INFORME DE DDH ALERTA ARGENTINA - Maristella Svampa

En el Código de Faltas se encuentran vulnerados principios y garantías
fundamentales reconocidos en la Constitución, tanto Nacional como Provincial, así
como en los tratados internacionales de Derechos Humanos.
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La inconstitucionalidad surge de la violación de las garantías básicas de la
Constitución nacional previstas en el Art 18: privación de la libertad sólo con
orden judicial, inviolabilidad de la defensa en juicio, condena de privación de
libertad sólo como consecuencia de un juicio previo regular y legal con la
intervención de un juez.
El procedimiento Contravencional mutila la acción de la Justicia en el
proceso de detención de una persona, ya que otorga al Jefe de Policía la
autoridad de “dictar sentencia” contra un presunto contraventor y sólo
interviene la justicia en el caso en que el detenido “conozca su derecho” a
apelar ante el juez de faltas, para lo cual tiene un exiguo plazo de 48 horas.
a quien no otorga el recurso de apelación a la Justicia.
El Código de Faltas plantea una Justicia Contravencional que reproduce la
lógica de la Justicia Penal, con la diferencia de que es implementada por
personal policial sin ninguna formación jurídica. Así, su única respuesta es la
sanción punitiva centrada en el arresto, cuando se supone que se
caracteriza por ser una sanción que debe ser aplicada como último recurso
o de estricta necesidad, recurriendo a este tipo de pena de manera
discrecional e ilimitada.
La prueba que demuestra la falta se limita por lo general a las declaraciones
de los propios agentes que realizaron la detención. Estas declaraciones
debe­rían valorarse con particular cuidado ya que los policías están
obligados, en su propio interés, a justificar su conducta.
De este modo, el supuesto contraventor se enfrenta a un poder total que lo
detiene, declara y reúne la prueba en su contra, sostiene la acusación y establece
la pena. La suma de las funciones de acusar y juzgar en un mismo órgano vulnera