9 - Tribunal Supremo de Elecciones
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Juan Luis Rivera Sánchez<br />
Gerardo Felipe Abarca Guzmán<br />
Estado o a las municipalida<strong>de</strong>s, con la particularidad <strong>de</strong> que en el caso <strong>de</strong> los edificios públicos<br />
no se requiere la autorización que se señaló líneas arriba.<br />
En ese sentido conviene hacer una referencia general y breve, por no ser el tema <strong>de</strong><br />
fondo <strong>de</strong>l presente artículo, sobre esos llamados sitios o bienes públicos.<br />
En primer lugar se <strong>de</strong>be tener claro que no todos los bienes que se consi<strong>de</strong>ren públicos<br />
tienen el mismo tratamiento. Precisamente este tipo <strong>de</strong> bienes se <strong>de</strong>finen como aquellos <strong>de</strong><br />
dominio público que pertenecen a un ente público y están afectados a un uso público, a un<br />
servicio público o al fomento <strong>de</strong> la riqueza nacional. Son imprescriptibles, inembargables e<br />
inalienables y entre ellos se encuentran las calles, plazas, el mar, parques, entre otros.<br />
que:<br />
El tratadista Ramón Parada indica en relación con la clasificación <strong>de</strong> los bienes públicos<br />
“…la doctrina suele dividir a los bienes públicos en bienes <strong>de</strong> dominio público<br />
y bienes patrimoniales, <strong>de</strong> forma tal que los primeros son aquellos que,<br />
perteneciendo a un ente público están afectos a un uso público o a un servicio<br />
público, Los patrimoniales, aunque pertenecen a un ente público, no están<br />
afectos a un uso o servicio público”. 17<br />
Por su parte, Miguel Sánchez Morón señala tres características <strong>de</strong> los llamados bienes<br />
<strong>de</strong> dominio público: “1) su pertenencia a un ente público; 2) su afectación a un fin <strong>de</strong> utilidad<br />
pública; 3) su sometimiento a un régimen especial administrativo <strong>de</strong> protección y uso <strong>de</strong> los<br />
bienes.” 18<br />
Precisamente lo anterior, clarifica el tratamiento distinto que le da la legislación electoral<br />
al uso <strong>de</strong> los bienes o lugares catalogados públicos, por un lado la norma establece que los<br />
partidos políticos <strong>de</strong>berán contar con la autorización <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s respectivas, y durante la<br />
campaña electoral a<strong>de</strong>más con el <strong>de</strong>l <strong>Tribunal</strong> <strong>Supremo</strong> <strong>de</strong> <strong>Elecciones</strong>, para realizar activida<strong>de</strong>s<br />
proselitistas en “vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos…”; por otro lado en el<br />
inciso g) <strong>de</strong>l artículo 137 <strong>de</strong>l Código Electoral, se establece que “en cualquier período, las<br />
17 Parada, Ramón, Derecho Administrativo, T.III,1993, p.10.<br />
18 Citado por González Ballar Rafael, Apuntes <strong>de</strong> Derecho Administrativo 2008, p.327.<br />
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010