INFORME DE DDH ALERTA ARGENTINA - Maristella Svampa

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29.10.2014 Views

diferentes informes. "En varios casos hemos recomendado la rescisión de los contratos".Despouy dejó claro que la CNRT tampoco hace nada: "El Estado tampoco cumple con obligar a las empresas a realizar las inversiones comprometidas obligatoriamente. Entonces incumplen las empresas con las inversiones y también incumple el Estado con los controles y no solo eso, en lugar de penalizar a las empresas, las subsidia”. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), es el ente regulador que debería obligar a las empresas a cumplir con los contratos y en caso de incumplimientos está facultada para aplicar sanciones; depende de la Secretaría de Transporte. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime es cordobés, durante la década de los 80, se radicó en Santa Cruz, fue funcionario del gobierno provincial de Kirchner, y un tiempo después recaló en la Capital Federal como Secretario de Transporte. Ricardo Jaime tiene varias causas penales y la denuncia del Defensor del Pueblo, Mondino, por la violación de los Derechos Humanos. En noviembre de 2005, la Cámara Federal ordenó reabrir una causa penal contra el actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el subsecretario de Transporte Ferro­ viario, Julio Tito Montaña. Es por el pago de subsidios millonarios a em­ presas concesionarias de ferrocarriles a pesar de que seguían sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y confort exigidas por contrato. La investigación, impulsada por la Oficina Anticorrupción (OA), había sido archiva­ da por decisión del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Rodolfo Canicoba Corral. En lo que respecta a las líneas Sarmiento y Mitre, la empresa TBA transporta por mes algo más de 9 millones de pasajeros y cobra un subsidio compensatorio de casi 7 millones de pesos mensuales. Pese a la ayuda estatal, la empresa entró en convocatoria de acreedores a mediados del año 2005. La mayor parte de la deuda corresponde a los embargos judiciales por accidentes. De los dos ferrocarriles que tiene a su cargo, el Sarmiento es el que acumula los mayores reclamos de los usuarios.

A menos de diez días de ocurridos los hechos en la estación de Haedo, el gobierno nacional decidió, gracias a las “facultades extraordinarias” delegadas por el Congreso al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aumentar los subsidios a las empresas concesionarias de los trenes y subtes. Mediante las “facultades extraordinarias”, que permiten modificar el Presupuesto 2005 votado en el Congreso, Alberto Fernández modificó sensiblemente los subsidios a los trenes que figuraban en el Presupuesto 2005. Por ley correspondían 60,2 millones de pesos de subsidios al total de concesionarios, pero hacia mediados de noviembre, ya se llevan gastados 244,7 millones de pesos. Se destinaron en subsidios cuatro veces más de lo presupuestado; por ejemplo, a la empresa TBA le correspondían 18 millones de pesos durante todo el año 2005, pero faltando un mes y medio para que termine el año ya había recibido 70,9 millones de pesos. La regla es clara: cuánta más deficiencia en los servicios, más transferencias de dinero a los concesionarios de los trenes suburbanos. El ya citado Juan Carlos Cena, miembro del MoNaReFA, comenta en relación a la actitud y decisión del gobierno nacional, que: “este es el costo que debemos pagar y sufrir como consecuencia de las políticas de Estado impuestas por este gobierno: que es la de haber elegido continuar con la política ferroviaria de los 90, con la agravante de que los concesionarios han demostrado sus ineficiencias destruyendo y saqueando parte del patrimonio nacional”. Denuncia que: “el gobierno ha definido toda una política referente a los ferrocarriles: censura toda información donde se muestre la depredación y el desguace, o se informe sobre su estado calamitoso en manos de los industriales nacionales (se refiere entre otras cosas a la censura al programa televisivo “Huella Digital”, que iba a realizar una emisión en relación a la situación de los ferrocarriles hoy), la otra, es judicializar a los trabajadores ferroviarios. Sintetizando: censura a toda información y penaliza a los trabajadores que luchan por un ferrocarril al servicio del pueblo, ambas acciones son partes de una misma política: Silencio y Represión”. Silencio al que están sometidos los “olvidados” pasajeros que se encuentran presos desde hace más de cuatro meses en las cárceles federales.

diferentes informes. "En varios casos hemos recomendado la rescisión de los<br />

contratos".Despouy dejó claro que la CNRT tampoco hace nada: "El Estado<br />

tampoco cumple con obligar a las empresas a realizar las inversiones<br />

comprometidas obligatoriamente. Entonces incumplen las empresas con las<br />

inversiones y también incumple el Estado con los controles y no solo eso, en lugar<br />

de penalizar a las empresas, las subsidia”.<br />

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), es el ente regulador<br />

que debería obligar a las empresas a cumplir con los contratos y en caso de<br />

incumplimientos está facultada para aplicar sanciones; depende de la Secretaría de<br />

Transporte. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime es cordobés, durante la<br />

década de los 80, se radicó en Santa Cruz, fue funcionario del gobierno provincial<br />

de Kirchner, y un tiempo después recaló en la Capital Federal como Secretario de<br />

Transporte. Ricardo Jaime tiene varias causas penales y la denuncia del Defensor<br />

del Pueblo, Mondino, por la violación de los Derechos Humanos. En noviembre de<br />

2005, la Cámara Federal ordenó reabrir una causa penal contra el actual secretario<br />

de Transporte, Ricardo Jaime, y el subsecretario de Transporte Ferro­ viario, Julio<br />

Tito Montaña. Es por el pago de subsidios millonarios a em­ presas concesionarias<br />

de ferrocarriles a pesar de que seguían sin cumplir con las mínimas condiciones de<br />

seguridad y confort exigidas por contrato. La investigación, impulsada por la<br />

Oficina Anticorrupción (OA), había sido archiva­ da por decisión del fiscal Gerardo<br />

Pollicita y el juez Rodolfo Canicoba Corral.<br />

En lo que respecta a las líneas Sarmiento y Mitre, la empresa TBA transporta por<br />

mes algo más de 9 millones de pasajeros y cobra un subsidio compensatorio de<br />

casi 7 millones de pesos mensuales. Pese a la ayuda estatal, la empresa entró en<br />

convocatoria de acreedores a mediados del año 2005. La mayor parte de la deuda<br />

corresponde a los embargos judiciales por accidentes. De los dos ferrocarriles que<br />

tiene a su cargo, el Sarmiento es el que acumula los mayores reclamos de los<br />

usuarios.

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