9 - Tribunal Supremo de Elecciones

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La financiación de los partidos políticos en Costa Rica Luis Antonio Sobrado González * Nota del Consejo Editorial Recepción: 2 de octubre de 2009. Revisión, corrección y aprobación: 3 de diciembre de 2009. Resumen: Analiza el régimen de financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica, el cual y según el marco normativo se rige por un modelo mixto, por lo que los patrimonios de estos se alimentan por el financiamiento público directo, las contribuciones, donaciones o aportes de sus miembros y los bienes y recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley. Palabras claves: Financiamiento del partido político / Contribución estatal / Deuda política / Financiamiento directo / Contribuciones / Contribuciones privadas / Control financiero. Abstract: It analyzes the system of financing political parties in Costa Rica, which according to the regulatory framework and is governed by a mixed model, so that the assets of these are fed by direct government funding, contributions, donations or contributions from their members and assets and resources that allow its statutes and not prohibited by law. Key words: Financing political party / Contribution state / Debt Policy / Direct Funding / Contributions / Private contributions / Financial control. * Costarricense. Licenciado y Doctor en Derecho, grados académicos otorgados por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente. Magistrado propietario del Tribunal Supremo de Elecciones a partir de 1999. Actualmente es el Presidente del organismo electoral costarricense y, en esa condición, ejerce la presidencia pro tempore de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe; coordina además las comisiones de Asuntos Académicos y de Gobierno Digital del TSE y dirige su Revista de Derecho Electoral. Con anterioridad había ocupado otros cargos públicos en la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Presidencia. Tiene más de veinte años de ser profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Costa Rica y desde 1993 coordina la respectiva Cátedra de su Facultad de Derecho. Autor de los libros La justicia electoral en Costa Rica (San José: IJSA, 2005), Democratización interna de los partidos políticos en Costa Rica (San José: FLACSO, 2007) y de varios artículos en revistas especializadas. Dirección electrónica: lsobrado@tse.go.cr. NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 177
Luis Antonio Sobrado González Costa Rica fue el segundo país de América Latina en introducir el financiamiento público de los partidos políticos, lo que se produce en 1956 con la reforma del artículo 96 constitucional dispuesta por ley N° 2036 del 18 de julio; 1 momento a partir del cual se prevé que el Estado reembolse, luego de celebrados los respectivos comicios, “los gastos en que incurran los Partidos Políticos para elegir los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”. Esa enmienda constitucional en su momento se justificó alegando que el subsidio era necesario para paliar la influencia en la política de los grupos de poder económico; y para garantizar la equidad de la contienda electoral. El mecanismo resultante –que tiene como antecedente la legislación promulgada en 1954, que ordenó el pago de las deudas contraídas por los partidos contenientes en la elección del año anterior, y de acuerdo con la votación obtenida en la misma– vino a sustituir la vieja práctica, prohibida por el constituyente de 1949, de cancelar las deudas del partido triunfante mediante deducciones salariales a los funcionarios públicos. 2 Otras reformas al mismo numeral constitucional de gran relevancia, fueron las operadas por las leyes N° 4765 y 7675 del 17 de mayo de 1971 y 2 de julio de 1997, respectivamente. La reforma de 1971 autorizó la “financiación previa de los gastos que demanden las actividades electorales de los partidos políticos”, lo que “… transformó la naturaleza de la subvención de ser un reembolso postelectoral a ser, en lo fundamental, un instrumento de financiamiento preelectoral”. 3 No obstante, en atención a vicios acaecidos en la tramitación de esa enmienda constitucional, la innovación fue eliminada veinte años después por sentencia Nº 980-91 de la Sala Constitucional. La reforma constitucional de 1997 tiene, en este ámbito, una triple importancia. En primer lugar, restauró el adelanto parcial de la contribución estatal. En segundo término, dispuso que esa contribución no sólo se destinara a cubrir los gastos que genere la participación 1 Uruguay lo había hecho en 1928. 2 “Ya en 1910, durante la primera administración de don Ricardo Jiménez, el partido triunfante emitía una circular dirigida a los empleados públicos con el fin de que autorizaran la deducción de parte de su salario para cancelar las deudas contraídas por el partido durante la campaña electoral. Con algunos altibajos la práctica devino en norma, siendo finalmente extirpada del sistema mediante la escueta declaración aprobada por los constituyentes de 1949: Artículo 96.- El Estado no podrá hacer ni permitir que se haga deducción alguna en las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas” (Kevin Casas, “Contribución estatal a los partidos políticos en Costa Rica: apuntes sobre sus efectos en la dinámica del sistema de partidos”; en: La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI, San José, Universidad de Costa Rica, 2001, pág. 308-309). 3 Ibid., pág. 309 . 178 NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010
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