INFORME DE DDH ALERTA ARGENTINA - Maristella Svampa

A menos de diez días de ocurridos los hechos en la estación de Haedo, el gobierno
nacional decidió, gracias a las “facultades extraordinarias” delegadas por el
Congreso al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aumentar los subsidios a las
empresas concesionarias de los trenes y subtes. Mediante las “facultades
extraordinarias”, que permiten modificar el Presupuesto 2005 votado en el
Congreso, Alberto Fernández modificó sensiblemente los subsidios a los trenes que
figuraban en el Presupuesto 2005. Por ley correspondían 60,2 millones de pesos de
subsidios al total de concesionarios, pero hacia mediados de noviembre, ya se
llevan gastados 244,7 millones de pesos. Se destinaron en subsidios cuatro veces
más de lo presupuestado; por ejemplo, a la empresa TBA le correspondían 18
millones de pesos durante todo el año 2005, pero faltando un mes y medio para
que termine el año ya había recibido 70,9 millones de pesos. La regla es clara:
cuánta más deficiencia en los servicios, más transferencias de dinero a los
concesionarios de los trenes suburbanos.
El ya citado Juan Carlos Cena, miembro del MoNaReFA, comenta en relación a la
actitud y decisión del gobierno nacional, que: “este es el costo que debemos pagar
y sufrir como consecuencia de las políticas de Estado impuestas por este gobierno:
que es la de haber elegido continuar con la política ferroviaria de los 90, con la
agravante de que los concesionarios han demostrado sus ineficiencias destruyendo
y saqueando parte del patrimonio nacional”. Denuncia que: “el gobierno ha
definido toda una política referente a los ferrocarriles: censura toda información
donde se muestre la depredación y el desguace, o se informe sobre su estado
calamitoso en manos de los industriales nacionales (se refiere entre otras cosas a
la censura al programa televisivo “Huella Digital”, que iba a realizar una emisión en
relación a la situación de los ferrocarriles hoy), la otra, es judicializar a los
trabajadores ferroviarios. Sintetizando: censura a toda información y penaliza a los
trabajadores que luchan por un ferrocarril al servicio del pueblo, ambas acciones
son partes de una misma política: Silencio y Represión”.
Silencio al que están sometidos los “olvidados” pasajeros que se encuentran presos
desde hace más de cuatro meses en las cárceles federales.