9 - Tribunal Supremo de Elecciones

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
de esas propuestas carecieron del apoyo de la mayoría de diputados integrantes de la Comisión
Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos 4 .
Existe una importante coincidencia en el cambio conyuntural de las agendas legislativas,
no sólo del parlamento costarricense, sino de los parlamentos latinoamericanos en general.
Durante la última década las prioridades en el ámbito de las reformas electorales regionales,
giraron hacia una tendencia que privilegiaba otro tipo de temas como el fortalecimiento de
la institucionalidad electoral y la consolidación de los partidos políticos 5 . Estas corrientes
influyeron, en distinta medida, la política de reforma que entraña el nuevo Código Electoral
vigente desde el 2 de setiembre de 2009.
III.- Nueva concepción democrática
Durante los últimos tres años de discusión legislativa, fue evidente el interés en fortalecer
a los partidos políticos y en modernizar la administración electoral. Los cambios en el sistema
de partidos y en su organización interna (Alfaro Salas 2001), el avance tecnológico (García Díez
2004) y las alteraciones en el comportamiento electoral (Raventós Vorst 2005) fueron factores
subyacentes en la deliberación y en los acuerdos alcanzados. Por su parte, la aspiración de los
diversos actores para que el sistema generara nuevos productos, incidió en la revisión de los
mecanismos de gestión y control electoral existentes, como parte de la agenda de reforma 6 .
En términos generales, la política de reforma de la Comisión giró en torno a la
gobernabilidad y la transparencia. Contrario al diseño original de la propuesta presentada por
4 En la última consulta legislativa contestada por el TSE en relación con el dictamen del expediente 14.268 “Código Electoral”, el
organismo electoral realizó la siguiente manifestación: “(…) La mayor parte de las modificaciones e innovaciones encontradas
no afectan el sentido y la lógica de las propuestas elaboradas por este organismo electoral. Si bien se eliminaron aspectos tales
como el voto preferencial y la participación de grupos independientes en las elecciones municipales, las reformas que sí se
han aprobado, como la simplificación de requisitos para la inscripción de los partidos, la eliminación de la obligatoriedad de
realizar asambleas de distrito, la creación del Registro electoral, la inclusión del capítulos relativo a la jurisdicción electoral,
la posibilidad de abrir juntas receptoras de votos en el extranjero para las elecciones presidenciales, la paridad de género,
así como las regulaciones sobre sanciones por incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones electorales –delitos y
contravenciones- que están presentes en el proyecto de Ley que nos ocupa, sin duda modernizan y enriquecen la legislación
electoral y justifican el apoyo de este organismo electoral al citado proyecto.”.
5 Sobre las tendencias u oleadas de reforma electoral que se dieron en el derecho comparado latinoamericano véase ZOVATTO
(2008).
6 Los cambios experimentados en el sistema de partidos, en el comportamiento electoral y en los patrones de conducta política,
no son exclusivos del caso costarricense. La perspectiva se enriquece con una visión comparada como la que proveen
Alcántara 2004 y 2006, Alcántara y Freidenberg 2001, Freidenberg 2006, Lehoucq 2002 y 2004, Lehoucq y Wall 2004.
Asimismo, respecto a su relación con la reforma electoral, ver García Díez 2005 y 2006.
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010