9 - Tribunal Supremo de Elecciones

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La financiación de los partidos políticos en Costa Rica posible ubicar ninguna sentencia penal condenatoria dictada durante las últimas dos décadas; y que verse sobre ese tipo de delincuencia en particular, 20 propiciándose con ello un clima de impunidad que desacreditaba el marco legal correspondiente. La normativa electoral que entró en vigor el 2 de setiembre de 2009 modifica sustancialmente este panorama, en tanto diversifica las sanciones, que ya no son exclusivamente penales, amplía los supuestos en que éstas caben, subsana errores de tipificación penal y procura que no exista deber a cuyo incumplimiento no esté aparejada una consecuencia sancionatoria. El CE, en general, distingue ahora las “faltas electorales” de los “delitos electorales”. Las primeras están dirigidas a sancionar los ilícitos de menor relevancia con la imposición, por parte del TSE, de multas; para determinar su magnitud se utiliza como parámetro el concepto “salario base”, que “corresponde al monto equivalente al salario base mensual del “Oficinista 1” que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha de consumación del delito” (art. 2 de la ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993). Los segundos, en cambio, conllevan juicio ante los tribunales de justicia ordinarios y pena de prisión, con las accesorias de suspensión de derechos políticos (si se trata de delitos con pena igual o superior a tres años de prisión y por el mismo plazo de la pena principal) e inhabilitación para ocupar cargos públicos (de dos a ocho años y si el autor del delito es funcionario público y se comete con ocasión del ejercicio del cargo o valiéndose de esa condición) –art. 282 y 283 del CE–. las siguientes: Las sanciones aparejadas a las faltas electorales previstas en materia que interesa, son 1. A los partidos políticos: 20 En oficio Nº EJ-UJ-0007-2009, fechado 27 de enero de 2009, el Lic. Román Bresciani Quirós de la Escuela Judicial hace constar que, de acuerdo con los datos de la Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial, durante el período que va de 1988 al 2008 sólo se registran cuatro sentencias por delitos electorales y únicamente una de ellas es condenatoria, resultándole imposible determinar si ésta se refiere a o no a tipos penales relativos específicamente al financiamiento de los partidos políticos. NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 199
Luis Antonio Sobrado González • Multa de 2 a 10 salarios base cuando omitan llevar su contabilidad actualizada o no utilicen una cuenta única para percibir las contribuciones privadas (art. 287 del CE). • Multa equivalente al doble de lo recibido por una contribución irregular por tratarse de donantes que no sean personas físicas costarricenses, depositarse fuera del país o incumplir los demás requisitos establecidos sobre el particular (art. 288 del CE). • Multa de 10 a 50 salarios base cuando contraten propaganda para ser difundida durante los momentos de veda publicitaria (art. 289 del CE). 2. Multa de 2 a 10 salarios base a los encargados de finanzas de las precandidaturas oficializadas que realicen sin autorización actividades de recaudación de fondos, u omitan entregar al partido un informe de los gastos realizados durante el proceso electoral interno (art. 287 del CE). 3. Multa de 2 a 10 salarios base al director o encargado de un medio de comunicación que: a) autorice o permita la difusión de sondeos de opinión o encuestas realizados por entidades no inscritas ante el TSE o que, estándolo, se verifique esa difusión durante los tres días anteriores a la elección o el propio día; o b) autorice la difusión de propaganda en momentos de tregua (art. 286 del CE). 4. Multa de 2 a 10 salarios base a los bancos que permitan acreditar contribuciones anónimas (art. 287 del CE). 5. Multa de 10 a 50 salarios base: a) a quien sea responsable de contratar o difundir propaganda ilegal o de divulgar sondeos de opinión o encuestas en los supuestos que está vedado; o b) a las entidades que elaboren esos sondeos y encuestas que no mantengan en custodia y a disposición del TSE los documentos que los respaldan o que no los remitan a éste cuando lo requiera (art. 289 del CE). En lo que respecta a los delitos electorales cabe detallar lo siguiente: 1. A los tesoreros partidarios: • Prisión de 2 meses a 1 año cuando omitan llevar un registro de las actividades de recaudación de fondos (art. 275 del CE). 200 NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010
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