LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...

La Desaparición Forzada de personas en el Perú
Como medidas de carácter preventivo establece la irrestricta facultad de las
autoridades para ingresar a cualquier centro de detención (artículo X). Por
último, impone la obligación de implementar registros de detenidos en
aquellos (artículo XI).
Más allá de la existencia de este importante instrumento internacional -
todavía no suscrito por el Perú-, cabe destacar que la Comisión durante la
tramitación de denuncias individuales, ha llegado a establecer algunos
rasgos característicos de esta práctica violatoria. Así, ha dado cuenta de la
finalidad última de la desaparición de personas: la de evitar
fundamentalmente la aplicación de dispositivos legales garantizadores de la
libertad individual, integridad física y la dignidad de la persona40,
deviniendo en “una manifestación tanto de la incapacidad del gobierno
para mantener el orden público y la seguridad del estado por los medios
autorizados por las leyes, como de su actitud de rebeldía frente a los
órganos nacionales e internacionales de protección de los derechos
humanos”41.
De igual modo, ha puesto en relieve la existencia de una relación
sumamente estrecha entre los agentes responsables de la desaparición y
aquellos encargados de proveer información sobre la misma, los cuales al
tener un papel decisivo en las investigaciones42 van configurando el marco
de impunidad difícil de desentrañar.
Incluso la Comisión ha podido establecer que las víctimas se eligen a partir
de procesos de selección predeterminados por los servicios de inteligencia.
Sin embargo, no ha dejado de precisar que esta sindicación puede surgir de
criterios absolutamente inconsistentes, como la situación de
indocumentación de la persona que conlleva a suponer la clandestinidad de
su vida43.
En relación con la actividad probatoria, el criterio adoptado por la
Comisión indica que la carga de la prueba se traslada al Estado en virtud de
dos premisas fundamentales. En primer lugar, debido al acceso privilegiado
a la información que el Estado posee sobre la situación de la víctima. En
segundo lugar, por el hecho incuestionable de que es el mismo Estado
quien tiene el deber de garantizar la seguridad de la persona bajo su
40 CIDH. Informe Anual 1976. Pág. 16; Informe Anual 1980-1981. Pág. 113; Informe Anual 1982-
1983. Pág. 12.
41 CIDH. Informe Anual 1997. Pág. 24.
42 CIDH. Informe N° 57/99, Casos 10.827 Romer Morales Zegarra, Richard Morales Zegarra y
Carmen Teresa Rojas García, 10.984 Carlos Vega Pizango (Perú), 13 de abril de 1999. Párrafo 19.
43 Ibid. Párrafo 38.
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