JORNADAS NACIONALES DE ÉTICA 2009 - UCES

Multimedia y conflictividad
Fue un claro ejercicio del poder de un modo decisionista innecesario y abusivo
que se volvió en contra del mismo gobierno, pues favoreció a los mismos
medios que luego fogonearon el lock-out patronal agropecuario durante
2008 y brindaron información distorsionada a la población 32 . Mientras el sector
agropecuario contaba con los medios de comunicación concentrados, la
Presidente de la Nación solo disponía del atril para debatir con los sectores
concentrados de la economía. Esta situación cambiaría si se aprobara una
nueva Ley de Medios Audiovisuales, en el sentido de la Propuesta de Proyecto
de Ley de Servicios Audiovisuales, presentada por el oficialismo, la cual es
en buena medida coincidente con proyectos de ley similares que tienen aún
estado parlamentario, presentados, por ejemplo, desde el radicalismo. Debería
tratarse de una política de Estado sobre consensos políticos que excedan
un gobierno de turno, para que las corporaciones no utilicen su poder fáctico
para modificar la legislación en un próximo gobierno.
Sin entrar en el fondo de la cuestión sobre el objetivo de las retenciones
a las exportaciones para proteger al consumidor en el mercado interno y
los problemas que presenta la “sojización” transgénica para la seguridad
alimentaria, no podemos dejar de mencionar algunas de las más claras distorsiones
que produjeron algunos medios: el diario que es una “tribuna de
doctrina” -cuyo redactor principal le había dado a su gobierno un año de
plazo- que pedía represión para los piqueteros, luego quiso hacernos creer
que el corte de rutas de los productores agropecuarios era asimilable a los
cortes que realizaran los movimientos de trabajadores desempleados. Y
la verdad es que lo logró. Nosotros sabemos que un corte de ruta, como
recurso último para ejercer la libertad de expresión -y apalancar derechos
fundamentales como el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la
educación- no es comparable con el lock-out de quienes ya tienen acceso
a la libertad de expresión y la propiedad de esos medios, para presionar
32
Como expresa Grisolía, Julio Armando, en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Buenos Aires, Depalma, 2001, p. 923, el “cierre o paro patronal” -en inglés lock-out, expresión
que indica el apagado o puesta fuera de servicio de una máquina- es una medida de acción
directa que consiste en la paralización total o parcial de las actividades de uno o varios
establecimientos o actividades económicas, por decisión del empresario o patrón. A diferencia
del derecho de huelga de los trabajadores, internacionalmente no hay ninguna norma que
reconozca al paro patronal como derecho. El cierre patronal puede estar dirigido contra los
trabajadores, especialmente los sindicatos, para evadir sus peticiones laborales, o contra el
Estado, con el fin de forzarlas a cambiar determinada política pública. La OIT expresa en su
Resolution concerning statistics of strikes, lock-outs and other action due to labour disputes,
adoptada por la Décimo quinta Conferencia Internacional de Estadísticas Laborales, enero de
1993. “A lock-out is a total or partial temporary closure of one or more places of employment,
or the hindering of the normal work activities of employees, by one or more employers with a
view to enforcing or resisting demands or expressing grievances, or supporting other employers
in their demands or grievances”. En la Argentina no existe una regulación al respecto. Pero,
como sabemos, tanto en nuestro país como en el resto de América latina fue el comienzo del
derrocamiento de varios gobiernos constitucionales.
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