INFORME DE DDH ALERTA ARGENTINA - Maristella Svampa

fusilaron los francotiradores de gendarmería que estaban apostados sobre los
tanques de combustible de la petrolera.
Durante el Operativo Recuperación de la 34, según la versión del juzgado federal,
hirieron casi a un centenar de civiles. Sólo un ejemplo, el joven Iván Dorado quedó
parapléjico por un disparo que recibió en su espalda.
En el transcurso del acto represivo los medios de comunicación nacional daban a
conocer la versión oficial. El juez Cornejo, el ministro del interior Mathov, y el ex
secretario de seguridad provincial Daniel Nallar, decían que las fuerzas de
seguridad habían sido emboscadas por los piqueteros, quienes además serían
apoyados por grupos de francotiradores civiles escondidos en el monte. Desde
luego, negaban la evidente presencia de francotiradores del grupo de elite de
gendarmería.
Por último, cuando cerrábamos este informe, ocurrió un nuevo asesinato, que
combina el gatillo fácil con la represión política. El 23 de marzo de 2006, Marcelo
Castillo, un joven de 24 años, fue detenido en un boliche por un policía y
trasladado a la comisaría de General Mosconi donde quedó detenido. El viernes 24,
a las 4 de la madrugada según el informe policial, el joven se habría quitado la
vida ahorcándose con una camiseta de mangas largas que llevaba puesta. La
policía informó del hecho a los familiares pero ningún miembro de la familia pudo
ver el cuerpo en la celda. Los padres de Marcelo Castillo realizaron una denuncia
en el juzgado del abogado Cheda por muerte dudosa debido a los hematomas que
Marcelo Castillo presentaba en todo el cuerpo y por la amenaza del policía cuando
lo detuvieron “Ya te vamos a agarrar adentro”. Los familiares de Castillo
declararon que el joven fue asesinado por efectivos de la policía de la provincia de
Salta, que fue detenido y golpeado públicamente en un boliche de la zona para
luego ser trasladado a la comisaría, donde amaneció muerto en una de las celdas.
Los padres de Castillo radicaron una denuncia en la Fiscalía provincial, que
interviene en la muerte. El joven trabajaba en los proyectos de viviendas de la
organización Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de esa localidad,
organización que acompañó la protestas días posteriores a su muerte.