prevenir y sancionar dicha<br />
práctica.<br />
El primer proyecto60 que data de abril de 1984 y que fuera presentado por el<br />
entonces diputado Javier Valle Riestra, no contenía una definición o noción<br />
de la figura delictiva, limitándose a enumerar las acciones que implicaba: la<br />
detención o aprehensión, la negación del paradero de la víctima,<br />
considerada en su especial condición de opositor o disidente político<br />
56 CORTE.... Caso Neira Alegría y otros. Sentencia sobre el fondo de 19 de enero de 1995. Serie C<br />
No. 20. Párrafo 69; y, Caso Caballero y Santana. Sentencia sobre el fondo de 8 de diciembre de<br />
1995. Serie C No. 55. Párrafos 58 y 59.<br />
57 CORTE.... Caso Velásquez Rodríguez. Op. Cit. Párrafos 166 y 167.<br />
58 Ibid. Párrafo 181.<br />
59 Ibid. Párrafo 158.<br />
60 Proyecto Nº 1412 del 01 de abril de 1984. Este Proyecto con algunas leves modificaciones fue<br />
retomado y presentado nuevamente por el senador César Delgado Barreto, el 22 de octubre de<br />
1991 con el número 780.<br />
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