BoXH5

VALLE, Otto y RIVERA, Otto (s/f). Monitoreo e indicadores. Texto de apoyo al
proceso de construcción de un Sistema de Indicadores sobre Atención y
Educación Inicial. OEI/IDIE/Junta de Andalucía. Oficina Nacional en Guatemala.
Recuperado de: www.oei.es/idie/monitoreoeindicadores.pdf (consulta: 27 de
diciembre de 2012).
7.8. Vigilancia ciudadana
La vigilancia ciudadana permite a los ciudadanos y ciudadanas intervenir
en los asuntos públicos para buscar soluciones a los problemas que
afectan a la comunidad y contribuir en la construcción de un Estado
transparente y eficiente. Se trata de que las personas exijan, ante las
autoridades locales, nacionales e internacionales, la vigencia plena de
cada uno de sus derechos, así como la rendición de cuentas.
La vigilancia ciudadana es una conquista histórica de los movimientos
sociales; está sustentada en motivaciones cívicas, éticas y responsables
de las ciudadanas y los ciudadanos en busca de la transparencia del
poder público en la administración de los recursos, en la toma de
decisiones, en el acceso a servicios y en el desarrollo de acciones que
garanticen el buen vivir.
Este término generalmente es abordado desde organizaciones que
trabajan la participación ciudadana. En un estudio para la defensa de los
derechos de la mujer en Perú, Demus (2010), al referirse a este término lo
define como un derecho y un deber de todos los ciudadanos y las
ciudadanas. Por su parte, algunos gobiernos como el de Ecuador, que
promueven la instalación de mecanismos de involucramiento de la
ciudadanía en la gestión pública, al referirse a este concepto lo denominan
“control social”; plantean que es una expresión sustentada en el ejercicio
del poder ciudadano, el cual, basado en sus derechos y
responsabilidades, y por medio de herramientas, metodologías y
estrategias, vigila, evalúa y redirecciona la gestión de lo público y el
sistema democrático, a partir de su interpretación y análisis, en procura de
la transparencia y de la equidad social. Ambas perspectivas coinciden en
que es un mecanismo democrático que pretende influir en el poder político
a nivel local y nacional de manera que las y los ciudadanos ejerzan su
derecho de velar por la gestión de los fondos públicos y su deber de
fiscalizar los comportamientos de los organismos estatales. Busca,
además, limitar el ejercicio de la autoridad estatal a través de figuras
jurídicas como la remoción de funcionarios, la revocatoria del mandato de
autoridades elegidas y la rendición de cuentas. Por otra parte, fortalece la
capacidad de la sociedad civil para intervenir en el Estado y la
162 Aportes conceptuales de la educación de personas jóvenes y adultas