manual de etica y funcion publica

3- Las Normas Jurídicas Nacionales
gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo,
administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier
ente público o persona pública no estatal”.
3.2.- Responsabilidad disciplinaria, penal, civil y
política.
Dado que la Administración está obligada a asegurar el correcto
funcionamiento de los servicios a su cargo, puede y debe exigir a
sus funcionarios el estricto cumplimiento de sus deberes y en caso
de incumplimiento, ejercer su potestad disciplinaria, para determinar
si existe responsabilidad del funcionario y en caso afirmativo, aplicar
la sanción administrativa correspondiente.
Sin embargo, ciertas inconductas de los funcionarios encuadran
en las figuras delictivas previstas en la legislación penal, y son
pasibles de ser juzgados por los delitos que hayan cometido en el
ejercicio de la función pública, básicamente comprendidos en los
delitos contra la Administración Pública, y la Economía y Hacienda
Pública.
Además, si la conducta indebida de un funcionario, provocó
daños a terceros o a la propia Administración, el funcionario puede
ser responsable patrimonialmente por los perjuicios ocasionados
(artículos 24 y 25 de la Constitución). Es el ámbito de la
responsabilidad civil.
Los casos de responsabilidad política, regulados básicamente por
la Constitución, se limitan a ciertos funcionarios denominados
genéricamente gobernantes.
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