JORNADAS NACIONALES DE ÉTICA 2009 - UCES

Multimedia y conflictividad
prioridades y en el control del proceso democrático de toma de decisiones
15 .
Esa perspectiva es coincidente con la transformación que tuvo la libertad
de expresión como derecho fundamental, hasta reconocerse también como
derecho a dar y recibir información y, más genéricamente, como derecho
a la comunicación. Nuestra Constitución nacional recoge estos derechos
e incluye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como normas
constitucionales en la reforma de 1994, paradójicamente, en pleno proceso
antidemocrático de concentración de los medios de comunicación, como
correlato de la concentración económica y la polarización social. Estos pactos
-en tanto normas constitucionales en virtud del artículo 75 inc.22 de la
Constitución nacional reformada en 1994- requieren que las leyes ordinarias
se ajusten a sus prescripciones. Como el acceso a los medios de comunicación
y a la información pública es una condición de posibilidad de una
democracia constitucional, el Estado tiene la responsabilidad de respetar,
garantizar, proteger y promover de igual manera a todos los derechos fundamentales,
por lo cual, los mismos son exigibles incluso judicialmente.
En tal sentido, es responsabilidad del Estado no solo respetar y garantizar la
libertad de expresión -absteniéndose de ejercer la censura previa- sino que
también tiene la responsabilidad de proteger y promover el derecho a la información
y a la comunicación, mediante políticas activas para generar las
condiciones de accesibilidad a los medios de comunicación -en un sentido
tanto legal como económico-financiero-, particularmente en el contexto de
una revolución tecnológica que modificó sustancialmente el escenario y las
posibilidades de la información y la comunicación mediante las nuevas tecnologías
de información y comunicación (NTIC) 16 .
15
“No solo los órganos del Estado estarían ahora vinculados por la notoriedad pública, sino
también todas las instituciones publicísticamente activas de la publicidad política, puesto que
el proceso de transformación del poder social en poder político necesita tanto de la crítica y el
control como el legítimo ejercicio del poder político sobre la sociedad. La idea de la publicidad
(que en la democracia de masas del Estado burgués de derecho, y cuya realización consistía
en la racionalización del dominio en el ambiente proporcionado por el público raciocinio) solo
puede realizarse hoy en la racionalización -delimitada por el pluralismo de los intereses privados
organizados- del ejercicio social y político del poder bajo el (recíproco) control de organizaciones
rivales abiertas, tanto en su estructura interna, como en su relación con el Estado y
con las demás organizaciones, a la publicidad”.
“Solo en relación con el progreso de una tal racionalización podrá ser reconstruida la publicidad
política...”. Habermas, Jürgen, Historia y crítica de la opinión pública, p. 236.
16
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Constitución nacional, reconocido por
art. 75 inc. 22).
Art. 19, inc. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración///
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