9 - Tribunal Supremo de Elecciones

Carolina Mora Chinchilla
Tales atribuciones permitieron que, sin mayores sobresaltos, las elecciones nacionales se
llevaran a cabo cada cuatro años y los cambios de gobierno se sucedieran sin ninguna alteración,
desde el momento en que empezó a funcionar. Lo más importante es tal vez, el hecho de que
rápidamente la ciudadanía encontró en el Tribunal, una institución de alta confiabilidad. El gran
temor del fraude electoral, que en última instancia, llevó a una guerra civil en 1948, fue superado
por la gran confianza que se le depositó a esta institución. Demás está decir que para beneficio
nacional, la institucionalidad que creó el Tribunal Supremo de Elecciones, ha permitido, durante
sesenta años consecutivos, procesos electorales, que no alteran la ya tradicional democracia
nacional.
Con las disposiciones de los Constituyentes, se logró finalmente, la desaparición del
fraude electoral, lo mismo que la interferencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo en los
procesos, muestra de ello es este artículo constitucional:
Artículo 97.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos
a materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal
Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las
dos terceras partes del total de sus miembros.
Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de
una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir
en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal
Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo (Constitución
1949).
Con respecto al nacimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy todavía se discute
entre académicos (Iván Molina y Manuel Formoso) el tema de si se creó en 1946 o en el año
1949, lo cierto es que los diputados constituyentes estructuraron un modelo muy diferente de
lo que se tenía en 1946:
“Ahora bien, el reconocimiento constitucional del “rango e independencia de los
Poderes del Estado” y los requisitos y la forma de designación de los magistrados
electorales, garantizan la independencia del TSE, la libertad de criterio de sus
miembros y, en general, la autonomía de la función electoral. En efecto, en su
nombramiento no tienen injerencia alguna los partidos políticos ni la Asamblea
Legislativa; la desvinculación partidaria de los magistrados, una vez designados,
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010