INFORME DE DDH ALERTA ARGENTINA - Maristella Svampa
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sólo nos limitaremos a señalar que los dos únicos establecimientos donde no se verifica sobrepoblación, corresponden a las unidades con modalidades menos coercitivas de detención: el establecimiento de semilibertad (EP 9) y el establecimiento abierto (EP 4). Ni siquiera la moderna cárcel de Bouwer (donde se alojan los procesados) escapa a los problemas de sobrepoblación: en esta cárcel “modelo” ya se han construido camas cuchetas en espacios diseñados para alojar una sola persona. Es de destacar que la edad promedio de las personas detenidas en las cárceles de Córdoba es de entre 23 y 27 años. El 95% son hombres y el 90% tenía residencia urbana al momento de su detención. El 88% de estas personas estaba desocupada o era trabajador de tiempo parcial (la mayoría changas) al momento de su ingreso a prisión. Con relación al nivel de instrucción, el 6% de los presos de la provincia son analfabetos, el 30 % no han finalizado la escuela primaria y el 40 % sólo ha logrado completar el nivel primario de escolaridad. El 52% está condenado y el 48% de los presos no ha recibido aún condena. Entre los condenados el 59% es al primera vez que cumplen una condena. Sin embargo el problema del hacinamiento no es el único que existía en el penal antes de la revuelta de los presos. Es, sí, el más visible y el más obvio, pero quizá no el más grave. A la situación de hacinamiento y condiciones de inhabitabilidad 24 absoluta de las instalaciones de la cárcel, hay que sumar la situación de incumplimiento sistemático de la ley y por ende de violación sistemática de derechos de los presos. ¨ El derecho al trabajo: el régimen laboral del penal no garantiza lo establecido por la Ley de Ejecución Penal para el tratamiento criminológico. La retribución salarial se encontraba entre los $21 a $50 por trabajos que van de 10 a 40 horas semanales; sólo existían alrededor de 300 puestos de trabajo para 1.636 reclusos, relacionados en su mayoría con tareas directamente vinculadas al funcionamiento del establecimiento penal (fajina, 24 Como señaló el procurador Penitenciario Nacional , Francisco Mugnolo, al diario La Mañana de Córdoba al salir de la visita que realizó el 15 de abril de 2005 al penal. Edición del 16/04/05.
mantenimiento, limpieza) o con la atención de empleados y jefes de unidad (casina y cantina de los jefes). Es necesario destacar que la mayoría de los puestos de trabajo no están relacionados con las posibilidades laborales ¨ ¨ posteriores a la liberación. Inexistencia de Jueces de Ejecución: en la provincia de Córdoba no se ha implementado hasta la fecha la figura del Juez de Ejecución, cuya tarea es el control judicial de las condiciones en que se ejecutan las penas privativas de la libertad, alegando razones presupuestarias. Esta situación favorece las condiciones de ilegalidad y violación de derechos fundamentales que se vivía en el Penal antes del 10 de febrero (y que continúa), y se agudiza por la ausencia de control judicial de la ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. La inconstitucionalidad de la (in) adecuación de la legislación provincial a la Ley nacional: la legislación vigente en Córdoba – que corresponde a la reglamentación de la Ley nacional Nº24660 que debían realizar las provincias a pesar de la declaración de intenciones se aparta sustancialmente de la misma, violando la jerarquía de leyes contemplada en la Constitución Nacional. Es así que deroga los capítulos 7 y 16 de la Ley Nacional, referidos al Trabajo y al Personal Penitenciario respectivamente. Esta derogación se realiza a través de un decreto del Poder Ejecutivo Provincial (1293/00) que también en sus anexos excede lo legislado a nivel nacional en materia disciplinaria a través de la introducción de sanciones no establecidas en la Ley, estableciendo una correlación entre faltas y sanciones 25 que viola de modo explícito el principio de legalidad establecido en la Constitución Nacional. El Motín: La lectura que se hace respecto de lo sucedido en el Penal de Barrio San Martín es que no fue un motín organizado por los presos. La rebelión del 10 de Febrero
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posteriores a la liberación.<br />
Inexistencia de Jueces de Ejecución: en la provincia de Córdoba no se ha<br />
implementado hasta la fecha la figura del Juez de Ejecución, cuya tarea es<br />
el control judicial de las condiciones en que se ejecutan las penas privativas<br />
de la libertad, alegando razones presupuestarias. Esta situación favorece las<br />
condiciones de ilegalidad y violación de derechos fundamentales que se<br />
vivía en el Penal antes del 10 de febrero (y que continúa), y se agudiza por<br />
la ausencia de control judicial de la ejecución de la Pena Privativa de la<br />
Libertad.<br />
La inconstitucionalidad de la (in) adecuación de la legislación provincial a la<br />
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reglamentación de la Ley nacional Nº24660 que debían realizar las<br />
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de la misma, violando la jerarquía de leyes contemplada en la<br />
Constitución Nacional. Es así que deroga los capítulos 7 y 16 de la Ley<br />
Nacional, referidos al Trabajo y al Personal Penitenciario respectivamente.<br />
Esta derogación se realiza a través de un decreto del Poder Ejecutivo<br />
Provincial (1293/00) que también en sus anexos excede lo legislado a nivel<br />
nacional en materia disciplinaria a través de la introducción de sanciones no<br />
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