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Las políticas de descentralización emergen como un eje de los procesos<br />

de modernización y democratización del Estado y aspiran a crear<br />

condiciones de eficiencia en la gestión pública, así como a ampliar la<br />

participación ciudadana en los gobiernos locales y regionales. Desde la<br />

década de los años ochenta del siglo pasado, en todos los países de la<br />

región latinoamericana se desarrollan políticas de descentralización según<br />

distintas visiones políticas. Dos líneas cruzan las controversias sobre la<br />

descentralización: en algunos casos ésta ha sido concebida como un pilar<br />

de los procesos de modernización y democratización de la gestión pública,<br />

transfiriendo competencias y otorgando la capacidad de decisión en la<br />

asignación de recursos por parte de los gobiernos regionales o locales. La<br />

descentralización, según este enfoque, ha contribuido de manera<br />

importante en la gestión pública local, en la medida en que ha permitido<br />

definir políticas pertinentes a las necesidades sociales locales,<br />

compatibles con la participación de las comunidades en las definiciones de<br />

las prioridades del desarrollo social y económico.<br />

En otros casos, la descentralización ha obedecido a criterios<br />

instrumentales y restringidos a competencias secundarias que no tienen<br />

gran impacto en la orientación de las políticas de desarrollo de las<br />

regiones y las localidades, ni en las esferas de decisión de los gobiernos<br />

locales. Esta forma de concebir la descentralización no ha conducido a un<br />

mayor potenciamiento de las capacidades de la sociedad civil y de las<br />

organizaciones regionales a la hora de definir con autonomía modelos de<br />

gestión local, políticas de desarrollo sustentable y de vinculación<br />

económica con mercados globales de acuerdo a sus ventajas<br />

comparativas.<br />

Existe una tendencia mundial a fortalecer los procesos de<br />

descentralización de los sistemas de educación de adultos, sin embargo,<br />

como reconoce el Informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de<br />

adultos (UIL, 2010), no están suficientemente desarrollados los marcos<br />

legales que permitan avanzar plenamente hacia un concepto y una<br />

práctica de descentralización que incluya:<br />

- una gestión autónoma y con recursos suficientes para potenciar la<br />

participación de los gobiernos y actores locales,<br />

- el uso pertinente de estos recursos según las prioridades<br />

establecidas localmente,<br />

- la armonización de la oferta y la demanda educativas según las<br />

necesidades de aprendizaje, pertinencia cultural y de creación de<br />

capacidades de formación en territorios específicos,<br />

- la creación de itinerarios educativos que vinculen la educación<br />

básica con la educación permanente,<br />

- el potenciamiento institucionalizado de la innovación educativa en<br />

correspondencia con los requerimientos de las economías<br />

Aportes conceptuales de la educación de personas jóvenes y adultas 151

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