LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...
LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...
LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...
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La Desaparición Forzada de personas en el Perú<br />
Como medidas de carácter preventivo establece la irrestricta facultad de las<br />
autoridades para ingresar a cualquier centro de detención (artículo X). Por<br />
último, impone la obligación de implementar registros de detenidos en<br />
aquellos (artículo XI).<br />
Más allá de la existencia de este importante instrumento internacional -<br />
todavía no suscrito por el Perú-, cabe destacar que la Comisión durante la<br />
tramitación de denuncias individuales, ha llegado a establecer algunos<br />
rasgos característicos de esta práctica violatoria. Así, ha dado cuenta de la<br />
finalidad última de la desaparición de personas: la de evitar<br />
fundamentalmente la aplicación de dispositivos legales garantizadores de la<br />
libertad individual, integridad física y la dignidad de la persona40,<br />
deviniendo en “una manifestación tanto de la incapacidad del gobierno<br />
para mantener el orden público y la seguridad del estado por los medios<br />
autorizados por las leyes, como de su actitud de rebeldía frente a los<br />
órganos nacionales e internacionales de protección de los derechos<br />
humanos”41.<br />
De igual modo, ha puesto en relieve la existencia de una relación<br />
sumamente estrecha entre los agentes responsables de la desaparición y<br />
aquellos encargados de proveer información sobre la misma, los cuales al<br />
tener un papel decisivo en las investigaciones42 van configurando el marco<br />
de impunidad difícil de desentrañar.<br />
Incluso la Comisión ha podido establecer que las víctimas se eligen a partir<br />
de procesos de selección predeterminados por los servicios de inteligencia.<br />
Sin embargo, no ha dejado de precisar que esta sindicación puede surgir de<br />
criterios absolutamente inconsistentes, como la situación de<br />
indocumentación de la persona que conlleva a suponer la clandestinidad de<br />
su vida43.<br />
En relación con la actividad probatoria, el criterio adoptado por la<br />
Comisión indica que la carga de la prueba se traslada al Estado en virtud de<br />
dos premisas fundamentales. En primer lugar, debido al acceso privilegiado<br />
a la información que el Estado posee sobre la situación de la víctima. En<br />
segundo lugar, por el hecho incuestionable de que es el mismo Estado<br />
quien tiene el deber de garantizar la seguridad de la persona bajo su<br />
40 CIDH. Informe Anual 1976. Pág. 16; Informe Anual <strong>1980</strong>-1981. Pág. 113; Informe Anual 1982-<br />
1983. Pág. 12.<br />
41 CIDH. Informe Anual 1997. Pág. 24.<br />
42 CIDH. Informe N° 57/99, Casos 10.827 Romer Morales Zegarra, Richard Morales Zegarra y<br />
Carmen Teresa Rojas García, 10.984 Carlos Vega Pizango (Perú), 13 de abril de 1999. Párrafo 19.<br />
43 Ibid. Párrafo 38.<br />
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