LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...

La Desaparición Forzada de personas en el Perú
pequeñas ‘notitas’ dirigidas a sus seres queridos de parte de quienes se
quedaban sin suerte alguna de lograr su libertad”.
Señala ANFASEP la dificultad para identificar a los autores materiales de
las detenciones, por lo que de acuerdo al principio de jerarquía,
responsabiliza de esta práctica a los jefes de los Comandos Político-
Militares entre 1983 y 1992, y a los Presidentes de la República que los
designaron, en su calidad de jefes supremos de las Fuerzas Armadas.
En una segunda parte del petitorio ANFASEP realiza una evaluación de la
actuación del Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución
del delito, la misma que no dio resultados positivos ante las respuestas
negativas de las autoridades imputadas. Señalan además su percepción de
una actitud pasiva pues “nunca recibimos por parte de los fiscales informes
detallados sobre sus investigaciones, sentíamos la ausencia de
investigación”. Sin embargo, se valora la constitución de oficinas de
derechos humanos y de fiscales ad-hoc “quienes en muchas ocasiones
encaminaron bien las investigaciones, pero se vieron amenazados por los
militares, recibiendo amenazas de muerte por lo que se vieron obligados a
dejar de investigar e irse del país para proteger a su familia”.
Los familiares hacen mención a las Leyes N° 26479 y N° 26492 por las
cuales se concedió amnistía al personal militar, policial o civil que haya
sido denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por
“hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la
lucha contra el terrorismo”, considerando que sus efectos “son
desastrosos, imposibilitando las investigaciones de los miles de casos de
secuestros-detenciones y desapariciones” y que contravienen las normas
constitucionales y de tratados internacionales sobre derechos humanos
suscritos por el Perú.
Finaliza el petitorio solicitando la intervención del Defensor del Pueblo
para la “investigación de estos hechos de desapariciones forzadas, a fin de
determinar la situación jurídica de las personas víctimas de desaparición
forzada en Ayacucho, ya que este delito agravia a nuestra patria, la paz, la
justicia, la defensa del Estado de Derecho”. Asimismo, solicitan
información acerca de la actuación del Ministerio Público en relación con
los casos denunciados por desaparición forzada y que todo lo relacionado al
respecto sea tratado en forma reservada por cuanto “nos vemos amenazados
en cuanto realizamos gestiones”. Además, se anexa una lista nominal de
desaparecidos entre 1983 y 1992 en los departamentos de Ayacucho,
Huancavelica y Apurímac.
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