23 - Contexto de Durango

SABADO 23 DE FEBRERO DE 2013
OPINION
El abandono y la autodefensa
Por María Elena Morera Comentarios: me.morera@causaencomun.org.mx
LOCAL
WWW.CONTEXTODEDURANGO.COM.MX
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El hecho de que poblaciones enteras
de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y
del Estado de México tomen las
armas para hacerle frente a la
delincuencia nos indica que el nivel de inseguridad
en esas zonas y de abandono de las
autoridades es ya intolerable.
El germen de los grupos lo encontramos
hace 18 años, cuando diversos poblados —del
estado de Guerrero, principalmente— ante la
inseguridad, decidieron poner en marcha la
policía comunitaria, que si bien no goza de
reconocimiento jurídico, es elegida por la
asamblea de la comunidad, opera bajo usos y
costumbres y busca empatar con formas de
participación ciudadana a fin de apoyar la
seguridad pública y vigila zonas geográficas
de complicado acceso.
Sin embargo, lo que observamos en la actualidad
no es una autodefensa legítima, sino
una suerte de grupos que lejos de creer en la
policía y luchar por su profesionalización pretenden
sustituirla con actos radicales, profundizando
la desconfianza social hacia todo lo
que signifique autoridad. Pretenden ser una
especie de Ministerio Público, de juez, y
decidir el libre tránsito ciudadano.
Entendemos que los grupos de autodefensa
son producto de una autoridad omisa que
dejó a comunidades enteras a merced de los
delincuentes; sin embargo, su proliferación y
la simpatía de parte de las propias (y cínicas)
autoridades los convierten en actores que
pueden volverse una pesadilla para el Estado
de derecho. Lo ocurrido en Colombia nos
enseñó que son inviables y que quedaron lejos
de reestablecer el orden prometido y esa experiencia
es un referente que se tiene que considerar
antes de acceder a cualquier tipo de
regulación.
Nos preocupa que algunos legisladores propongan
su regulación antes de revisar los
vacíos de autoridad que existen en poblaciones
enteras de Guerrero, principalmente.
Resulta ingenuo pensar que si el gobierno de
esa entidad, que ha sido incapaz de formar a
su policía y ministerios públicos para que
atiendan a su población, será capaz de formar
a los grupos de autodefensa para que defiendan
la ley y respeten los derechos humanos.
La autoridad tiene que ocuparse en atender
comunidades olvidadas y dejar de pensar que
lo mejor es armar a los ciudadanos para que
se defiendan de la delincuencia; es decir, para
que le hagan su chamba.
Es evidente que la solución no está a la
vuelta de la esquina y que ante la aparente
renuncia de la autoridad para aplicar la ley
tendrán que intervenir otros ámbitos de gobierno,
organismos defensores de los derechos
humanos y sociedad civil para tomar cartas en
el asunto y buscar resarcir el daño causado al
tejido social de las comunidades.
Hasta ahora la respuesta que encontramos,
más allá de la “discusión de altura”, de
algunos actores políticos es el anuncio de una
iniciativa para intentar regularlos, es decir,
lejos de atender a fondo el problema de la
inseguridad y las causas que originan la violencia,
para algunos es más conveniente institucionalizar
lo que a todas luces ni es regulable
ni resuelve el problema a fondo.
OPINION
Más orden en financiamiento a estados y municipios
Por Jorge A. Chávez Presa, Economista
Satanizar para luego legislar es la
peor fórmula que un Estado
democrático puede seguir para corregir
problemas. Los buenos análisis
y diagnósticos son los que necesitamos
para enderezar y evitar los abusos que
algunos gobiernos estatales y municipales
han hecho de la deuda pública.
Afortunadamente los senadores que han
presentado iniciativas de reforma constitucional
y de leyes secundarias actúan con un
gran sentido de responsabilidad, con ello han
elevado el nivel del debate. Con sus iniciativas
le han comunicado al presidente Peña Nieto
que el problema del desorden en el endeudamiento
subnacional no se corrige con simples
reformas. Todos le han manifestado que
es imprescindible reformar la Constitución,
pues ni el Congreso ni el Ejecutivo tienen
atribuciones para legislar en esta materia,
como tampoco lo tienen para los temas de
responsabilidad financiera o en el manejo de
la hacienda pública, planeación, programación
y presupuesto en los gobiernos
estatales y municipales.
La iniciativa de los senadores Armando Ríos
Píter, Raúl Morón Orozco y Benjamín Robles
Montoya pretende lo siguiente: como los gobiernos
estatales y municipales han abusado
del endeudamiento, y sus congresos estatales
y sus auditorías superiores no han funcionado
y no han impedido estos agravios, quitémosle
la responsabilidad de la autorización a esos
congresos locales. Así el Congreso de la Unión
tendrá facultades para legislar sobre bases de
coordinación y distribución de facultades de
los tres órdenes de gobierno para “armonizar
normas, límites globales, regulación prudencial
y mecanismos de corrección de la deuda
pública…” , y que sea el Senado el que
autorice el monto y supervise el endeudamiento
de los tres órdenes de gobierno.
Para todo esto proponen modificar once
artículos de la Carta Magna y crear una nueva
Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria
(sic) y Deuda Pública para las Entidades
Federativas y Municipios.
Luego sigue la de los senadores Ernesto
Cordero y Carlos Mendoza Davis, quienes proponen
modificar nueve artículos de la CPEUM,
sin ninguna propuesta a la legislación secundaria.
A esto se suma la senadora Mariana
Gómez del Campo, quien se concentra en legislar
para sancionar a gobernadores, presidentes,
municipales y otros. Ellos favorecen
más la idea de que es mejor que sea el
Congreso de la Unión el que lo apruebe, al
incorporarse los montos y destinos a la iniciativa
de Ley de Ingresos de la Federación y al
proyecto de Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, con lo que de paso
invita al Ejecutivo Federal a formar parte de
esta decisión colectiva.
Emilio Gamboa y Francisco José Yunes se
dirigen a sus colegas proponiendo que para
corregir este problema no se necesita hacer
tantos cambios a la Constitución, sólo se necesita
reformar dos artículos. Manifiestan que
no es lo más apropiado atropellar la soberanía
de los gobiernos estatales, por lo que la autorización
del endeudamiento debe seguir a nivel
congreso estatal. Sin embargo, sí se pronuncian
por una legislación federal para establecer
las modalidades bajo las cuales los gobiernos
subnacionales puedan poner en garantía
sus participaciones federales en la contratación
de financiamiento. Finalmente proponen
que los estados y municipios no contraigan
deuda pública para financiar su gasto
corriente, pero sí dejan abierto que el gobierno
federal y el del DF lo hagan. Y a través de
propuestas a la legislación secundaria los
senadores del PRI nos sorprenden con lo siguiente:
introducir una modalidad de garantía
del Gobierno Federal para el endeudamiento
subnacional, para lo cual gobernadores y presidentes
municipales tendrían que firmar un
convenio con la SHCP. Con esta propuesta no
quitan soberanía estatal para entregarla al
Congreso de la Unión, pero con el dulce de la
garantía del gobierno federal la pasan de facto
al ejecutivo federal. Con esto se daría un
gigantesco paso atrás, pues en 1995 se legisló
para hacer explícito que el Gobierno Federal
no debe y no puede garantizar la deuda de
estados y municipios, pues sólo le concierne a
la población que vive ahí. ¿Estaría usted de
acuerdo con pagar los abusos de gobernantes
y legisladores de lugares donde usted no vive,
cuando el gobernador, presidente municipal y
sus diputados locales que usted eligió actuaron
con responsabilidad?