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Las políticas de descentralización emergen como un eje de los procesos<br />
de modernización y democratización del Estado y aspiran a crear<br />
condiciones de eficiencia en la gestión pública, así como a ampliar la<br />
participación ciudadana en los gobiernos locales y regionales. Desde la<br />
década de los años ochenta del siglo pasado, en todos los países de la<br />
región latinoamericana se desarrollan políticas de descentralización según<br />
distintas visiones políticas. Dos líneas cruzan las controversias sobre la<br />
descentralización: en algunos casos ésta ha sido concebida como un pilar<br />
de los procesos de modernización y democratización de la gestión pública,<br />
transfiriendo competencias y otorgando la capacidad de decisión en la<br />
asignación de recursos por parte de los gobiernos regionales o locales. La<br />
descentralización, según este enfoque, ha contribuido de manera<br />
importante en la gestión pública local, en la medida en que ha permitido<br />
definir políticas pertinentes a las necesidades sociales locales,<br />
compatibles con la participación de las comunidades en las definiciones de<br />
las prioridades del desarrollo social y económico.<br />
En otros casos, la descentralización ha obedecido a criterios<br />
instrumentales y restringidos a competencias secundarias que no tienen<br />
gran impacto en la orientación de las políticas de desarrollo de las<br />
regiones y las localidades, ni en las esferas de decisión de los gobiernos<br />
locales. Esta forma de concebir la descentralización no ha conducido a un<br />
mayor potenciamiento de las capacidades de la sociedad civil y de las<br />
organizaciones regionales a la hora de definir con autonomía modelos de<br />
gestión local, políticas de desarrollo sustentable y de vinculación<br />
económica con mercados globales de acuerdo a sus ventajas<br />
comparativas.<br />
Existe una tendencia mundial a fortalecer los procesos de<br />
descentralización de los sistemas de educación de adultos, sin embargo,<br />
como reconoce el Informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de<br />
adultos (UIL, 2010), no están suficientemente desarrollados los marcos<br />
legales que permitan avanzar plenamente hacia un concepto y una<br />
práctica de descentralización que incluya:<br />
- una gestión autónoma y con recursos suficientes para potenciar la<br />
participación de los gobiernos y actores locales,<br />
- el uso pertinente de estos recursos según las prioridades<br />
establecidas localmente,<br />
- la armonización de la oferta y la demanda educativas según las<br />
necesidades de aprendizaje, pertinencia cultural y de creación de<br />
capacidades de formación en territorios específicos,<br />
- la creación de itinerarios educativos que vinculen la educación<br />
básica con la educación permanente,<br />
- el potenciamiento institucionalizado de la innovación educativa en<br />
correspondencia con los requerimientos de las economías<br />
Aportes conceptuales de la educación de personas jóvenes y adultas 151