JORNADAS NACIONALES DE ÉTICA 2009 - UCES

Multimedia y conflictividad
Ahora bien, con respecto al grupo de derechos civiles y políticos, la doctrina
tradicional expresa que el Estado tiene obligaciones de abstenerse de hacer.
Pero es obvio que no alcanza con la perspectiva decimonónica de no
ejercer la censura y respetar la libertad de imprenta. En el caso de la libertad
de expresión, no alcanza con abstenerse de censurar. En el caso de los
derechos económicos, sociales y culturales (DESC), la doctrina tradicional
los plantea como derechos que implican la obligación de hacer por parte
del Estado. Pero se los considera meramente programáticos si el Estado
no cuenta con los recursos para su realización. Actualmente, autores como
Robert Alexy -entre otros- presentaron argumentos suficientes para mostrar
que todos los grupos de derechos fundamentales implican tanto obligaciones
de hacer como de abstenerse de hacer por parte del Estado. Para
todos los derechos fundamentales, corresponde al Estado las obligaciones
de respeto, garantía, protección o promoción, según corresponda. En consecuencia,
se requiere proteger y promover el derecho a la comunicación
mediante políticas universales. La inactividad del Estado al respecto implica
favorecer a los sectores más poderosos de la sociedad en detrimento de
aquellos más vulnerables 18 .
En nuestro país, sin embargo, recién en el año 2005 se eliminó parcialmente
la cláusula de la Ley de Radiodifusión de la dictadura que impedía acceder
a licencias a las organizaciones sin fines de lucro (Ley 26.053). Pero hasta
que se alcanzó arduamente esa conquista, desde el gobierno de Carlos
Menem, los gobiernos democráticos no hicieron más que facilitar la concentración
mediática 19 . Efectivamente, la Ley de Reforma del Estado que
///al Estado a hacer operativo el derecho a la comunicación.
Asimismo, el art. 38 de la Constitución reformada establece el derecho de acceso a la información
publica: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución,
la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías,
la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso
a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento
económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos
deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”. Como sabemos,
el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública tuvo media sanción en la Cámara de
Diputados y luego perdió estado parlamentario. Por tal razón, el Presidente Néstor Kirchner
sancionó en el año 2003 decreto 1172/03, que establece el acceso a la información pública en
las dependencias del Poder Ejecutivo nacional. Convengamos que su implementación puede
mejorar mucho aún.
18
Para ver esta cuestión siempre remito al esclarecedor libro de Víctor Abramovich y Christian
Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Trotta, 2002. Allí también
examinan cómo el derecho a la comunicación es tanto un derecho civil como un derecho
económico, social y cultural.
19
Sin embargo, aun con esa modificación, la legislación sigue siendo restrictiva por muchas
razones. En primer lugar, porque deja afuera a las cooperativas. Por tal razón, el Dr. Miguel///
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