INFORME DE DDH ALERTA ARGENTINA - Maristella Svampa

1) La criminalización de la pobreza
Caso testigo: Bariloche
Un claro ejemplo de criminalización de la pobreza asociada a la demanda de
seguridad ciudadana se ha registrado recientemente en la ciudad rionegrina de
Bariloche. Recordemos los hechos: el asesinato de un remisero ocurrido en
noviembre de 2005, produjo la interpelación del secretario de seguridad local,
por parte de una multitud congregada frente a los edificios públicos, que
reclamó a viva voz ­y frente a los medios de comunicación nacional­ una
política de “mano dura”. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Las
autoridades declararon la emergencia en materia de seguridad en la ciudad y se
solicitó la intervención de fuerzas de seguridad federales y del grupo de ataque
provincial Bora. Rápidamente un gran operativo policial (en el cual participaban
fuerzas provinciales y federales) inundó entonces los barrios altos (una de las
zonas más pobres de la ciudad).
Días más tarde, el 25 de noviembre, veinte entidades de derechos humanos
exigieron el fin de los operativos, frente a la violación evidente de los derechos
más elementales y cuestionaron la constitucionalidad del operativo (fuerzas
provinciales y federales). Así, la Corriente de Militantes por los Derechos
Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Huma­ nos y el Equipo
Patagónico de Derechos Humanos solicitaron se declare la inconstitucionalidad
de las medidas que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en la
ciudad de Bariloche y solicitaron se tomaran medidas cautelares que hagan
cesar los operativos policiales y ampliaron los argumentos de la Acción de
Amparo presentada la semana pasada ante el Juzgado Federal, a cargo del Dr.
Leónidas Moldes. Por tratarse de acciones en las que han participado el estado
municipal, provincial y nacional, en el caso correspondería la competencia
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la acción judicial, presentada el martes 6 de diciembre de 2005, las
organizaciones argumentan que no se siguieron los procedimientos previstos