INFORME DE DDH ALERTA ARGENTINA - Maristella Svampa

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo que se trató de “un delito
preparado y pensado para producir el desmán”, del que hizo responsables a
“grupos de sindicalistas ferroviarios opositores, partidos de izquierda y
agrupaciones políticas”. Aníbal Fernán­ dez realizó una conferencia de prensa
donde presentó a los hechos como un “armado” de organizaciones políticas y
delegados gremiales de la oposición ferroviaria.
A su vez, el comisario Iglesia declaraba que “algunos de los detenidos son de
organizaciones sociales y es posible que estuvieran viajando hacia Mar del Plata,
para la Cumbre, pero por el momento no tenemos identificados políticamente a los
detenidos.” Al día de la fecha no apareció ninguna prueba que de cuenta de estos
argumentos y acusaciones; así como tampoco hay evidencias de que los detenidos
se conocieran con anterioridad y de que hayan “planificado” lo sucedido en Haedo.
Los principales gremios ferroviarios convalidaron el discurso del Gobierno sobre lo
que ocurrió en la estación de trenes de Haedo. Dirigentes de La Fraternidad
acusaron por los incidentes a “agentes de izquierda” y el titular de la Unión
Ferroviaria, José Pedraza, avaló incluso lo dicho por la empresa TBA: “Eran grupos
organizados que viajaban con destino a la anticumbre en Mar del Plata”. Tanto
Omar Maturano, de La Fraternidad, como José Pedraza, de la Unión Ferroviaria,
repudiaron los hechos y responsabilizaron a "sectores minoritarios, amparados en
las necesidades que aún anidan en el seno de nuestro sociedad". Maturano se
refirió directamente a Edgardo Reynoso y otros "dirigentes de ultra izquierda que
buscan manchar la democracia y desestabilizar".
Desde el Gobierno nacional, la voz que se pronunció fue la del ministro del
Interior, Aníbal Fernández, quien insistió en que se trató de un "sabotaje" y
confirmó la denuncia penal contra los sindicalistas Edgardo Reynoso y Armando
Rivas. Hacia ellos y hacia los "grupos de ultra izquierda” apuntó el gobierno
nacional. Los dos trabajadores que el ministro del interior acusó, Reynoso y Vivas,
ambos fueron dirigentes de la resistencia contra las privatizaciones, en los años 91
y 92, quedaron en la calle, junto a 85.000 ferroviarios.