9 - Tribunal Supremo de Elecciones

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Justicia electoral en el nuevo código y con base en las fuentes del ordenamiento jurídico enunciados en el Código Electoral, en lo sucesivo CE 5 (219 y 222). Dentro del contencioso electoral (entendido como conjunto de controles o impugnaciones estrictamente jurisdiccionales 6 frente a actos y procedimientos electorales) el TSE conoce y resuelve todos los conflictos, salvo las acciones de inconstitucionalidad y los recursos de habeas corpus que son conocidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y los delitos electorales, los que se mantienen dentro del ámbito de competencia de los tribunales penales ordinarios. La jurisprudencia del TSE en materia electoral es vinculante erga omnes, salvo para sí mismo (221), de manera tal que puede variar en el tiempo, por una nueva integración o un enfoque diverso del tema. Sus resoluciones tienen fuerza de cosa juzgada material, dado que no pueden ser revisadas por ninguna otra instancia. Podrán ser aclaradas o adicionadas, cuando así lo soliciten las partes en el plazo establecido de tres días y de oficio, en cualquier momento, aún en etapa de ejecución del fallo, cuando así lo amerite la adecuada ejecución de lo resuelto. (223) 7 El nuevo código atribuye a la jurisdicción electoral el conocimiento (220) de siete procesos, a saber: a) El recurso de amparo electoral. b) La impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en proceso de constitución e inscripción. c) La acción de nulidad de acuerdos partidarios. d) El recurso de apelación electoral. e) La demanda de nulidad relativa a resultados electorales. f) La cancelación o anulación de credenciales 5 La Constitución Política; los tratados internacionales vigentes en Costa Rica; las leyes electorales; los reglamentos, las directrices y las circulares emitidos por el TSE; los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos; las demás disposiciones subordinadas a los reglamentos y los estatutos partidarios. Las normas no escritas, como la jurisprudencia electoral, los principios del derecho electoral y la costumbre, tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan (art 3 CE). 6 El TSE aplica el derecho al caso concreto para resolver una controversia con base en los principios y fuentes del Ordenamiento Jurídico Electoral (art 222 CE) 7 De conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política “Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato.” NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 137
Zetty Bou Valverde José Joaquín Guzmán Herrera i. Funcionarios municipales de elección popular ii. Miembros de los Supremos Poderes. g) La denuncia por parcialidad o beligerancia política. Algunos de ellos, como el recurso de amparo y el de apelación electoral, pueden ser presentados en época electoral y no electoral, al igual que las denuncias por parcialidad o beligerancia política. Otros, como la impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en proceso de constitución e inscripción, solamente en esa etapa de la vida partidaria. La acción de nulidad se puede interponer durante los procesos de postulación de candidatos de elección popular o selección de autoridades internas. La demanda de nulidad relativa a resultados electorales, únicamente durante la jornada electoral propiamente tal -fase del proceso de sufragio- y escrutinio. La cancelación o anulación de credenciales, luego de la entrega de éstas a los funcionarios electos popularmente. Desde otra perspectiva, algunos de los recursos proceden únicamente contra actos de los órganos partidarios (acción de nulidad contra acuerdos partidarios, impugnación de acuerdos de asambleas de partidos en etapa de constitución e inscripción), contra actos de los órganos que intervienen en el proceso electoral (recurso de apelación electoral, demanda de nulidad relativa a resultados electorales), contra funcionarios públicos en ejercicio de un cargo (beligerancia, cancelación de credenciales), contra órganos partidarios, funcionarios o particulares (amparo electoral). Por su incidencia en la validez de los resultados electorales, se pueden clasificar en aquellos que la tienen (recurso de apelación electoral, demanda de nulidad de resultados electorales, durante procesos electorales nacionales y municipales, impugnación de acuerdos de asambleas de partidos en formación, y acción de nulidad de acuerdos partidarios, dentro de los procesos eleccionarios intrapartidarios) y los que no la tienen (amparo, beligerancia, cancelación o anulación de credenciales). Hechas las anteriores disgregaciones, nos referiremos de seguido a cada uno de los procedimientos que conforman nuestro sistema de justicia electoral. 138 NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010
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