plan de acción de medio ambiente y desarrollo ... - Uruguay Educa

Toxicológico (Hospital de Clínicas) o la contaminación de
alimentos por estos compuestos por medio de resultados
de la Dirección General de Servicios Agronómicos. Recientemente
el PNUMA (2002), realizó una evaluación regional
sobre sustancias tóxicas persistentes, existiendo
datos sobre la caracterización de fuentes, niveles ambientales,
su caracterización toxicológica y ecotoxicológica,
evaluación de las trayectorias de los contaminantes su
reglamentación y gestión en la región, que incluye la participación
de Uruguay.
En Uruguay existe una extensa legislación que condiciona
la introducción de agro tóxicos y su producción nacional,
pero no se controla su uso (OEA 1992). Es necesario regular
el uso de estos compuestos y establecer políticas
agropecuarias tendientes a reducir y racionalizar la aplicación
de plaguicidas en la producción nacional, estableciendo
normativas que incluyan beneficios para los productores
como así también campañas de difusión y divulgación
(Mondino 2002).
Respuestas de políticas
La conservación de suelos, clasificación, medidas preventivas
de erosión y recuperación del mismo, en el Decreto
Ley 15.239 (del 23 de diciembre de 1981), se declara de
interés el Uso y Conservación de los Suelos y las Aguas
superficiales destinadas a fines Agropecuarios y el Decreto
284/990 (del 21 de junio de 1990), dispone que el uso y
conservación de suelos y aguas superficiales con fines
agropecuarios, se regirán por dicha ley (Gómez-Merello
com.pers.). Recientemente se finalizó el texto de la nueva
reglamentación de esta ley, estableciendo entre otras
“normas técnicas” a las que estarán obligados los propietarios
de los establecimientos agropecuarios cualquiera
sea su vinculación jurídica con el predio que utilicen, incluyendo
además posibles beneficios a los que cumplan
con estas normas (MGAP 2002). La Ley 13.667 (del 18 de
junio de 1989), declara de interés nacional la conservación
de suelos y aguas a fin de promover la recuperación
de los suelos y el aprovechamiento integral de las aguas
superficiales y subterráneas.
La CCD fue ratificada por Uruguay mediante la Ley Nº
17.026 (del 8 de noviembre de 1998), siendo el punto focal
para el país la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(DINAMA, Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente). La unidad ejecutora de políticas, planes
y acciones destinados a detener y evitar los procesos
de degradación del suelo es la Dirección General de Recursos
Renovables (DGRNR), del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP). La DINAMA como punto
focal y en colaboración de la DGRNR (MGAP), mantiene
relaciones con las diferentes instituciones nacionales relacionadas
con la CCD, enmarcadas en el Plan Nacional
de Acción y Lucha contra la Desertificación y la Sequía
(PAN/CCD). En estas instituciones se encuentran los entes
autónomos UTE y OSE, la Dirección Nacional de
Hidrografía (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) y
Juntas de Riego locales, Universidad de la República
(Fac. de Ciencias, Agronomía, Ingeniería, otras), Intendencias
Departamentales y Comisiones Técnicas Binacionales
(MGAP 2002). En acuerdo entre la DINAMA y la
DGRNR ésta última es la ejecutora de políticas en el tema
de desertificación. Cuenta con los lineamientos generales
y se está generando el Plan de Acción Nacional en el
marco de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha
contra la Desertificación (CCD) el cual estará finalizado
a fin de año. En el mismo se abordan problemas de
erosión y conservación de suelos y aguas, pasturas y degradación
de tierras en general; desarrollándose diversas
estrategias y políticas nacionales relacionadas con la
CCD (MGAP 2002).
Existen diversos programas nacionales ejecutados por el
MGAP y relacionados con la CCD: PRENADER (antes
descrito), PREDEG; JUNAGRA; PROVA, PENTA,
PRONAPPA, PRONADEGA y SA que presentan diferentes
objetivos (MGAP 2000 b).
A nivel regional se cuenta con el Tratado de la Cuenca del
Plata y en esta funciona la secretaría técnica o “Comité
Intergubernamental Coordinador”. En el marco de este
tratado, en 1983 se identificaron proyectos vinculados con
la degradación de suelos, conservación de suelos y agua
y su divulgación (MGAP 2002). Actualmente se desarrollan
diversos proyectos regionales, donde resaltan el Plan
de Desarrollo de los Recursos Hídricos Superficiales y el
Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible
del Sistema Acuífero Guaraní, éste último financiado
por el GEF y gestionado por la Organización de Estados
Americanos. Otros proyectos nacionales y binacionales
relacionados principalmente con la Gestión Costeras
son: ECOPLATA (Proyecto de Gestión Integrada de
Zonas Costeras, financiado por Canadá y donde participan
la Universidad de la República, MVOTMA, Ministerio
de Defensa, MGAP) y FREPLATA (Proyecto de Protección
Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo:
Prevención y Control de la Contaminación y Restauración
de habitas. Proyecto binacional, financiado con fondos
GEF y administrado por Comisiones Técnicas Binacionales).
Con respecto al Uso de Biocidas y Fertilizantes, existe
una normativa muy amplia en el país. La Ley 13.663 (del
14 de junio de 1968) fija normas para regular la producción,
comercialización y exportación de fertilizantes y fomento
de su uso. El Decreto 367/68 (del 6 de junio de
1968) fija las normas de contralor sobre el uso y destino
de plaguicidas utilizados en sanidad animal y vegetal. Los
Decretos 410/69, 149/77 fijan normas sobre ventas y uso
de herbicidas y reglamenta el registro, contralor y venta
de plaguicidas de uso agrícola respectivamente. Además,
el Decreto 626/81 establece tolerancias permitidas en la
composición de fertilizantes; los Decretos 306/89, 113/990
establecen sanciones para posibilitar la aplicación de la
norma reglamentaria ante infracciones en la comercialización
de los productos que ocasionen perjuicios en la salud
humana y animal, además de fijar normas sobre la venta
y uso de plaguicidas de máximo riesgo para la salud
humana y el medio ambiente respectivamente. Existen
además diversas Resoluciones del Ministerio de Ganadería
y de Sanidad Vegetal que establecen prohibiciones al
uso y fabricación de diversos compuestos clorados y órgano-clorados
con fines agropecuarios (Gómez-Merello
com.pers.). De las diferentes sustancias tóxicas persistentes
(aldrina, endrina, dieldrina, clordano, heptacloro, DDT,
HCB, HCH, Mirex, Toxafeno, Endosulfán, TBT, PCB,
PCP), en Uruguay se encuentra prohibido por Ley el Uso
de ocho de ellas, dos nunca se registraron, uno presenta
usos restringidos y tres actualmente son utilizados
(PNUMA 2002). Mediante la Ley 17.732 (del 31 de di-
Araucaria XXI
Uruguay
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