LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...

La Desaparición Forzada de personas en el Perú
control44, debiendo por lo tanto responder por una presunta vulneración de
la misma.
Respecto a los derechos vulnerados, la Comisión de manera reiterada ha
señalado que la práctica de la desaparición forzada de personas compromete
los siguientes derechos reconocidos en la Convención Americana de
Derechos Humanos: el derecho a la libertad personal (artículo 7), puesto
que el tiempo de incomunicación de la víctima hace que su detención
devenga en arbitraria, a la integridad personal (artículo 5), en tanto que la
Comisión sostiene que, al no saberse el paradero de la víctima se presume
que ésta viene sufriendo tortura; el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica (artículo 3); el derecho a las garantías judiciales
(artículo 25); y, el derecho a la vida (artículo 4), llegando a precisar de
manera categórica que una de las consecuencias de la práctica de
desaparición forzada consiste en la ejecución de la víctima.
Sin embargo, también ha precisado que más allá de importar la vulneración
de estos derechos, trae consigo una verdadera forma de tortura para los
familiares y amigos de la víctima directa, por la incertidumbre en que se
encuentran aquellos sobre la suerte del ser querido y por la imposibilidad en
que se hallan de darle asistencia legal, moral y material45.
Por último, la Comisión no ha dejado de precisar que la solución justa y
definitiva de esta problemática lleva implícita la necesidad de esclarecer el
paradero y situación de las víctimas46.
d) La Corte Interamericana de Derechos Humanos
La primera sentencia relativa a un caso de desaparición forzada de personas
(caso de Angel Manfredo Velázquez Rodríguez) fue emitida en 1988, la
cual se constituyó como el precedente jurisprudencial por excelencia sobre
el tema. Prácticamente, sobre la base de aquella se han establecido criterios
jurisprudenciales que permiten una mejor conceptualización de la práctica.
En efecto, la Corte establece la sistematicidad de la práctica en los mismos
términos que la Comisión, a efecto de hallar una vinculación de esta
práctica con el caso concreto, previa actividad probatoria específica47.
44 CIDH. Informe Nº 3/98, Caso Nº 11.221, Tarciso Medina Charry (Colombia), 07 de abril de 1998.
Párrafo 62.
45 CIDH. Informe Anual 1977. Pág. 24.
46 CIDH. Informe Anual 1982-1983. Pág. 12; Informe Anual 1980-1981. Pág. 114.
47 CORTE.... Caso Velázquez Rodríguez. Sentencia sobre el fondo del 29 de junio de 1988, Serie C
No. 4. Párrafo 126.
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