LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...

La Desaparición Forzada de personas en el Perú
período comprendido entre 1983 y 1996, cuyo resultado final se plasma en
el presente informe.
Con relación al segundo tema comprometido, que demanda el
establecimiento de un mecanismo interinstitucional, encargado de formular
recomendaciones sobre la situación jurídica de las víctimas de desaparición
forzada y la reparación del daño sufrido por ellas y sus familiares, la
institución se ha reservado el desarrollo del mismo para una etapa posterior.
1.2 Transferencia de competencia del Ministerio Público a la
Defensoría del Pueblo
La Constitución Política de 1979, estableció entre una de las atribuciones
del Ministerio Público la de actuar como Defensor del Pueblo ante la
administración pública (artículo 250°, inciso 4°)1. A fin de implementar la
labor de defensa de los derechos humanos, entre 1983 y 1985 el Fiscal de la
Nación delegó facultades especiales a fiscales comisionados en las zonas de
emergencia para llevar a cabo la investigación de las denuncias por
violaciones de derechos humanos, entre ellas las denuncias por desaparición
forzada. En 1985 se creó la Oficina General de Derechos Humanos, como
una dependencia administrativa encargada de apoyar la labor del Fiscal de
la Nación en la orientación, información y seguimiento de las denuncias
sobre presuntas violaciones de derechos humanos.
Posteriormente, por resolución N° 192-89-MP-FN del 27 de abril de 1989,
se creó la Fiscalía Especial encargada de los asuntos de Defensoría del
Pueblo y Derechos Humanos, como órgano dependiente del Fiscal de la
Nación. Posteriormente, se crearon once Fiscalías Especiales en los distritos
judiciales de Ancash, Ayacucho, Huánuco, Piura, Apurímac, Callao, Junín,
San Martín, Arequipa, Huancavelica y La Libertad. En tal calidad el
Ministerio Público recibió quejas y denuncias sobre presuntas violaciones
de derechos humanos (desaparición forzada de personas, ejecuciones
extrajudiciales, maltratos, lesiones, tortura, detenciones arbitrarias, etc.)
durante la década de los ochenta y parte de los noventa.
Con la promulgación de la Constitución Política de 1993, que incorporó en
el ordenamiento constitucional a la Defensoría del Pueblo, como órgano
autónomo (artículos 161° y 162°)2, el Ministerio Público dejó de tener la
1 El artículo 250° inciso 4 de la Constitución Política del Perú de 1979 disponía que: “El Ministerio
Público actúa como defensor del pueblo ante la administración pública”. Dicha Constitución no
contemplaba al Defensor del Pueblo como institución autónoma.
2 La Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 162° dispone: “Corresponde a la
Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de
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