LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...

La Desaparición Forzada de personas en el Perú
reconocidos en la Convención surge el deber, por parte de los Estados, de
no solo prevenir sino de investigar con absoluta seriedad56 y sancionar toda
violación de los derechos reconocidos por la Convención, el
restablecimiento, en el marco de lo posible, del derecho conculcado y, la
reparación de los daños producidos57. Es importante destacar que el deber
de investigar -como contraparte del justo derecho de los familiares de
conocer la verdad- subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre el
paradero de la persona, a pesar de la vigencia de leyes de amnistía, de
obediencia y otras similares58.
En la relación con la configuración del Estado de Derecho y las
obligaciones emanadas de los instrumentos de Derechos Humanos, la Corte
asume que la práctica de desapariciones, “a más de violar directamente
numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa
una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono
de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que
más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma
Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el
desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo
que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención”59.
2.1.2 La Dimensión Normativa de la Desaparición Forzada de
Personas en el Perú
La aparición creciente de denuncias por desaparición forzada a lo largo del
segundo semestre de 1983 y durante todo el año 1984 atrajo la atención de
los políticos y legisladores nacionales, quienes en el marco de un debate
más amplio sobre la existencia o no de tales acciones violatorias,
presentaron proyectos legislativos tendientes a prevenir y sancionar dicha
práctica.
El primer proyecto60 que data de abril de 1984 y que fuera presentado por el
entonces diputado Javier Valle Riestra, no contenía una definición o noción
de la figura delictiva, limitándose a enumerar las acciones que implicaba: la
detención o aprehensión, la negación del paradero de la víctima,
considerada en su especial condición de opositor o disidente político
56 CORTE.... Caso Neira Alegría y otros. Sentencia sobre el fondo de 19 de enero de 1995. Serie C
No. 20. Párrafo 69; y, Caso Caballero y Santana. Sentencia sobre el fondo de 8 de diciembre de
1995. Serie C No. 55. Párrafos 58 y 59.
57 CORTE.... Caso Velásquez Rodríguez. Op. Cit. Párrafos 166 y 167.
58 Ibid. Párrafo 181.
59 Ibid. Párrafo 158.
60 Proyecto Nº 1412 del 01 de abril de 1984. Este Proyecto con algunas leves modificaciones fue
retomado y presentado nuevamente por el senador César Delgado Barreto, el 22 de octubre de
1991 con el número 780.
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