9 - Tribunal Supremo de Elecciones

La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
7ª–Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios recibidos por las Juntas
Electorales en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República,
Diputados a las Asamblea Legislativa, Representantes a la Asamblea Constituyente
y Miembros de las Municipalidades;
8ª–Pronunciar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación,
la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la
República, y dentro del plazo que la ley determine la de los demás funcionarios
citados en el inciso anterior… (Colección de Leyes y Decretos, 1949, Pp 329-
333).
Esto fue parte del texto del Proyecto de Constitución, que la Junta Fundadora de la
Segunda República presentó ante la Asamblea Constituyente. Dicho proyecto se rechazó por
la Asamblea, que tomó de base de discusión la Constitución de 1871. Sin embargo, en lo que
respecta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Asamblea Constituyente tomó lo correspondiente
a este Tribunal y lo agregó a la Constitución, bajo el Título VII, capítulo III de la nueva carta.
Se estableció además, que la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos
al sufragio, le corresponden “exclusivamente” al Tribunal, al que se dio rango constitucional e
independencia en el desempeño de sus funciones. Como se dijo anteriormente, de este organismo
dependen las otras instancias electorales, el Registro Civil y las Juntas Electorales.
“El Registro Civil, que está a cargo de una Dirección General, se encuentra
dividido en dos departamentos: el Civil y el Electoral; órganos a través de los
cuales este registro ejerce sus atribuciones constitucionales, previstas en el
numeral 104. Al Civil le corresponde, además de sus tareas de registrador civil,
resolver las solicitudes de naturalización; al Electoral, la emisión de las cédulas
de identidad y la elaboración de las listas de electores. Por mandato legal, la
Dirección General del Registro Civil ha asumido hasta hoy la inscripción de
los partidos políticos y sus candidatos; sin embargo, con la reciente aprobación
del nuevo Código Electoral, esa atribución se traslada a un nuevo órgano que
éste crea: el Registro Electoral, que en lo sucesivo también será el encargado
de coordinar y dirigir la estructura temporal de programas electorales que se
activa de cara a los distintos procesos electorales, así como de todo lo relativo
al control del financiamiento de los partidos políticos (art. 28)” (Sobrado, 2009,
P. 7).
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 89