9 - Tribunal Supremo de Elecciones

ISSN 1659-2808
NÚMERO
9
PRIMER
SEMESTRE
2010

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Pág. 1
AUTOR INVITADO
Las reformas electorales en perspectiva comparada en América
Latina
Jesús Orozco Henríquez
Pag. 5
SECCIÓN ESPECIAL SOBRE EL 60 ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES
El régimen electoral en la Constitución de 1949
Luis Antonio Sobrado González
Pag. 29
Sistema electoral costarricense. Seis décadas de probada
efectividad
Zetty Bou Valverde
Pag. 51
La creación del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica
en 1949 : sus antecedentes y significado en la institucionalidad
nacional
Carolina Mora Chinchilla
Pag. 67
Semblanza Cuerpo Nacional de Delegados
Elena Isabel Alonso Quesada
Pag. 105
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010
I

SECCIÓN ESPECIAL SOBRE EL NUEVO CÓDIGO
ELECTORAL
Reformas en la estructura del Tribunal Supremo de Elecciones
Max Esquivel Faerron y Hugo Picado León
Pag. 113
Justicia electoral en el nuevo código
Zetty Bou Valverde y José Joaquín Guzmán Herrera
Pag. 135
Participación política de la mujer
Eugenia María Zamora Chavarría
Pag. 157
Financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica
Luis Antonio Sobrado González
Pag. 177
Régimen organizativo de los partidos políticos
Gustavo Román Jacobo y Danilo Chavarría
Pag. 209
Propaganda electoral
Juan Luis Rivera Sánchez y Gerardo Abarca Guzmán
Pag. 223
RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
Formación cívico política desde los órganos electorales: las
experiencias de Mexico y Costa Rica
Cuaderno de Trabajo Nº 4, Fundación Konrad Adenauer, 2009
Pag. 257
Revista Mundo Electoral N.º 6
Tribunal Electoral de Panamá
Pag. 259
ANEXOS
Hechos relevantes del Tribunal Supremo de Elecciones
Compilado por Rocío Montero Solano y Katia Zamora Guzmán
Pag. 263
II
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PRESENTACIÓN
El noveno número de la Revista de Derecho Electoral está
dedicada a conmemorar dos acontecimientos de enorme
trascendencia para Costa Rica: la creación del Tribunal
Supremo de Elecciones mediante la Constitución Política de 1949 y
la reciente promulgación del nuevo Código Electoral, en setiembre
de 2009. Por tal motivo cuenta con una participación especial de
varios magistrados y funcionarios electorales, además de los aportes
de reconocidos estudiosos del fenómeno electoral.
El sexagésimo aniversario del TSE constituye una efemérides de
gran trascendencia, no sólo para Costa Rica, sino para toda América
Latina. El diseño electoral definido por los constituyentes ha sido
capaz de garantizar el incremento sostenido de la eficiencia en la
gestión de procesos electorales transparentes y confiables durante
seis décadas. Adicionalmente, el modelo de organismo electoral
concentrado -que incluye en sus funciones tanto administrar los
comicios como impartir la justicia electoral-, independiente y con
rango de cuarto poder del Estado, constituye uno de los mayores
aportes del derecho público costarricense para las democracias
latinoamericanas.
Seis décadas después del nacimiento del TSE, también celebramos
la promulgación de un nuevo Código Electoral por parte de los
diputados de la Asamblea Legislativa. Esta normativa es producto
de un largo e intrincado camino, iniciado en 1998, cuando en
el seno del TSE arrancó un proceso de reflexión y análisis que
finalmente derivó en la remisión a la Asamblea Legislativa de un
proyecto de nuevo Código Electoral a inicios de 2001. Ciertamente
la nueva legislación electoral es perfectible, sobre todo en temas
como el financiamiento de los partidos políticos; sin embargo sí
evidencia avances notables en asuntos tales como la jurisdicción
electoral, la estructura del Tribunal, la paridad de género o el
régimen sancionatorio, entre otros.
Este número conmemorativo se engalana abriendo con un artículo
de Jesús Orozco Henríquez, ilustre exmagistrado del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicana, sobre “Las
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 1

eformas electorales en perspectiva comparada en América Latina”,
que sirve para contextualizar los esfuerzos de cambio modernizador
de la legislación costarricense.
La “Sección especial sobre el sexagésimo aniversario del Tribunal
Supremo de Elecciones”, contiene artículos de los magistrados
Luis Antonio Sobrado González, sobre “El régimen electoral en
la Constitución de 1949” y Zetty Bou Valverde, quien escribe
sobre el “Sistema electoral costarricense. Seis décadas de probada
efectividad”. Además, destacamos el aporte de la historiadora
Carolina Mora Chinchilla, con su artículo sobre “La creación
del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en 1949: sus
antecedentes y significado en la institucionalidad nacional”. Por
su parte, Elena Isabel Alonso Quesada realiza una “Semblanza del
Cuerpo Nacional de Delegados”.
La segunda parte de la Revista comprende una “Sección especial
sobre el nuevo Código Electoral”. En ella ofrecemos trabajos
del magistrado Max Esquivel Faerron y Hugo Picado León, sobre
“Reformas en la estructura del Tribunal Supremo de Elecciones”.
La magistrada Zetty Bou Valverde y José Joaquín Guzmán Herrera
explican los “Procedimientos de la justicia electoral”. La magistrada
Eugenia María Zamora Chavarría explica las normas sobre
“Participación política de la mujer”. El magistrado Luis Antonio
Sobrado González analiza las disposiciones legales aplicables al
“Financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica”. Gustavo
Román Jacobo y Danilo Chavarría describen el nuevo “Régimen
organizativo de los partidos políticos”. Cerrando esta sección, Juan
Luis Rivera Sánchez y Gerardo Abarca Guzmán, explican el nuevo
régimen de “Propaganda electoral”.
En la sección “Reseña bibliográfica” se comentan el Cuaderno de
Trabajo N.º 4 publicado por la Fundación Konrad Adenauer en su
sede guatemalteca, referente a la “Formación cívico política desde
los órganos electorales: las experiencias de Mexico y Costa Rica”,
así como la “Revista Mundo Electoral” N.º 6 del Tribunal Electoral
de Panamá.
Finalmente, en la sección de “Anexos” presentamos una interesante
cronología de “Hechos relevantes del Tribunal Supremo de
Elecciones”, compilado por Rocío Montero Solano y Katia Zamora
Guzmán.
La Dirección
San José, 25 de enero de 2010
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Autor
INVITADO

Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
J. Jesús Orozco Henríquez *
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 1 de octubre de 2009.
Revisión, corrección y aprobación: 15 de enero de 2010.
Resumen: Analiza los avances en relación con la reforma política y electoral que se ha dado en
Latinoamérica, para fortalecer la institucionalidad democrática en diferentes países. Destaca que muchas
de estas reformas no han dado los resultados esperados debido a dos factores: muchas se han realizado de
manera coyuntural y en muchos casos no ha existido un compromiso verdadero con las mismas.
Palabras claves: Sistemas electorales / Sistema de partidos políticos / Reforma política / Reformas
electorales / Organismos electorales / Democracia directa / Democracia participativa / América Latina.
Abstract: This paper reviews the progress related to the political and electoral reforms that have taken
place in Latin America in order to strengthen democratic institutions in different countries. It outlines
that many of these reforms have not yielded the expected results due to two factors: many have been
undertaken on cyclical basis and in many cases there has been no real commitment to them.
Key words: Electoral Systems / System of Political Parties / Political Reform / Electoral Reform / Electoral
Bodies / Direct Democracy / Participatory Democracy / Latin America.
* Doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de Derecho comparado de la Universidad de
California. Investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Comisionado de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para el período 2010-2013
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J. Jesús Orozco Henríquez
Introducción
En el marco de la “tercera ola democratizadora”, 1 a partir aproximadamente de finales de
la década de los setentas, los países de América Latina empezaron a desarrollar una importante
agenda de reformas constitucionales, políticas y electorales, dirigidas a equilibrar, ajustar y
sintonizar los sistemas políticos con las nuevas realidades sociales, y las crecientes exigencias
de la ciudadanía en búsqueda de mayor y mejor representación y gobernabilidad. Estas reformas
han abarcado principalmente aspectos centrales del sistema electoral, el sistema de partidos, los
organismos electorales y los mecanismos de democracia directa.
Este proceso de reformas se ha caracterizado por su contribución a la transición o
consolidación de la democracia en la región, propiciando el hecho histórico inédito de que
nunca en América Latina la democracia se ha extendido tanto (aun cuando no en todas partes
con la profundidad deseada) y por un periodo tan prolongado. Mientras que en la primera
mitad de la mencionada década tan sólo Costa Rica y otros dos países de la región eran
considerados auténticamente democráticos, según el informe del PNUD sobre la democracia
en el subcontinente, 2 en la actualidad -haciendo abstracción del grave e infortunado conflicto
constitucional por el que atraviesa Honduras-, los 17 países del territorio continental y la
República Dominicana 3 , cumplen con las características básicas del régimen democrático, en
su dimensión electoral y política.
Durante los años recientes, han sido recurrentes e intensos los debates y acuerdos entre
las correspondientes fuerzas políticas involucradas de todos y cada uno de los países de la región,
con relación a aspectos relevantes de la democracia electoral. En ocasiones, en un mismo país
han tenido lugar múltiples reformas en la materia; por ejemplo, en México, a partir de 1977 se
han aprobado trece reformas constitucionales de naturaleza eminentemente electoral. 4 Ante
1 Véase Samuel Huntington, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Londres, Norman, 1991.
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas
y ciudadanos, Buenos Aires, PNUD, p. 37.
3 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
4 1977 (6 de diciembre), 1981 (22 de abril), 1986 (15 de diciembre), 1990 (6 de abril), 1992 (28 de enero), 1993 (3 de septiembre),
1994 (19 de abril), 1996 (22 de agosto), 1997 (20 de marzo), 1999 (26 de febrero), 2004 (22 de julio) y 2007 (27 de
septiembre y 13 de noviembre). Sin entrar a la discusión sobre la conveniencia de que ciertas reformas se hubieren adoptado
con antelación –recuérdense las críticas hacia el gradualismo que ha caracterizado al sistema político mexicano-, es pertinente
destacar la voluntad política reiteradamente mostrada durante este periodo por los diversos partidos políticos en favor
de los consensos respectivos.
6
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Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
el cuestionamiento de algunos por la frecuencia de las reformas al marco jurídico-electoral,
cabe recordar lo sostenido por Bobbio en el sentido de que “Para un régimen democrático,
estar en transformación es su estado natural; la democracia es dinámica; el despotismo es
estático y siempre igual a sí mismo”. 5 De ahí la importancia de reformas electorales pertinentes,
que atiendan al contexto histórico político de cada país, para avanzar en la ampliación,
profundización y consolidación de la democracia.
Digna de destacar es la peculiaridad del régimen electoral costarricense, que confiere
a su Tribunal Supremo de Elecciones la atribución de colaborar en los proyectos de ley que
incidan sobre la materia electoral (artículo 19 del Código Electoral), lo cual ha permitido que
personal profesional y técnico de aquel, se involucre formalmente en los respectivos procesos
de reforma, contribuyendo en general a la idoneidad técnica de los mismos, situación que sólo
excepcionalmente se ha presentado en el resto de los países.
Del análisis de la reciente evolución normativa electoral en América Latina, cabe
desprender las siguientes tendencias: 6
1. Sistemas electorales
a) Elección presidencial
Para la elección presidencial predomina la elección por mayoría absoluta
o especial con previsión de dos vueltas. En efecto, en nueve casos (Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana
y Uruguay), gana el candidato que obtiene 50% más uno de los votos válidos,
mientras que en otros cuatro (Argentina, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua)
se da un sistema de segunda vuelta con umbral reducido (45%, 40% o hasta
35%). En los cinco países restantes, se elige presidente mediante el sistema
de mayoría relativa (Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela).
5 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, trad. de José F. Fernández Santillán, México, Fondo de Cultura Económica,
1986, p. 7.
6 Al respecto, véase, Daniel Zovatto y J. Jesús Orozco Henríquez, “Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007:
Lectura regional comparada”, en Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007, en Daniel Zovatto y J. Jesús
Orozco Henríquez (coords.), México, UNAM e IDEA Internacional, 2008, pp. 3-209.
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J. Jesús Orozco Henríquez
En apariencia, esta variable influye de manera positiva en la legitimidad
del mandato, al menos cuando algún candidato gana la primera ronda con
una tercera parte o menos del total de votos. 7 Sin embargo, el “ballotage”
no ha estado en varios países a la altura de las expectativas, y ha agravado
los problemas de gobernabilidad, particularmente cuando se le combinó con
elecciones legislativas no simultáneas.
La legislación latinoamericana vigente es claramente favorable a la reelección,
pues más de dos terceras partes de los países (14 de 18) la permiten, situación que
fortalece el presidencialismo. Sin embargo, la normativa presenta variaciones
importantes: en siete países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
República Dominicana y Venezuela) se permite la reelección consecutiva; incluso,
en este último, según reciente reforma constitucional apoyada por referéndum,
se prevé la reelección indefinida. En otros siete países (Chile, Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay) sólo es posible transcurrido al
menos un mandato presidencial. En las cuatro naciones restantes (Guatemala,
Honduras, México y Paraguay) la reelección está totalmente vedada.
b) Elecciones legislativas
Para las elecciones legislativas, predomina en la región la representación
proporcional en listas cerradas y bloqueadas. El sistema de representación
proporcional se aplica en 14 de los 18 países: Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, 8 El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Por otra parte, en dos
países, Bolivia y Venezuela, se utiliza el sistema de representación proporcional
personalizada, en el que se intenta aumentar la intensidad de la participación
electoral sin disminuir la representatividad. Por último, en Chile se aplica un
sistema binominal, y en México un sistema mixto o segmentado, aplicando una
combinación de la fórmula de representación proporcional con la de mayoría
relativa.
7 Véase al respecto: Mark Payne et al, La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina, BID-IDEA y Editorial
Planeta, México, 2006, p. 22.
8 Ecuador ha sido clasificado con base en la fórmula electoral. En este país se utiliza un sistema electoral de fórmula proporcional
en circunscripciones pequeñas. Sin embargo, si se quisiera utilizar como criterio de clasificación el principio de representación
predominante, el sistema tiende hacia un efecto de tipo mayoritario.
8
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Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
En cuanto al uso de la fórmula electoral, cabe destacar que en nueve países de
la región se utiliza la fórmula D’Hondt, es decir, la menos proporcional y que
favorece de manera sistemática a los partidos más grandes (Argentina, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela). Por otra parte, en Brasil, El Salvador y Honduras, se utiliza la fórmula
de Hare y promedio más alto, que resulta más imparcial respecto de los partidos
grandes y los pequeños, y suele producir resultados de elevada proporcionalidad;
variaciones del método Hare se instrumentan en Costa Rica y Nicaragua. Cabe
señalar que otros países utilizan una combinación de fórmulas electorales: En
Bolivia se aplica la fórmula D’Hondt para la parte de representantes que se eligen
en circunscripciones plurinominales, y mayoría simple para los que se eligen en
circunscripciones uninominales; en México se aplica Hare corregido con resto
más alto para la parte de representación proporcional, y en las circunscripciones
uninominales el sistema de mayoría simple; igual sucede en Panamá, donde se
combina mayoría simple en las circunscripciones uninominales y método Hare
en las plurinominales. Finalmente, en Chile, al existir un sistema binominal, se
asignan los escaños a los dos partidos con mayor número de votos; salvo cuando
el primero obtiene el doble de votos que el segundo.
Con respecto a la estructura de la papeleta, se observa en la región que siete
países utilizan listas cerradas y bloqueadas para la elección de los diputados:
Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.
También en Bolivia, México y Venezuela, pero para la parte de representantes
que se elige mediante representación proporcional; en Colombia, 9 Panamá,
Perú y República Dominicana se aplica el voto preferencial. En Brasil, Ecuador y
Honduras, se emplea el sistema de listas abiertas con voto personalizado, y, por
último, en Chile se aplica el voto personalizado con el sistema binominal.
Este predominio de los sistemas electorales proporcionales, que favorecen el
valor de la representación (aunque no demasiado) por encima del valor de la
eficacia, ha traído, entre otras, tres consecuencias principales respecto de la
gobernabilidad democrática y el funcionamiento del sistema de partidos políticos:
1) los partidos pequeños tienen la oportunidad de obtener representación, pero
no suele ser proporcional a la totalidad de su fuerza electoral; 2) en estas tres
9 En Colombia, la regulación permite a los partidos elegir la utilización de lista cerrada y bloqueada o el voto preferente.
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J. Jesús Orozco Henríquez
décadas se ha producido un aumento del número efectivo promedio de partidos
políticos, propiciando la fragmentación del sistema de partidos, y 3) consecuencia
de todo ello, en América Latina la mayoría de los Ejecutivos han tenido serios
problemas durante las últimas décadas a la hora de armar las mayorías necesarias
en el legislativo (gobiernos divididos), provocándose que pese a contar con
presidentes fuertes (buenos niveles de apoyo popular y considerables facultades
constitucionales), hayan enfrentado problemas de gobernabilidad y de bloqueo
legislativo al encontrarse en minoría en el Congreso.
En cuanto a las reformas en la Cámara Alta, cabe señalar que durante el periodo de
estudio, siete países modificaron su estructura legislativa: Argentina, Colombia,
México, Paraguay, República Dominicana, Perú y Venezuela, en tanto que
Bolivia recién se transformó en unicameral. En el resto de los países con sistema
bicameral (Brasil, Chile y Uruguay) no se registraron mayores cambios en el
sistema de elección.
Con respecto a los representantes de la Cámara Alta, en tres países de la región se
utilizan sistemas de representación proporcional en circunscripciones grandes,
como en Colombia, Paraguay y Uruguay. En dos países, Argentina y Bolivia, se
utiliza el sistema de mayoría simple con representación de minorías, mientras
que en Brasil y República Dominicana, se aplica el de mayoría simple. México,
por su parte, presenta un sistema mixto, y Chile mantiene el binominal. Como
fórmula electoral, en Colombia, Paraguay y Uruguay se utiliza el sistema D’Hondt;
en Brasil y República Dominicana la fórmula de mayoría simple, mientras que
Argentina y Bolivia usan fórmulas de mayoría simple con representación de
minorías. México combina la fórmula de mayoría simple con representación de
minorías y, por lo que se refiere a las curules de representación proporcional,
Hare corregido y resto más alto. Chile aplica la fórmula binominal.
Finalmente cabe señalar, en relación con la estructura de la papeleta, el
predominio del uso de las listas cerradas y bloqueadas (Argentina, Bolivia,
Paraguay y Uruguay). En México también se utilizan las listas cerradas y
bloqueadas para el componente de representación proporcional, mientras que
para el componente de mayoría simple se usa un sistema de voto personalizado.
En República Dominicana y Brasil se vota a los candidatos de manera individual,
y en Colombia el voto preferencial es optativo para los partidos.
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Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
En América Latina, la tendencia ha sido a favor de las elecciones concurrentes de
presidente y legislativas. En efecto, en 12 de los 18 países se celebran elecciones
simultáneas (Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), en otros 2 países se presentan
esquemas parcialmente simultáneos (Argentina y México) y sólo en 4 países
(Colombia, El Salvador, República Dominicana y Venezuela), se celebran las
elecciones presidenciales y legislativas en fechas separadas. El caso de Colombia
es excepcional, porque las elecciones para ambos poderes se realizan el mismo
año, en ciclos de cuatro años, pero las legislativas se celebran dos meses y medio
antes de la primera vuelta presidencial.
Tomando en cuenta que en la región predominan los regímenes presidenciales,
la concurrencia de estas elecciones con las legislativas, ha permitido generar el
efecto arrastre entre ambas, favoreciendo los niveles de participación electoral
y la identidad partidaria, 10 a la vez que aumenta la legitimidad de los gobiernos
electos y fortalece la figura presidencial.
2. Sistemas de partidos políticos
La democracia de nuestro tiempo es una democracia de partidos políticos. Sin la
existencia de partidos no puede haber democracia auténtica o, lo que es igual, democracia
pluralista. Con el objeto de salvaguardar la función esencial que desempeñan los partidos
políticos en los regímenes democráticos, cuatro aspectos son los que principalmente se han
visto involucrados en los procesos de reforma a los sistemas de partidos políticos: El régimen de
financiamiento de los partidos, sus procedimientos de democracia interna, los mecanismos de
discriminación positiva y el fenómeno del transfuguismo político.
a) Financiamiento de los partidos políticos
El relevante papel que los partidos políticos desempeñan en las modernas
democracias pluralistas, justifica que el Estado les proporcione, de manera
equitativa, elementos y recursos para llevar a cabo sus actividades (a través
de ayuda financiera directa o la posibilidad de acceder en forma gratuita a los
10 Shugart, Matthew, y Carey, John M., Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, Cambridge,
Cambridge University Press, 1992, p. 19.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 11

J. Jesús Orozco Henríquez
medios públicos de comunicación social), a la vez que regule el origen de su
financiamiento privado.
En lo formal, se aprecia un sistema predominantemente mixto, con tendencia a
favor del financiamiento público y una proclividad a acentuar los límites legales
a las contribuciones privadas. Todos los países, excepto Venezuela, cuentan con
financiamiento mixto, si bien en grados diferentes. Los métodos de distribución
del financiamiento público directo en la región, son fundamentalmente de
tres tipos: proporcional a la fuerza electoral (en nueve países: Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay);
un método combinado, en el que una parte se distribuye equitativamente entre
los partidos y la otra de acuerdo con la fuerza electoral (en siete, Argentina, Brasil,
Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana), y un tercer método
es aquel en el que una parte se distribuye de manera proporcional a la fuerza
electoral; y otra de acuerdo con la representación parlamentaria (Paraguay).
La mayor parte de los países (16) establece restricciones sobre el origen de las
contribuciones privadas, predominando las prohibiciones de donaciones de
gobiernos, instituciones o individuos extranjeros y, en algunos, respecto de
sociedades mercantiles, contratistas del Estado o fuentes anónimas. Además,
ciertos países establecen límites al monto de las contribuciones privadas. Por
otra parte, existe una tendencia a favor de controlar los disparadores del gasto
electoral, estableciendo topes y acortando campañas, con resultados disímiles
en los diferentes países.
Mientras ciertos temas han sido tratados adecuadamente a nivel normativo,
incrementándose en general la transparencia y rendición de cuentas sobre el
origen y destino de los recursos de los partidos políticos, así como la posibilidad
de contar con financiamiento público anticipado para garantizar la participación
política de agrupaciones nuevas (como ha ocurrido con la reciente reforma
en Costa Rica), otros, en cambio, como el acceso equitativo a los medios de
comunicación, cuentan en la mayoría de los casos con una regulación precaria
o inexistente.
En este sentido, surgen dos tendencias relevantes en los procesos de reforma:
en primera instancia, la mayoría de los países confiere a los partidos espacios
12
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
gratuitos en los medios de comunicación electrónicos, sobre todo en la
televisión pública. Por otro lado, se observa la intención de otorgar este tipo de
financiamiento indirecto exclusivamente para fines de propaganda electoral; sólo
en Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú la legislación electoral especifica
que el acceso de los partidos a los medios de comunicación es de carácter
permanente. Incluso, en Brasil, Chile y, a partir de la trascendente reforma de
2007, en México se prohíbe la contratación comercial de tiempo aire en los
medios de comunicación para fines electorales. Sin embargo, en la mayoría de
los países queda aún mucho por avanzar en la regulación referida al acceso a
los medios, particularmente en razón de que los efectos alcanzados sobre la
equidad en la contienda y sobre el control de los gastos electorales no parecen
haber sido significativos. 11
La región se ha caracterizado por la regulación abundante, acompañada de bajos
niveles de transparencia, órganos de control débiles y un régimen de sanciones
bastante ineficaz. Pese a los avances en la regulación del financiamiento y, en
algunos países (como, en buena medida, México) en cuanto a los mecanismos de
fiscalización, existe aún en América Latina una gran distancia entre las normas
y las buenas prácticas. Por tanto, se debe avanzar en la línea de fortalecer los
órganos de control y crear un verdadero y eficaz régimen de sanciones.
b) Democracia interna de los partidos
En las recientes tres décadas la región ha generado reformas con una tendencia
cada vez mayor a pasar de procedimientos de designación de dirigentes y
candidatos en manos de las cúpulas, al de elecciones internas (cerradas o abiertas)
o, al menos, a través de convenciones. Mientras que 13 países prevén legalmente
que haya procedimientos democráticos para la selección de candidatos a cargos
de elección popular, nueve sólo lo contemplan respecto de la selección de
11 Cabe destacar las recientes reformas aprobadas en México en 2007, que cambian radicalmente la regulación que existía
desde 1996. El régimen mixto que había establecido esa reforma y que permitía la compra de publicidad de manera exclusiva
por los partidos políticos, de manera paralela a tiempos en que el propio IFE los contrataba y gestionaba, y los ponía a
disposición de los partidos, fue sustituido por reglas muy distintas en la última reforma electoral de 2007. En particular, la
prohibición terminante de que los partidos puedan contratar publicidad en medios electrónicos de comunicación. Ésta, sin
duda alguna, constituye la parte medular de la reforma de 2007 y es probable que será la de más impacto en el desarrollo del
sistema de financiamiento en México en los próximos años.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 13

J. Jesús Orozco Henríquez
dirigentes. 12 Aun cuando los ordenamientos constitucionales y legales establecen
determinadas bases y pautas generales o exigencias democráticas a seguir por
los partidos políticos, igualmente delegan en los órganos competentes de los
propios partidos su facultad de auto-organizarse y establecer en sus estatutos o
cartas orgánicas las normas atinentes a su estructura, instancias y funcionamiento
democrático interno. 13 Estos cambios, si bien han sido significativos y van
por el camino correcto, al incrementar el carácter democrático, el control y
la transparencia al interior de los partidos, siguen siendo parte de un proceso
lento y gradual. Por ello, es necesario continuar con el fortalecimiento de las
estructuras democráticas internas. Se parte de la premisa de que “la democracia
de partidos requiere a su vez la democracia en los partidos”. La consolidación de
la democracia en la región pasa, sin duda, por la ampliación de la democracia
interna de los partidos políticos.
Un balance de la incorporación de prácticas de democracia interna en los partidos
políticos de la región, arroja resultados mixtos. Entre los efectos positivos debe
destacarse que la introducción de elecciones internas competitivas ha refrescado
las tradicionales estructuras oligárquicas, disminuido el grado de centralización
del proceso de elección de candidatos en las cúpulas y facilitado la inclusión de
otros actores en la toma de decisiones dentro del partido. 14
Los efectos negativos de esta apertura en la vida de los partidos, se manifiestan
sobre todo en términos de su cohesión y armonía interna. Ciertamente, la
adopción de prácticas democráticas en su interior ha significado, en muchos
casos, el surgimiento de enfrentamientos entre las diferentes facciones partidistas,
la fragmentación del partido e incluso su división. Además, y en relación con los
resultados electorales, Colomer ha indicado que la inclusión de las elecciones
internas no ha significado necesariamente un éxito electoral para los partidos
latinoamericanos, ya que en algunos casos los candidatos seleccionados sobre
12 Vid., Zovatto, Daniel, “La democracia interna de los partidos políticos en América Latina”, Revista Debates de Actualidad,
Asociación Argentina de Derecho Constitucional, núm. 188, junio-septiembre de 2002, p. 59.
13 Vid., J. Jesús Orozco Henríquez, “La democracia interna de los partidos políticos en Iberoamérica y su garantía jurisdiccional”,
México, IIJ-UNAM y Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, julio-diciembre de 2004, pp. 219-245.
14 Freidenberg, Flavia, “Democracia interna en los partidos políticos”, en Dieter Nohlen, Daniel Zovatto, Jesús Orozco y José
Thompson. (comps.), Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, México, Fondo de Cultura Económica,
IIDH/CAPEL, Universidad de Hidelberg, TEPJF e IFE, 2007, p. 659.
14
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
la base de elecciones primarias, tienden a ser relativamente poco populares o
perdedores en las elecciones presidenciales correspondientes. 15
c) Mecanismos de discriminación positiva
En el caso de la participación política de la mujer, aunque un número significativo
de países ha establecido medidas para asegurar la inclusión femenina en los
espacios políticos (11 en total: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana), se trata
de un tema reciente sobre el cual aún no se pueden sacar conclusiones claras en
cuanto a sus efectos en la región.
Antes de la aplicación de la cuota, el porcentaje de representación de mujeres
en los parlamentos de estos países apenas alcanzaba 9%. Tras la adopción de
las cuotas en la década de los noventas (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica,
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Republica Dominicana) vieron como
ese porcentaje promedio se duplicó, llegando a 18%. Honduras, país que las
adoptó tiempo después, tuvo un incremento de 6 a 23%. Asimismo, según cifras
de la Unión Interparlamentaria, 16 la región tiene un promedio de participación
femenina en Cámaras Bajas del orden de 19%. Un análisis más detallado
revela que en los 11 países que han establecido cuotas en sus legislaciones la
representación alcanza en promedio 22%, mientras en aquellos que no las han
establecido apenas llega a 14%. Sin embargo, aunque importantes, estas cifras
están lejos aún de garantizar una masa crítica de mujeres, con la excepción
de tres países: Costa Rica, Argentina y, recientemente Perú. Sin duda, América
Latina debe seguir avanzando en la línea de garantizar la paridad de género, no
sólo en la regulación sino fundamentalmente en la práctica política. Al respecto,
Costa Rica constituye, con mayor razón con motivo de su reciente reforma que
contempla los principios de paridad y alternancia en las listas respectivas, un
caso modélico y digno de emular.
15 Josef Colomer, “Las elecciones primarias presidenciales en América Latina y sus consecuencias”, en Juan Abal Medina, y
Marcelo Cavarozzi (comps.), El asedio a la política, Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2002, p. 119.
16 Al respecto, véase: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 15

J. Jesús Orozco Henríquez
En materia de participación política de minorías étnicas, y en específico de las
poblaciones indígenas, cabe señalar que los marcos normativos siguen siendo
insuficientes para garantizar el acceso político a sectores que tradicionalmente
han sido sub-representados. Los siete países latinoamericanos que han realizado
reformas sobre la participación política de las etnias son Bolivia, Colombia,
México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. La ausencia casi total de normas
referidas a la inclusión política de grupos étnicos sorprende, teniendo en cuenta
que en América Latina la población indígena es aproximadamente de unos
40 millones de personas, equivalente al 8% de los números demográficos. En
algunos países, estos sectores representan más del 40% de la población, como
en Bolivia y Guatemala. 17 Evidentemente, todavía queda mucho por hacer.
La dinámica política de los países de la región ha requerido procesos de reforma
para incorporar otras formas de participación política fuera de los partidos,
como movimientos políticos, agrupaciones y candidaturas independientes. El
surgimiento y regulación de esas candidaturas, ha significado el rompimiento
del monopolio de los partidos a nivel presidencial en ocho países (Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela).
A pesar de que su incorporación legislativa ha sido reciente, la experiencia
muestra que el descrédito general de los partidos ha generado una aceptación
importante de estas nuevas formas de participación, por lo cual es probable que
futuros cambios deban considerar esta variable y ponderar el impacto que podría
generar en el sistema de partidos políticos. Mientras que la mayoría de los países
latinoamericanos todavía no contemplan candidaturas independientes para
elecciones presidenciales, cabe señalar que la mitad sí las prevé para elecciones
legislativas y la mayoría de ellos sí las aceptan para elecciones locales.
d) Transfuguismo político
El transfuguismo político, identificado como uno de los principales problemas
que enfrentan los partidos políticos de la región, no ha generado a la fecha
instrumentos de reforma significativos. En efecto, a excepción de Bolivia,
Ecuador y, más recientemente, Brasil vía jurisprudencial (los cuales establecen la
17 Álvaro Bello, Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas, CEPAL-GTZ, Santiago
de Chile 2004, p. 29.
16
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
obligación de todos los representantes de elección popular a mantenerse fieles
a los partidos que los postularon, bajo sanción de separación o pérdida de la
calidad de diputado a quienes abandonen o sean expulsados del partido), existe
un vacío importante de regulación. Sin embargo, y ante el crecimiento de este
fenómeno en la vida partidaria, es probable que se vuelva de atención obligada
en los siguientes procesos reformadores.
3. Organismos electorales
En cuanto al organismo encargado de organizar las elecciones y resolver los conflictos
con motivo de las mismas, una de las características esenciales de América Latina es la
existencia, en todos y cada uno de sus países, de organismos electorales especializados, previstos
generalmente a nivel constitucional, con funciones jurisdiccionales y/o administrativas en la
materia: los llamados tribunales electorales. 18 En algunos de estos países hay dos organismos
electorales, uno con atribuciones administrativas y otro con jurisdiccionales. Dichos organismos
tienen frecuentemente una naturaleza autónoma respecto de los tradicionales poderes públicos
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial), si bien en ocasiones constituyen una rama especializada
dentro del correspondiente Poder Judicial, en el entendido de que todos son independientes del
Ejecutivo y la gran mayoría, en la actualidad, con un carácter permanente y atribuciones para
manejar su presupuesto, elaborar el respectivo proyecto y emitir algunas normas reglamentarias. 19
En el periodo bajo análisis, el proceso de reformas en la región tendió a fortalecer y ampliar
la autonomía funcional y técnica de los organismos electorales; incluso, las constituciones de
Nicaragua (1987) y Venezuela (1999) prevén expresamente la existencia de un Poder Electoral,
al lado de los tres tradicionales, en el entendido de que los tribunales de Costa Rica y Uruguay
reciben un tratamiento constitucional equivalente y, por la alta calidad en su desempeño, son
ampliamente considerados un paradigma en la región.
Además, junto a los casos de Argentina y Brasil previstos de tiempo atrás, tres de los
casos más recientes han ubicado al respectivo tribunal electoral dentro del poder judicial, como
18 Estos organismos también se denominan, por ejemplo, Corte Electoral (Uruguay), Jurado Nacional de Elecciones (Perú), Cámara
Nacional Electoral (Argentina), Junta Central Electoral (República Dominicana), Consejo Supremo Electoral (Nicaragua)
o Instituto Federal Electoral (por lo que se refiere al encargado de organizar las elecciones en México).
19 Cfr. Jesús Orozco Henríquez, “El contencioso electoral, La calificación electoral”, Tratado de derecho electoral comparado
de América Latina, Dieter Nohlen, et al. (comps.), México, IIDH, Universidad de Heidelberg, IDEA Internacional, TEPJF, IFE
y Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 1152.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 17

J. Jesús Orozco Henríquez
ha ocurrido con el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay en 1995 (el cual también
realiza funciones administrativas de organización de los comicios), el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de México en 1996 y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela a partir de 1999, en el entendido de que estos dos últimos propiamente tienen
sólo funciones jurisdiccionales, en tanto que la organización de las elecciones es competencia
de otro organismo autónomo.
En cuanto a las garantías de imparcialidad de estos organismos y sus miembros, la
tendencia ha sido no sólo a despartidizar su conformación (excluyendo o, al menos, dejando
en minoría a los representantes de partidos políticos, 20 o bien permitiéndoles únicamente
derecho de voz pero no de voto) 21 y a depurar el sistema de designación de los miembros del
máximo órgano electoral (exigiendo mayorías calificadas en el órgano legislativo 22 o, incluso,
involucrando a un órgano jurisdiccional de carácter técnico al efecto 23 o en las postulaciones, 24
así como previendo la renovación escalonada del órgano), 25 sino a conferir a éstos garantías
equivalentes a las que disfrutan los pertenecientes al poder judicial (como la estabilidad en
el cargo, carácter permanente del órgano, dedicación exclusiva a la función, régimen de
responsabilidades y remuneración decorosa).
Por lo que se refiere a la modernización de los organismos encargados de la administración
y organización de las elecciones, además de todas las funciones que éstas habitualmente
involucran (como el registro de candidaturas, el escrutinio de los votos y la proclamación de
electos), a varios de ellos se les ha encomendado también el registro electoral (incluyendo no
sólo la elaboración del padrón electoral sino, en ocasiones, la emisión del documento para
votar o, incluso, la del documento único de identidad nacional), la delimitación de los distritos
electorales, la supervisión de las campañas electorales, las campañas de educación cívica, el
registro y financiamiento de los partidos políticos.
20 Como en Honduras, a partir de 2002, con el Tribunal Supremo Electoral, y en Ecuador, a partir de 2008, con el Tribunal Contencioso
Electoral.
21 V. gr., respecto de la integración de los diversos consejos electorales del Instituto Federal Electoral en México, desde 1996.
22 Como en Bolivia, respecto de la Corte Nacional Electoral, según reforma de 1992.
23 Como en Perú, desde 1993, con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien es designado por el Consejo
Nacional de la Magistratura.
24 Así ocurre en México, con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de 1996.
25 Como en Panamá, México y Ecuador, a partir, respectivamente, de 2004, 2007 y 2008.
18
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
Asimismo, más recientemente, se les ha conferido atribuciones relacionadas con la
fiscalización sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos (como también
ha ocurrido en Costa Rica, transfiriéndole al Tribunal Supremo de Elecciones la competencia
que asumía la Contraloría General de la República), la supervisión de los procedimientos
internos de los partidos políticos para la selección de sus dirigentes y candidatos a cargos de
elección popular a fin de garantizar su democracia interna (incluso, en Uruguay, desde 1996,
la organización de tales procedimientos), así como, en su caso, el voto de los nacionales desde
el extranjero (como ahora también se contempla en Costa Rica), la observación electoral, la
transparencia y el acceso a la información político-electoral, la realización de los instrumentos
de democracia participativa o semidirecta (plebiscito, referendos y/o revocaciones de mandato),
el control de la legalidad de la propaganda electoral y la asignación de tiempo aire en la radio
y la televisión, además de la reglamentación de normas legales electorales.
Respecto de aquellos organismos a los que se les asignan funciones jurisdiccionales,
cada vez mayor número de tribunales electorales cuenta con competencia para resolver en
última instancia, es decir, de manera final y definitiva, acerca de la validez de las elecciones
(así, por ejemplo, de manera similar a lo previsto en Chile desde 1925 y Costa Rica en 1949, la
Constitución de Ecuador de 2008 le confiere tal competencia al Tribunal Contencioso Electoral).
Esto último no ocurre, por lo general, con organismos de otras regiones del mundo que también
pertenecen al modelo independiente para organizar las elecciones, como las comisiones
electorales, en tanto que, si bien cuentan con autonomía técnica y funcional, es habitual que se
las ubique formalmente dentro del Poder Legislativo y casi ninguna de ellas tiene competencia
para decidir en última instancia acerca de la validez de las elecciones, pues contra sus decisiones
procede con frecuencia alguna impugnación ante la jurisdicción ordinaria y/o constitucional, e
incluso, en algunos casos, todavía ante el pleno de la respectiva cámara del órgano legislativo
(como en Estados Unidos de América e Italia, por ejemplo). 26
En tres casos (Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Consejo Supremo Electoral
de Nicaragua y la Corte Electoral del Uruguay), las resoluciones del organismo electoral
respectivo, con atribuciones administrativas y jurisdiccionales, son definitivas e inatacables,
por lo que no pueden ser objeto de revisión por órgano alguno. Por tanto, en los 15 restantes,
las decisiones del organismo electoral encargado de organizar los comicios (con independencia
de que también disponga de competencia para resolver algunos medios de impugnación
26 Véase Jesús Orozco Henríquez, “Los sistemas justicia electoral en el derecho comparado”, Sistemas de justicia electoral:
Evaluación y perspectivas, México, TEPJF, 2001, pp. 45-58.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 19

J. Jesús Orozco Henríquez
de naturaleza propiamente administrativa), son susceptibles de impugnación ante la justicia
constitucional, la justicia administrativa o la justicia electoral especializada.
Así, mientras Colombia es el único país donde las impugnaciones contra las decisiones
del organismo electoral administrativo (el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría
Nacional del Estado Civil) se practican ante la justicia administrativa, (el Consejo de Estado,
cuyas resoluciones sí son definitivas e inatacables), en nueve países las decisiones del respectivo
organismo electoral administrativo y/o jurisdiccional son impugnables, por cuestiones de
inconstitucionalidad, ante la justicia constitucional, que en la región se le encomienda
generalmente a la Corte Suprema de Justicia respectiva y, sólo en algunos casos, a algún Tribunal
Constitucional. En los cinco países restantes (Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela), las
decisiones del organismo electoral administrativo son impugnables ante la justicia electoral
especializada, ya sea que tenga carácter autónomo --caso de Chile, Ecuador y Perú-- o forme
parte del respectivo Poder Judicial, como sucede en México y Venezuela.
Una tendencia todavía incipiente, es la relativa a regular de manera más detallada los
diversos medios de impugnación en materia electoral; a fin de proporcionar a la ciudadanía
y los partidos políticos un conocimiento más claro de los mecanismos para garantizar
jurisdiccionalmente sus derechos político-electorales fundamentales, como ocurre también
con la reciente reforma electoral de Costa Rica e, incluso, en México, se cuenta con todo un
ordenamiento procesal electoral específico.
4. Mecanismos de democracia directa
El análisis de la experiencia latinoamericana muestra la progresiva incorporación de
mecanismos de democracia directa en los órdenes normativos de la región. En particular, a
principios de los años noventas cobró fuerza la tendencia a expandir dichos mecanismos en
busca de mayores niveles de participación ciudadana, para corregir la crisis de representación
y enfrentar los problemas de gobernabilidad.
En relación con las instituciones de democracia directa, como la iniciativa legislativa
popular, las consultas populares (como el plebiscito y el referendo, los cuales pueden ser
“obligatorios” o “facultativos” y, a su vez, subdividirse en obligatorios en forma automática y
obligatorios en forma acotada), y la revocatoria de mandato, mientras que 12 países prevén, al
menos, uno de esos mecanismos y éste o éstos han sido utilizados, hay cuatro países (El Salvador,
20
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
Honduras, Nicaragua y Paraguay) que, aun cuando también lo(s) contempla(n), todavía no lo(s)
ha(n) utilizado. Por tanto, son sólo dos países (México y República Dominicana), los que no
prevén mecanismo alguno de democracia directa a nivel nacional (en el entendido de que en
México la mayoría de las entidades federativas sí contemplan este tipo de mecanismos, aun
cuando los han utilizado escasamente).
En general, el uso a escala nacional de estos mecanismos ha sido más bien modesto y
altamente concentrado en un número reducido de países. Asimismo, su aplicación ha obtenido
un resultado mixto, oscilante entre intentos de manipulación neo-populistas por parte de los
presidentes en algunos casos, y posiciones conservadoras o tradicionalistas en otros. En este
sentido, en términos generales, la región debe todavía ganar madurez política; a fin de ver los
mecanismos de democracia directa como instrumentos para consolidar el sistema democrático,
que complementan, pero no sustituyen, a las instituciones de la democracia representativa.
En época reciente, ha surgido una estrategia alternativa a la fórmula tradicional de la
democracia constitucional liberal, que consiste en la refundación, por la vía de asambleas
constituyentes y el uso estratégico de la democracia participativa, de una específica modalidad
de Estado. Son los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que confrontan en buena medida los
contenidos y métodos prácticamente del resto de las democracias latinoamericanas.
Mecanismos de democracia directa a nivel nacional 27
País
Iniciativa legislativa popular
Consulta popular
(plebiscito/referendo)
Revocatoria de mandato
Argentina Sí Sí No
Bolivia
Brasil
Chile
Sí
No se ha utilizado
Sí
No se ha utilizado
No
Sí
Sí
Sí, sólo para reforma constitucional
cuando hay desacuerdo entre
Ejecutivo y Congreso
Colombia Sí Sí No
No
No
No
Costa Rica
Sí
No se ha utilizado
Sí
No
27 El presente cuadro proviene de la obra citada en la nota 6 de este trabajo.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 21

J. Jesús Orozco Henríquez
País
Iniciativa legislativa popular
Consulta popular
(plebiscito/referendo)
Revocatoria de mandato
Ecuador
Guatemala
Sí
No se ha utilizado
Sí
No se ha utilizado
Panamá No Sí
Perú
Uruguay
Venezuela
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Sí
No se ha utilizado
Sí
No se ha utilizado
Sí
No se ha utilizado
No
No
Sí
No se ha utilizado
Sí
No se ha utilizado
Sí
Sí
Sí, para diputados
provinciales
No
Sí 1
Sí se ha utilizado
Sí No 2
Sí
Sí
Sí
No se ha utilizado
Sí
No se ha utilizado
Sí
No se ha utilizado
Sí
No se ha utilizado
No
Sí, para todos los cargos
México No No No
Rep. Dominicana No No No
1 De acuerdo con el artículo 151 de la Constitución Política de Panamá, los partidos políticos pueden ejercer la revocatoria de
mandato; para destituir a los diputados que hayan postulado y los ciudadanos de un circuito electoral para revocar el mandato
de los diputados de libre postulación.
2 De acuerdo con los artículos 2º, inciso a), y 20 de la Ley 26300, existe la revocatoria del cargo de autoridades regionales y
municipales.
No
No
No
No
5. Reflexiones finales
Como se desprende de lo anterior, en América Latina se han dado importantes avances
en relación con la reforma política y electoral requerida para fortalecer la institucionalidad
democrática en los diferentes países. Sin embargo, debe destacarse que, en términos generales,
muchas de estas reformas no han dado los resultados esperados debido a los siguientes factores:
a) Muchas de ellas se han efectuado de manera coyuntural, con un enfoque más táctico que
estratégico, para obtener beneficios concretos a favor de una fuerza o fuerzas políticas en el corto
plazo; b) En muchos casos no ha existido un compromiso verdadero con las reformas; hay mucho
22
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
de “gatopardismo”, de falta de voluntad para acatarlas, o bien, ignorancia y desconocimiento de
parte de los actores que tienen a su cargo efectuar las reformas.
Como ha advertido Daniel Zovatto y lo precisamos ambos en un reciente estudio, 28
del análisis de los procesos de reforma política y electoral en América Latina se desprenden
dos conclusiones principales. La primera, que durante las últimas décadas se han logrado
avances importantes en materia de sistema electoral, sistema de partidos, organismos electorales
y mecanismos de democracia directa en el área latinoamericana, aunque con variaciones
sustanciales entre los distintos países. La segunda, que la región aún tiene desafíos por enfrentar,
para los cuales requiere de nuevos procesos de reforma, junto al indispensable desarrollo de
una nueva cultura política e institucional, que atiendan necesariamente al respectivo contexto
histórico y político de cada país. De ahí la importancia de avanzar en materia de reformas,
teniendo en cuenta que, por lo general, se trata de procesos inconclusos, pero que implican pasos
fundamentales e indispensables en la consolidación del régimen electoral y de la democracia.
Esta nueva agenda de reformas debe cumplir con el objetivo de buscar la cooperación
y un balance adecuado entre representación y gobernabilidad, así como entre estabilidad,
representación y eficacia.
Debe asimismo ser capaz de dar respuesta a las tres crisis principales que atraviesa la
región: 1) la crisis de representación, vinculada con el sistema electoral y los partidos políticos; 2)
la crisis de rendición de cuentas, y 3) la crisis de eficacia relacionada con el Estado mismo. Hoy,
como consecuencia de estas tres crisis y de la debilidad institucional que aqueja a la mayoría
de los países de América Latina, si bien en grado diverso, éstos no cuentan con los mecanismos
institucionales idóneos para enfrentar severas presiones políticas, sociales y económicas.
A la hora del diagnóstico, y sobre todo de las recomendaciones, hay que escapar de
la perversa lógica binaria o maniquea -bueno o malo- tan característica de América Latina,
e incorporar a la paleta de colores la variedad de grises; la región no va a dar respuesta a los
graves problemas de representación y gobernabilidad sólo mediante la reforma constitucional o
la ingeniería institucional. En América Latina sobran ejemplos de cómo han fracasado intentos
de esta naturaleza. Sin embargo, un diseño apropiado facilita la gobernabilidad democrática.
28 Véase, ibidem.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 23

J. Jesús Orozco Henríquez
Durante los últimos años se puso demasiado énfasis en los aspectos de la representación y
de la participación. Ahora es necesario que la región se preocupe por mejorar la gobernabilidad,
en especial la capacidad de los sistemas electorales para formar coaliciones cuyo objetivo sea
crear mayorías que respalden a los gobiernos sin perder representación.
Asimismo, la prioridad debe pasar por el fortalecimiento y la institucionalización del
sistema de partidos. Al decir de Lipset, nada contribuye tanto a la credibilidad y a la consolidación
de la democracia como el prestigio y la institucionalización de un sistema de partidos; y a
la inversa, nada erosiona más la vida democrática, como el desprestigio y la parálisis de los
partidos y su incapacidad para ofrecer respuestas eficaces a las demandas de la ciudadanía. La
sostenibilidad de la democracia, su profundización y consolidación demandan el fortalecimiento
e institucionalización de los partidos políticos, no su extinción.
Los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos y no con outsiders,
con política de mejor calidad y no con antipolítica. De ahí la importancia de recuperar la
credibilidad en la política, de mejorar su calidad, de hacerla más transparente, de volverla más
eficaz, de acercarla a la ética, pero, sobre todo, reconectarla con la gente.
Es apremiante fortalecer el sistema de partidos y las instituciones políticas para
aumentar su efecti vidad y eficiencia, y con ello aumentar su legitimidad. De ahí la
necesidad de una sociedad civil comprometida con la democracia que no menosprecie los
mecanismos institucionales de representación. En este sentido, es prioritario construir
“capital político” que asegure el éxito de los futuros procesos latinoamericanos de reforma.
6. Literatura consultada
Bello, Álvaro. Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos
indígenas. Santiago, Chile: CEPAL-GTZ, 2004.
Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
Colomer, Josep. “Las elecciones primarias presidenciales en América Latina y sus consecuencias”.
En: Abal Medina, Juan y Cavarozzi, Marcelo (comps.). El asedio a la política. Buenos
Aires, Argentina: , Konrad Adenauer, 2002.
Freidenberg, Flavia. “Democracia interna en los partidos políticos”. En: Nohlen, Dieter, Zovatto,
Daniel, Orozco, Jesús y Thompson, José. (comps.), Tratado de derecho electoral
24
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina
comparado de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, IIDH/CAPEL,
Universidad de Hidelberg, TEPJF e IFE, 2007.
Huntington, Samuel. The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Londres:
Norman, 1991
Orozco Henríquez, Jesús. “El contencioso electoral, La calificación electoral”. En: Tratado
de derecho electoral comparado de América Latina. México: IIDH, Universidad de
Heidelberg, IDEA Internacional, TEPJF, IFE y Fondo de Cultura Económica, 2007.
Orozco Henríquez, J. Jesús. La democracia interna de los partidos políticos en Iberoamérica
y su garantía jurisdiccional. México: IIJ-UNAM y Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia, julio-diciembre de 2004.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Democracia en América Latina: hacia una
democracia de ciudadanas y ciudadanos. Buenos Aires: PNUD.
Shugart, Matthew y Carey, John M., Presidents and Assemblies: Constitutional Design and
Electoral Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Zovatto, Daniel. “La democracia interna de los partidos políticos en América Latina”. En: Revista
Debates de Actualidad, núm. 188, junio-septiembre de 2002.
Zovatto, Daniel y Orozco Henríquez, J. Jesús. “Reforma política y electoral en América Latina
1978-2007: Lectura regional comparada”. En: Reforma política y electoral en América
Latina 1978-2007. México: UNAM e IDEA Internacional, 2008.
Payne, Market et. al. La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina. México:
BID-IDEA y Editorial Planeta, 2006.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 25

Sección Especial
60 Aniversario
del Tribunal Supremo de Elecciones

El régimen electoral en la Constitución de 1949
Luis Antonio Sobrado González *
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 02 de octubre de 2009.
Revisión, corrección y aprobación: 26 de noviembre de 2009.
Resumen: Este artículo analiza el régimen electoral costarricense sobre la base de tres líneas de evolución
que confluyen en la Constitución Política de 1949, a saber: la democratización de los procesos
electorales, la institucionalización de esos procesos -con la creación del Tribunal Supremo de Eleccionesy
la partidización de los mismos. Evolución que ha sido factor crucial para la historia democrática
costarricense de las últimas seis décadas, caracterizada por una ininterrumpida vigencia democrática
en lo electoral, altas tasas de participación ciudadana y una elevada adhesión de los costarricenses a las
instituciones republicanas.
Palabras claves: Historia electoral / Sistemas electorales / Desarrollo de la democracia / Participación
ciudadana / Organismos electorales / Funciones de los organismos electorales / Proceso electoral /
Tribunal Supremo de Elecciones.
Abstract: This paper analyzes the Costa Rican Electoral Regime based on three lines of evolution that
converge in the Political Constitution of 1949, namely: the democratization of the electoral processes,
its institutionalization -with the creation of the Supreme Electoral Tribunal- and the partisanship of said
electoral processes. Evolution that has been crucial to the Costa Rican Democratic History of the past
six decades, characterized by a continuous democratic effectiveness in the electoral field, high rates of
citizen participation and high adherence of Costa Ricans to republican institutions.
Key words: Electoral History / Electoral Systems / Development of Democracy / Citizen Participation /
Electoral Bodies / Electoral Bodies’ Functions/ Electoral process / Supreme Electoral Tribunal.
.
* Costarricense. Licenciado y Doctor en Derecho, grados académicos otorgados por la Universidad de Costa Rica y la Universidad
Complutense de Madrid, respectivamente. Magistrado propietario del Tribunal Supremo de Elecciones a partir de
1999. Actualmente es el Presidente del organismo electoral costarricense y, en esa condición, ejerce la presidencia pro tempore
de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe; coordina además las comisiones de Asuntos
Académicos y de Gobierno Digital del TSE y dirige su Revista de Derecho Electoral. Con anterioridad había ocupado otros
cargos públicos en la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Presidencia. Tiene más de veinte años de
ser profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Costa Rica y desde 1993 coordina la respectiva Cátedra de su
Facultad de Derecho. Autor de los libros La justicia electoral en Costa Rica (San José: IJSA, 2005), Democratización interna
de los partidos políticos en Costa Rica (San José: FLACSO, 2007) y de varios artículos en revistas especializadas. Dirección
electrónica: lsobrado@tse.go.cr.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 29

Luis Antonio Sobrado González
Según la Constitución Política vigente, promulgada en 1949, Costa Rica es una república
unitaria con forma de gobierno presidencialista. Su artículo 168 estipula que, administrativamente,
el territorio está dividido en provincias (siete), que se subdividen en cantones (ochenta y uno) y
éstos, a su vez, en distritos (cuatrocientos setenta).
Se considera “democrática” (art. 1º), pues en la república la soberanía “reside
exclusivamente en la Nación” (art. 2º). De ahí que su gobierno sea calificado, en su artículo
noveno, como “popular” y “representativo”; según la misma disposición lo ejercen “el pueblo y
tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.
Para asegurar el carácter representativo de los gobernantes, se declaran de elección
popular el Presidente y los Vicepresidentes de la República, así como los diputados a la Asamblea
Legislativa; con el mismo propósito los miembros de los supremos poderes están sometidos, en
todos los casos, a mandatos limitados en el tiempo, por lo que el gobierno también se adjetiva
constitucionalmente como “alternativo”.
Paralelamente al gobierno nacional, coexisten ochenta y un gobiernos locales o
municipales, encargados de la “administración de los intereses y servicios locales en cada
cantón”. Cada uno de esos gobiernos está compuesto por los regidores (integrados en un
concejo municipal) y un funcionario ejecutivo (art. 169 constitucional), que legalmente se
denomina alcalde. El Código Municipal ordena instalar concejos distritales, como órganos
internos de la respectiva administración local, integrados por cinco miembros. Uno de ellos
es el síndico, quien preside el concejo de distrito y a la vez interviene, representando a su
respectivo distrito, en el concejo municipal del cantón, aunque sin derecho a voto en su seno
(art. 172 constitucional).
Dado que los gobiernos municipales participan de la lógica democrática propia del
gobierno nacional, sus miembros de igual modo se entienden representantes populares y, por
ello, todos los funcionarios municipales mencionados son también nombrados a través de
elecciones periódicas. 1
1 El Presidente y los Vicepresidentes de la República se eligen en circunscripción nacional, los diputados por provincia, los
alcaldes y regidores por cantón y, finalmente, el síndico y los concejales de distrito en circunscripciones distritales. En cuanto
a la fórmula electoral vigente, cabe precisar que el Presidente y los Vicepresidentes de la República, así como los alcaldes
y los síndicos, son electos por mayoría relativa aunque, en el caso del primero, el candidato presidencial más votado ha de
superar el 40% de los votos válidamente emitidos; caso contrario, debe organizarse una segunda vuelta el primer domingo
del mes de abril siguiente, en la que competirá con el rival que tenga mayor apoyo popular (art. 138 de la Constitución
Política). Los diputados, regidores y concejales de distrito, por su parte, se eligen proporcionalmente mediante la cuota de
Hare modificada, fórmula que en nuestro medio se designa conciente y resto mayor con barrera de subcociente.
30
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

El Régimen electoral
en la Constitución de 1949
Hasta 1998 las elecciones nacionales y las municipales se hicieron de modo concurrente,
el primer domingo de febrero cada cuatro años. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el
Código Municipal promulgado en 1998, los alcaldes municipales y los concejales de distrito
se tornaron funcionarios de elección popular a elegir, conjuntamente con los síndicos, en una
elección autónoma que, en los años 2002, 2006 y 2010, corresponde verificar el primer domingo
del mes de diciembre siguiente a la elección nacional. Reformas electorales recientemente
dispuestas harán que, a partir de 2016, la elección municipal se celebre a mitad del período
presidencial y que en ésta se designen todos los funcionarios municipales de elección popular,
es decir, incluyendo a los regidores que, del año 2002 al 2010, han seguido designándose
conjuntamente con el Presidente de la República y los diputados de la Asamblea Legislativa.
Los procesos electorales tienen en Costa Rica, al igual que en el resto de las democracias
contemporáneas, tres protagonistas: los ciudadanos en tanto electores de los gobernantes, la
institucionalidad electoral que administra esos procesos y arbitra los conflictos resultantes y los
partidos políticos que postulan los respectivos candidatos y, en general, ordenan y canalizan
la discusión y competencia políticas. Pues bien, la Constitución de 1949 es el punto de
confluencia de tres líneas de evolución constitucional que se desarrollan entre 1913 y 1997 y
que, atendiendo a una preocupación básica de perfeccionamiento democrático, se centran en
cada uno de los citados protagonistas de los procesos electorales. La primera de esas líneas
de evolución, que mira sobre todo al ciudadano, procura la democratización de los procesos
electorales; la segunda consiste en la institucionalización de los mismos, con la creación
del Tribunal Supremo de Elecciones (en adelante TSE); y, por último, la que se enfoca en la
partidización de los procesos electorales.
Esa evolución, que de seguido analizaremos, ha sido factor crucial para que la historia
costarricense de las últimas seis décadas, se haya caracterizado por una ininterrumpida vigencia
democrática en lo electoral, altas tasas de participación ciudadana en los diferentes comicios
(aunque ciertamente declinantes a partir de 1998), y una elevada adhesión de los costarricenses
a las instituciones republicanas.
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Luis Antonio Sobrado González
I. La democratización de los procesos electorales
La historia del constitucionalismo, tanto en Costa Rica como en otras latitudes, evidencia
que la “constitucionalización” del poder precedió a su “democratización” 2 dado que, como regla
general, durante el siglo XIX imperaron amplias restricciones al reconocimiento y al ejercicio
del sufragio, tanto activo como pasivo, y que solo se superan definitivamente en el siglo XX. 3
No es gratuito que la sede central del TSE haya sido legalmente denominada “Ricardo
Jiménez Oreamuno”. Ese ilustre costarricense –único en la historia patria en encabezar los
tres Poderes del Gobierno– tuvo un papel destacado en la construcción de nuestra democracia
electoral. Siendo Presidente de la República –responsabilidad que los costarricenses le asignaron
en tres ocasiones distintas– impulsó y logró tres cambios de la Constitución de 1871 que
resultaron clave para el fortalecimiento del sufragio, a saber: el voto directo y la universalización
del sufragio masculino en 1913 –aspectos esenciales para su democratización– y el voto secreto
en 1925 –garantía indispensable de la libertad electoral–.
Esas reformas no fueron empero suficientes para garantizar la libre y eficaz expresión de
la voluntad popular en las urnas. De hecho, las irregularidades comiciales de 1948 detonaron el
conflicto armado de ese año; circunstancia por la cual una de las preocupaciones fundamentales
de los constituyentes en 1949 fue, precisamente, asegurar la pureza del sufragio mediante la
construcción de una institucionalidad electoral capaz de blindar eficazmente los procesos
electorales, conforme explicaremos más adelante.
Por el momento, es importante destacar que la Constitución de 1949 representa el punto
culminante de esa evolución hacia la democratización del sufragio, dado que no sólo mantiene
los avances logrados en 1913 y 1925, sino que los corona con el voto femenino.
2 “Constitucionalizar el poder es someterlo a reglas precisas y, particularmente, poner a punto los mecanismos de representación
política, establecer censores de los gobernantes, censores que estarán calificados para dialogar con ellos. Democratizar es
hacer participar capas cada vez más amplias de la población en la vida política; de hecho, es extender el derecho de sufragio
hasta que adquiera un alcance universal y también obligar a los gobernantes a someterse al procedimiento de elección”
(Hauriou, 1971. P. 89-90).
3 De ahí que, con acierto, se haya caracterizado el constitucionalismo decimonónico como “un ismo jurídico político que
precede, acompaña y justifica las revoluciones burguesas surgidas contra el Antiguo Régimen, establece las instituciones
liberales y desemboca en la perspectiva democrática”. Las constituciones de la época son “instrumentos jurídicoformales,
que garantizan los Derechos y libertades de la burguesía mediante la limitación del poder real con la técnica de la separación
de poderes, la creación de parlamentos representativos de la clase burguesa y la garantía de la igualdad formal ante la ley y
del Derecho de propiedad privada” (Lucas Verdú, 1989. P. 402).
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El Régimen electoral
en la Constitución de 1949
II.
La institucionalización de los procesos electorales
América Latina exhibe un modelo original de organización electoral, caracterizado por
la existencia de organismos permanentes y especializados que gestionan autónomamente la
función electoral y, en ciertos casos, también el registro civil. Se trata de órganos constitucionales,
es decir, previstos y regulados directamente por las constituciones de sus países, algunas de
la cuales refuerzan su connatural independencia orgánica, reconociéndolos como “Poder
Electoral” (Nicaragua y Venezuela) –rompiendo con ello la visión tripartita clásica de la división
de poderes– o atribuyéndoles expresamente “el rango e independencia de los Poderes del
Estado” (Costa Rica).
Este modelo puede considerarse:
“… una de las aportaciones más significativas de la región a la ciencia política
y al derecho electoral, al haberse constituido en un factor importante para
los recientes procesos de redemocratización y consolidación democrática en
América Latina, así como para la vigencia del Estado de derecho y la consiguiente
solución de los conflictos electorales por vías institucionales” (Orozco, 2001. P.
47).
No obstante, en el contexto latinoamericano podemos distinguir dos fórmulas
diferenciadas de ese modelo común: la unificada, que concentra en un solo organismo autónomo
la administración y la jurisdicción electorales, y la diversificada, que supone una instancia de
administración electoral orgánicamente separada de una jurisdicción electoral especializada
también autónoma (como el Jurado Nacional de Elecciones del Perú); o incrustada en el Poder
Judicial (como acontece en México y Brasil).
a. Los países centroamericanos y del Caribe hispanoparlante adoptan
la fórmula unificada, aunque República Dominicana introduce una
modalidad intermedia al haber constituido, en el seno de su Junta Central
Electoral, dos cámaras independientes (la Administrativa y la Contenciosa).
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Luis Antonio Sobrado González
b. La autonomía de sus organismos electorales tiene los siguientes alcances:
1. Independencia administrativa: Se trata de la capacidad para desarrollar
su función sin subordinación jerárquica respecto de otra instancia
administrativa, lo que necesariamente incluye la irrecurribilidad de sus
decisiones electorales (al menos en vía administrativa) y la potestad de
dictar reglamentos autónomos de organización y servicio.
2. Independencia política: Gracias a ella, pueden conducirse sin resultar
vinculados por las directrices emanadas de otros órganos públicos.
3. Independencia normativa: Comporta su capacidad para reglamentar las
leyes electorales. Se refuerza si, además, se reconocen al organismo
electoral potestades adicionales en este terreno, como podrían ser:
la facultad exclusiva para interpretar esas leyes y demás normas del
ordenamiento electoral, la iniciativa en el procedimiento legislativo,
la emisión de criterio vinculante dentro del mismo y la potestad para
ejercer, total o parcialmente, el control de constitucionalidad en materia
electoral.
4. Independencia presupuestaria: Se configura al atribuírsele al organismo
electoral la tarea de formular su propio presupuesto y, con mayor razón,
si se establecen limitaciones para que el Ejecutivo o el Legislativo puedan
modificarlo.
c. Ahora bien, la autonomía de los organismos electorales constituye una
verdadera garantía democrática en tanto los perfila como instancias
imparciales y, en ese tanto, capaces de propiciar comicios justos, libres
y transparentes y, por ende, de legitimar el recambio gubernamental.
d. En la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales queda
proscrita, en virtud de esa autonomía, toda intervención del Ejecutivo y el
Legislativo, dado su carácter político y su dependencia del partido de gobierno.
e. La construcción de esa garantía democrática responde, históricamente,
a una sentida demanda social en un subcontinente cuyo afianzamiento
democrático ha sido lento, difícil y con frecuentes involuciones, fruto
de interferencias indebidas del ejército y las elites socio-económicas, así
como de las que se explican por el contexto geopolítico de nuestros países.
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El Régimen electoral
en la Constitución de 1949
En esa realidad latinoamericana, Costa Rica fue de los primeros país de la región en
establecer constitucionalmente un organismo electoral de las características explicadas. 4 Su
creación, en el marco de la Constitución Política de 1949 y bajo la denominación de Tribunal
Supremo de Elecciones, representó un verdadero hito, cuya originalidad lo lleva a convertirse
en un modelo regional ampliamente emulado.
El TSE es la fórmula institucional que el constituyente define para excluir la intervención,
autorizada por la Carta de 1871, de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la organización de las
elecciones y en su calificación.
Sus características más significativas vienen dadas por ser un organismo permanente,
autónomo, especializado y despartidizado, que concentra las atribuciones de administrador de
las elecciones y de juez electoral. En su condición de jerarca del Registro Civil, que en nuestro
país tiene carácter centralizado desde 1881, también se responsabiliza de su gestión y de la
emisión de la cédula de identidad.
Detengámonos en las normas que nos legaron los constituyentes de 1949 y que diseñan
la institucionalidad electoral costarricense.
Junto a las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno, la Constitución de
1949 prevé una cuarta. Nos referimos a la función electoral, que sus artículos 99 y 103 definen
como la “organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio”, con exclusividad
e independencia, mediante actos y resoluciones que “no tienen recurso”. Su desarrollo hace
posible la designación popular de los gobernantes, a nivel nacional y municipal, y, por ende, la
alternabilidad democrática.
La autonomía de esa función electoral se reconoce en el artículo 95, encargándosele al
TSE su ejercicio.
Aunque desde un principio se le concibió constitucionalmente como un órgano
independiente, ello resultó reafirmado mediante la reforma del año 1975 que, de manera
expresa, le atribuyó al Tribunal el “rango e independencia de los Poderes del Estado” (art. 9
constitucional).
4 Le antecedió Chile (1925), Brasil y Uruguay (1934) y Nicaragua (1939).
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En el diseño de que venimos hablando, el TSE ocupa la cúspide de la organización
electoral, encontrándose bajo su dependencia exclusiva el Registro Civil y las juntas electorales,
organismos también de auténtico cuño constitucional.
El Registro Civil, que está a cargo de una Dirección General, se encuentra dividido en
dos departamentos: el Civil y el Electoral; órganos a través de los cuales ejerce sus atribuciones
constitucionales, previstas en el numeral 104. Al Civil le corresponde, además de sus tareas
de registrador civil, resolver las solicitudes de naturalización; al Electoral, la emisión de las
cédulas de identidad y la elaboración de las listas de electores. Por mandato legal, la Dirección
General del Registro Civil ha asumido hasta hoy la inscripción de los partidos políticos y sus
candidatos; sin embargo, con la reciente aprobación del nuevo Código Electoral, esa atribución
se traslada a un nuevo órgano que éste crea: el Registro Electoral, que en lo sucesivo también
será el encargado de coordinar y dirigir la estructura temporal de programas electorales, que
se activa de cara a los distintos procesos electorales, así como de todo lo relativo al control del
financiamiento de los partidos políticos (art. 28).
El TSE es un órgano colegiado integrado por tres magistrados propietarios. El artículo
100 constitucional, que así lo prevé, resultó sin embargo modificado en 1965 para que, un año
antes y seis meses después de las elecciones generales, se amplíe con dos de sus magistrados
suplentes para formar, durante ese lapso, un Tribunal de cinco miembros.
Según el mismo precepto constitucional, la designación de los magistrados electorales
corre a cargo de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, por los votos de no menos de
los dos tercios del total de sus miembros. Aunque no se prescribe ningún procedimiento al
efecto, a partir del año 1999 se ha impuesto la costumbre de promover un concurso público
para efectuar tal designación.
Los magistrados electorales deben reunir los mismos requisitos que se exigen a los
magistrados judiciales.
El plazo de nombramiento es de seis años, con posibilidad de reelección. Sin embargo y
como garantía de estabilidad e independencia del organismo electoral, el constituyente también
previó, en el artículo 101, que el vencimiento del período de los distintos magistrados electorales
se produzca escalonadamente, de suerte tal que tanto el tercio de los propietarios como el de
los suplentes deberá ser renovado (o reelecto) cada dos años.
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El Régimen electoral
en la Constitución de 1949
Una vez designados, los magistrados electorales gozan de las “inmunidades y
prerrogativas que corresponden a los miembros de los Supremos Poderes”.
En cuanto a sus atribuciones se refiere, cabe reiterar que el Tribunal desempeña su rol
constitucional como órgano máximo de la administración electoral y, simultáneamente, ejerce
la jurisdicción electoral. El constituyente del 49 le atribuyó adicionalmente competencias
“cuasilegislativas”. Veamos:
1. De acuerdo con el artículo 102 constitucional y en su condición de administrador
electoral, le compete al Tribunal: Convocar a elecciones populares; nombrar los
miembros de las juntas electorales; ejercer mando directo sobre la fuerza pública,
con ocasión de los procesos electorales; efectuar el escrutinio definitivo de los
sufragios emitidos; y, finalmente, hacer la declaratoria definitiva de la elección.
2. Concomitantemente el Tribunal conforma una jurisdicción electoral
especializada, concentrada y, además, uniinstancial, mediante la cual se imparte
centralizadamente justicia en materia electoral. En ese marco, el organismo
electoral conoce y resuelve los distintos mecanismos de impugnación que en
Costa Rica engloba el contencioso electoral. La nueva legislación electoral,
en su artículo 219 y siguientes, los prevé y distingue del siguiente modo: la
demanda de nulidad relativa a los resultados electorales; el recurso de apelación
electoral, que permite revisar la legalidad de los actos electorales de la
administración electoral inferior u otro órgano administrativo; la anulación o
cancelación de credenciales de funcionarios de elección popular; y, además,
los relacionados con el funcionamiento de los partidos políticos. Estos
últimos comprenden el recurso de amparo electoral, la acción de nulidad de
acuerdos partidarios y la impugnación de acuerdos de asambleas de partidos
políticos en proceso de constitución e inscripción. A todo lo anterior se
suma el juzgamiento de funcionarios públicos por los ilícitos de parcialidad y
beligerancia política; de acuerdo con el inciso 5.º del artículo 102 de la Carta
Fundamental, su comisión debe sancionarse con la destitución del responsable
y su inhabilitación para ocupar cargos públicos por no menos de 2 años.
3. Dentro de las atribuciones que denomino “cuasilegislativas” se incluye la
interpretación exclusiva y obligatoria de las normas legales y constitucionales en
materia electoral; éstas, paralelamente, se sustraen de su posible interpretación
auténtica por parte de la Asamblea Legislativa. También está comprendida
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Luis Antonio Sobrado González
dentro de esas atribuciones cuasilegislativas la consulta vinculante prevista en
el artículo 97 de la Constitución Política. Este último numeral dispone que, para
la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materia electoral, la
Asamblea deberá consultar al Tribunal; para apartarse de su opinión se necesitará
el voto de las dos terceras partes del total de los diputados. Dentro de los seis
meses anteriores y los cuatro posteriores a una elección popular, el criterio
rendido por el Tribunal resulta vinculante de modo absoluto y lo coloca en una
especie de posición senatorial: en tal período, “la Asamblea Legislativa no podrá
… convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales
el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo”.
Ahora bien, su condición de órgano constitucional y los requisitos y la forma de
designación de los magistrados electorales, garantizan la independencia del Tribunal, la libertad
de criterio de sus miembros y, en general, la autonomía de la función electoral. En efecto, en su
nombramiento no tienen injerencia alguna los partidos políticos ni la Asamblea Legislativa. La
desvinculación partidaria de los magistrados, una vez designados, la asegura el Código Electoral
imponiéndoles una prohibición absoluta de participación política durante el período de su
nombramiento. Además, la forma escalonada en el tiempo con que se hacen sus designaciones,
evita eficazmente el riesgo de una defenestración colectiva del organismo electoral y minimiza
el de indebidas interferencias del Poder Judicial; mecanismo que, adicionalmente, fomenta un
adecuado balance entre la experiencia de los magistrados de mayor trayectoria y los impulsos
modernizadores que suelen tener los recién nombrados.
A continuación se verá cómo esa independencia y autonomía se refuerzan
excepcionalmente mediante la atribución, al Tribunal, de competencias naturales de otros
Poderes del Estado y a través de su inmunización frente a controles interorgánicos usuales:
1.- En lo que al Poder Judicial se refiere, la Constitución torna improcedente la revisión
de las resoluciones electorales del Tribunal a través del proceso contencioso
administrativo o del recurso de amparo, dado que las declara inimpugnables.
También resalta la circunstancia de que los ilícitos de parcialidad política y
participación política prohibida son del conocimiento exclusivo del organismo
electoral, cuyas sentencias gozan de autoridad de cosa juzgada material; con ello, se
produce una ruptura del principio de universalidad jurisdiccional del Poder Judicial.
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El Régimen electoral
en la Constitución de 1949
2.- En lo que respecta a la Asamblea Legislativa, ya se mencionó que el
constituyente prohibió que ésta interprete auténticamente la normativa
electoral, transfiriendo esa potestad al Tribunal (art. 102 y 121). También
obligó al órgano parlamentario a consultar la opinión del organismo electoral
durante el trámite de elaboración de las leyes en esta materia, cuyo criterio
es vinculante (de modo relativo, aunque absoluto en época electoral).
3.- Por último, el Poder Ejecutivo se ve afectado de tres maneras:
• Al Tribunal se le adscribe administrativamente el Registro Civil, que en
otras latitudes suele pertenecer al Poder Ejecutivo o entenderse como
función municipal. Con ello se asegura una oportuna cedulación
ciudadana, la fidelidad y transparencia del padrón electoral y se previene
cualquier maniobra fraudulenta del gobierno de turno respecto de las
listas de electores.
• Aunque es al Presidente de la República a quien constitucionalmente
compete el “mando supremo de la fuerza pública” (art. 139), el Tribunal
puede –de forma directa o través de sus delegados– dictar, con respecto
a ésta, “las medidas pertinentes para que los procesos electorales se
desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas” (art. 102);
creándose por tal vía un mando compartido excepcional.
• El respectivo departamento del Ministerio de Hacienda no puede modificar,
con motivo de la elaboración del proyecto de presupuesto ordinario
anual del Estado, los “gastos presupuestos por el Tribunal Supremo de
Elecciones para dar efectividad al sufragio”. No obstante conviene
anotar que esa garantía, prevista en el numeral 177 constitucional, fue
establecida a partir de 1959.
III. La partidización de los procesos electorales
La nominación de candidaturas en los procesos electorales se hace recaer de modo
prevalente, e incluso monopólico, 5 en los partidos políticos, razón por la cual se les considera los
intermediarios indispensables entre el Gobierno y los gobernados. En tal sentido, en la sociedad
democrática contemporánea, los partidos son organizaciones de masas de carácter asociativo,
5 Así sucede en el caso de Costa Rica, tal y como lo precisó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su
sentencia n.º 456-2007.
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que articulan y racionalizan la participación política de los distintos ciudadanos, los cuales se
incorporan (como militantes o simples simpatizantes) a las diferentes agrupaciones partidarias
de acuerdo con sus distintas empatías políticas e ideológicas. Esta acción colectiva, que permite
el acceso al poder de los candidatos que obtengan un favor electoral significativo, en principio
garantiza que se traslade a la acción gubernamental –o al menos al debate parlamentario– la
plataforma programática y el ideario respaldados por la base partidaria.
Si la Constitución de 1949 representa la coronación de un proceso de democratización de
los procesos electorales costarricenses que había arrancado en 1913, así como el punto focal de
la institucionalización de los mismos con la creación del TSE, ese Texto Fundamental constituye
el momento de arranque de la tercera línea de evolución constitucional que interesa destacar,
a saber, la partidización de la competencia política. Este último proceso, que culmina con la
reforma de los artículos 96 y 98 constitucionales en 1997, supone prever constitucionalmente
a los partidos políticos, contemplarlos en un marco pluralista, definirlos como interlocutores
privilegiados del diálogo político e instrumento fundamental para canalizar la participación
política ciudadana y, finalmente, apostar por su fortalecimiento y democratización interna.
Esa Constitución es, precisamente, la primera de la historia patria en referirse expresamente
a los partidos políticos; lo hace en su artículo 98, que desde se redacción original los prevé al
indicar que todos los ciudadanos “tienen derecho a agruparse” en ellos “para intervenir en la
política nacional”.
Sin embargo, de seguido matizaba esa declaración, al indicar que;
“se prohíbe la formación o el funcionamiento de partidos que por sus programas
ideológicos, medios de acción o vinculaciones internacionales, tiendan a
destruir los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, o que
atenten contra la soberanía del país, todo a juicio de la Asamblea Legislativa, por
votación no menor de las dos terceras partes de sus miembros y previo informe
del Tribunal Supremo de Elecciones”.
Esta expresión normativa formalizaba la proscripción del partido comunista costarricense,
que persistió hasta 1975; la reforma constitucional dispuesta ese año por ley n.° 5698 la eliminó
y, en su lugar, introdujo la regla que condiciona el derecho fundamental de asociación política
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El Régimen electoral
en la Constitución de 1949
a que los partidos “se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la
República”.
Así, pues, al primer paso de previsión constitucional de los partidos (1949) le siguió el de
crear condiciones plenamente pluralistas, con la eliminación de restricciones antidemocráticas
en la competencia electoral (1975). El tercer paso de ese proceso de partidización de los
procesos electorales fue el de fortalecer a las agrupaciones políticas mediante un subsidio
estatal, reconocido constitucionalmente a partir de 1956.
Costa Rica fue el segundo país de América Latina en introducir el financiamiento público
de los partidos políticos, lo que efectivamente se produce en 1956 con la reforma del artículo 96
constitucional dispuesta por ley n.° 2036 de 18 de julio; 6 momento a partir del cual se prevé que
el Estado reembolse, luego de celebrados los respectivos comicios, “los gastos en que incurran
los Partidos Políticos para elegir los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Esa enmienda constitucional se justificó, en su momento, alegando que el subsidio era
necesario para paliar la influencia en la política de los grupos de poder económico, y para
garantizar la equidad de la contienda electoral. El mecanismo resultante –que tiene como
antecedente la legislación promulgada en 1954, que ordenó el pago de las deudas contraídas
por los partidos contenientes en la elección del año anterior y de acuerdo con la votación
obtenida en la misma– vino a sustituir la vieja práctica, prohibida por el constituyente de 1949,
de cancelar las deudas del partido triunfante mediante deducciones salariales a los funcionarios
públicos. 7
Otras reformas al mismo numeral constitucional de gran relevancia, fueron las operadas
por las leyes n.° 4765 y 7675 de 17 de mayo de 1971 y 2 de julio de 1997, respectivamente.
La reforma de 1971 autorizó la “financiación previa de los gastos que demanden las
actividades electorales de los partidos políticos”, lo que “… transformó la naturaleza de la
6 Uruguay lo había hecho en 1928.
7 “Ya en 1910, durante la primera administración de don Ricardo Jiménez, el partido triunfante emitía una circular dirigida a
los empleados públicos con el fin de que autorizaran la deducción de parte de su salario para cancelar las deudas contraídas
por el partido durante la campaña electoral. Con algunos altibajos la práctica devino en norma, siendo finalmente extirpada
del sistema mediante la escueta declaración aprobada por los constituyentes de 1949: Artículo 96.- El Estado no podrá hacer
ni permitir que se haga deducción alguna en las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas”
(Casas, 2001. P. 308-309).
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subvención de ser un reembolso postelectoral a ser, en lo fundamental, un instrumento de
financiamiento preelectoral” (Casas, 2001. P. 309). No obstante, en atención a vicios acaecidos
en la tramitación de esa enmienda constitucional, la innovación fue eliminada veinte años
después por sentencia Nº 980-91 de la Sala Constitucional.
La reforma constitucional de 1997 tiene, en este ámbito, una triple importancia. En
primer lugar, restaura el adelanto parcial de la contribución estatal. En segundo término, dispuso
que esa contribución no sólo se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los
partidos políticos en esos procesos electorales, sino también a satisfacer sus necesidades de
capacitación y organización política. Por último, origina la regla constitucional según la cual
las contribuciones privadas a los partidos estarán sometidas al principio de publicidad y se
regularán por ley.
El cuarto y último paso de esta línea de evolución constitucional respecto de los partidos
políticos se da en 1997 cuando, también por intermedio de la citada ley n.° 7675, se introduce
un segundo párrafo al artículo 98 constitucional que estipula:
“Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la
formación y manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos
fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su
actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura
y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Con esta adición constitucional –que reproduce una disposición de la Constitución
española vigente 8 y, por esa vía, marca su influencia el Texto Fundamental germano de 1949 9 –
se introduce el imperativo de que los partidos se estructuren democráticamente. Ese imperativo
se refuerza con lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 95 de la Constitución, también
incorporado por la ley N° 7675, según el cual “La ley regulará el ejercicio del sufragio de
8 “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto
a la Constitución y a la ley. Su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos” (art. 6º de la Constitución española de
1978).
9 “Los partidos políticos participan en la formación de la voluntad política del pueblo. Su formación es libre. Su organización
interna debe responder a los principios democráticos …” (art. 21 de la Ley Fundamental para la República Federal de
Alemania).
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en la Constitución de 1949
acuerdo con los siguientes principios: … 8.- Garantías para la designación de autoridades y
candidatos según los principios democráticos y sin discriminación por género”.
Esta enmienda constitucional es de crucial importancia porque, para garantizar la
fidelidad de los representantes populares respecto de los anhelos políticos y la visión de los
problemas nacionales o locales del grupo de personas que contribuyó a su elección, resulta
esencial que su postulación haya sido el resultado de un proceso transparente en el seno de un
partido organizado democráticamente; de lo contrario, el pueblo se encontraría secuestrado
por aristocráticas dirigencias partidarias que impondrían arbitrariamente candidaturas. Cabe
recordar que sigue teniendo vigencia sociológica la famosa “ley de hierro de la oligarquía”,
propuesta hace un siglo por Michels, que pone en evidencia la tendencia oligárquica natural
en todos los partidos políticos: “La organización es lo que da origen a la dominación de los
elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los
delegadores. Quien dice organización dice oligarquía” (Michels, tomo 1, 1973. p. 13).
“La apatía de las masas y su necesidad de guía tienen como contraparte, en
los líderes, un apetito natural por el poder. De esta manera el desarrollo de la
oligarquía democrática se acelera por las características generales de la naturaleza
humana. Lo que comenzó por la necesidad de la organización, administración
y estrategia se completa por determinismo psicológico” (ibid., tomo 2. P. 9).
Esta inclinación se traduce en relaciones internas de dominación en los partidos,
que fomentan la permanencia de los liderazgos tradicionales: “Quien tiene un
cargo de delegado adquiere un derecho moral a ese cargo y los delegados lo
conservan a menos que sean privados de éste en circunstancias extraordinarias
o en cumplimiento de leyes observadas con estrictez excepcional. Una elección
realizada para un propósito definido adquiere una trascendencia vitalicia. La
costumbre se hace un derecho. Quien ha desempeñado durante cierto tiempo
el carácter de delegado termina por considerar que ese cargo es propiedad suya”
(ibid., tomo 1. p. 90).
La jurisprudencia electoral puede ser particularmente útil en la promoción de la
democratización interna de los partidos políticos, dado que la jurisdicción electoral es
naturalmente competente para arbitrar los conflictos que se susciten al interior de éstos.
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Luis Antonio Sobrado González
Ese desafío puede ser encarado por el juez electoral aún en aquellos casos en que no
exista una regla constitucional expresa que establezca ese imperativo de praxis democrática
interna. Esto, por cuanto ese tipo de praxis constituye una condición sine qua non para poder
sustentar, a partir de la misma, comicios libres, justos, pluralistas y transparentes:
“Dado el monopolio (absoluto o relativo) de los partidos en la nominación de
candidaturas a puestos de elección popular, resulta insuficiente, de acuerdo
con estándares democráticos mínimos, garantizar votaciones intachables si las
candidaturas que se ofrecen al electorado son el fruto de estructuras o prácticas
oligárquicas” (Sobrado, 2006. p. 174).
También es un desafío asumible no obstante la eventual ausencia de mecanismos
contenciosos legalmente preestablecidos para garantizar ese actuar democrático. Buen ejemplo
de ello lo han dado la jurisprudencia costarricense y mexicana que, aplicando analógicamente
otros procedimientos existentes dentro del ordenamiento jurídico, lograron colmar esa laguna
procesal. En el caso costarricense y a partir de la sentencia n.º 303-E-2000, que expresamente
se fundamenta en la reforma de 1997, el TSE dispuso aplicar analógicamente la regulación
del proceso de amparo para poder arbitrar, en su seno, los conflictos intrapartidarios y poder
garantizar, por esa vía, la democracia interna de las agrupaciones políticas; recurso de amparo
electoral que se acuñó jurisprudencialmente y que, a partir del nuevo Código Electoral, pasa a
estar contemplado expresamente en la legislación nacional.
Ese afán democratizador que inspira el reseñado marco constitucional de los partidos
políticos, ha sido objeto de un fecundo desarrollo por parte de la jurisprudencia electoral en
años recientes. El TSE ha echado mano de la novedosa figura del amparo electoral, así como de
su potestad constitucional de interpretar la normativa electoral en forma exclusiva y obligatoria
(art. 102 inc. 3º), para dar concreción a este afán, corrigiendo una serie de prácticas y prejuicios
tradicionales de la realidad político-electoral que, respetando en apariencia las formas jurídicas,
traicionaban por el fondo el imperativo constitucional de una praxis partidaria bajo estándares
democráticos. En un trabajo anterior dábamos algunos ejemplos de cómo la jurisprudencia
electoral costarricense ha impulsado la democratización intrapartidaria, al establecer: a)
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El Régimen electoral
en la Constitución de 1949
la inexcusable renovación periódica de las estructuras partidarias; 10 b) la improcedencia de
que asambleas partidarias, de corte representativo, dejen sin efecto candidaturas previamente
nominadas mediante convenciones u otras formas similares de postulación por intermedio de
consulta a las bases partidarias; 11 y c) el carácter inaceptable de algunas formas de afectación
indirecta a la democracia interna de los partidos políticos, como son el cobro de sumas
excesivas o la exigencia de plazos desproporcionados de militancia previa como condición
10 “En Costa Rica, buena parte de los partidos políticos omitían en sus estatutos hacer referencia al plazo de nombramiento de
sus autoridades, incluyendo el de los delegados a las distintas asambleas, así como al procedimiento de renovación de las
mismas, con la consecuencia práctica de entender que se trataba de designaciones vitalicias de una elite dirigente que, de
este modo, se constituía en una casta inamovible que llegaba a sentirse propietaria de la organización. La desconexión que
esa situación provocaba entre la militancia y la cúpula partidaria, hacía a ésta perder todo rasgo representativo y negaba, de
modo rotundo y esencial, la praxis democrática a lo interior de los partidos. Esta situación se modificó a partir del dictado
de la resolución n.º 1536-E-2001 de las 8 horas del 24 de julio de 2001, mediante la cual se determinó que lo partidos en
general y `acorde con el principio de democratización interna, deben renovar periódicamente sus estructuras internas. No
puede aceptarse como válido, que las designaciones de los asambleístas tengan carácter vitalicio o indefinido. En este caso
deberá el partido ajustar su estatuto, en el sentido de establecer un plazo y mecanismo que satisfaga sus propios intereses,
siempre y cuando no supere el plazo máximo de cuatro años que marca el ciclo del período electoral costarricense´. Aunado
a esa invocación del principio de democratización interna de las formaciones partidas, el Tribunal recordó en esa oportunidad
que el fortalecimiento del sistema democrático del país está sustentado en la participación política de los ciudadanos, la cual
sólo puede resultar efectiva si las decisiones partidarias son el resultado de un proceso que vaya de abajo hacia arriba y que
propicie la circulación de las elites dirigentes para evitar la creación de círculos oligárquicos que monopolicen la toma de
decisiones al margen de la base partidaria. Y se agrega: `Cuando los partidos políticos no establecen la renovación periódica
de los delegados ante las respectivas asambleas, sufren un desgaste, consecuencia de la fosilización de sus estructuras …
Impiden también la participación activa de los ciudadanos dentro de la agrupación política, negándoles la posibilidad de ser
parte integrante de la organización partidaria, conduciendo esto a la pérdida del entusiasmo de los electores, pues desaparece
el incentivo de llegar a ocupar cargos o tener protagonismo político´. Para que el pronunciamiento anterior pudiera resultar
eficaz de cara a las elecciones de 2006, se estipuló que durante el 2005 todas las agrupaciones deberán haber cumplido con
la renovación integral de sus estructuras internas, previa reforma estatutaria si fuere necesario, bajo la advertencia de que en
caso contrario el Tribunal y el Registro Civil –que tiene a su cargo la inscripción de candidaturas en nuestro medio– no darían
curso a ninguna gestión que tuviera incidencia en ese proceso electoral” (Sobrado, 2007. P. 25-26).
11 “… el Código Electoral impone una estructura mínima para los partidos políticos que, pretendiendo con ello garantizar la
democracia interna de esas asociaciones políticas, se caracteriza por una articulación piramidal de asambleas, a partir de la
asamblea de base distrital –de carácter abierto para todos los militantes del partido en cada uno de los distritos administrativos
del país– y que concluye en una asamblea superior integrada por representaciones de las asambleas inferiores. A esa
asamblea superior le corresponde la dirección política de los partidos y sus acuerdos son obligatorios para sus restantes
organismos; asimismo, le compete ratificar las candidaturas a todos los cargos de elección popular, salvo los municipales,
que habrán de ser ratificadas por las respectivas asambleas cantonales (art. 61 y 74). Sin embargo, a partir del dictado de la
resolución n.º 1671-E-2001 de las 15 horas del 10 de agosto de 2001, el Tribunal precisó que dicha ratificación no resulta
necesaria cuando las designaciones se hagan con base en convenciones u otros procedimientos de consulta popular, previstos
en los respectivos estatutos. Este tipo de procedimientos de postulación popular resultan expresivos de la voluntad de las
bases partidarias, la cual no puede ser ignorada por los órganos partidarios representativos, incluida la asamblea superior.
Con tal pronunciamiento, la jurisprudencia electoral disipó el mito de la supuesta soberanía de las asambleas partidarias.
Precisamente comentando este punto y atendiendo a la naturaleza asociativa de los partidos, la resolución n.º 0046-E-2002
de las 15:20 horas del 16 de enero de 2002 apuntaba que la autoridad primaria de un partido es la colectividad de sus
miembros, la que se manifiesta de modo directo a través de las consultas populares, por ejemplo. Las distintas asambleas de
representantes no deben atribuirse esa soberanía, por lo que precisamente la asamblea superior no puede enervar la decisión
de la base partidaria, sin menoscabar groseramente la regla del funcionamiento democrático interno que la Constitución
impone a los partidos” (Sobrado, 2007. P. 27)
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 45

Luis Antonio Sobrado González
para ser precandidato a puestos de elección popular y, por otro lado, delegar la participación en
asambleas partidarias mediante el uso de poderes. 12
IV. Las sendas de la reforma constitucional en el siglo xxi
A modo de conclusión ha de insistirse en que, desde que se promulgó la Constitución
de 1949, Costa Rica ha tenido una estabilidad democrática ininterrumpida y todos sus procesos
electorales han sido justos, libres y transparentes. Un verdadero récord latinoamericano.
Uno de los factores que explican tal situación es la evolución constitucional que se
ha desarrollado a lo largo del siglo XX en las tres líneas indicadas, siendo esa Constitución su
punto de confluencia: la democratización de los procesos electorales (1913-1949) mediante
la adopción del voto directo, la universalización del sufragio masculino, el voto secreto y el
reconocimiento final del voto femenino; su institucionalización con la creación en 1949 de un
robusto TSE al que se le dota de excepcionales garantías de autonomía e imparcialidad; y, además,
la partidización de los procesos electorales (1949-1997) gracias a la previsión constitucional
de los partidos políticos, la creación de un espacio pluralista para la competencia política, el
establecimiento en la Carta Magna de un subsidio estatal que sustentara su acción proselitista y
sus procesos permanentes de organización y capacitación y, finalmente, la introducción de un
paradigma constitucional que demanda la estructuración y funcionamiento democrático de las
agrupaciones políticas.
Se trata de un diseño constitucional altamente exitoso que, en la práctica, le ha permitido
al Tribunal administrar con solvencia catorce elecciones generales, dos comicios municipales
12 “Algunas resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones han calificado como irrazonables ciertas normas y prácticas
restrictivas de la participación política, tomando en cuenta su efecto antidemocrático en la práctica política interna de los
partidos. Así, por ejemplo, consideró el cobro de sumas altas como requisito de inscripción de precandidaturas a cargos de
elección popular (resolución n.º 303-E-2000) y la exigencia de plazos de militancia arbitrarios o desproporcionados como
condición para poder aspirar a candidaturas de elección popular en el seno de los partidos. Así lo entendió la resolución n.º
0859-E-2001 de las 15:30 horas del 17 de abril de 2001, al establecer que la exigencia estatutaria de un partido de contar
con una militancia previa de al menos nueve años, vulnera el derecho fundamental de participación política y los más
elementales principios de la democracia representativa. Por otro lado, la jurisprudencia electoral determinó la inadmisibilidad
de la intervención en asamblea mediante el uso de poderes especiales otorgados al efecto, por su impacto restrictivo en
una participación real y efectiva de los miembros de la organización y por propiciar prácticas antidemocráticas. Así, la
sentencia n.º 919 de las 9 horas del 22 de abril de 1999, señalaba que si los partidos deben responder a valores democráticos
y participativos, `… necesariamente se debe garantizar desde las bases, la legitimidad de quienes potencialmente puedan
asumir la titularidad de los órganos estatales, como depositarios de la soberanía de la comunidad política. Para lograr ese
cometido, la estructura y organización de las diferentes Asambleas, deben forzosamente facilitar la deliberación, el pluralismo
y la participación, lo que evidentemente se logra a través de la concentración de sus adherentes, en el caso de las distritales y
de sus delegados en las subsiguientes y no a través de un poder, que sin duda, contravendría lo expuesto´.” (Sobrado, 2007.
P. 28).
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El Régimen electoral
en la Constitución de 1949
autónomos y un referendo nacional, así como resolver sus distintas controversias. Seis décadas
después y en el marco del Código Electoral recién aprobado, no sólo no se cuestionó ese diseño,
sino que se introdujeron disposiciones cruciales para su mejor y más auténtica implementación.
Las reformas constitucionales del siglo XXI, relativas al régimen electoral costarricense,
han arrancado con las dispuestas por las leyes n.º 8281 de 28 del mayo de 2002 y 8364 de 1 de
julio de 2003, que insertaron en la Constitución la figura del referéndum y ampliaron el horizonte
competencial del TSE, al encargarle su organización. No obstante la indudable trascendencia
democrática y electoral de estas enmiendas constitucionales, la naturaleza de este trabajo no
nos permite abordarlas detalladamente y, por ello, nos limitaremos en esta oportunidad a remitir
al lector a un trabajo nuestro anterior (Sobrado, 2007).
Este surco reformador del nuevo siglo debe, a nuestro juicio, ampliarse con la introducción
de otras reformas constitucionales que, como ejemplo la redefinición de las circunscripciones
electorales, me permití sugerir en el marco del Ideario Costarricense –proyecto que pronto se
dará a conocer- cuando expresé:
“El sistema electoral costarricense, por norma constitucional, distribuye la
representación parlamentaria en siete provincias. Se trata de una definición de
las circunscripciones electorales claramente disfuncional, tanto por agrupar en
una sola provincia zonas muy disímiles entre sí, como por tratarse de provincias
muy asimétricas en cuanto a su magnitud poblacional. Esto perjudica gravemente
la representatividad del sistema, que deja subrepresentadas en la Asamblea
Legislativa a diversas regiones y sectores del país, y disminuye notablemente el
efecto de otros elementos del sistema electoral, tales como la fórmula electoral,
el umbral o la estructura de voto de lista bloqueada y cerrada. A ello se suma el
tamaño de la Asamblea Legislativa, que se mantiene en 57 diputados a pesar de
que la población costarricense se ha multiplicado de manera exponencial desde
1949, por lo que la relación entre el número de diputados por habitante es cada
vez menos representativa.
En su propuesta de 2001 para promulgar un nuevo Código Electoral, el Tribunal
sometió a consideración de los diputados la modificación de otros elementos
del sistema electoral, mediante propuestas tales como el voto preferencial
o la eliminación de la barrera del subcociente. No obstante, aún cuando se
aplicaran esas medidas, su impacto sobre la proporcionalidad y representatividad
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 47

Luis Antonio Sobrado González
del sistema electoral no será muy significativo a menos de que, mediante una
reforma constitucional, se modifique la indicada definición constitucional de las
circunscripciones electorales y el tamaño de la Asamblea.
Aparejada a la necesidad de eliminar la provincia como arcaica circunscripción
electoral, es menester discutir sobre mecanismos que permitan establecer y
profesionalizar la carrera parlamentaria. Un adecuado diseño de la carrera
parlamentaria puede mejorar el control ciudadano sobre los diputados e
incrementar su eficiencia”.
Es importante dejar anotado, para finalizar, que ya se encuentran en la corriente
parlamentaria dos proyectos de reforma constitucional, impulsados por el TSE y los miembros
de la Comisión de Reformas Electorales y Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa, que se
orientan en la filosofía de un mayor fortalecimiento de la institucionalidad electoral costarricense
y que aconsejan la experiencia y los cambios legislativos producidos luego de 1949.
El primero propone ampliar, de modo permanente, la conformación del TSE a cinco
miembros propietarios dado que, con la previsión actual de referendos, así como de elecciones
municipales autónomas, podemos augurar comicios prácticamente todos los años. El segundo,
consiste en ofrecer garantías más sólidas de autonomía financiera al organismo electoral que,
en momentos de crisis política, le proteja de interferencias indebidas por parte de las fuerzas
políticas.
Se trata de cambios constitucionales que, sin duda, vendrían a coronar la estupenda
herencia de los constituyentes del 49.
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El Régimen electoral
en la Constitución de 1949
Literatura citada
Casas (Kevin). “Contribución estatal a los partidos políticos en Costa Rica: apuntes sobre sus
efectos en la dinámica del sistema de partidos”. En: La democracia en Costa Rica ante
el siglo XXI. San José: Universidad de Costa Rica, 2001.
Hauriou (André), Derecho Constitucional e instituciones políticas. Barcelona, Ediciones Ariel,
1971.
Lucas Verdú (Pablo). Curso de Derecho Político, volumen I. Madrid: Editorial Tecnos, 1989.
Michels (Robert). Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de
la democracia moderna. Argentina: Amorrortu Editores, 1973.
Orozco (Jesús). “Sistemas de justicia electoral en el Derecho Comparado”. En: Sistemas de
justicia electoral: evolución y perspectivas. México: IFE : PNUD : UNAM : IFES : IDEA
: TEPJF, 2001.
Sobrado (Luis Antonio). Democratización interna de los partidos políticos en Costa Rica.
Cuaderno de Ciencias Sociales n.º 146. San José: FLACSO, 2007.
Sobrado (Luis Antonio). “Primera experiencia de referéndum en Costa Rica: regulación y
alcances”. En: Revista de Derecho Electoral, ( 4) publicación electrónica del TSE (www.
tse.go.cr), San José, 2007.
Sobrado (Luis Antonio). “Tendencias de la justicia electoral latinoamericana y sus desafíos
democráticos”. En: Revista de Ciencias Jurídicas, (109), San José, 2006.
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Sistema electoral costarricense, seis décadas
de probada efectividad
Zetty Bou Valverde 1
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 9 de diciembre de 2009.
Revisión, corrección y aprobación: 30 de diciembre de 2009.
Resumen: Las fortalezas del sistema electoral costarricense no descansan, exclusivamente, en las
previsiones normativas o en la fortaleza del organismo electoral sino, también, en el sistema de partidos
políticos y la participación de los ciudadanos, pilares esenciales y que no deben ser descuidados si se
quiere seguir viviendo en democracia. El nuevo Código Electoral, que entró en vigencia el 2 de setiembre
de 2009, incorpora al derecho electoral costarricense importantes principios, mecanismos jurisdiccionales
e instituciones que ya habían sido desarrollados por la jurisprudencia del TSE, así como otros novedosos,
que vienen a dar más efectividad y seguridad al proceso democrático.
Palabras claves: Sistemas electorales / Fortalecimiento de la democracia / Desarrollo de la democracia /
Organismos electorales / Sistema de partidos políticos / Participación ciudadana / Reformas electorales.
Abstract: The strengths of the Costa Rican Electoral System do not reside exclusively on the regulatory
provisions or in the strength of its Electoral Body, but also in the Political Party System and citizens’
engagement, essential pillars and that should not be neglected if the aim is the continuum of democratic
life. The new Electoral Code which came into force on September 2nd., 2009, incorporates into the
Costa Rican Electoral Law major principles, judicial mechanisms and institutions that had already been
developed by the jurisprudence of the Supreme Electoral Tribunal, as well as other innovative ones, all of
them granting major effectiveness and security to the democratic process.
Key words: Electoral Systems / Strengthening of Democracy / Development of Democracy / Electoral
Bodies / Political Party System / Citizens Participation / Electoral Reforms.
1 Master en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Graduada del Programa Ejecutivo INCAE-Georgetown University
“Aspectos Legales de los Negocios Internacionales”. Experta en medios alternos de resolución de controversias. Ha ejercido
como Abogada y Notario Público en oficina propia y como Abogada y Notario Externa de bancos estatales y otras instituciones.
Asesora legal de entidades públicas y privadas. Árbitro de Derecho y Conciliadora, autorizada para ambas funciones por el
Ministerio de Justicia y Gracia. Profesora Universitaria. Curadora de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Magistrada
Suplente del Tribunal Supremo de Elecciones desde diciembre de 2004 y Magistrada Propietaria en ejercicio. Ha participado
como observadora internacional en varios procesos electorales de Latinoamérica y como expositora o panelista en seminarios
locales e internacionales.
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Zetty Bou Valverde
I. Introducción
En muchos aspectos Costa Rica ocupa un lugar privilegiado a los ojos del mundo,
pero es precisamente en el tema de su fortaleza democrática y dentro de ésta, como eje, su
sistema electoral, donde se ha constituido en un referente, aún para países de larga trayectoria
democrática, por la solidez del sistema mismo, tanto en las previsiones normativas para el
adecuado desarrollo del proceso electoral, como por haber ido incursionando el organismo
electoral, de manera exitosa y por iniciativa propia, en temas de gran impacto para la efectiva
implementación del principio de participación política, tales como la democratización interna
de los partidos políticos, el fortalecimiento de una jurisdicción electoral especializada, la
participación femenina, la construcción de ciudadanía activa y la formación en democracia.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) consciente de que el sistema, manteniendo
incólumes sus probadas fortalezas, es perfectible y debe irse ajustando en el tiempo, propuso e
impulsó la aprobación de un nuevo Código Electoral 1 , mediante el cual, de manera sistémica e
integral, se regulara este componente esencial de nuestra democracia. Luego de ocho años, y con
algunas variables importantes introducidas durante su paso por diferentes legislaturas, el código
fue finalmente aprobado por la Asamblea Legislativa el 11 de agosto de 2009 y publicado en el
Alcance número 37 a La Gaceta No 171 del 2 de setiembre del mismo año, acontecimiento que
viene a sumarse a la celebración del sesenta aniversario del Tribunal.
No obstante, debemos tener claro que la efectividad del sistema electoral de un país, no
descansa exclusivamente en las previsiones normativas o en la fortaleza del organismo electoral,
pues aunque es el rector, no es el único actor del proceso democrático. El sistema de partidos
políticos y la participación de los ciudadanos son pilares esenciales y no deben ser descuidados
si queremos seguir viviendo en democracia. Así lo entiende el TSE y ha incorporado dentro de
sus funciones, respetando los ámbitos de competencia exclusiva de los partidos políticos y de
otras instancias, mecanismos de apoyo para el fortalecimiento de aquellos, por una parte, y para
la formación en democracia de los habitantes del país, de otra.
1 Por iniciativa del TSE, se solicitó al IIDH, por intermedio de CAPEL, la elaboración de una propuesta de reformas electorales.
Se creó una Secretaría Técnica que procediera a recoger inquietudes de diversos sectores y partidos políticos en forma directa
y en seminarios realizados durante el año 1999, así como las opiniones de consultores nacionales e internacionales. La propuesta
fue entregada en junio de 2000. A partir de allí el TSE procedió al análisis y reelaboración, tomando en cuenta otros
insumos como el informe de la Comisión Consultiva sobre Reformas Electorales, que se había rendido en enero de ese mismo
año y la opinión de funcionarios del mismo Tribunal. El producto final se presentó a la Asamblea Legislativa en febrero de
2001.
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Sistema electoral costarricense,
seis décadas de probada efectividad
Con la promulgación del nuevo código se incorporan a nuestro derecho positivo
importantes principios, mecanismos jurisdiccionales e instituciones que ya habían sido
desarrolladas por la jurisprudencia del TSE y otros novedosos, lo que viene a dar aún más
efectividad y seguridad al proceso democrático.
II.
El Sistema Electoral
1) Administración y jurisdicción electoral
La Constitución Política de 1949, que nos rige, por la coyuntura histórica en la que se
gesta, en resguardo de las garantías electorales estableció una serie de frenos y contrapesos
estructurales y funcionales, relevantes para su efectiva protección. Desde su promulgación
incluyó normas y principios que garantizan el ejercicio del sufragio y el respeto a la decisión
popular expresada en las urnas. Como garantía democrática, se dotó al organismo electoral de
rango adecuado, permanencia y autonomía, entendida ésta como independencia administrativa,
normativa, presupuestaria y política.
Así, en nuestro diseño constitucional, el Presidente, Vicepresidentes, Diputados y
autoridades municipales representativas, son designados mediante votación libre, universal,
directa y secreta de los ciudadanos, en elecciones convocadas al efecto, organizadas y vigiladas
por el TSE, que también realiza la declaración correspondiente 2 .
La Asamblea Legislativa elige, por mayoría calificada, a los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, quienes son reelectos en sus cargos, salvo que una mayoría calificada de
los diputados decida lo contrario.
A su vez, es la Corte Plena, quien designa a los Magistrados Electorales, propietarios y
suplentes, por mayoría calificada, con base en un concurso de antecedentes 3 ; los nombramientos
2 Antes de la promulgación de la referida constitución la declaratoria definitiva de elecciones y el conocimiento de las demandas
de nulidad eran resorte exclusivo del Congreso de la República. Fue precisamente la decisión de ese cuerpo político de
acoger el voto salvado del ingeniero Max Koberg Bolandi, presidente del Tribunal Electoral, que se abstuvo de suscribir la
declaratoria provisional que hicieran los otros dos magistrados electorales, y disponer la anulación de las elecciones presidenciales
celebradas el 8 de febrero de ese año, lo que precipitó la Guerra Civil del 48.
3 El concurso no está previsto en la Constitución ni en el Código Electoral, pero se ha venido realizando desde el año de 1989.
Se anuncia en diarios de circulación nacional una invitación abierta a postular, indicando los requisitos mínimos. La Comisión
de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia realiza entrevistas a quienes hayan presentado ofertas elegibles y propone
una lista de finalistas a la Corte Plena, quien procede a realizar la elección y posteriormente juramenta a la persona elegida.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 53

Zetty Bou Valverde
se realizan por periodos de seis años, pero los Magistrados pueden ser reelectos, previa rendición
de cuentas, y también por mayoría calificada. Nuestro constituyente tuvo clara la importancia de
resguardar la independencia 4 de los Magistrados Electorales, como lo han demostrado sesenta
años de administración exitosa de los procesos a su cargo, por parte del TSE.
En nuestro país, el TSE tiene rango constitucional de Poder de la República 5 y su jerarca
colegiado (“El Tribunal” o TSE), está integrado ordinariamente por tres Magistrados Propietarios
y seis Magistrados Suplentes. En virtud de la previsión constitucional de vencimiento escalonado
de los periodos de nombramiento de éstos, cada dos años la Corte Plena elige un propietario y
dos suplentes, con lo que se da la posibilidad de renovación con continuidad.
Para las elecciones nacionales, durante un período que va desde un año antes hasta
seis meses después de los comicios, dos de los Magistrados Suplentes –designados al efecto por
la Corte Plena- se integran como propietarios para conformar un Tribunal de cinco miembros. 6
A partir de la aprobación del nuevo Código Electoral esta integración de cinco magistrados
propietarios se dará también para los procesos electorales municipales, desde seis meses antes
hasta tres meses después de las elecciones.
Los Magistrados Electorales gozan de las mismas responsabilidades, prerrogativas e
inmunidades que ostentan los miembros de los Supremos Poderes, y también se ven afectados
por las mismas prohibiciones de aquellos, lo que contribuye a la fortaleza institucional.
Adicionalmente, el TSE fue investido de importantes potestades en refuerzo de
su autonomía frente a los otros Poderes y órganos constitucionales: no está subordinado
jerárquicamente a ninguno de éstos en el desarrollo de sus funciones esenciales por lo que sus
decisiones, en materia electoral, no son recurribles 7 ; en ejercicio de su competencia exclusiva,
interpreta la Constitución y las leyes en materia electoral, a través de actos, disposiciones y
4 En otros países de la región los jerarcas del organismo electoral (magistrados, jueces, consejeros) son designados por partidos
políticos o bien, por los congresos o parlamentos. En otros, son designados uno por cada poder, lo que necesariamente significa
que al menos dos de ellos tienen la venia del legislativo y el ejecutivo. En algún caso, también el tercer nombramiento es
político dado que en el poder judicial, existen “bancadas” partidarias.
5 Art. 9 p. 3 de la Constitución Política.
6 En la actualidad existe en la Asamblea un proyecto de reforma constitucional para elevar el número de magistrados propietarios
de manera permanente a 5 y a 10 el de magistrados suplentes, ante el aumento de funciones, la realización de más
procesos electorales incluyendo los consultivos y el volumen de trabajo.
7 Artículos 99 y 103 de la Constitución Política.
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Sistema electoral costarricense,
seis décadas de probada efectividad
resoluciones, dando lugar a la creación de normas no escritas, derivadas de sus sentencias 8 ; sus
criterios son vinculantes dentro del procedimiento de formación de las leyes electorales 9 ; a partir
de la aprobación del nuevo Código Electoral tiene iniciativa en la formación de las leyes de la
materia 10 ; elabora su presupuesto y los gastos previstos para dar efectividad al sufragio no pueden
ser objetados por el Ejecutivo 11 ; tiene potestad reglamentaria, tanto para dictar reglamentos
autónomos de organización y servicio, como para reglamentar las leyes electorales; 12 hace
la declaratoria definitiva de elecciones, lo cual constituye una de las principales garantías
introducidas por el Constituyente para evitar la ingerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo
en ese aspecto trascendental 13 .
No solo los jerarcas, sino todos los funcionarios del organismo electoral, incluyendo
los del Registro Civil, tienen prohibición político-partidaria, salvo para acudir a las urnas,
restricción que también aplica en procesos consultivos como el Referéndum, en el que no
rigen las mismas restricciones de participación para los funcionarios públicos. En el caso de los
funcionarios electorales, la prohibición es absoluta. 14
8 A pesar de que la competencia para conocer de la constitucionalidad de las leyes y normas de menor rango se mantiene
centralizada en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el TSE, en aplicación de lo dispuesto por los artículos
99 y 102 inciso 3) de la Constitución ha desaplicado normas estatutarias de los Partidos Políticos por ser contrarias al derecho
de la constitución.
9 La aprobación de cualquier proyecto de ley en materia electoral, requiere de una consulta obligatoria al TSE por parte de la
Asamblea Legislativa. Para apartarse del criterio de aquel se requiere de mayoría calificada. (artículos 97 y 121 de la Constitución
Política). Seis meses antes y cuatro después de una elección, la Asamblea Legislativa no puede convertir en leyes los
proyectos sobre los cuales el TSE se hubiese manifestado en desacuerdo. (Artículo 97 citado).
10 Artículo 12, inciso m) del Código Electoral.
11 En la Asamblea Legislativa existe un proyecto de reforma constitucional para dotar al TSE de un presupuesto autónomo referenciado
porcentualmente al presupuesto nacional, tal como lo tiene el Poder Judicial (art. 177 p. 2).
12 El TSE, en uso de tal potestad ha emitido en materia estrictamente electoral, numerosos reglamentos, que pueden ser consultados
en la página www.tse.go.cr
13 Artículo 102 inciso 8) de la Constitución Política.
14 El 146 del Código Electoral que reproduce con pocas variantes artículo 88 del Código anterior, en su párrafo segundo, señala
“...los magistrados(as) y toda persona empleada del TSE, ... no podrán participar en las actividades de los partidos políticos,
asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos
políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género. // En materia
electoral, las personas funcionarias incluidas en el párrafo segundo de este artículo, únicamente podrán ejercer el derecho a
emitir su voto el día de las elecciones en la forma y las condiciones establecidas en este Código.”
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 55

Zetty Bou Valverde
En nuestro país, por otra sabia decisión de los Constituyentes, el Registro Civil, con
sus funciones de registrador de hechos vitales y hechos relevantes de los partidos políticos fue
adscrito al TSE 15 .
Un registro civil global, un padrón electoral automático y un documento de identidad
único de alta seguridad para todos los efectos civiles y electorales, que no concurren en la
mayoría de los países y sí en Costa Rica, son garantías permanentes de nuestro sistema electoral 16 .
El padrón electoral, que se alimenta automáticamente de la base de datos del Registro
Civil, es publicitado, actualizado y auditado mensualmente durante la época no electoral y
diariamente después de la convocatoria a elecciones, excluyendo a quienes fallecen, los
declarados en estado de interdicción, y aquellos impuestos de sentencias que conlleven la
suspensión de derechos políticos, así como a quienes no renueven oportunamente su cédula
de identidad, e incluyendo a las personas que van adquiriendo la mayoría de edad y los
naturalizados que sean aptos para votar 17 . En el caso de quienes fallezcan después del cierre del
padrón pero antes del envío del material electoral a las juntas receptoras, las comunicaciones de
defunción son incluidas en el citado material. Si el deceso ocurre con posterioridad, se remite el
aviso correspondiente a cada junta para que sus miembros cuenten con dicho insumo durante
la votación. 18
El Código Electoral de 1952 desarrolló los principios constitucionales e introdujo
regulaciones importantes para reforzar el sistema. Fue objeto de múltiples reformas parciales,
de modificaciones y anulación de artículos por resoluciones de la Sala Constitucional e
interpretaciones del TSE. Sin embargo, esos “ajustes” resultaron insuficientes para adecuar su
articulado a las exigencias del sistema, y adaptarlo al cambio de los tiempos.
15 Art. 104 Constitución Política, 20 y ss Código Electoral, 37 y ss Ley Orgánica del TSE y el Registro Civil. Hasta la promulgación
del nuevo código electoral, además de las competencias constitucionales le correspondía realizar la mayoría de las funciones
que hoy son privativas de la Dirección de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos.
16 Ver art. 95 Constitución Política y páginas http://www.tse.go.cr/infcedula.html ; http://www.tse.go.cr/consulta.html
17 De acuerdo con el artículo 1 del Código Electoral: “Son electores todos los costarricenses de uno u otro sexo, mayores de
dieciocho años e inscritos en el Departamento Electoral del Registro Civil, con excepción de los siguientes: a) los declarados judicialmente
en estado de interdicción; y b) Los que sufran sentencias que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos
políticos. Los ciudadanos costarricenses por naturalización no podrán sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la
carta respectiva.”
18 En relación al padrón ver además art. 23 y 24 Código Electoral, 82 y ss Ley Orgánica del TSE y el Registro Civil
56
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Sistema electoral costarricense,
seis décadas de probada efectividad
Por ello, el TSE presentó a la corriente legislativa un proyecto de Código Electoral en el
año 2001 que, como hemos indicado, fue finalmente aprobado y entró en vigencia a partir del
2 de setiembre de 2009. En su versión original la propuesta del Tribunal incluía innovaciones
importantes como el voto preferencial, eliminaba la barrera del subcociente, permitía la
postulación de candidatos por grupos independientes en la esfera municipal, simplificaba los
requisitos para la inscripción y funcionamiento de los partidos políticos, introducía el conteo
definitivo a cargo de las juntas receptoras de votos, establecía una mayor regulación de los
aportes privados a los partidos políticos y sanciones, mantenía la cuota del 40% de participación
femenina en estructuras partidarias y delegaciones a asambleas pero incorporaba la paridad y
alternancia en las nóminas de candidaturas a cargos de elección popular, incorporaba el amparo
electoral y la acción de nulidad, de creación jurisprudencial del TSE, para su regulación legal.
Asimismo, desarrollaba el concepto de deuda política adelantada, previsto en la Constitución,
con la previsión de que una parte de ella fuese distribuida por el TSE en forma equitativa y no
reembolsable entre todos los partidos participantes, para que dieran a conocer a sus candidatos
y planes de gobierno.
El proyecto fue objeto de modificaciones, algunas planteadas por el propio TSE, como la
creación del IFED (Instituto de Formación y Estudios para la Democracia) o el financiamiento
estatal a las elecciones municipales, a partir de la disminución de la contribución para
elecciones generales. Varias de las propuestas del TSE fueron eliminadas en Comisión y otras
modificadas -en gran medida para lograr consensos entre las distintas fracciones que permitieran
la promulgación de la ley- por lo que el producto final no recoge en su totalidad la visión de
sus proponentes, pero representa un avance para nuestro sistema electoral, en muchos aspectos.
Quedan pendientes algunas reformas importantes, entre ellas a nivel legal: la eliminación
de la barrera del subcociente y de la conexión de la circunscripción electoral con la provincia;
lo que permitiría corregir inequidades representativas, referenciar la contribución estatal a los
partidos por voto obtenido y no hacerla depender de liquidación de gastos y retomar el tema
del financiamiento anticipado no reembolsable para los partidos políticos y las candidaturas
independientes en sede municipal, entre otros temas y las dos reformas constitucionales que ya
han sido presentadas a la Asamblea Legislativa, a las que se ha hecho referencia 19 .
19 Proyecto de reforma para aumentar de manera permanente el número de magistrados propietarios a 5 y el de los suplentes a
10 y el proyecto para dotar al TSE de un porcentaje del presupuesto nacional.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 57

Zetty Bou Valverde
Con la aprobación del nuevo código se crea la Dirección de Registro Electoral y
Financiamiento de Partidos Políticos, que asume la mayoría de las funciones electorales
del Registro Civil, salvo lo referente a cédula de identidad y padrón electoral, cuyo traslado
requeriría de una reforma constitucional 20 .
En contraste con lo que ocurre en otros países, pese a que las resoluciones del TSE en
materia electoral son irrecurribles 21 , en el nuestro contamos con remedios internos efectivos
para la adecuada tutela de los derechos electorales 22 . El TSE y la Sala Constitucional, sin incurrir
en un conflicto de competencia, han asumido sus responsabilidades frente a la protección de los
derechos humanos electorales, por lo que no existe “zona gris” en ese campo. En el evento que
el primero llegara a declinar el ejercicio de su competencia, en un caso concreto, la segunda
asumiría el conocimiento del mismo 23 .
El TSE ha producido jurisprudencia relevante tanto en materia de amparo, como en otros
procedimientos contenciosos, que ha servido para dar un efectivo cumplimiento al respeto de
los derechos político-electorales dentro de nuestras fronteras.
En la actualidad en el Código Electoral, Título V, están previstos siete procesos
jurisdiccionales que, en sus correspondientes ámbitos de aplicación, garantizan dicha tutela.
Así, las decisiones de las juntas receptoras de votos, del Registro Electoral y el Registro Civil,
de funcionarios encargados de autorizar actividades en lugares públicos, de las delegaciones
cantonales de policía y las de cualesquiera otros funcionarios o dependencia del Tribunal con
20 Artículo 28.- El Registro Electoral tendrá las siguientes funciones: a) Llevar el registro de partidos políticos. En este registro se
asentarán las inscripciones indicadas en el artículo 56 de este Código. Estas solo son oponibles a terceros a partir de su inscripción.
b) Resolver, en primera instancia, las solicitudes de inscripción de los partidos políticos, de los estatutos partidarios
y sus reformas, así como de las candidaturas a puestos de elección popular y demás actos sujetos a inscripción en el registro
de partidos políticos. c) Emitir las certificaciones propias del registro. d) Llevar el control de las contribuciones privadas y
del Estado a los partidos políticos e informar al TSE sobre cualquier irregularidad que detecte. e) Ejecutar, dirigir y coordinar
los programas electorales, conforme a las directrices del TSE. f) Designar a los delegados que asistirán a las asambleas de los
partidos políticos que el Tribunal autorice, cuando así proceda; además, supervisar su labor. g) Coordinar la impresión de las
papeletas electorales, cuando sea necesario o cuando se lo encargue el TSE. h) Las demás funciones que le otorgue el ordenamiento
jurídico electoral o le encargue el Tribunal.
21 El artículo 173 de la Constitución Política, establece que “Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen
recurso, salvo la acción por prevaricato.” La Ley de la Jurisdicción Constitucional, regula el recurso de amparo (que según el
artículo 30, inciso d, no resulta procedente contra “los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia
electoral”.) En el artículo 74 de la misma, se dispone que “No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales
del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de
la función electoral.”
22 Este tema fue abordado con amplitud en un artículo de mi autoría que se publicó en un número anterior de la Revista de
Derecho Electoral, que puede ser consultado en la dirección Http://www.tse.go.cr/revista/art/7/Bou_Valverde.pdf
23 Ver voto 3194-92 de la Sala Constitucional.
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Sistema electoral costarricense,
seis décadas de probada efectividad
potestades decisorias en la materia, o cualquier persona que colabore en una u otra forma en el
ejercicio de la función electoral, tienen recurso de alzada para ante el Tribunal 24 que, una vez
verificados los requisitos de admisibilidad, revisa los actos y resoluciones impugnadas, en su
condición de juez electoral.
Además, en ejercicio de esa misma función jurisdiccional, el Tribunal conoce de acuerdos
de las asambleas de partidos políticos en proceso de constitución e inscripción, acciones de
nulidad y recursos de amparo electoral, estos últimos en su función de juez constitucional,
como garantía de los derechos fundamentales de naturaleza electoral.
También en esta sede se tramitan y resuelven las denuncias por beligerancia o participación
política prohibida, así como las solicitudes de cancelación de credenciales de funcionarios
municipales de elección popular y miembros de los Supremos Poderes de elección popular
como son Presidente, Vicepresidentes y Diputados. Los ilícitos electorales que no constituyan
delito, también son tramitados ante el TSE 25 .
Con esta amplia gama de procedimientos, regulados en el nuevo código, contamos en
nuestro país con una jurisdicción electoral de primer orden, tanto en lo que garantías orgánicas
como procesales se refiere. Los partidos políticos y ciudadanos legitimados para acceder a la
Justicia Electoral, deberán definir cuál de los procedimientos es el que debe ser activado en cada
caso, y cuidar los requisitos de admisibilidad, ya que de ello va a depender que el Tribunal, como
juez electoral, pueda ejercer la función jurisdiccional, al abrir con el requerimiento respectivo
su competencia para aplicar el derecho al caso concreto.
2) Partidos Políticos
El artículo 98 de la Constitución 26 consagra el derecho de los ciudadanos de agruparse
en Partidos Políticos para participar en la vida política nacional. El Código Electoral señala en
el artículo 48, párrafo primero, que:
24 Art. 102 inciso 4 de la Constitución Política, 240 y ss del Código Electoral.
25 El conocimiento de los delitos electorales, en nuestro país, sigue siendo competencia de los tribunales penales.
26 “ARTÍCULO 98.- Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre
que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. / Los partidos políticos
expresaran el pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos
fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la
Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 59

Zetty Bou Valverde
“El derecho de agruparse en partidos políticos, así como el derecho que tienen
las personas a elegir y ser elegidas se realiza al tenor de lo que dispone el artículo
98 27 de la Constitución Política. En las elecciones presidenciales, legislativas y
municipales solo pueden participar individualmente, o en coalición, los partidos
inscritos que hayan completado su proceso democrático de renovación periódica
de estructuras y autoridades partidistas”.
El Tribunal reafirmó que las organizaciones partidarias “son ineludibles intermediarios
entre el gobierno y los gobernados” 28 . Tal y como se ha mencionado, interpretando que la
prohibición para candidaturas independientes no resulta aplicable al ámbito municipal, al ser
legal y no constitucional, en su caso, la limitación, el Tribunal propuso en su proyecto de
Código Electoral un cambio a nivel legal, que diera paso a otra forma de postulación a cargos
municipales de elección popular, mediante agrupaciones no partidarias. Tal propuesta no fue
acogida por los legisladores, por lo que la limitación se mantiene para las postulaciones a
cualquier cargo de elección popular.
Los partidos políticos, en ejercicio de su facultad de autorregulación, pueden definir la
forma de elección de quienes hayan de ocupar los cargos de sus estructuras internas y candidatos
a puestos de elección popular, siempre que durante el proceso se respeten los requisitos mínimos
establecidos en el Código Electoral (organización –asambleas: de distrito, cantón, provincia y
nacional-, quórum, cuota femenina y alternabilidad de género, ratificación por las respectivas
asambleas, cuando proceda) y, en lo que corresponda, los requisitos mínimos fijados en el
Código Municipal.
Sin embargo, contra las decisiones internas de las autoridades partidarias, los afectados
pueden interponer recursos de amparo electoral o acciones de nulidad, según sea el caso, los
cuales conoce el TSE. Estos remedios recursivos originalmente de diseño jurisprudencial del
Tribunal 29 , hoy incorporados al nuevo código, han probado su efectividad para la defensa de
los derechos político-electorales de los miembros de agrupaciones partidarias, y contribuido,
27 Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos
se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. / Los partidos políticos expresarán el
pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales
para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la
ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
28 Resolución 303-E-2000.
29 Ver resoluciones 393-E-00 y 453-01, ambas del TSE. Página web ttps://www.tse.go.cr/jurisprudencia/presentacion/htm
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Sistema electoral costarricense,
seis décadas de probada efectividad
con ello, a la democratización interna de dichas organizaciones. El Tribunal ha sido firme en
este tema, definiendo al efecto que los partidos deben renovar periódicamente sus estructuras,
frenando la posibilidad de que las asambleas partidarias puedan dejar sin efecto candidaturas
propuestas mediante consulta popular, dando efectividad al sistema de cuota femenina, limitando
normas y prácticas restrictivas para la postulación de precandidaturas, tales como el cobro de
sumas no razonables o plazos de militancia excesivos, instituyendo como garantía alternativa
el acceso directo al recurso de amparo electoral y a la acción de nulidad, ésta última, previo
agotamiento de los recursos que prevea la normativa interna de los partidos políticos.
Asimismo, cabe señalar que en la reforma legislativa aprobada se incluye el
financiamiento permanente de los gastos de organización y capacitación de sus miembros con
miras al fortalecimiento y sostenibilidad institucional de los partidos. 30 Quedaron fuera de esta
previsión los partidos que participen únicamente en las elecciones municipales, de conformidad
con lo establecido en el artículo 91 del Código Electoral.
3) Promoción de ciudadanía activa
El TSE, además de su función básica de administrar los procesos electorales, lo
correspondiente a Registro Civil, y otras funciones relacionadas con sus competencias originales
(cuasilegislativa, jurisdiccional, ampliada a justicia constitucional), como parte de su política de
promoción de ciudadanía activa, ha asumido, dentro de sus cometidos esenciales, una función
formativa que incluye no solo actividades académicas relevantes, sino también la tarea de
formación en democracia desde el organismo electoral.
En el contexto actual, donde la educación cívica ha ido mermando dentro de los
programas oficiales y la apatía frente a la política aumentando, 31 salta, como necesidad ineludible
para la vida en democracia, el reforzamiento de la formación ciudadana, como presupuesto de
una participación informada, analítica, actora real de los procesos democráticos. La formación
de nuestros actuales y futuros ciudadanos, garantiza mejores decisiones políticas, tanto al elegir
30 Ver artículos 89, 92b), 93, 107 del Código Electoral.
31 En la obra “Abstencionistas en Costa Rica. ¿Quiénes Son y Por Qué No Votan?”, realizada por investigadores de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UCR, con el auspicio del TSE e IIDH Capel, al analizar el incremento del abstencionismo electoral,
se señala que el factor de justificación “desinterés en la política” pasó de un 22% en 1998 a un 27.8% en el 2002 (consultable
en www.tse.go.cr “Biblioteca Virtual” – Sección de “Decumentación”). Asimismo ver elecciones en cifras 1953-2006
en páginas https://www.tse.go.cr/hipres.html https://www..tse.go.cr/datos_estadísticos3.html
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 61

Zetty Bou Valverde
como al gobernar y al participar en los asuntos públicos 32 . Los programas pertinentes deben
incluir contenidos acordes a la realidad y utilizar mecanismos de difusión adecuados a esa nueva
realidad, tales como capacitación, educación, información, debate, análisis crítico, actualización
constante, con el recurso de utilizar todas las herramientas didácticas y tecnológicas de las que
se disponga, para el desarrollo y difusión de los contenidos. Pero también se requiere de una
gestión permanente y sistemática, con un liderazgo adecuado a la importancia que reviste la
materia.
No se discute en nuestros días la necesidad de educar en democracia, pero se discrepa
respecto de quién debe hacerlo. Tradicionalmente los organismos electorales de la región han
asumido la función de “capacitación electoral” de los operadores electorales pero, no así, la
“educación y formación democrática” de los habitantes del país, dejando dicha tarea a los
partidos políticos o a la Cartera de Educación. Por diferentes razones, se discrepa en cuanto
al papel que deben cumplir los organismos electorales, frente a esta nueva función. El Dr. Luis
Antonio Sobrado, actual presidente del TSE, ha resumido muy bien nuestra posición, al señalar:
“Sus actividades de formación son por ende parte de su competencia esencial
-de los organismos electorales-, en tanto promueven condiciones de excelencia
y profesionalismo de sus funcionarios (capacitación institucional), así como el
desempeño eficiente de los actores de los procesos electorales (capacitación
electoral).
Dado que la capacidad legitimadora de los comicios también depende de una
amplia participación popular, resulta de igual modo esencial que la formación
electoral también comprenda actividades de educación cívico-democrática
que promuevan esa participación. (...) Ahora bien, las actividades
formativas en general deben ser conducidas por los organismos electorales con
independencia, es decir liberados de imposiciones e interferencias indebidas de
otros actores públicos y sociales. Sin embargo, ello no impide el desarrollo de
planes y eventos en alianza con dichos sectores, siempre que la institucionalidad
electoral conserve el control estratégico de los procesos.” 33
32 La discusión de ideas, el surgimiento de líderes profesionales, una población informada, una mejor gestión por parte de elegidos
sujeta al ineludible proceso de “accountability”, se traducirá en una mayor y mejor participación política.
33 Revista de Derecho Electoral, No 6, segundo semestre 2008, página 18. (Página web del TSE).
62
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Sistema electoral costarricense,
seis décadas de probada efectividad
Creemos firmemente que la participación ciudadana en el proceso democrático se
incrementaría con una educación cívica de mejor calidad y mayor espectro. Frente a este reto,
el TSE ha asumido la competencia de tres maneras: 1. con actividades de difusión y motivación,
realizadas en forma directa, o bien concertadas con otros órganos y entidades públicas o
privadas, mediante alianzas estratégicas 34 ; 2. con acciones concretas. Así, en el derogado
“Reglamento sobre pago de los gastos de los Partidos Políticos”, N° 6-96 TSE, se estableció
que, el partido político que no fijara estatutariamente un porcentaje de su presupuesto para
capacitación, perdería el derecho a financiamiento estatal. 35 En la actualidad, en los artículos
103 y 107 del Código Electoral, incorporan la previsión correspondiente, para garantizar que
las actividades de capacitación, de ambos sexos, se efectúen por los Partidos Políticos. 3. Con
la propuesta del IFED “Instituto de Formación y Estudios para la Democracia”, que gracias a la
tenacidad del TSE, con el apoyo de algunos diputados que acogieron la propuesta, fue creado
con la promulgación del nuevo código, concretamente en el artículo 309 36 .
34 Podemos citar convenios con las Universidades, Ministerio de Educación Pública, Fundación Omar Dengo, Flacso, Fundación
Konrad Adenauer, IIDH, IDEA, PNUD, para el desarrollo de programas y actividades en los centros educativos, como la
realización de foros y seminarios conjuntos.
35 Se cita este reglamento como antecedente de gran relevancia en el tema. Los artículos de interés del reglamento derogado
son: Artículo 2.-c): “Capacitación. Comprende todas aquellas actividades, de carácter permanente, relacionadas con la promoción,
organización y ejecución de cursos, seminarios, encuentros académicos, programas de becas y otros que le permiten
a los militantes incrementar su formación política en el ámbito técnico o ideológico-programático.” Artículo 16.- “Los partidos
políticos por medio del Comité Ejecutivo Superior, deberán presentar al Tribunal Supremo de Elecciones, ocho meses
antes de las elecciones, un presupuesto en donde se incluyan ... los gastos en actividades de organización, propaganda y
capacitación.” Artículo 24.- “El Tribunal Supremo de Elecciones velará por el fiel cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento. El incumplimiento de las citadas disposiciones por parte de los partidos políticos, facultará al Tribunal Supremo
de Elecciones para suspender el pago del financiamiento del Estado a los partidos políticos, o bien para establecer cualquier
otra medida o acción que corresponda.”
36 “Artículo 309.- Instituto de Formación y Estudios en Democracia. / El TSE contará con el Instituto de Formación y Estudios en
Democracia, dedicado a formular programas de capacitación dirigidos a la ciudadanía y a los partidos políticos, tendientes
a promover los valores democráticos y la participación cívica, atendiendo criterios de regionalización./ El Instituto tendrá
las siguientes funciones: / a) Generar y ejecutar programas de formación para promover una ciudadanía activa, para lo cual
se prestará especial atención a los sectores con mayores dificultades para participar en la política por motivos regionales,
socioeconómicos o culturales. / b) Organizar talleres de formación y capacitación en todo el país, en particular en las zonas
rurales, dirigidos a informar a la población respecto del ejercicio de los derechos político-electorales, a efecto de promover la
participación de estas poblaciones en la política local, provincial y nacional. / c) Ofrecer capacitación a los partidos políticos
sobre temas de administración electoral, justicia electoral, democracia y organización interna. / d) Prestar colaboración a los
partidos políticos en temas de formación ciudadana, promoviendo cursos virtuales o autoformativos en materia electoral. /
e) Colaborar con el Ministerio de Educación Pública (MEP), en la formulación de programas de educación cívica dirigidos a
la población estudiantil, a fin de fortalecer los valores cívicos y democráticos de la ciudadanía./ f) Proveer información a la
ciudadanía sobre el sistema democrático y el rol de los funcionarios públicos de elección popular. / g) Ofrecer capacitación
a los funcionarios electos en temas electorales y coordinar con otras instituciones públicas para impartir cursos relativos al
ejercicio de la función pública. / h) Fomentar el desarrollo de investigaciones y publicaciones sobre temas relacionados con
democracia y elecciones. / i) Administrar un centro de documentación especializado en democracia y elecciones, accesible a
la ciudadanía y con aplicación de técnicas informáticas. / j) Cualquier otra función que el Tribunal le asigne. / El Instituto funcionará
con cargo al presupuesto del TSE, sin perjuicio de que el Tribunal pueda recibir donaciones nacionales e internacionales
para el cumplimiento de los fines del Instituto y suscribir convenios de cooperación con instituciones u organizaciones
vinculadas a la educación y la formación cívica, sin que nada de ello pueda comprometer, de manera alguna, la neutralidad
y la independencia de los organismos electorales. El Tribunal queda facultado para depositar las donaciones en fideicomisos
que se establecerán en bancos comerciales del Estado. / En ningún caso, el Instituto podrá promover una ideología o programa
político particular.”
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 63

Zetty Bou Valverde
Desde el punto de vista sustantivo, se ha dado una evolución conceptual, el TSE ha
asumido la promoción de la cultura democrática, como otra de sus funciones esenciales; se
ha pasado de la “educación cívica” a la “formación para la vida en democracia”; se define un
nuevo “marco filosófico-institucional”; se incluye en el Plan Estratégico 2008-2012 una nueva
visión institucional: “Ser un organismo líder de Latinoamérica por su solvencia técnica como por
su capacidad de promover cultura democrática” acompañándola de una acción estratégica para
lograr tal cometido: “Promoción de una cultura democrática” y una serie de acciones específicas
adecuadas para lograr su implementación, entre las que podemos citar: redefinición del
modelo de educación cívica para mejorar la participación política y la superación de esquemas
tradicionales; firma de convenios con universidades y otras entidades nacionales y extranjeras,
con la consecuente realización de eventos académicos, investigaciones y publicaciones
especializadas; transformación del sitio web del TSE (www.tse.go.cr) convirtiéndolo en una
útil herramienta para la investigación; creación de la Revista Derecho Electoral; incorporación
de la educación cívico-democrática a la planificación estratégica como parte de los objetivos
institucionales; fortalecimiento de la Sección de Capacitación; creación del programa de
“Diplomado en Procesos Electorales” en conjunto con la UNED; utilización de herramientas
tecnológicas en los procesos formativos; propuesta de creación del IFED como órgano adscrito
al TSE, para el desarrollo integral de la formación en democracia. Con la promulgación del
Código Electoral, se abre la posibilidad al TSE, para continuar su proyección formativa, ahora
de manera sistemática y con la posibilidad de obtener recursos de la cooperación internacional
y otras fuentes internas, a través del IFED, que se espera poner en marcha a partir de marzo de
2010.
III. Conclusión
Resulta difícil resumir las fortalezas de nuestro sistema electoral en un artículo, pero
espero que lo expuesto, trasmita, además de conocimientos, confianza. El sistema, aunque
perfectible, es sólido tal cual fuera diseñado por nuestros constituyentes.
Con la aprobación legislativa del nuevo Código Electoral se ha dado un gran paso en esa
dirección. Quedan pendientes la reforma constitucional que aumenta el número de magistrados
electorales y dota de autonomía financiera al TSE para lograr una mayor eficiencia institucional
y reforzar la independencia del TSE.
Pero no podemos descuidar los otros elementos esenciales del sistema, la participación
ciudadana y el fortalecimiento de los partidos políticos, tarea que nos compete a todos y que,
como país que desea seguir viviendo en democracia, no nos podemos dar el lujo de eludir.
El TSE, sin desatender sus funciones tradicionales, ha asumido el reto histórico de liderar la
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Sistema electoral costarricense,
seis décadas de probada efectividad
formación para la democracia desde la institucionalidad electoral, e impulsar el ajuste del
sistema a las nuevas necesidades sin afectar sus fortalezas. Los demás actores del proceso, tanto
públicos como privados, deberán aunar esfuerzos para que la riqueza democrática heredada de
nuestros sabios precursores, pueda ser legada a las futuras generaciones.
Fuentes de informacion
I. Fuentes normativas:
- Constitución Política de Costa Rica
- Código Electoral 1952 –Ley 1536, publicada en La Gaceta No 10 de 14 de enero
de 1953 y sus reformas-
- Código Electoral 2009 – Ley 8765 publicada en el Alcance 37 a La Gaceta No
171 de 2 de setiembre de 2009-
- Reglamento sobre pago de gastos a partidos políticos. Número-6-96-TSE
(Derogado)
II.
Fuentes Bibliográficas:
Raventós Vorst, Ciska y otros. Abstencionistas en Costa Rica, ¿quiénes son y por qué no
votan?. San José, Costa Rica: Editorial de la UCR-IIDH-CAPEL-TSE, 2005.
Sánchez Campos Fernando. “La creación del Instituto de Formación y Educación en
Democracia y la importancia de la capacitación política”. En: Revista de Derecho
Electoral, No. 3 (Ene.-Jun., 2007)
Sobrado González Luis Antonio “Educación cívico-democrática y su abordaje a través
del IFED”. En: Revista de Derecho Electoral, No. 5 (Ene.-Jun., 2008)
Sobrado González Luis Antonio “Los organismos electorales: autonomía, formación
electoral y democracia”. En: Revista de Derecho Electoral, No. 6 (Jul.-Dic., 2008)
Sojo Carlos “Una iniciativa para el desarrollo de políticas de Estado en apoyo al
fortalecimiento de los partidos políticos y la cultura cívica en Costa Rica. En:
Revista de Derecho Electoral, No. 5 (Ene.-Jun., 2008)
III.
Sitios Web:
www.tse.go.cr
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 65

La creación del Tribunal Supremo de Elecciones
de Costa Rica en 1949: sus antecedentes
y significado en la institucionalidad nacional
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 24 de agosto de 2009.
Revisión, corrección y aprobación: 12 de noviembre de 2009.
Carolina Mora Chinchilla 1
Resumen: La administración de los procesos electorales en Costa Rica, sufrió desde el siglo XIX, un
largo y lento proceso de sucesivas reformas que se analizarán en este trabajo, con el fin de comprender
la estructuración de un modelo político-electoral que tiene a la democracia como norte, al menos en
su discurso, pero que no la alcanza, en su modalidad electoral, hasta después de 1949, cuando a raíz
de la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, se logró finalmente separar, por completo al Poder
Ejecutivo de los procesos electorales y se alcanza la pureza del sufragio. Para comprender el desarrollo de
un modelo electoral como el costarricense, se hace necesaria la sistematización de las diversas reformas
que tomaron muchos años en perfeccionarse, hasta llegar a lo que se tiene en la actualidad, modelo que
sigue en constante estudio y transformación. Los resultados de este cambio, serán observados a la luz de
los sesenta años del nacimiento del Tribunal, institución emblemática de Costa Rica, después de 1949.
Palabras claves: Sistemas electorales / Reformas electorales / Democracia / Desarrollo de la democracia /
Administración electoral / Historia electoral / Tribunal Supremo de Elecciones / Costa Rica.
Abstract: The administration of electoral processes in Costa Rica, since the nineteenth century, has
experienced a long and slow process of successive reforms to be analyzed in this paper, in order to
understand the structuring of a political-electoral model that has democracy as its aspiration, at least in its
formal speech, but not reached -in its electoral mode- until 1949 when, due to the creation of the Supreme
Electoral Tribunal, the separation of the electoral processes from the Executive Branch is finally obtained,
and purity of suffrage is acquired. In order to understand the development of an electoral model as the
Costa Rican it is necessary to systematize the various reforms that took many years to perfect, up to what
we have today; model that is under constant revision and transformation. The results of this change shall
be observed in the light of sixty years of the Tribunal’s creation, emblematic institution of Costa Rica, after
1949.
Key words: Electoral Systems / Electoral Reforms / Democracy / Development of Democracy / Electoral
Administration / Electoral History / Supreme Electoral Tribunal / Costa Rica.
1 Magister Scientae en Historia de la Universidad de Costa Rica. Profesora de Historia de la Cultura en la Escuela de Estudios
Generales de la Universidad de Costa Rica. Directora de la Revista Estudios de la Cátedra de Historia de la Cultura de la
Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Ha impartido los cursos de Historia de las Instituciones de
Costa Rica (1986-1996), Temas de Historia Social y de las mentalidades Colectivas en Costa Rica: El Liberalismo en Costa
Rica y la formulación de una imagen nacional (1880-1914) (1999), Temas de Historia Social y de las mentalidades colectivas
en América Latina: Imagen nacional y percepciones del imperialismo en América Latina (XIX-XX)(1996) y el de Historia de
Centroamérica. En la Universidad de La Salle, en la Maestría en Administración Educativa impartió el curso Características
Socio-culturales, Políticas y Económicas de Costa Rica en el siglo XX (1997) y en la Escuela de Derecho el curso de Historia
de la Cultura(1997-1999). Correo eletrónico: lsobrado@racsa.co.cr, carolina.mora@ucr.ac.cr
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 67

Carolina Mora Chinchilla
Introducción
El desarrollo institucional de Costa Rica ha transcurrido por sinuosos senderos, tal y como
corresponde al devenir de una nación joven. La construcción de un país, con poca población,
escasos recursos y no muy claro el panorama futuro, hizo que desde la independencia en 1821,
la vida política nacional tuviera altos y bajos y pocas instituciones bien definidas para alcanzar
los objetivos del Estado.
En el presente trabajo se plantean algunos elementos fundamentales, que estructuraron
la administración electoral costarricense desde los primeros días de la independencia. A partir
del análisis de los principales rasgos que presentó la actividad electoral en el siglo XIX, se podrá
dibujar el panorama político costarricense de esta época, su sistema de elección, sus electores,
actores políticos, grupos políticos, etc. Esto permitirá comprender el difícil trayecto del sistema
democrático costarricense, que se fue conformando gracias al progresivo establecimiento de
garantías y libertades democráticas, en su mayoría producto de largas luchas y resistencia de
algunos sectores, opuestos a la liberalización del sistema político.
Los novedosos cambios electorales vividos a principios del siglo XX, en búsqueda de la
democratización del voto, no blindaron al país de transacciones políticas ni de una dictadura
como la de los Tinoco, pero permitieron sustanciales avances en materia electoral. Estos
cambios lentos pero continuos, hacen posible la constitución de un régimen político centrado
en instituciones electorales, que si bien estuvieron sujetas a grandes tensiones, permitieron en
su momento resolver los conflictos políticos.
Las décadas de 1930 y 1940, ricas en cambios sociales y políticos, presentaron una
serie de retos a las instituciones electorales nacionales, que se vieron obligadas a atender las
demandas de nuevos sectores políticos. Un primer Código Electoral en 1946 y el nacimiento de
un Tribunal Nacional Electoral en 1947, la depuración del registro de votantes y otras interesantes
reformas, no fueron suficientes.
Tras la guerra civil de 1948 y con la Constitución de 1949, se modificó profundamente el
marco institucional de Costa Rica. Por su parte, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones,
finalmente resolvió el gran tema de cuál institución debía manejar todo el proceso electoral.
Demás está decir que la estabilidad política del país se debe en gran medida a su fortaleza.
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
A los sesenta años de su creación, el Tribunal Supremo de Elecciones se honra de
ser institución modelo en su campo. Su autonomía institucional, le permitió garantizarle a
los costarricenses absoluta confianza en los procesos electorales, a partir de su nacimiento,
aun en reñidas elecciones como las de 1966, 2006 y en el Referéndum sobre el Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos de 2007. Su gran compañero ha sido el Registro Civil,
institución creada desde 1881.
En este estudio analizaremos de forma rápida el discurrir histórico del Tribunal Supremo
de Elecciones y su situación actual como rector de procesos electorales, en una Costa Rica muy
diferente a la de 1949.
I. Antecedentes: primeros pasos en la organización electoral
y de los electores
La actividad electoral en Costa Rica, al igual que en el resto de Latinoamérica, despegó
desde épocas tempranas, con la convocatoria para la elección de diputados a las Cortes de
Cádiz. Luego al emitirse la Constitución de Cádiz de 1812, se establecieron elecciones de
carácter municipal.
Costa Rica a partir de 1821, organizó su sistema político con base en la celebración de
procesos electorales, tal y como lo establecía la Constitución de 1812. Es decir, estableció un
procedimiento en grados para elegir a las autoridades de los supremos poderes.
“El proceso se iniciaba con la celebración de asambleas de base, en las que
participaban todos los ciudadanos, y nombraban por votación” electores”.
Estas asambleas se denominaban “Juntas de Partido”, donde todos los electores
nombrados en el primer grado votaban y elegían a los electores de Partido.
Finalmente, a estos últimos correspondía nombrar a las personas que ejercían los
altos cargos en los poderes ejecutivo y legislativo. Como vemos, las elecciones
se estructuraron en las primeras décadas de vida independiente, bajo la forma de
tres grados” (Vargas, 2005, p. 2-3).
Quienes votaban en estos procesos, eran los ciudadanos aquellos hombres considerados
por la Constitución de 1812 como tales. En los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 se especificaron los
requisitos: ser español o hijo de españoles, o extranjero que hubiera obtenido los derechos de
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Carolina Mora Chinchilla
un español por permiso de las Cortes y los hijos legítimos de extranjeros, mayores de 21 años
y que nunca hubieren salido del territorio español sin permiso, asentados en territorio español
con profesión u oficio. El artículo 22 llama la atención porque estableció que eran ciudadanos
también,
“Los españoles, hijos legítimos que por cualquier línea fuesen originarios de África
y sirvieren a la patria, se distinguiesen por su talento, aplicación y conducta. Que
fuesen de padres ingenuos (condición de persona que ha nacido libre), casados
con mujer ingenua, avencindados en los dominios de España y que ejercieran
alguna profesión, oficio o industria útil con capital propio” (Obregón Q., 2000,
p. 33).
Para la independencia en 1821, Costa Rica era parte de la Diputación Provincial de León
de Nicaragua. Después de los primeros momentos de confusión se propuso el establecimiento
de una Junta Provisional de Gobierno. Así, el 12 de noviembre se reunieron en Cartago los
Legados de los Pueblos, que habían sido electos popularmente, “lo que justifica que asumiese
todos los poderes cuando acordó aceptar la renuncia del Gobernador Cañas” (Obregón L., 1979,
P.85). Dicha Junta tomó la decisión de estructurar su propia Diputación Provincial, con lo que
le dio a Costa Rica su autonomía y con ello la libertad de crear la Junta Superior Gubernativa,
compuesta por siete miembros. Esta se crea bajo el amparo de la Constitución de Cádiz, en lo
electoral y del Pacto Fundamental Interino de la Provincia de Costa Rica o Pacto de Concordia,
que funcionaba a la par de la Constitución de Cádiz en todo lo que no se le opusiera. Los
miembros de la Junta Superior gubernativa debían lograr “una representación de todas las
poblaciones de la Provincia” (Obregón Q., 2000, p. 45) y quedó constituida de manera interina
el 1 de diciembre de 1821.
Luego los electores conformaron una Junta Electoral, que sería la encargada de elegir
la Junta Superior Gubernativa “que gobernaría del 13 de enero al 31 de diciembre de 1822”
(Obregón Q., 2000. p. 47). Al término de su gestión se debió convocar de nuevo a elecciones
para sustituir a cuatro de sus miembros, como se estipuló en 1821. Siguiendo el orden
establecido, los pueblos eligieron a los electores de parroquia, que a su vez elegían a los de
Partido, para poder conformar la Junta Electoral que elegiría a los cuatro nuevos miembros de la
Junta. Esta tuvo corta vida, tres meses, pues se dio la lucha entre anexionistas y no anexionistas
al imperio mexicano de Iturbide, lo que culminó con la Guerra de Ochomogo (1823). Luego
de este capítulo, se nombró una nueva Junta Superior Gubernativa, pero ya no se regiría por el
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
Pacto de Concordia, sino no por el Segundo Estatuto Político, emitido después del conflicto de
1823 antes mencionado.
A esta Junta le correspondió la tarea de integrar a Costa Rica a las Provincias Unidas de
Centroamérica. Costa Rica, ante esto efectuó elecciones para integrar un Congreso Constituyente,
que redactaría la Constitución Estatal y se eligieron las autoridades estatales y federales. Como
resultado de todo esto, se estableció la República Federal de Centroamérica; cuya Constitución
vio la luz en noviembre de 1824 y poco después, Costa Rica, emitió la Ley Fundamental
del Estado Libre de Costa Rica de 1825. En las dos constituciones se determinó que sería el
Congreso el órgano encargado del escrutinio de los votos.
Los ciudadanos, acorde a la reglamentación de ambas cartas, debían de contar con
recursos económicos suficientes para su subsistencia, y los electores debían de tener al menos
una propiedad con valor de 100 pesos (votaban en la Juntas de Parroquia). Los electores de
tercer grado, eran los encargados de elegir a las autoridades de manera directa, por lo que este
grupo lo conformaron los más prestigiados ciudadanos. Estos votaron en la Juntas de Partido,
para elegir electores.
“El acceso al poder mediante la vía electoral fue bastante efectivo en la Costa
Rica posterior a 1821, ya que de los 15 jefes de Estado que hubo entre 1824 y
1849, ocho (un 53,3 por ciento) fueron elegidos en comicios, cinco ejercieron el
cargo en condición de interinos y únicamente dos se valieron de la fuerza de las
armas- por entonces cuerpos de milicias populares locales más que un ejército
nacional- para ocupar la jefatura estatal” (Molina, 2001, p. 11-12).
Después de los dos períodos de Juan Mora Fernández como Jefe de Estado de Costa
Rica, 1825-1829 y 1829-1833, la tranquilidad política interna se modifica. No es tarea de este
trabajo introducir el tema de la República Federal, por su inestabilidad, sólo se mencionará
el hecho de que, cuando fueron convocadas las correspondientes elecciones de autoridades
federales, los ciudadanos acudieron a votar.
“Por su parte, los ciudadanos ejercieron el sufragio una vez por año en las
juntas de parroquia convocadas para el primer domingo de enero… De ella
surgían los electores de parroquia, a quienes correspondió, bajo la forma de
junta de partido, la designación de los electores de partido quince días después.
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Carolina Mora Chinchilla
Eran estos, en definitiva, los que nombraban a los miembros de los supremos
poderes. Junto al proceso anterior se realizaban otros dos en distintas épocas, y
regidos por normativa diferente: elección de autoridades municipales y elección
de autoridades de la República Federal…
De tal manera, el sufragio no fue un acto desconocido o exótico para ciudadanos
y electores, sino que lo practicaron con regularidad” (Vargas, 2005, p. 14-15).
Vargas señala que esta regularidad no se alteró ni con un acontecimiento como la Guerra
de Liga (setiembre de 1835), con la que se determinó finalmente que San José sería la capital
de Estado. Braulio Carrillo se desempeñó legalmente como Jefe de Estado entre 1835-1837. En
1838 a raíz de un posible cambio de la capital de Costa Rica y de problemas militares, le dio
un golpe de estado a Manuel Aguilar Chacón. Con el golpe se puso fin a la Ley Fundamental
de 1825 y dio pie al funcionamiento de Costa Rica como estado autónomo de la Federación
Centroamericana, de la cual se separó formalmente en 1848. Luego con la Ley de Bases y
Garantías, Braulio Carrillo se declaró Jefe de Estado vitalicio, sin embargo, “en 1841, hubo
elecciones para elegir al Segundo Jefe, a los miembros de las Cámaras Consultiva y Judicial,
Jefes Políticos y Consejero” (Obregón Q., 2000, p. 102).
Cabe agregar que estas elecciones fueron calificadas por la Cámara Consultiva.
Luego del paso de Francisco Morazán por el poder, la Constitución de 1844, estableció
el voto directo y al igual que las anteriores, la Cámara de Representantes se encargaba de la
“calificación final” de los votos. Dicha constitución fue de corta duración, funcionó hasta el 7
de junio de 1846.
La Constitución de 1847 establece el sufragio en dos grados, celebrándose de nuevo
juntas populares (primer grado) y colegios electorales (segundo grado), en los que votaban los
electores que elegirían a los diputados, al Presidente y Vicepresidente del Estado. José María
Castro fue el ganador en las siguientes elecciones (11 de abril de 1847). Según la Constitución
de 1847:
Art. 28. Los registros de las votaciones para Presidente y Vice-Presidente se
remitirán al Congreso, y los de las votaciones para Representantes á la autoridad
que designe la ley.
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
Para 1848 se emite la Ley Reglamentaria de Elecciones para las Supremas Autoridades,
que fue adicionada a la Ley Electoral por decreto N.6 de 25 de junio de 1849. Dicha ley
establece que:
Art. 1° El primer Domingo de enero de cada seis años en que debe haber
elecciones parroquiales para el nombramiento de Electores de Cantón, se formará
en cada distrito una Junta calificadora, compuesta del Presidente Municipal y de
dos escrutadores designados por la Municipalidad.
En el Capítulo Tercero, “De las elecciones parroquiales”, dice:
Art. 14. El objeto de las elecciones parroquiales es hacer el nombramiento del
Elector ó Electores de Cantón á que corresponde el distrito parroquial.
Art. 15. Para ser Elector se requiere:
1° Ser costarricense en ejercicio de los derechos de ciudadano.
2. Haber cumplido veinticinco años.
3. Saber leer y escribir; y
4. Poseer una propiedad de bienes raíces que no baje de mil pesos.
Lo que seguía a estas elecciones parroquiales, eran las Elecciones de Cantón, presididas
por el Jefe Político, cuyo fin fue, según el artículo 38, hacer las elecciones de Presidente y
Vicepresidente y de Representantes.
Eran autoridades escogidas por el Poder Ejecutivo, las encargadas de velar por el
proceso electoral, lo cual no será variado hasta casi un siglo después, amén de que el grupo de
electores se vio reducido por las exigencias de los requisitos con que debían cumplir.
Con Juan Rafael Mora Porras en la presidencia,
“y con el fortalecimiento y la centralización que experimentó el ejército en la
década de 1850, se consolidó una tendencia a debilitar las prácticas electorales
como vía de acceso al Poder Ejecutivo” (Molina, 2001, p. 13).
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Carolina Mora Chinchilla
Luego del golpe de Estado a Juanito Mora y con la Constitución de 1859 se cambió
el período presidencial a tres años. José María Montealegre en 1860 llegó a la presidencia
constitucional, dentro de los marcos electorales vigentes, es decir, lo estipulado en 1848-1849.
En 1862 se emitió Ley Electoral (Ley N. 25 de 5 de noviembre de 1862 y su adicional N.2 del 20
de febrero de 1863) y en ella se refundió la Ley Reglamentaria de Elecciones (1848), comentada
anteriormente, con el fin de prepararse para las siguientes elecciones, en las que ganó Jesús
Jiménez. Con ella se rebajó a quinientos pesos el monto de la renta anual que debía poseer cada
elector. Bajo esta reglamentación se hicieron las elecciones de 1863.
En 1866, bajo esta misma ley, quedó “popularmente” electo José María Castro Madriz, a
quien sustituyó, por golpe de Estado Jesús Jiménez, del 1 de noviembre de 1868 al 8 de mayo
de 1869, como Presidente Provisorio. Como Presidente Constitucional, gobernó del 8 de mayo
de 1869 al 27 de abril de 1870, cuando se le dio un golpe de Estado. En ese momento, el poder
quedó en manos de Bruno Carranza, quien no pudo gobernar, dada la fuerza del General Tomás
Guardia. No obstante, durante la corta estancia de Carranza en el gobierno, se emitió una nueva
Ley Electoral, el 20 de junio de 1870, la cual rigió los eventos electorales costarricenses hasta
1889:
“Los requisitos para ser elector aumentaron, pues la edad pasó de 21 a 25 años
y se exigió ser propietario de bienes inmuebles que globalmente tuvieran un
valor mínimo de 1000 pesos, o tener ingresos anuales de 500 pesos. También se
prohibió a oficiales, funcionarios judiciales y sacerdotes ejercer como electores.
Los requisitos para ciudadano continuaron iguales, salvo el de la edad, que pasó
de 20 a 21 años” (Vargas, 2005, p. 33).
Bajo esta regulación, se eligieron los diputados de la Asamblea Constituyente de 1871
que emitió la Constitución de 1871. Con ella el país llegó hasta 1949, siendo la de mayor
vigencia temporal en el país. Empezó a regir hasta el 8 de mayo de 1872 y fue suspendida en
varias ocasiones.
Con la emisión de la Constitución de 1871,
“igual a la Cartas de 1848, 1859 y 1869 quedó en manos del Congreso,
como una de sus atribuciones (art. 73 sección 2º) abrir las actas electorales y
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
la clasificación y escrutinio de los sufragios para Presidente de la República”
(Obregón Q., 200,181).
Entre 1870 y 1882 Tomás Guardia gobernó de forma autoritaria y su legado militar
perduró en el país, por varios gobiernos, hasta inicios del siglo XX. Su obra fue abundante,
pero debemos resaltar de su gobierno, la creación del Registro Civil en 1881. Así, el Estado
y no la Iglesia, asume la inscripción de nacimientos, muertes y defunciones de la población
costarricense. Por Ley LI, Salvador Lara, en ese momento en el ejercicio del poder, dejó
establecida esta institución.
En mayo de 1882, poco antes de su muerte, Guardia por el Decreto X convocó a
elecciones para Presidente y Diputados al congreso:
Art. 2° Estas se verificarán conforme á la ley de 20 de junio de 1870 y ademas
leyes sobre la materia que esta deja vijentes en cuanto no se opongan á lo
prescrito en el Título 6° de la Constitucion y de la presente ley” (Se respeta la
ortografía de la época) (Colección Leyes y Decretos, 1882, P.60).
El general Próspero Fernández, asumió la presidencia constitucional, hasta 1885, año
en que murió. Su primer designado, Bernardo Soto, terminó el período en 1886. A Soto le
correspondió convocar a elecciones en 1885. Se debían sustituir el Presidente y los diputados
que terminaban sus funciones (la mitad), para ello puso en vigencia la Ley Electoral de 1870,
con algunas modificaciones, por ejemplo aumentó el número de electores y redujo de seis a tres
los días de votación . Soto gobernó entre 1886-1890.
Para el proceso electoral de 1889, se enfrentaron por primera vez en Costa Rica, dos
partidos políticos, el Partido Constitucional Demócrata, cuyo candidato fue José Joaquín
Rodríguez, candidato de oposición al gobierno y el Partido Liberal, con Ascensión Esquivel de
candidato del oficialismo.
Vale la pena resaltar el hecho, de que esta elección cierra una etapa de la vida política
costarricense iniciada en 1870. En ese momento, por medio del sufragio, el grupo opositor
accede al poder.
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Carolina Mora Chinchilla
“Pero más relevante fue la presencia popular en los eventos, la identificación
de un actor que abandonaba ahora el anonimato. Esta situación fue el resultado
de un proceso de varias décadas, no el producto de la espontaneidad” (Vargas,
2005, p. 54.).
En 1889, poco antes de esta famosa elección, Ascensión Esquivel segundo designado
(vicepresidente) de Bernardo Soto en su función como presidente, emitió una ley electoral
(Decreto LXVI de 29 de julio 1889) que se reformó en 1893, por parte del Presidente Rodríguez.
A finales del siglo XIX, con base en la legislación electoral de 1893, el Poder Ejecutivo
nombra las juntas electorales de provincia y los miembros prestaban juramento ante el
Gobernador (art.19, Capítulo II). Las juntas electorales de provincia “a su vez nombraban a las
juntas cantonales, y estas últimas a las de distrito. De esta forma, existía un control verticalizado
de la organización de las elecciones” (Molina, 1997, p. 2).
La Ley de 1893, establecía además, que los Jefes Políticos locales (nombrados por el
Ejecutivo), hacían la listas de votantes y que los distritos electorales eran definidos por el Poder
Ejecutivo. Según el decreto LXVI en el Capítulo I “Art. 8- Cada distrito electoral deberá elegir el
número de electores que le corresponda, a razón de tres propietarios y un suplente por cada mil
habitantes” (Colección de Leyes y Decretos, 1893, p. 236).
El Ejecutivo tuvo atribuciones para establecer distritos electorales en pueblos más
pequeños y siempre con derecho a tres electores. Estudios demuestran que estas facilidades
se utilizaron para manipular elecciones a favor del candidato oficial; y que en caso extremo el
Poder Ejecutivo tenía potestad de suspender las garantías individuales durante las elecciones.
Como las elecciones eran en dos grados,
“las Asambleas Provinciales, en las cuales los electores de segundo grado
escogían al Presidente de la República y a los diputados, estaban presididas por
el Gobernador de la provincia, un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo”
(Molina, 1997, p. 2).
La etapa de gobiernos de carácter autoritario luego de los eventos de 1889, llegó a
su fin en 1902 con la elección de Ascensión Esquivel. En estos años gobernaron José Joaquín
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
Rodríguez (1890-1894) y Rafael Iglesias (1894-1898-1898-1902). Ambos se aprovecharon
del poder que les dio la Constitución de 1871 y ejercieron el poder de manera centralista y
autoritaria. Abusaron de la atribución de suspender el orden constitucional, en especial en
época de elecciones o en aquellos momentos en que la oposición fue un obstáculo para sus
intereses políticos.
El período 1890-1902, sobresalió por la constante manipulación de las elecciones.
Luego de los hechos del 7 de noviembre de 1889, cuando se respetaron las elecciones en que
ganó el Partido Constitucional, liderado por José Joaquín Rodríguez, opositor al gobierno de
Bernardo Soto, se olvidó el respeto a las urnas y a la libertad de elección.
Rodríguez y su Secretario de Estado Rafael Iglesias candidato oficial, en 1893, le
arrebataron el triunfo al Partido Unión Católica, virtual vencedor de esas justas. Para evitar en
el futuro un renacimiento de este partido, se emitió el decreto N.54 del 19 de julio de 1895:
“Artículo 36.—Ninguno puede ser inquietado ni perseguido por acto alguno en
que no infrinja la ley, ni por la manifestación de sus opiniones políticas
No se podrá, sin embargo, hacer en ninguna forma propaganda política por
clérigos ó seglares invocando motivos de religión ó valiéndose, como medio,
de las creencias religiosas del pueblo. (Colección de Leyes y Decretos, 1895, p.
253).
Iglesias fue electo Presidente para los años 1894-1898 y abusando de su poder, logró
reelegirse para el siguiente período, 1898-1902, al modificar el artículo 97 de la Constitución
por el Decreto N. 4 (Colección de Leyes y Decretos, 1897, p. 62).
II.
El siglo XX: cambios importantes en la legislación electoral
Con la designación de Ascensión Esquivel por Rafael Iglesias, como candidato de
transacción (1902), se sacó del juego político a los militares y se establecieron las elecciones,
como el procedimiento institucional más importante para dirimir las disputas sobre la sucesión
presidencial. Su elección se llevó a cabo bajo la Ley Electoral de 1893.
Ascensión Esquivel había estado alejado de la política desde su derrota en 1889. Con
su gestión se inauguró una etapa política de carácter civilista y liberal. Con Esquivel y sus
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Carolina Mora Chinchilla
sucesores, Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Oreamuno, se vivieron “doce años de
predominio legalista” (Rodríguez, 1980, p. 124). La legislación electoral en estos años, se vio
enriquecida con varios proyectos importantes, tanto de González Víquez como de Jiménez
Oreamuno.
Varias reformas electorales fueron impulsadas por Cleto Gonzáles V., entre 1908 y
1909. Vale la pena resaltar algunos aspectos: se eliminó la posibilidad de establecer distritos
electorales de menos de mil habitantes, se dispuso que las elecciones de primer grado no se
podrían celebrar si las garantías individuales estaban suspendidas. Según el Art, LV del Decreto
N. 28 de 1908, que reformó la de 1893:
“Cada partido tiene derecho de nombrar entre sus electores un fiscal que
acompañará al Presidente en todas sus funciones y cuidará de la buena aplicación
de esta ley en el acto electoral.” (Colección de Leyes y Decretos, 1908, p. 273)
Además, se le confirió inmunidad a los electores de segundo grado, aún si las garantías
constitucionales estuvieran suspendidas. En cuanto a lo miembros de las juntas electorales, éstos
no podían ejercer cargos públicos mientras fuesen miembros de las juntas y se estableció que las
asambleas cantonales estuvieran presididas por el presidente municipal correspondiente; y que
los presidentes de las asambleas electorales de provincia fueran escogidos por la Corte. (Molina,
1997, p. 3)
Estas reformas se complementaron con una ampliación de las causas de nulidad y un
endurecimiento de las sanciones penales por delitos electorales. Además se fortalecieron los
aspectos de carácter formal y técnico de los procesos electorales, en lo que respecta a las
papeletas (debían registrar la lista de candidatos de antemano) y se encargó a la Oficina de
Estadística y Censos, de realizar los cálculos de población necesarios para la división electoral
de Costa Rica.
Cabe anotar aquí que en esta reforma se incluyeron varios artículos que regulaban la
campaña política, la función de los clubes partidarios y las manifestaciones políticas públicas.
Estos cambios no impidieron el fraude en las urnas, especialmente en las elecciones de
segundo grado, a pesar de lo que la reforma de 1909 apuntaba:
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
Artículo 117.—Todo fraude en las votaciones, cometido ó consentido por
las corporaciones ó funcionarios electorales ó por particulares, que no esté
expresamente determinado por esta ley, hará incurrir á los responsables en la
pena inconmutable y sin atenuación de dos años de presidio en San Lucas, á
los funcionarios; y de una año de presidio en el mismo lugar, á los particulares
(Colección de Leyes y Decretos, 1909, p. 288).
Con el sucesivo desarrollo educativo, periodístico y político del país, fueron comunes las
denuncias correspondientes, tanto de partidos políticos, como de ciudadanos independientes.
Para finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, Costa Rica experimentó,
además de una consolidación constitucional (Constitución de 1871), una consolidación del
liberalismo político en su desarrollo, tanto social como económico y político. La democracia
por lo tanto, fue el ideal por alcanzar, como modelo político. A pesar de esto, no se logró más
que ir avanzando en la depuración de los mecanismos electorales, formales y legales para
alcanzarla, al menos, en su modalidad electoral.
Bases institucionales más firmes, como por ejemplo una nueva codificación (1888) y
mayor independencia del sistema judicial, separación entre la Iglesia y el Estado (década 1880),
gobiernos en manos de civiles y no militares ( a partir de 1902, con excepción de Tinoco), mayor
complejidad y competencia política, más partidos políticos, más reglas para el juego político,
elecciones como mecanismo para acceder al poder, permiten observar un claro avance no sólo
en el Estado de derecho, sino en la consolidación de ciertas instituciones, que han sido esencia
misma de la historia nacional.
III. Reformas electorales de 1913 y 1925-1927
El proceso modernizador que se mencionó anteriormente, aunado a un interés personal
en el tema, dan pie a las dos grandes reformas electorales de Ricardo Jiménez, una en 1913 y
otra en 1925. Por Decreto N.79 de 1913 se emitió una nueva Ley de Elecciones que propuso el
voto directo, eliminando el sistema en grados:
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Carolina Mora Chinchilla
Artículo 4°.
El sufragio se ejerce en votación directa y pública y se practica en juntas populares
para elegir Presidente de la República, diputados al Congreso Constitucional y
regidores y síndicos municipales (Colección de Leyes y Decretos, 1913, p.285).
Con el voto directo, aunque no secreto (hasta 1925), al menos los votantes podían elegir
quien los gobernaría, sin que mediaran los electores de segundo grado. Se pensó con esto
eliminar en buena medida el fraude y la manipulación del voto. Además, se estableció que el
Presidente no podía reelegirse en el período siguiente y que se accedía al poder por mayoría
absoluta.
Sin embargo,
“en el contexto de un sistema presidencialista como el nuestro, las leyes dieron
al Poder Ejecutivo y, particularmente, al Presidente de la República, el control
casi exclusivo de todo el proceso electoral. Existía una cadena que partía del
Presidente, seguía por el Secretario de Gobernación y Policía, pasaba por los
gobernadores y jefes políticos y llegaba hasta los integrantes de las asambleas
y juntas electorales, generalmente constituidas por las mismas autoridades”.
(Salazar, 1995, p. 21).
En las elecciones de 1913 se aplicó la nueva ley, pero, como ningún candidato obtuvo la
mayoría absoluta, le tocó al Congreso definir quién ejercería la presidencia de la República. Por
esta razón, rotas las alianzas entre los candidatos, previas a la elección, se pactó en el Congreso
la llegada a la Presidencia de la República de Alfredo González Flores.
El gobierno de González Flores como es bien conocido, terminó abruptamente, tras
el golpe de estado dado por su colaborador, Federico Tinoco. Tinoco gobernó por dos años
aproximadamente y muy pronto se vio acorralado por la falta de apoyo popular, constantes
protestas, la crisis económica y el no reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados
Unidos. Ante todo esto, y luego del asesinato de su hermano Joaquín Tinoco, presentó su renuncia
ante el Congreso. El Congreso presionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
que amenazó con un desembarco de marinos en las costas costarricenses, delegó la Presidencia
de la República (provisional) en Francisco Aguilar Barquero.
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
Las siguientes dos elecciones para Presidente, una en setiembre de 1919, en la que
quedó Julio Acosta, y otra en 1923, con la que retornara al poder Ricardo Jiménez, se llevaron
a cabo bajo la legislación electoral vigente desde 1913, ya que una interesante reforma a la Ley
de Elecciones de 1918, había sido derogada por Francisco Aguilar B.
Para 1925, Ricardo Jiménez insiste en una reforma electoral, más profunda que la de
1913. Al ser aprobada, por decreto N. 75, se estableció el voto secreto:
Artículo 4°
El sufragio se ejerce en votación directa y por medio de voto secreto y se
practica en Juntas Populares para elegir Presidente de la República, Diputados
al Congreso Constitucional y Regidores y Síndicos municipales (Colección de
Leyes y Decretos, 1925, p. 132)
Se incluyó también, que todos los partidos políticos tendrían su representación en las
juntas electorales y el establecimiento de un Registro Cívico, aparece en el Capítulo II sobre
Calificación de ciudadanía, Registro Cívico y listas de sufragantes:
Artículo 18
La ciudadanía costarricense y aptitud para ejercer el derecho de sufragio se
prueban por el Registro Cívico General de la República creado con ese fin. El
Poder Ejecutivo procederá sin demora a establecer dicha oficina y a reglamentarla,
sobre las bases que fija la presente ley.
El Registro Cívico se llevará por un Registro General establecido en la capital
de la República y por Registros Auxiliares a cargo de los Gobernadores en los
cantones centrales y de los Jefes Políticos en los demás cantones (Colección de
Leyes y Decretos, 1925, p 139).
Esta ley innovó con la creación Consejo Nacional Electoral (Título I, Capítulo I De las
Juntas Electorales)
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Artículo 7°
Para el mejor servicio electoral habrá un Consejo Nacional, compuesto de tres
miembros propietarios y seis suplentes de nombramiento privativo del señor
Presidente de la República, nombramiento que deberá hacerse por lo menos
tres días antes de la fecha que esta ley señala para la instalación de tal Consejo
(Colección de Leyes y Decretos, 1925, p. 132).
Las Juntas Electorales, serían igual que con la ley anterior, nombradas por el Presidente,
éstas nombraban a la Juntas Cantonales (Art. 9) que a su vez nombraban a las Juntas de Distrito.
El Poder Ejecutivo seguía siendo, finalmente arte y parte en el proceso electoral y el Congreso
daba la declaratoria definitiva de los resultados.
Aprobada esta nueva legislación electoral y debido a que Ricardo Jiménez no había
quedado totalmente satisfecho con ella, envía al Congreso un nuevo proyecto en 1927. Desde
mayo 1926 el Congreso había modificado la Constitución de 1871 y la Ley Electoral de 1925,
al disponer por el Decreto N.12 de 1926, que si ningún candidato había obtenido la mayoría
absoluta, se realizarían de nuevo elecciones populares (segunda vuelta), con los dos aspirantes
con mayor número de sufragios (Colección de Leyes y Decretos, 1926, p. 360).
Lo anterior se sumó a otros cambios en la Ley de Elecciones de 1927, que presenta
importantes disposiciones:
- la Secretaría de Gobernación suministraría a partir de ese momento las papeletas
a los ciudadanos, no los partidos como se venía haciendo,
- las juntas receptoras de votos no podían incluir o excluir a ningún votante,
- nadie podía sufragar si no estaba inscrito en el Registro Cívico,
- el Registro Cívico debía imprimir el número de cédulas necesario para cada
provincia.
la cédula:
En el Capítulo III, sobre Calificación de la Ciudadanía, se establecieron los requisitos de
Artículo 33.—Las cédulas electorales contendrán:
1°.—Nombre del distrito, cantón y provincia del domicilio del sufragante;
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
2°.—Fotografía del mismo;
3°.—Nombre y apellidos según la inscripción del Registro Cívico;
4°.—Nombre como es conocido comúnmente en la sociedad;
5°.—Firma usual, si sabe (la cual se recogerá en el momento de la entrega);
6°.—Firma, en facsímile, del Jefe del Registro y sello de la oficina.
Transitorio.—El requisito de la fotografía del sufragante no será exigido en las
cédulas electorales que servirán para las elecciones que han de verificarse en el
mes de febrero de 1928.
(Colección de Leyes y Decretos, 1927, p. 172).
Además no podían votar los ciudadanos que estuvieran en estado de quiebra o
insolvencia (Cap. I, art.3, 5, Leyes y decretos, 1927, P.165) Si bien entonces, se modernizó el
sistema electoral, quedaron varios temas sin normarse, el control del sufragio seguía en manos
del Poder Ejecutivo, no se exigió el uso de foto en cédula y el voto femenino dejó de discutirse
por razones de estrategia política.
Hubo que esperar más de veinte años para que estos faltantes pudieran ser subsanados.
Mientras tanto, se trabajaba en otros detalles, que no dejan de ser claves en el accionar políticoelectoral
nacional. Tal es el caso del cambio en el “ballotage”. En 1936 se pasó de la exigencia
de una mayoría absoluta (50%), para definir al candidato vencedor a la Presidencia de la
República, a un cuarenta por ciento de los sufragios. Si ninguno de los candidatos llegaba a este
cuarenta por ciento, se hacía una nueva elección, entre los tres candidatos con mayor cantidad
de votos. Esta fórmula se mantuvo luego, con una variante:
“En la constituyente de 1949 prevalece una fórmula transacional, según la cual
el umbral de legitimidad se fija en el cuarenta por ciento, pero de los sufragios
válidamente emitidos” (Román, 2005, p.58).
La reforma a la Ley de Elecciones de 1936 incorporó también otros elementos, como la
obligatoriedad del voto y sanciones a quien no cumpliera con este deber cívico. En 1939 se hizo
otro ajuste a la ley electoral de 1936, se amplió el número de horas hábiles para el día de las
votaciones. Con esta legislación electoral es que Costa Rica alcanza la crítica década de 1940.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 83

Carolina Mora Chinchilla
IV. Década de 1940 y el Código Electoral de 1946
Ninguna reforma logró detener el fraude electoral. Es célebre por ejemplo, el de 1938
(elecciones de medio período para elegir la mitad de diputados al Congreso). Se denunció
al gobierno de León Cortés, que dio claras muestras de haber entrado en el juego sucio, al
desconocer la elección del diputado del partido Comunista Carlos Luis Sáenz. Cabe agregar que
la violencia de parte del gobierno contra los opositores fue lo natural en esos años.
En las elecciones de 1940 Calderón Guardia llegó al poder por un aplastante 85% de
los votos. Cambios sociales importantes se dieron en esa época y las diferencias ideológicas
convulsionaron la sociedad costarricense. El Partido Comunista, fundado en 1931, se presentó
en 1943 con el nombre de Vanguardia Popular y se alió al gobierno calderonista en sus reformas.
Luego se unió al Partido Republicano Nacional en 1944, bajo el nombre, Bloque de la Victoria,
que llevó al poder a Teodoro Picado.
En 1946 se propuso por primera vez un Código Electoral que contempló la creación de
un Tribunal Electoral independiente del Poder Ejecutivo. Este tendría a su cargo la organización
de las elecciones y el cómputo de los votos.
Como era de esperar el Código Electoral de 1946 tuvo una discusión de alto voltaje,
tanto en la Asamblea Legislativa, como en la prensa y dentro del gobierno mismo. Reflejo
mismo de la tensión política que vivía el país desde la llegada al poder de Calderón Guardia. El
Secretario de Gobernación Soto Harrison, llegó al extremo de renunciar a su cargo, al negarse
Teodoro Picado a presionar a sus diputados a favor de aligerar la aprobación del mismo. Dicha
aprobación se logró en enero de 1946.
El Código logró en parte alejar al Poder Ejecutivo de la organización de los procesos
electorales, sentando un precedente valioso en este tema. Pero todo comenzó por una profunda
reforma al Registro Cívico, propuesta por el Secretario de Gobernación Fernando Soto Harrison,
en 1945.
La Ley Orgánica del Registro Cívico planteaba aspectos novedosos como los que se
señalan a continuación:
1- Un Registro Cívico con autonomía funcional.
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
2- Depuración constante y permanente de las listas de votantes.
3- Obligación del Registro Civil de notificar al Registro Cívico, las defunciones
de todo varón de más de 18 años.
4- Un Director del Registro Cívico de nombramiento de la Corte Suprema de
Justicia.
5- Remisión de las papeletas y estampillas de votación a las Juntas por medio del
Registro Cívico (en número igual al de los sufragantes en cada mesa), que estén
marcadas con sello y facsímil de la firma del registrador.
6- Se prohibió votar fuera del domicilio electoral que aparecía en el Registro
(Datos tomados de Soto, 1995, p. 201-203).
Este importante cambio entonces, fue complementado con el Código Electoral, que tuvo
como pivote la creación de un tribunal integrado por tres magistrados, nombrados por cada uno
de los tres poderes.
Con estas dos armas se enfrentó la elección de medio período (1946) y se dice, que
efectivamente, se logró controlar el fraude, varias provincias fueron ganadas por la oposición y
donde se denunció fraude, se repitió la votación.
La reforma se completó posteriormente, en diciembre de 1946 al variarse una serie de
artículos del Código, referentes al Registro Electoral y al adicionarse un “Título Noveno” sobre la
cédula de identidad. Este documento sería otorgado exclusivamente por el Registro Electoral (ya
había dejado de llamarse Registro Cívico), contaría con foto, huella digital y firma, entre otros
datos y sería a partir de ese momento, obligatorio portarla para todos los ciudadanos. (Colección
de Leyes y Decretos, 1946, p.396 y siguientes)
Los dos años que siguieron a esta profunda reforma fueron de gran agitación política.
Una oposición cada vez más violenta, a un gobierno más violento aun, hacen de las huelgas,
persecuciones, la cárcel, las golpizas, las amenazas, los despidos, etc. el pan de cada día.
Alianzas políticas difíciles de mantener, a nivel nacional, después de que terminara la luna de miel
entre los aliados y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nuevos sectores demandando
espacios políticos reales. Nuevos grupos de profesionales jóvenes graduados de una universidad
recién abierta en 1940, propugnando por la pureza en el sufragio y denunciando corrupción
gubernamental, agotamiento de un sistema electoral basado en el fraude, etc.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 85

Carolina Mora Chinchilla
En medio de este ambiente caótico se llevaron a cabo la elecciones de 1948, previo a
un acuerdo de garantías electorales, entre el gobierno de Teodoro Picado y el líder del partido
opositor Otilio Ulate. En dicho acuerdo, entre otras cosas, el gobierno se comprometió a aceptar
los resultados de la elección, dados por el Tribunal Nacional Electoral. Además, se entregaría
el control de las fuerzas públicas al ciudadano electo, veinticuatro horas después de dada
la declaratoria del tribunal. Además se le otorgó al Tribunal Nacional Electoral, vigilancia y
autoridad sobre los miembros de la policía nacional en cuanto a las actividades relacionadas
con el proceso de elecciones.
Finalmente el Tribunal Nacional Electoral emitió su declaratoria, dos de los tres magistrados
declararon el gane de Ulate, el tercero salvó su voto. El Congreso debía dar la declaratoria oficial
y en medio de grandes debates, sobre las irregularidades del Registro Electoral, los diputados
calderonistas y comunistas, anularon las elecciones de 1948 y declararon presidente a Calderón
Guardia. Esto en última instancia, llevó a una guerra civil. José Figueres se alzo en armas y
rápidamente derrotó a los calderonistas y sus aliados.
El fin de la guerra puso fin también a la Constitución de 1871. Durante los siguientes 18
meses, a partir del 8 de mayo de 1948, José Figueres, estuvo al frente de la Junta Fundadora de la
Segunda República, que gobernó por decreto y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente
(Decreto 151 de 3 de setiembre de 1948):
1°–Se convoca a los ciudadanos a elecciones para Diputados a la Asamblea
Nacional Constituyente, que deberá instalarse en esta capital a las 14 horas del
día 15 de enero de 1949.
2°–El número de Diputados a elegir es de 45 propietarios y 15 suplentes.
(Colección de Leyes y Decretos, 1948, P. 122).
Durante el proceso de discusión se presentó el asunto de la elección de los diputados y
los Vicepresidentes del período de Ulate (1949-1953), que se acordó, fueran de elección popular.
Después varias reformas, dicha elección, al igual que la de los diputados constituyentes, se hizo
bajo el Código Electoral de 1946 reformado, el día 8 de octubre de 1949.
El 7 de noviembre de 1949 se emitió la nueva Constitución Política y al mes siguiente se
abolió el ejército; otro paso fundamental en el desarrollo civilista costarricense.
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
Desde el 14 de setiembre de 1948, el Tribunal Nacional Electoral cambió su nombre,
por el decreto 171 de la Junta Fundadora de la Segunda República:
1°–Que la honorable Comisión Redactora del proyecto de la Constitución
Política de la Segunda República contempla el cambio de Tribunal Nacional
Electoral por el de Tribunal Superior de Elecciones;
2°–Que es mejor la palabra Supremo en vez de Superior, porque, aunque ambas
significan: “lo que está más alto”, es preferible, por tratarse de un Tribunal que
disfrutará de todas las ventajas de un Poder del Estado, que se le denomine
Supremo. El propio diccionario de la Lengua Castellana, dice: “Tribunal
Supremo es aquel cuya jurisdicción se extiende a todas las provincias..., y de
cuyas sentencias no hay apelación a otro” (Colección de Leyes y Decretos, 1948,
p. 177 y siguientes)
La Constitución de 1949 en el capítulo I, “Los ciudadanos”, define la ciudadanía como:
“el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los costarricenses
de uno y otro sexo mayores de veinte años” (art.90)”
En el Capítulo II “El sufragio”, establece que:
Artículo 93. --- El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce
ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos
inscritos en el Registro Civil. (Así reformado por Ley No.2345 de 20 de mayo
de 1959) (Colección de Leyes y Decretos, 1959, p.632-634)
Se señala en la Constitución que el Estado de oficio debe inscribir a los ciudadanos en el
Registro Civil y que tiene la obligación de proveerlos de una cédula de identidad para ejercer el
sufragio. Esta innovación ha dado enormes frutos a vida política costarricense porque determinó
que sería el Registro Civil el encargado de crear los padrones electorales. La confiabilidad que
esto ha traído es enorme, porque el mismo órgano encargado de inscribir los nacimientos y
otorgar las certificaciones de defunción, maneja el registro electoral, logrando con esto, la
constante actualización y depuración del padrón electoral.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 87

Carolina Mora Chinchilla
El Registro Civil, pasó a ser, de acuerdo con la Constitución de 1949, una dependencia
del recién creado Tribunal Supremo de Elecciones. Así bajo el título de Registro Civil se refundió,
el Registro del Estado Civil y el Registro Electoral.
V. El Tribunal Supremo de Elecciones a partir de 1949:
su institucionalidad
La creación de un Tribunal Supremo de Elecciones ha sido celebrada por consenso
general, como uno de los aportes más valiosos de la Constitución de 1949. A diferencia
del Tribunal Nacional Electoral de 1946, compuesto por representantes de los tres poderes,
el Tribunal Supremo de Elecciones deberá estar integrado por tres magistrados propietarios y
seis suplentes escogidos por la Corte Suprema de Justicia (a partir de 1999, se escogen los
magistrados por concurso).
Al Tribunal Supremo de Elecciones, la Junta Fundadora de la Segunda República en el
decreto 721, le estableció las siguientes funciones, según las reformas al Código Electoral de
1946:
Artículo 10.–El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá las siguientes atribuciones:
1ª–Hacer la convocatoria para las elecciones populares:
2ª–Declarar integradas las Juntas Provinciales con los delegados que designaren
los partidos políticos inscritos y remover a aquéllos de sus cargos por causa justa
a juicio del Tribunal;
3ª–Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales
y legales referentes a la materia electoral. Tales interpretaciones o aclaraciones
se harán a solicitud de los personeros de cualquier partido político inscrito, y de
la resolución que se produzca, el Tribunal enviará copia literal telegráfica dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, a cada uno de los partidos inscritos.
Si dentro de ese término publica la copia literal, puede omitir su envío a los
partidos;
4ª–Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro
Electoral y las Juntas Electorales.
…
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
7ª–Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios recibidos por las Juntas
Electorales en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República,
Diputados a las Asamblea Legislativa, Representantes a la Asamblea Constituyente
y Miembros de las Municipalidades;
8ª–Pronunciar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación,
la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la
República, y dentro del plazo que la ley determine la de los demás funcionarios
citados en el inciso anterior… (Colección de Leyes y Decretos, 1949, Pp 329-
333).
Esto fue parte del texto del Proyecto de Constitución, que la Junta Fundadora de la
Segunda República presentó ante la Asamblea Constituyente. Dicho proyecto se rechazó por
la Asamblea, que tomó de base de discusión la Constitución de 1871. Sin embargo, en lo que
respecta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Asamblea Constituyente tomó lo correspondiente
a este Tribunal y lo agregó a la Constitución, bajo el Título VII, capítulo III de la nueva carta.
Se estableció además, que la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos
al sufragio, le corresponden “exclusivamente” al Tribunal, al que se dio rango constitucional e
independencia en el desempeño de sus funciones. Como se dijo anteriormente, de este organismo
dependen las otras instancias electorales, el Registro Civil y las Juntas Electorales.
“El Registro Civil, que está a cargo de una Dirección General, se encuentra
dividido en dos departamentos: el Civil y el Electoral; órganos a través de los
cuales este registro ejerce sus atribuciones constitucionales, previstas en el
numeral 104. Al Civil le corresponde, además de sus tareas de registrador civil,
resolver las solicitudes de naturalización; al Electoral, la emisión de las cédulas
de identidad y la elaboración de las listas de electores. Por mandato legal, la
Dirección General del Registro Civil ha asumido hasta hoy la inscripción de
los partidos políticos y sus candidatos; sin embargo, con la reciente aprobación
del nuevo Código Electoral, esa atribución se traslada a un nuevo órgano que
éste crea: el Registro Electoral, que en lo sucesivo también será el encargado
de coordinar y dirigir la estructura temporal de programas electorales que se
activa de cara a los distintos procesos electorales, así como de todo lo relativo
al control del financiamiento de los partidos políticos (art. 28)” (Sobrado, 2009,
P. 7).
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 89

Carolina Mora Chinchilla
Tales atribuciones permitieron que, sin mayores sobresaltos, las elecciones nacionales se
llevaran a cabo cada cuatro años y los cambios de gobierno se sucedieran sin ninguna alteración,
desde el momento en que empezó a funcionar. Lo más importante es tal vez, el hecho de que
rápidamente la ciudadanía encontró en el Tribunal, una institución de alta confiabilidad. El gran
temor del fraude electoral, que en última instancia, llevó a una guerra civil en 1948, fue superado
por la gran confianza que se le depositó a esta institución. Demás está decir que para beneficio
nacional, la institucionalidad que creó el Tribunal Supremo de Elecciones, ha permitido, durante
sesenta años consecutivos, procesos electorales, que no alteran la ya tradicional democracia
nacional.
Con las disposiciones de los Constituyentes, se logró finalmente, la desaparición del
fraude electoral, lo mismo que la interferencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo en los
procesos, muestra de ello es este artículo constitucional:
Artículo 97.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos
a materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal
Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las
dos terceras partes del total de sus miembros.
Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de
una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir
en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal
Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo (Constitución
1949).
Con respecto al nacimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy todavía se discute
entre académicos (Iván Molina y Manuel Formoso) el tema de si se creó en 1946 o en el año
1949, lo cierto es que los diputados constituyentes estructuraron un modelo muy diferente de
lo que se tenía en 1946:
“Ahora bien, el reconocimiento constitucional del “rango e independencia de los
Poderes del Estado” y los requisitos y la forma de designación de los magistrados
electorales, garantizan la independencia del TSE, la libertad de criterio de sus
miembros y, en general, la autonomía de la función electoral. En efecto, en su
nombramiento no tienen injerencia alguna los partidos políticos ni la Asamblea
Legislativa; la desvinculación partidaria de los magistrados, una vez designados,
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
se asegura imponiéndoles una prohibición absoluta de participación política
durante el período de su nombramiento (art. 88 del Código Electoral). Además,
la forma escalonada en el tiempo con que se hacen sus designaciones, evita
eficazmente el riesgo de una defenestración colectiva del organismo electoral
y minimiza el de indebidas interferencias del Poder Judicial; mecanismo que,
adicionalmente, fomenta un adecuado balance entre la experiencia de los
magistrados de mayor trayectoria y los impulsos modernizadores que suelen
tener los más jóvenes” (Sobrado, 2007, 2).
La creación del Tribunal Supremo de Elecciones, no finalizó el proceso reformador. Tan
temprano como 1952, ya se vio un importante cambio, con la discusión y posterior emisión de
la Ley Orgánica del Registro Civil (14 de enero de 1953), que estipula entre otras cosas:
Artículo 1º.–El Registro Civil depende en forma exclusiva del Tribunal Supremo
de Elecciones y se compone de dos Departamentos; el del Estado Civil y el
Electoral, ambos bajo la autoridad de un Director General. Su asiento será la
capital de la República (Colección de Leyes y Decretos, 1953, P. 77-80).
En diciembre de 1952, aparece un nuevo Código Electoral, (Ley 1536 de la Asamblea
Legislativa) que como gran novedad introduce un capítulo sobre la deuda política. El Estado
contribuirá en parte, a partir de ese momento, al financiamiento de los gastos en que incurran
los partidos políticos.
Más tarde, en 1956 la Asamblea Legislativa, reformó el artículo 96 de la Constitución
y eliminó de una vez por todas la odiosa costumbre de trasladar a los empleados públicos,
el gasto de las campañas de los partidos de gobierno (costumbre que se heredó desde 1910).
Quedó establecido que los partidos que recibirían la contribución estatal, tendrían que obtener
al menos un diez por ciento de los sufragios válidos emitidos en todo el país y que demostraran
sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (Ley N.2936 de 18 de julio de 1956). Bajo esta
ley, el Estado se compromete a reembolsar “los gastos en que incurran los Partidos Políticos
para elegir los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.
En el Código de 1952 queda muy claro que es el Tribunal el que convoca a elecciones
y no el Congreso, y que le corresponde al mismo hacer la declaratoria definitiva de la elección
de Presidente y Vicepresidente, en los siguientes treinta días a la elección y la ley establece otro
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 91

Carolina Mora Chinchilla
período para los otros funcionarios. Así, por primera vez, el 21 de agosto de 1953, el Tribunal
Supremo de Elecciones, hizo la declaratoria oficial de Presidente de la República.
estableció que:
Por el Decreto 1427 de 1952, se reformó el artículo 240 del Código Electoral y se
“Artículo 240.–Todo costarricense de uno u otro sexo, mayor de veinte años
o emancipado, deberá adquirir y portar su cédula de identidad para ejercer
cualesquiera de las actividades enumeradas en el artículo 244 del presente
Código.
La confección y entrega de la cédula de identidad será atribución exclusiva del
Registro Civil, previo aporte de las pruebas y datos requeridos por este Código
para ese objeto.”
Artículo 2°–La obligación de portar la cédula de identidad será efectiva para las
mujeres a partir del 1° de julio de 1952. (Colección de Leyes y Decretos, 1952,
p. 92)
En dicho Código además, se establecieron fuertes penas para los magistrados y funcionarios
electorales que violen las normas establecidas y entorpezcan el proceso eleccionario.
Algunos cambios importantes a este Código Electoral y a la Ley Orgánica del Registro
Civil, se llevaron a cabo en los años siguientes. La cédula, los datos que debería contener,
obligatoriedad de portarla para aquellos mayores de 20 años (Decreto 2403, Colección de Leyes
y Decretos, 1959) también fueron objeto de revisión.
En 1959, con el fin de garantizar el proceso electoral y la efectividad del sufragio, por
constitución (N.177), fue establecido que el presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones no
puede ser modificado por el Ministerio de Hacienda en el momento de elaborar el presupuesto
anual del Estado.
El Tribunal por reforma constitucional sufrió una variante importante en 1961, por medio
de la Ley 2741 se le adicionó al artículo 100 de la Constitución Política, que un año antes
de las elecciones y seis meses después de realizadas, el Tribunal Supremo de Elecciones sería
integrado por los tres magistrados propietarios y dos suplentes nombrados por la Corte Suprema
de Justicia, para conformar un Tribunal de cinco miembros (Obregón Q. 2000, p. 372).
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
En la misma Ley 2741 se reformó el número de diputados que integrarían la Asamblea Legislativa
y se eliminaron los suplentes.
Nuevas reformas afectaron el actuar del Tribunal. En 1971 se reformó el artículo 90 de
la Constitución Política. La ciudadanía se le otorgó a todos los costarricenses a partir de los 18
años (Decreto 4859, Colección de Leyes y Decretos, 1971, p. 4625). En lo referente a la deuda
política quedó establecido que se entregaría previamente, a los partidos políticos (Ley 4794,
julio de 1971) (Colección de Leyes y Decretos, 1971, p.3277).
Luego, en 1997 (Ley 7675), se cambió la forma en que el Estado otorgaría su contribución,
se estableció que serían acreedores de tal derecho los partidos que obtuvieran un cuatro por
ciento de los sufragios válidos o que al menos eligieran un diputado. En esta ley se definió
que la contribución estatal sería del 0,19% del producto interno bruto del año trasanterior a
las elecciones, y que este dinero se destinaría al financiamiento de los partidos en el proceso
electoral y a los gastos en que incurrieran por capacitación y organización política.
Aunque desde un principio se le concibió constitucionalmente como un órgano
independiente, ello resultó reafirmado mediante reforma del año 1975 (Ley 5704) que, de
manera expresa, le atribuyó al Tribunal el “rango e independencia de los Poderes del Estado”
(art. 9 constitucional), con esto se sella todo un capítulo de reformas que desde la aparición de
este órgano electoral, tendieron a agilizar y perfeccionar sus funciones.
También en esos años se vio transformado el panorama político de Costa Rica con un
importante cambio constitucional, por la ley N. 5698, se eliminó la proscripción del partido
comunista establecida desde 1949 y,
“en su lugar, introdujo la regla que condiciona el derecho fundamental de
asociación política a que los partidos “se comprometan en sus programas a
respetar el orden constitucional de la República” (Sobrado, 2009, p. 12).
Una nueva reforma al Código Electoral de 1952 se realizó en 1997 (Ley 7675). Fueron
modificados la mayoría de los artículos, 134 de 199 que contenía el Código. Con esto se dio
un importante avance en lo referente a la conformación pluralista de los partidos políticos y la
democratización de sus estructuras, así como lo que concierne a las contribuciones partidarias.
De nada servía hacer elecciones democráticas con partidos políticos autocráticos.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 93

Carolina Mora Chinchilla
Adicionalmente por resolución de la Sala Constitucional de 1997 abrió la posibilidad
de atacar las decisiones partidarias a través del recurso de amparo electoral (cuando lesionaran
los derechos políticos y la plena participación política de sus miembros); y la acción de nulidad
(cuando la legalidad de dichas decisiones no fuere posible fiscalizarla a través del procedimiento
recursivo del artículo 64 del Código Electoral),
“El reconocimiento de ese recurso y esta acción han producido un vigoroso
ensanchamiento de la justicia electoral costarricense y, por intermedio suyo,
permitieron una mejor realización de la aspiración constitucional a favor de
la democratización interna de los partidos políticos. Los mayores logros de la
jurisprudencia del TSE, a lo largo del último quinquenio, se expresan precisamente
en este ámbito” (Sobrado, 2007, p. 8).
Hasta 1998 las elecciones nacionales y las municipales se hicieron de modo concurrente,
el primer domingo de febrero cada cuatro años. En 1998 se promulgó un nuevo Código
Municipal en el que se dispuso que los alcaldes municipales y los concejales de distrito debían
ser electos popularmente, junto con los síndicos, en una elección autónoma, el primer domingo
de diciembre. Así se hicieron las elecciones municipales en el 2002, 2006 y se harán en el
2010.
“Reformas electorales recientemente dispuestas harán que, a partir del 2016, la
elección municipal se celebre a mitad del período presidencial y que en ésta
se designen todos los funcionarios municipales de elección popular, es decir,
incluyendo a los regidores que, del 2002 al 2010, han seguido designándose
conjuntamente con el Presidente de la República y los diputados de la Asamblea
Legislativa” (Sobrado, 2009, p. 2).
Vientos de cambio soplaban en la Costa Rica de fines del siglo XX y el Tribunal Supremo
de Elecciones conciente de que se ponía fin a una época, establece como prioritario en su
agenda, la elaboración de un nuevo Código Electoral. El proyecto se entregó a la Asamblea
Legislativa en el año 2001 y tras mucho trabajo, discusiones y luego de un sin número de
cambios, fue aprobado por la Asamblea Legislativa y finalmente, firmado por el Presidente
Oscar Arias, el pasado 19 de agosto.
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La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
El cambio entonces, debió esperar sus años, pero las reformas electorales y el
fortalecimiento institucional continuaron. Ya para esta época, se hizo notoria la apatía que
reinaba en la ciudadanía costarricense. El nivel del abstencionismo en las elecciones de 1998
subió a un treinta por ciento y así se ha mantenido hasta hoy.
Investigaciones, conferencias, seminarios se han ocupado del problema del abstencionismo
y han brindado una serie de pautas, para que el Tribunal Supremo de Elecciones colabore en
concreto, en programas de motivación al electorado. La XVII Conferencia del Protocolo de
Tikal, celebrada en Costa Rica en setiembre de 2003, seminario en el que participan organismos
electorales de Centroamérica y El Caribe, se concentró en el análisis del abstencionismo
en la región. La Sección de Capacitación del Tribunal, constantemente organiza cursos de
aprovechamiento, en coordinación con diversas instituciones educativas, para promover la
formación democrática. En julio pasado finalizó uno de estos cursos de cuarenta horas, sobre la
Promoción de la Cultura Democrática en Espacios Educativos, que se impartió en coordinación
con la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica.
El problema está lejos de resolverse, sin embargo, al menos en el aspecto técnico y
de infraestructura, el TSE trabaja para que el sufragio pueda ser emitido por la mayoría de
los ciudadanos cerca de su lugar de residencia y en escuelas que cuenten con instalaciones
adecuadas para el ingreso de cualquiera que quiera emitir su voto.
A partir del año 1998, hay avances importantes en materia de paridad política entre
hombres y mujeres, con la puesta en vigencia del sistema de cuotas (acción afirmativa), que
obligó a los partidos políticos a incluir en las listas de postulantes a la Asamblea Legislativa y
municipales, el 40% de mujeres. En este primer momento, si bien se cumplió con la norma,
las mujeres fueron colocadas en “el piso” de las listas, por lo que el resultado final, fue la poca
proporción de mujeres elegidas en puestos de votación popular (19% en el Congreso).
Mediante la resolución n.º 1863 del 23 de setiembre de 1999 el Tribunal Supremo
de Elecciones, dispuso que ese mínimo del 40% no solo debía aparecer reflejado en la lista
partidaria globalmente considerada, sino también en sus “puestos elegibles”. Sólo si se cumplía
con este requisito fueron inscritas las listas de candidaturas presentadas por los partidos en
el Registro Civil, lo cual, de inmediato dio sus frutos. En el 2002, el 35% de los congresistas
fueron mujeres y subió a 39% en el 2006, ocupando nuestro país uno de los primeros lugares
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 95

Carolina Mora Chinchilla
en este aspecto. Es más, por medio de otra sentencia del 31 de agosto de 2005, se aclaró
que la participación femenina no tiene “techo” y puede superar el porcentaje acordado. Con
la reciente aprobación del Código Electoral, finalmente se alcanzó la paridad; en su artículo
segundo quedaron establecidos los Principios de participación política por género:
“La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano reconocido
en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo
de los principios de igualdad y no discriminación” (Código Electoral, 2009).
En el año 2002, la aparición de una tercera fuerza electoral, obligó a una segunda
ronda. Ninguno de los tres candidatos del Partido Unidad Socialcristiana, Partido Liberación
Nacional y Partido Acción Ciudadana (tercera fuerza), alcanzó el 40%, y en abril de ese año,
en segunda vuelta, quedó electo el Dr. Abel Pacheco, del partido Unidad. Interesante observar
que este proceso se llevó a cabo por el Tribunal de forma ordenada y rápida. Aun le faltaba una
elección más, en diciembre de ese año, se efectuaron por primera vez elecciones de alcalde
por separado. En el año 2002 entonces, se efectuaron tres elecciones de carácter nacional, que
pusieron a prueba la solvencia y profesionalismo de esta institución.
Nuevos cambios constitucionales afectaron significativamente la vida política
costarricense durante los años 2002, 2003 y 2006. Con el fin de ampliar la participación
ciudadana, por Constitución se estableció el referéndum a nivel nacional. Cabe anotar que este
tipo de consulta, a nivel local ya estaba prevista en el Código Municipal.
En consecuencia, se reformó el artículo 105 de la Carta Fundamental (reforma
constitucional N.° 8281 de 28 de mayo de 2002). Aunque se mantuvo el principio según el cual
la potestad legislativa está, por regla general, en manos de la Asamblea por delegación popular,
se cambió la norma para prever que, excepcionalmente, el pueblo pueda avocar el ejercicio de
esa potestad a través del instituto del referéndum (Sobrado, 2007, p. 3).
Una reforma constitucional del año 2003 (N.° 8364 del 1° de julio), agrega que el
Gobierno de la República, además de “representativo”, es “participativo” porque lo ejercen
“el pueblo y tres Poderes distintos, lo cual adquiere valor, en tanto ya se había establecido la
posibilidad del referéndum popular. Sin embargo, fue hasta el año 2006 en que se dictó la Ley
sobre la Regulación del Referéndum (N.8492 de 9 de marzo de 2006):
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
“Esta reforma constitucional es, sin duda alguna, una de las más trascendentales
que se ha producido desde la promulgación de la Carta Magna de 1949,
no solo porque la actualiza con la introducción de un instituto usual en el
constitucionalismo contemporáneo mundial, sino especialmente porque éste
ofrece oportunidades extraordinarias de profundización democrática” (Sobrado,
2007, p. 4).
No se hizo esperar la convocatoria a un referéndum nacional. El tema en discusión fue
el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
El país llevaba más de cuatro años enfrascado en este asunto y la polarización alrededor de él
no tenía visos de resolverse. Tras varios análisis por parte de las instituciones competentes y con
todo en regla, gracias al reglamento de 2006, el Tribunal interpretó que era viable someter a
referéndum el Tratado de Libre Comercio. El evento se realizó con gran éxito el 7 de octubre de
2007 y se decidió entre sí y no, con un gane para el sí por 18 mil votos.
Quedó establecido, a partir de ahí, que las consultas populares se reservarían únicamente
para aquellos momentos excepcionales del acontecer nacional, que así lo requirieran. No
es cualquier asunto el que se consultará al pueblo, sólo aquellos, que como el TLC, por su
importancia y trascendencia, así lo reclamen.
VI. El Tribunal Supremo de Elecciones al día de hoy
El pasado 19 de agosto, el Presidente Oscar Arias sancionó con su firma el nuevo
Código Electoral (Decreto 8765). El Tribunal Supremo de Elecciones entra así en una fase de
modernización interesante. El Código aporta valiosos elementos en sus normas, que le permiten
a la institución, un mejor margen de maniobra en materia electoral. Si bien se critica que
faltaron muchas más reformas, lo cierto es que lo que se rescató del proyecto original del Código
Electoral es un buen avance, y no se ha cerrado la posibilidad de nuevas reformas.
Los principales cambios que aportará este código en cuanto a donaciones y financiamiento
son los siguientes:
- El financiamiento de los partidos políticos se hará de forma permanente para tareas
de organización y capacitación.
- Se adelantará parte de la contribución estatal (artículo 96, Código Electoral 2009).
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 97

Carolina Mora Chinchilla
- Se estableció el financiamiento estatal de las elecciones municipales, que hasta
esta fecha no lo tuvieron. El Estado contribuirá con un cero coma cero tres por
ciento (0,03%) del PIB; para cubrir los gastos en que incurran los partidos políticos
con derecho a ellos por su participación en los procesos electorales de carácter
municipal, de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución Política y
en este Código.
- Se cuenta con mecanismos más ágiles para controlar el gasto y el uso adecuado de
los fondos otorgados.
- En cuanto a donaciones privadas: sólo personas físicas, no jurídicas, podrán aportar
recursos a los partidos políticos. Estos serán reportados al TSE.
Según establece el artículo 123 del nuevo Código Electoral:
Toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada en el momento
de su recepción, mediante comprobante bancario o recibo oficial expedido
por el partido político, en este caso firmado por el donante o contribuyente.
Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son anónimas. Solo
podrán realizarse depósitos en forma personal e individual, de manera que se
acreditará como depositante a la persona que realice la gestión bancaria en
forma directa, salvo en los casos en que el partido político titular de la cuenta
acredite fehacientemente la identidad de los contribuyentes.
A través del Código Electoral se le dan herramientas al TSE para auditar las finanzas
de los partidos políticos, siendo así, los delitos que se cometan sobre esta materia, tienen sus
respectivas sanciones (Arts. 273-274 Código Electoral, 2009)
Entre los aportes más novedosos que en materia de derechos humanos presenta el Código
Electoral, se tiene la participación política paritaria de hombres y mujeres (art. 2º). Además, el
Título I de las Disposiciones Generales estableció que:
“La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas
las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por
un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de
hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno” (Art.2º Principios de
Participación por Género, Código Electoral, 2009).
En el artículo 148 sobre inscripción de candidaturas quedó establecido que:
Todas las nóminas de elección popular y las nóminas a cargos en órganos
de dirección y representación política estarán integradas en forma paritaria y
alterna. En el primer lugar de cada una de las nóminas de elección popular por
provincia, cantón y distrito será definido por el partido político.
Otro aporte nuevo es el Voto en el extranjero (aplicable hasta el 2014) y la inclusión de
plantillas para las personas con discapacidad visual.
electoral:
En un tercer lugar están las reformas tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad
- Se crea un Registro Electoral, bajo el que funcionará una Oficina de Financiamiento
de Partidos Políticos.
- Reforzamiento de la democratización interna de los partidos políticos. (Datos tomados
del Semanario Universidad- 5 de agosto de 2009, P. 3 y del Código Electoral, 2009)
- Quedó establecido según el artículo 309, el Instituto de Formación y Estudios en
Democracia:
“El TSE contará con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, dedicado
a formular programas de capacitación dirigidos a la ciudadanía y a los partidos
políticos, tendientes a promover los valores democráticos y la participación
cívica, atendiendo criterios de regionalización”.
Para las elecciones de febrero y diciembre del 2010, el marco regulador será esta nueva
legislación. Todo un reto para el TSE, debido al poco tiempo que se tiene para el ajuste. No hay
duda que lo enfrentará como ha enfrentado los otros retos, con gran profesionalismo y seguros
de marcar nuevos rumbos en la institucionalidad democrática de Costa Rica.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 99

Carolina Mora Chinchilla
VII. Conclusión
Después de este largo recorrido histórico en busca de los orígenes de la democracia
electoral costarricense y el desarrollo de la institucionalidad democrática, no cabe duda que en
este proceso, las leyes electorales de 1913 y 1925, fueron cruciales, lo mismo que el Código
Electoral de 1946. No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones marcó con su sello un nuevo
panorama para la democracia electoral costarricense. Antes de su aparición en 1949, el respeto
al sufragio y la promoción partidaria fue difícil de alcanzar, debido a las interferencias continuas
de los otros poderes del Estado, en particular, la intromisión del Poder Ejecutivo, en los procesos
electorales. El modelo establecido por los constituyentes de 1949 para esta institución, ha sido
reconocido como uno de los mejores en su especie:
“Sus características más significativas vienen dadas por ser un organismo
permanente, autónomo, especializado y despartidizado, que concentra las
atribuciones de administrador de las elecciones y de juez electoral. En su
condición de jerarca del Registro Civil, que en nuestro país tiene carácter
centralizado desde 1881, también se responsabiliza de su gestión y de la emisión
de la cédula de identidad” (Sobrado, 2009, p. 6).
La autonomía del organismo electoral constituyó una verdadera garantía democrática,
ya que como instancia imparcial, ha propiciado la organización de comicios justos, libres y
transparentes, que han permitido una clara legitimidad en el sucesivo cambio de autoridades
gubernamentales.
Como se vio, el Tribunal Supremo de Elecciones, lejos de estancarse, ha sido promotor
de continuos cambios, no sólo en su estructura organizacional, sino en la promoción de
numerosas reformas que mejoren la calidad de los procesos electorales, y otros. La aparición
del Código Electoral en 1952 y la Ley Orgánica del Registro Civil, fueron muestra clara de ese
espíritu renovador, al igual que la gran reforma de 1997, con el establecimiento de la cuota
femenina del 40% y el amparo electoral.
El reto del Tribunal Supremo de Elecciones en la actualidad, será el de adaptarse a la
nueva normativa que le impone el Código Electoral y que debe aplicar en las próximas elecciones
de 2010. Pero de acuerdo con su historia, estas reformas brindarán un mejor desempeño de la
institución, que de seguro, seguirá en proceso de perfeccionamiento y cambio.
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
sus antecedentes y significado en la
institucionalidad nacional
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La creación del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica en 1949:
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Soto Harrison, Fernando. Qué pasó en los años 40. San José: EUNED, 1995. Vargas Gonzáles,
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 103

Carolina Mora Chinchilla
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estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/index.html (N. 20).
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104
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Semblanza Cuerpo Nacional de Delegados *
Elena Isabel Alonso Quesada **
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 28 de diciembre de 2009.
Revisión, corrección y aprobación: 08 de enero de 2010.
Resumen: Presenta una breve reseña historia de la creación del Cuerpo Nacional de Delegados del
Tribunal Supremo de Elecciones, así como una descripción de las labores realizadas por el mismo durante
sus sesenta años de existencia.
Palabras claves: Delegados electorales / Cuerpo de delegados / Delegados / Participación ciudadana
/ Fiscalización electoral / Garantías electorales / Fortalecimiento de la democracia / Desarrollo de la
democracia / Organismos electorales.
Abstract: This paper is a brief history of the creation of the Supreme Electoral Tribunal’s National Body
of Delegates, as well as a description of the tasks performed by said Body during along its sixty years of
existence.
Key words: Electoral delegates / Body of delegates /Delegates / Citizen Participation / Electoral supervision
/ Electoral guarantees / Strengthening of democracy / Development of democracy / Electoral bodies.
* Semblanza presentada en el homenaje de la conmemoración del 60 aniversario del Cuerpo Nacional de Delegados del
Tribunal Supremo de Elecciones.
** Licenciada en Historia y Geografía por la Universidad de Costa Rica. Profesora universitaria y autora de varias publicaciones
en revistas académicas.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 105

Elena Isabel Alonso Quesada
En primer lugar, agradezco el estar aquí a la Fundación para la Paz y la Democracia,
FUNPADEM, inspiración y legado de ese costarricense ilustre y visionario que fue don Rodrigo
Madrigal Nieto y donde hoy se encuentre, la Patria y los ciudadanos queremos decirle, se fue
muy pronto!!!
I. Reseña histórica
Es conocido, el deseo de las colonias españolas de buscar un camino para liberarse de la
Corona española. A raíz de esto, surgieron en estas colonias del continente americano protestas
y movimientos armados; que en su mayoría dieron origen a la independencia de estos pueblos.
Gracias a esos gritos de libertad, en 1825 estos países ya eran libres.
Ejemplo de esto es que en el año 2009 países como México, Ecuador, Colombia, Bolivia
están conmemorando los doscientos años de independencia.
En Centroamérica, Costa Rica marcó la pauta en épocas tempranas, cuando convocó
a elecciones para nombrar un representante a las Cortes de Cádiz en 1811. El nombramiento
recayó en el Presbítero Florencio del Castillo. Posterior a esta fecha, nuestro sistema político se
organizó celebrando procesos electorales de acuerdo con lo establecido en la Constitución de
1812.
La lucha que el Presbítero don Florencio del Castillo dio en las Cortes de Cádiz logró
frutos, en lo que respecta a los derechos y libertades para criollos, esclavos y mestizos.
La vida institucional se va construyendo y va dando paso a importantes procesos políticoelectorales.
El carácter de país joven, con poca población, de escasos recursos, con un futuro
político incierto y formando parte geográfica – política y económicamente de sus hermanas las
Provincias Centroamericanas; hicieron que Costa Rica se organizara en forma independiente.
En el siglo XIX el país organiza su sistema democrático, haciendo énfasis en las libertades
democráticas y en el logro de algunas garantías, resultando de la resistencia de algunos sectores
de trabajadores.
En los primeros cincuenta años del siglo XX, importantes cambios sociales, políticos y
electorales van encaminados a la democratización del VOTO.
106
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Semblanza Cuerpo Nacional de Delegados
El Presidente, don Ricardo Jiménez Oreamuno, con una amplia visión política y
aspirando que fuese el ciudadano el gran protagonista en el proceso electoral, logró que el voto
fuera directo y secreto.
Ya en 1946, la situación política del país era convulsa y se asomaban presagios de que
la contienda electoral iba a ser de confrontación. El licenciado Teodoro Picado, Presidente de
la República, deseaba que la contienda electoral se desarrollara en un ambiente de libertad de
garantías irrestrictas y por consiguiente, que no se cuartaran en ninguna forma manifestaciones
o actividades políticas de los electores.
La actitud represiva de la Policía Nacional, hizo que el presidente Picado lograra que
el tribunal Nacional Electoral ejerciera vigilancia sobre los miembros de ésta. En cuanto a las
actuaciones relacionadas con el proceso electoral y de acuerdo con lo expuesto, se crea el
Cuerpo de Delegados. Más adelante, la nomenclatura de este órgano se modifica a Cuerpo
Nacional de Delegados.
En sesión extraordinaria celebrada por el Tribunal Nacional Electoral a las 14 horas del
27 de agosto de 1947, en su artículo 2, con asistencia de los miembros propietarios, se continuó
con la escogencia de las personas que “ocuparían cargos en el Comité de Investigación y en el
Cuerpo de Delegados del Tribunal” por lo que cada provincia tendría un delegado.
Se nombraron entonces por la provincia de San José al señor Aquiles Bonilla, por
Alajuela a Francisco Ruiz Fernández, por Cartago a don Julio Molina Calvo y por Guanacaste
a don Oscar Ruiz Centeno. Se acordó que el Delegado por San José, Aquiles Bonilla, actuaría
como delegado general.
La función de este Cuerpo de Delegados en el proceso electoral de 1947, cumplió un
rol trascendental en la pureza del sufragio y en la vida democrática de Costa Rica. Al ser la
policía nacional gobiernista en su totalidad, era muy importante que existiera una figura de
imparcialidad política.
En muchos centros de votación las urnas no se abrían a la hora señalada por el reglamento,
los representantes de los partidos luchaban por la pureza del sufragio y porque el ciudadano
acudiera sin ningún temor a depositar su voto. A la hora de cerrar esas urnas, se debía velar
porque el conteo de votos se hiciera bajo las más estrictas normas de transparencia. El traslado
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 107

Elena Isabel Alonso Quesada
de la documentación electoral venía en saco de “gangoche” y debía ser traída por los miembros
de las diferentes mesas electorales. Esta documentación no llegó a su lugar de destino como
tampoco llegaron los ciudadanos que habían custodiado la voluntad del pueblo.
Proclamada la constitución de 1949 y con la creación del Tribunal Supremo de
Elecciones, el Cuerpo de Delegados pasa a llamarse Cuerpo Nacional de Delegados y comienza
a cumplir un rol trascendental en los procesos eleccionarios y consultivos del TSE. La labor de
estos ciudadanos y ciudadanas que coadyuvan al TSE en cada proceso electoral, es siempre
una labor que va acompañada de ética, respeto, actitud democrática, imparcialidad y de un
increíble voluntariado.
A estos delegados, siempre con actitud creativa, conciliadora y positiva ante las decisiones
de consenso, les corresponde cumplir una labor muy difícil en los procesos electorales de los
años 50, 60, 70 y 80, en que aún estaban vivas aquellas diferencias de color político que
dividieron a la familia costarricense.
Estos delegados se convirtieron en facilitadores de los procesos electorales, utilizando el
diálogo y la resolución alterna de conflictos,como herramientas principales para el resguardo de
la institucionalidad democrática costarricense.
Durante estos 60 años, la labor de este Cuerpo Nacional de Delegados radica en los
ciudadanos y ciudadanas que cada cuatro años coadyuvan al Tribunal Supremo de Elecciones. Es
a través de esa entrega solidaria, imparcial y de voluntariado, que se ha logrado la consolidación
de la democracia electoral.
El Cuerpo Nacional de Delegados se ha convertido en la fuerza o brazo civil del
Tribunal Supremo de Elecciones en la calle.
Señores y señoras delegados, ausentes y presentes: Muchas gracias, por su entrega de
servicio a la patria; ustedes representan los más claros Valores: de Responsabilidad, Fervor
Cívico, Integridad – Servicio – Voluntariado y Cumplimiento del Deber.
108
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Semblanza Cuerpo Nacional de Delegados
II.
Referencias bibliográficas
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Mora Chinchilla, Carolina. La creación del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en
1949: sus antecedentes y significado en la institucionalidad nacional. Artículo en prensa
para ser publicado en la Revista de Derecho Electoral, Nº 9 del primer semestre del
2010.
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Rodríguez V., Eugenio. Biografía de Costa Rica: los días de don Ricardo. San José, C.R.: Editorial
Costa Rica, 1976.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 109

Sección Especial
NUEVO CODIGO ELECTORAL

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
Max Alberto Esquivel Faerron *
Hugo Picado León **
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 21 de diciembre de 2009.
Revisión, corrección y aprobación: 22 de enero de 2010.
Resumen: Este artículo tiene como objeto describir y explicar los principales cambios introducidos por
el Código Electoral costarricense promulgado en setiembre de 2009 en el régimen organizativo del
Tribunal Supremo de Elecciones. El texto se organiza en cuatro partes: la primera se dedica a explicar los
antecedentes de la reforma electoral; la segunda se refiere al cambio de paradigmas entre la concepción
democrática de la anterior legislación y la contenida en el proceso de reforma; la tercera parte describe
los cambios en las atribuciones legales del TSE y, finalmente, la cuarta sección analiza los cambios en la
estructura del TSE, colocando el énfasis en la creación de la Dirección General del Registro Electoral y de
Financiamiento de los Partidos Políticos, así como del Instituto de Formación y Estudios en Democracia
(IFED).
Palabras clave: Reforma Electoral / Código Electoral / Organismos Electorales / Tribunal Supremo de
Elecciones.
Abstract: The aim of this paper is to describe and explain the most important changes introduced in the
Supreme Electoral Tribunal (TSE) by the new Costa Rican Electoral Code enacted in September 2009. It
is organized in four sections: the first one is dedicated to explain the origins of the electoral reform; the
second one, explains the change of paradigms between the democratic conceptualization of the former
legislation and the one content in the reform process; the third section describes the changes in the legal
functions of the TSE and finally, the forth section analyzes the TSE structural changes, emphasizing on the
creation of the General Direction of Electoral Registry and Funding of Political Parties and of the Institute
of Formation and Studies in Democracy (IFED).
Key Words: Electoral Reform / Electoral Code / Electoral Bodies / Supreme Electoral Tribunal.
* Max Alberto Esquivel Faerron es Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones; abogado y politólogo, anteriormente fue
Defensor Adjunto de los Habitantes, ejerce la docencia en la Universidad de Costa Rica. mesquivel@tse.go.cr
** Hugo Picado León es Letrado del Tribunal Supremo de Elecciones; abogado y politólogo, ejerce la docencia en la Universidad
de Costa Rica. hpicado@tse.go.cr
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 113

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
I. Introducción
Este artículo tiene como objeto describir y explicar los principales cambios introducidos
al Código Electoral, Ley N° 8765, en el Alcance N°37 al Diario Oficial La Gaceta N° 171 del
2 de setiembre de 2009, específicamente en lo que éste modifica al régimen organizativo del
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El estudio de los cambios que la nueva legislación
electoral produjo en la estructura del TSE, debe incluir el análisis de los efectos de la reforma
sobre las funciones que realiza el órgano electoral. Consecuentemente, tales modificaciones
deben reflejarse en la organización y las metodologías de trabajo del TSE. Además, una breve
referencia al contexto político y al proceso legislativo que condujo a la aprobación del nuevo
Código Electoral, aportará elementos adicionales para comprender el impacto de dicha reforma
sobre el trabajo que realiza la institución.
El texto se organiza en cuatro partes: la primera se dedica a una breve explicación
de los antecedentes de la reforma electoral; la segunda se refiere al cambio de paradigmas
entre la concepción democrática de la anterior legislación y las contenidas en el proceso de
reforma; la tercera parte describe los cambios en las atribuciones legales del TSE; finalmente, la
cuarta sección analiza los cambios en la estructura del TSE, colocando el énfasis en las dos más
relevantes innovaciones orgánicas derivadas del nuevo Código Electoral, a saber, la creación
de la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de los Partidos Políticos, así
como la creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).
La tesis fundamental es que el nuevo Código Electoral representa un avance cualitativo
en el concepto de democracia; pues no sólo innova y mejora la regulación de la competencia
electoral propiamente dicha, sino que también incursiona con determinación y de manera
inclusiva en la promoción de una ciudadanía activa, lo cual se refleja en las nuevas atribuciones
y organización del TSE.
II.
Antecedentes de la reforma
La reforma integral al Código Electoral que entró en vigencia el 2 de setiembre de 2009,
tuvo como punto de partida el proyecto de reforma elaborado por el mismo TSE en el año 2000;
114
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
y que ingresó a la corriente legislativa por iniciativa del Poder Ejecutivo 1 . El anterior Código
Electoral había sido promulgado en 1952. Su principal reforma había ocurrido en 1996, aunque
numéricamente abarcó la mitad del articulado, se trató de una reforma de consenso, en la cual
se dejaron de lado los temas más complejos que pudieran obstruir la negociación legislativa,
por lo cual se trató de una reforma fundamentalmente cosmética. Por tal razón, en 1998 el TSE
inició un cuidadoso proceso de discusión y análisis, que dio como resultado la presentación en
la Asamblea Legislativa de un proyecto de nuevo Código en enero de 2001.
Cabe indicar que, durante la última década del siglo XX, en toda Latinoamérica hubo una
oleada de propuestas de reforma electoral que pretendían dar respuesta a las que en ese momento
se planteaban como exigencias fundamentales para el desarrollo del ordenamiento jurídico
electoral y del sistema político en general 2 . Concretamente, la mayoría de las modificaciones a
la legislación electoral adoptadas por varios países de la región durante ese período, buscaron
la incorporación de mecanismos que aseguraran una mayor inclusión y participación de la
ciudadanía en el sistema político 3 .
Puede afirmarse, desde esa perspectiva, que la propuesta inicial de reforma electoral
planteada por el TSE en el año 2001, estuvo influenciada por esa tendencia, la cual se
manifestó en una buena cantidad de cambios normativos tendientes a producir, entre otros
aspectos, mayor equidad en la contienda electoral, mayor transparencia en el financiamiento
de la política, nuevos mecanismos para el ejercicio de la ciudadanía activa por parte de la
población, o fomentar la paridad de género tanto en la estructura interna de los partidos como
en la designación de candidaturas. Sin embargo, durante la discusión final del proyecto, varias
1 Correspondió al entonces Presidente de la República incorporar el proyecto de ley en la corriente legislativa haciendo uso de
la potestad de iniciativa legislativa que le asigna la Constitución Política al Poder Ejecutivo. Posteriormente el proyecto fue
tramitado bajo el expediente legislativo # 14.268.
2 Sobre el proceso que condujo a las propuestas de reforma electoral en Costa Rica véase PICADO LEÓN (2008).
3 Algunos de estos mecanismos son el voto preferente, la posibilidad de presentar candidaturas independientes sin estructura
partidaria y la revocatoria de mandato.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 115

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
de esas propuestas carecieron del apoyo de la mayoría de diputados integrantes de la Comisión
Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos 4 .
Existe una importante coincidencia en el cambio conyuntural de las agendas legislativas,
no sólo del parlamento costarricense, sino de los parlamentos latinoamericanos en general.
Durante la última década las prioridades en el ámbito de las reformas electorales regionales,
giraron hacia una tendencia que privilegiaba otro tipo de temas como el fortalecimiento de
la institucionalidad electoral y la consolidación de los partidos políticos 5 . Estas corrientes
influyeron, en distinta medida, la política de reforma que entraña el nuevo Código Electoral
vigente desde el 2 de setiembre de 2009.
III.- Nueva concepción democrática
Durante los últimos tres años de discusión legislativa, fue evidente el interés en fortalecer
a los partidos políticos y en modernizar la administración electoral. Los cambios en el sistema
de partidos y en su organización interna (Alfaro Salas 2001), el avance tecnológico (García Díez
2004) y las alteraciones en el comportamiento electoral (Raventós Vorst 2005) fueron factores
subyacentes en la deliberación y en los acuerdos alcanzados. Por su parte, la aspiración de los
diversos actores para que el sistema generara nuevos productos, incidió en la revisión de los
mecanismos de gestión y control electoral existentes, como parte de la agenda de reforma 6 .
En términos generales, la política de reforma de la Comisión giró en torno a la
gobernabilidad y la transparencia. Contrario al diseño original de la propuesta presentada por
4 En la última consulta legislativa contestada por el TSE en relación con el dictamen del expediente 14.268 “Código Electoral”, el
organismo electoral realizó la siguiente manifestación: “(…) La mayor parte de las modificaciones e innovaciones encontradas
no afectan el sentido y la lógica de las propuestas elaboradas por este organismo electoral. Si bien se eliminaron aspectos tales
como el voto preferencial y la participación de grupos independientes en las elecciones municipales, las reformas que sí se
han aprobado, como la simplificación de requisitos para la inscripción de los partidos, la eliminación de la obligatoriedad de
realizar asambleas de distrito, la creación del Registro electoral, la inclusión del capítulos relativo a la jurisdicción electoral,
la posibilidad de abrir juntas receptoras de votos en el extranjero para las elecciones presidenciales, la paridad de género,
así como las regulaciones sobre sanciones por incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones electorales –delitos y
contravenciones- que están presentes en el proyecto de Ley que nos ocupa, sin duda modernizan y enriquecen la legislación
electoral y justifican el apoyo de este organismo electoral al citado proyecto.”.
5 Sobre las tendencias u oleadas de reforma electoral que se dieron en el derecho comparado latinoamericano véase ZOVATTO
(2008).
6 Los cambios experimentados en el sistema de partidos, en el comportamiento electoral y en los patrones de conducta política,
no son exclusivos del caso costarricense. La perspectiva se enriquece con una visión comparada como la que proveen
Alcántara 2004 y 2006, Alcántara y Freidenberg 2001, Freidenberg 2006, Lehoucq 2002 y 2004, Lehoucq y Wall 2004.
Asimismo, respecto a su relación con la reforma electoral, ver García Díez 2005 y 2006.
116
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
el TSE en el año 2001, entre los legisladores apenas se vislumbró un modesto interés en que
el sistema electoral fuera más representativo. De hecho, el discurso de la representatividad se
redujo prácticamente al tema de género. En cambio, se introdujeron varias normas tendientes
a fortalecer la legalidad, la publicidad, la rendición de cuentas y la responsabilidad de los
distintos actores electorales; asimismo, se diseñaron mecanismos adecuados para garantizar esa
aspiración al control, la transparencia y la democratización interna de los partidos.
En síntesis, el proceso de reforma tuvo un carácter evolucionista y no rupturista. Los
legisladores valoraron y mantuvieron las fortalezas tradicionales de un régimen electoral
exitoso y emblemático en la región, a la vez que procuraron realizar los ajustes necesarios
para incrementar su capacidad de responder a las aspiraciones y nuevas demandas sociales.
Esto se facilitó por la peculiaridad del régimen electoral costarricense que faculta al Tribunal a
colaborar en los proyectos de ley que incidan sobre la materia electoral (artículo 19 inciso c del
Código derogado). El Tribunal, consecuentemente, designó a asesores técnicos que colaboraron
con la Comisión durante todo el trámite de discusión. Esta disposición legal, que se mantiene y
refuerza en el nuevo Código (artículo 12 inciso m), se explica por el reconocimiento legislativo
de la especialidad técnica de la materia electoral, así como por el nivel de confianza en la
independencia y profesionalidad del TSE.
Si se analiza el nuevo paradigma que sirve de fundamento a la concepción de democracia
que orienta el Código Electoral, es posible identificar un cambio sustantivo en cuanto a los fines
y prioridades que establece la nueva normativa electoral. En un estudio del PNUD 7 sobre la
democracia latinoamericana, se sugieren algunos criterios útiles para comprender un poco más
la profundidad de los cambios acaecidos. Así, por ejemplo, un análisis del Código Electoral
anterior 8 realizado desde la perspectiva que aporta el PNUD, permite señalar que éste respondía
a un diseño normativo que privilegiaba el concepto de democracia electoral 9 . Se trataba de un
cuerpo normativo tendiente a regular en detalle los procedimientos necesarios para la realización
de contiendas electorales que aseguraran el respeto al sufragio expresado en las urnas.
7 Véase PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2004).
8 Dicho Código entró en vigencia mediante Ley # 1536 del 10 de diciembre de 1952.
9 Sobre el particular dice el estudio del PNUD lo siguiente:
“Las elecciones libres, competitivas e institucionalizadas, y las reglas y los procedimientos para la formación y el ejercicio del
gobierno (conjunto al que llamamos democracia electoral) son componentes esenciales de la democracia y constituyen su
esfera básica. Pero ni en sus alcances ni en sus posibilidades de realización la democracia se agota en esa esfera.” PNUD,
Op. Cit, p. 54.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 117

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
La anterior legislación no atendía, sin embargo, otros aspectos que en la actualidad
se consideran esenciales en el ámbito del derecho electoral. Por ejemplo, el anterior Código
carecía regulaciones sobre la naturaleza y funcionamiento de los partidos políticos como actores
fundamentales del proceso, según lo dispone la propia Constitución Política 10 , el papel del
Tribunal Supremo de Elecciones se centraba, según dicha normativa, en constituir un eficiente
organizador de procesos electorales, tampoco existían regulaciones que reconocieran el papel
central de la ciudadanía como causa y fin de la institucionalidad electoral.
En ese sentido puede afirmarse que el nuevo Código Electoral plantea un cambio
cualitativo en el concepto de democracia, pues no sólo innova y mejora la regulación de la
competencia electoral propiamente dicha sino, que también incursiona con determinación y de
manera inclusiva en la promoción de una ciudadanía activa. Aunque la ley aprobada guarda
distancia en cuanto a su profundidad respecto de la propuesta inicial planteada por el Tribunal
Supremo de Elecciones, la realidad es que cabe reconocer que esta reforma integral al Código,
constituye un paso fundamental para la construcción de lo que el estudio del PNUD denomina
una democracia de ciudadanía 11 .
Un breve repaso sobre algunas de las modificaciones más importantes de la nueva
legislación apuntan en esa dirección. La reforma que exige paridad de género en las papeletas
para puestos de elección popular y en la estructura interna de los partidos, la disposición que
habilita el voto en el exterior, la creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia
(IFED) con la función fundamental de promover una ciudadanía activa, la creación de
instrumentos efectivos para la tutela de los derechos políticos fundamentales a través de la
jurisdicción electoral, el fortalecimiento y la exigencia de democratización interna de los
partidos políticos y el establecimiento de controles y garantías de transparencia en materia de
financiamiento, son tan sólo algunos ejemplos de modificaciones que le imprimen esa visión
ciudadana al nuevo Código Electoral.
Ciertamente, tal orientación tiene un reflejo aún más evidente en los cambios que esa
normativa electoral le imprime a las atribuciones del Tribunal Supremo de Elecciones los cuales,
a su vez, se ven reflejados en la nueva estructura interna del organismo electoral.
10 Así está regulado en el artículo 98 de la Constitución Política.
11 Según el planteamiento del PNUD, la democracia encuentra su fundamento en la concepción del ser humano como sujeto
portador de derechos. En ese tanto se constituye en “una forma de organización de la sociedad que garantiza el ejercicio y
promueve la expansión de la ciudadanía” al tiempo que “establece reglas para las relaciones políticas y para la organización
y el ejercicio del poder”. PNUD, Op. Cit., p. 54.
118
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
IV. Cambios en las atribuciones del tribunal supremo
de elecciones
Una primera revisión permite identificar cambios cuantitativos y cualitativos en las
atribuciones que la nueva normativa asigna al Tribunal Supremo de Elecciones. Desde el primer
punto de vista, basta comparar el Código derogado con la legislación vigente para constatar
que mientras el primero atribuía 8 funciones fundamentales al organismo electoral, el segundo
las amplió a 19. Sin duda, este aumento en las atribuciones busca dotar al Tribunal Supremo
de Elecciones de la autoridad necesaria para cumplir responsabilidades en ámbitos hasta ahora
inéditos para la legislación electoral; tales como el ejercicio efectivo de la jurisdicción electoral,
la tutela de los derechos políticos fundamentales, la promoción de la ciudadanía activa y la
intervención y control en materias tan importantes como el financiamiento de las campañas y la
democratización interna de los partidos políticos.
Un análisis a fondo de las atribuciones asignadas por la nueva legislación, permite
agruparlas en cinco categorías específicas: administración electoral, jurisdicción electoral,
funciones cuasi-legislativas, promoción ciudadana y funciones de jerarca administrativo.
En el contexto del nuevo Código, las funciones de administración electoral comprenden
el desarrollo de todas aquellas actividades de planeación, organización y ejecución, que
resultan necesarias para garantizar el ejercicio pleno de la participación política electoral y
la libre emisión del sufragio por parte de la ciudadanía. Era precisamente este ámbito el que
concentraba la mayor cantidad de funciones asignadas al TSE por parte de la legislación anterior.
Las cinco atribuciones de administración electoral que contemplaba el artículo 19 de dicho
Código, eran la realización de la división territorial, la integración de las juntas electorales, la
fiscalización del uso razonable y equitativo los medios de comunicación para la propaganda, la
vigilancia de los procesos internos de los partidos políticos para la designación de candidatos y
la declaratoria de elección.
Cabe indicar, en este sentido, que la nueva normativa toma estas mismas atribuciones y
le adiciona otras más que reflejan, en buena medida, los cambios y nuevas exigencias acaecidas
en los últimos 57 años en materias tan importantes como el financiamiento de las campañas,
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 119

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
propaganda y encuestas electorales e institutos de democracia directa 12 . El siguiente cuadro
muestra las atribuciones del TSE en el ámbito de la administración electoral:
Tabla N° 1
Funciones de Administración Electoral
Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio
Efectuar el escrutinio y la declaratoria final de las elecciones
Vigilar los procesos para integrar órganos internos y la designación de candidatos
Declarar integradas las juntas electorales
Efectuar, publicar y notificar la declaratoria de elección y conferir las credenciales
Reglamentar y exigir normas sobre contribución estatal y privada pudiendo ordenar
auditorías
Velar por el cumplimiento de la normativa referente a la propaganda y a las encuestas
electorales
Formular y publicar la división territorial electoral
Organizar los referendos y los plebiscitos previstos en la Constitución y hacer la declaratoria
respectiva
Reglamentar las normas relativas a la contribución estatal y privada a favor de los partidos
Fuente: elaboración propia a partir del Código Electoral.
Cabe señalar, por su parte, que el reconocimiento expreso de atribuciones asignadas
en materia jurisdiccional, resulta novedoso en la legislación electoral 13 . De previo a ello las
actuaciones del TSE en este campo tuvieron, en su mayoría, un sustento jurisprudencial apoyado
en la aplicación analógica de otra normativa, tal como la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Sin embargo, hasta agosto de 2009 prácticamente no existían normas legales en esta materia,
con las consecuentes inconveniencias para la ciudadanía, los consultores jurídicos y, en general,
para los operadores del derecho electoral. El nuevo Código Electoral incluye un capítulo sobre
jurisdicción electoral compuesto por 51 artículos.
12 Véase artículo 12 del Código Electoral vigente.
13 El Código anterior no lo incluye entre las funciones que le asignaba el artículo 19.
120
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
El nuevo Código concibe este ámbito de acción del TSE como una “jurisdicción
electoral especializada, concentrada y, además, uniinstancial, mediante la cual se imparte
centralizadamente justicia en materia electoral” 14 . Esta jurisdicción comprende un conjunto de
procedimientos con los cuales el TSE arbitra, a través de resoluciones dotadas de cosa juzgada
material, los conflictos que se presentan en la actividad electoral.
Estas controversias son resueltas a través de los mecanismos de tutela de los derechos
electorales propios de la jurisdicción electoral, a saber, el amparo electoral, la impugnación de
acuerdos de partidos en proceso de inscripción, la acción de nulidad, el recurso de apelación
electoral, la demanda de nulidad, la cancelación de credenciales y la beligerancia política
El artículo 12 del Código señala expresamente que son atribuciones del TSE en materia
jurisdiccional las que se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla N° 2
Atribuciones jurisdiccionales del TSE
Garantizar mediante el recurso de amparo electoral, el ejercicio de los derechos electorales
previstos en la Constitución, los tratados, la ley, los reglamentos y estatutos de los partidos
Conocer en alzada los recursos que procedan contra las resoluciones que dicten los
organismos electorales
Fuente: elaboración propia a partir del Código Electoral.
En otro ámbito de acción cabe indicar que la Constitución Política le atribuye al
TSE otras competencias no contenciosas, que este Tribunal ha denominado en varios de sus
pronunciamientos como “cuasilegislativas” 15 . Particularmente, sobresale la interpretación
exclusiva de las normas constitucionales y legales en materia electoral, labor que puede
desplegarse por dos vías: a instancia de los partidos políticos o de manera oficiosa. Esta
competencia encuentra fundamento en el artículo 102 inciso 3 constitucional, en tanto impide
14 SOBRADO GONZÁLEZ (2005), p. 28.
15 Ver resoluciones número 1541-E-2006 de las 11:10 horas del 11 de mayo de 2006, 978-E-2007 de las 14:50 horas del 2 de
mayo de 2007 y 1562-E8-2008 de las 14:45 horas del 29 de abril de 2008.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 121

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
que la Asamblea Legislativa interprete auténticamente la ley electoral, dejando al TSE como el
único órgano con potestad para hacerlo.
También debe incluirse en esa competencia de apoyo a la potestad legislativa, la consulta
vinculante prevista en el artículo 97 de la Constitución Política, que obliga a la Asamblea
Legislativa a consultar la posición del TSE en el procedimiento de formación de las leyes en
materia electoral. Además, el criterio vertido por el organismo electoral resulta vinculante de
manera absoluta en época electoral (6 meses anteriores y 4 posteriores a la celebración de una
elección popular) y relativo en los periodos restantes 16 . El nuevo Código, además, asigna al
TSE la tarea de promover las reformas electorales que estime necesarias. En el siguiente cuadro
se reseñan las atribuciones cuasi-legislativas que regula expresamente el artículo 12 del nuevo
Código Electoral:
Tabla N° 3
Atribuciones Cuasi-Legislativas
Interpretar de oficio o a instancia del comité ejecutivo y en forma exclusiva y obligatoria,
las disposiciones constitucionales y demás del ordenamiento jurídico electoral
Emitir Opinión Consultiva a solicitud del comité ejecutivo de los partidos políticos, de
jerarcas de entes públicos o de cualquier particular si el TSE lo estima procedente
Promover las reformas electorales que estime necesarias y colaborar en la tramitación de
los proyectos relacionados con esa materia
Evacuar la consulta a que se refiere el artículo 97 de la Constitución Política
Fuente: elaboración propia a partir del Código Electoral.
Existe, por su parte, otro tipo de funciones que el reciente Código le asigna al TSE, y
que resultan novedosas en tanto reconocen la necesidad de que el organismo electoral actúe
eficazmente en la promoción de la ciudadanía activa. Ello implica propiciar actividades de
capacitación, debate y formación, que promuevan una deliberación informada por parte de la
ciudadanía. En concreto, el artículo 12 de la nueva normativa electoral señala que el TSE tiene
las siguientes atribuciones:
16 Véase SOBRADO GONZÁLEZ, Op. Cit., p. 24.
122
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
Tabla N° 4
Atribuciones para la Promoción de una Ciudadanía Activa
Formular programas de capacitación dirigidos a la ciudadanía, en relación con la
importancia que revisten la participación política ciudadana y el financiamiento a los
partidos políticos para la democracia
Una vez hecha la convocatoria a elecciones, garantizar de manera efectiva el acceso de
todos los partidos políticos participantes en un proceso electoral en los debates políticoelectorales
que organice
Fuente: elaboración propia a partir del Código Electoral.
Finalmente, tanto el nuevo Código Electoral como el derogado, regulan expresamente
las atribuciones que como jerarca administrativo le corresponden al TSE 17 .
Como puede observarse, la legislación electoral que entró en vigencia a partir del 2
de setiembre de 2009, plantea cambios sustantivos en los ámbitos de acción y funciones del
organismo electoral costarricense. Sin duda, la implementación de estos cambios tuvo un
efecto decisivo en la estructura misma de la organización electoral. De seguido abordaremos
en detalle tales modificaciones.
V. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES
Como se indicó anteriormente, el nuevo Código Electoral trajo cambios significativos en
la estructura orgánica del TSE. Por ejemplo, se modificó la integración del pleno, se acordó,
además, la creación de nuevas dependencias y el traslado de funciones hacia otras, y se
adoptaron un sinnúmero de medidas que modernizaron la columna vertebral del organigrama
institucional. Estos cambios responden a la nuevas demandas y expectativas sociales respecto
al rol del TSE, recogidas por los diputados.
17 Concretamente el artículo 12 establece que corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones “Actuar como jerarca
administrativo del Registro Civil y demás organismos electorales y dictar sus reglamentos autónomos de organización y
servicio, así como los de cualquier organismo bajo su dependencia”.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 123

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
1. Integración del Tribunal Supremo de Elecciones
Según el artículo 13 de la novel legislación, la integración ordinaria del TSE es de 3
magistrados propietarios. Sin embargo, el mismo numeral señala que un año antes y 6 meses
después de las elecciones para elegir presidente y vicepresidentes de la República y diputados
de la Asamblea Legislativa, el Tribunal deberá integrarse con sus integrantes propietarios y dos
de los suplentes escogidos por la Corte Suprema de Justicia, para formar, en esa época, un
Tribunal de cinco miembros.
Lo mismo sucederá seis meses antes y tres meses después de las elecciones municipales
que, con la nueva normativa, se realizarán dos años después de los comicios nacionales, a partir
de 2016. Cabe indicar que el Código derogado preveía una integración de cinco magistrados
para el caso de las elecciones de presidente y vicepresidentes de la República y diputados; pero
no preveía la ampliación del pleno para el caso de las elecciones municipales.
La nueva legislación disminuye a tres años la vigencia del nombramiento para ejercer
el cargo de presidente del TSE y crea, además, el cargo permanente de vicepresidente por un
plazo similar. Se regula, además, que el quórum para sesionar será siempre de mayoría absoluta
excepto en ciertos casos concretos en los que se requiera la presencia de todos los integrantes,
a saber, las declaratorias definitivas de elección popular y de las consultas populares previstas
en la Constitución Política; las resoluciones de fondo en los casos determinados por los incisos
3), 4) y 5) del artículo 102 de la Constitución Política, así como en las resoluciones definitivas
de carácter jurisdiccional; el nombramiento de los directores generales de los Registros Civil y
Electoral y cualquier otro que determine la ley.
2. Estructura Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones
Sin duda, los cambios más importantes a nivel de la estructura del TSE, son la creación
de dos órganos de fundamental importancia para cumplir sus nuevas atribuciones, a saber, la
Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos (REFPP) y el
Instituto de Formación y Estudios para la Democracia (IFED) 18 . Anteriormente, el TSE contaba
únicamente con dos direcciones: la Dirección General del Registro Civil y la Dirección Ejecutiva.
18 Cabe indicar que la estructura, la delegación de funciones y las previsiones administrativas iniciales para el funcionamiento
de estas dependencias fueron decididas por el TSE mediante el artículo cuarto de la Sesión Ordinaria Nº 089-2009, celebrada
el ocho de setiembre del año dos mil nueve.
124
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
La REFPP asume varias funciones que el Código anterior asignaba a la Dirección General
del Registro Civil, además de las que estaban encargadas, por acuerdo del TSE, a la entonces
Coordinación de Programas Electorales y otras nuevas atribuciones creadas por la novel
legislación en materia de administración electoral. Por su parte, el IFED tiene el encargo de
promover el desarrollo de una ciudadanía activa entre la población y de capacitar a la población
y a los mismos partidos políticos para el ejercicio efectivo y responsable de los derechos y
obligaciones que les asigna la Constitución Política 19 .
Según estos cambios, a nivel de Direcciones, la nueva estructura del TSE estaría
representada de la siguiente manera:
Diagrama N°.1
TSE
Registro
Civil
Registro Electoral
y de Financiamiento
de Partidos Políticos.
Instituto de
Formación y
Estudios en
Democracia (IFED)
Dirección
Ejecutiva
Depto. de
Financiamiento
Partidos
Políticos
Depto. de
Coordinación de
Programas
Electorales
Depto.de
Registro de
Partidos Políticos
Fuente: elaboración propia.
De seguido nos concentramos en las dos nuevas direcciones incluídas por el Código
Electoral de 2009:
19 El TSE le dio tal relevancia a la función que deberá desempeñar el IFED que le dio la misma categoría de la Dirección General
del Registro Civil y de la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos dentro de la
estructura orgánica de la institución.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 125

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
a. La Dirección General del Registro Electoral
y de Financiamiento de los Partidos Políticos
siguientes:
Según el artículo 28 del Código Electoral vigente, las funciones del REFPP son las
Tabla N°.5
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
a) Llevar el registro de partidos políticos. En este registro se asentarán las inscripciones
indicadas en el artículo 56 de este Código. Estas solo son oponibles a terceros a
partir de su inscripción.
b) Resolver, en primera instancia, las solicitudes de inscripción de los partidos políticos,
de los estatutos partidarios y sus reformas, así como de las candidaturas a puestos
de elección popular y demás actos sujetos a inscripción en el registro de partidos
políticos.
c) Emitir las certificaciones propias del registro.
d) Llevar el control de las contribuciones privadas y del Estado a los partidos políticos
e informar al TSE sobre cualquier irregularidad que detecte.
e) Ejecutar, dirigir y coordinar los programas electorales, conforme a las directrices del
TSE.
f) Designar a los delegados que asistirán a las asambleas de los partidos políticos que
el Tribunal autorice, cuando así proceda; además, supervisar su labor.
g) Coordinar la impresión de las papeletas electorales, cuando sea necesario o cuando
se lo encargue el TSE.
h) Las demás funciones que le otorgue el ordenamiento jurídico electoral o le encargue
el Tribunal.
Fuente: elaboración propia a partir del Código Electoral.
Para cumplir con estas funciones, mediante acuerdo adoptado en el artículo cuarto de
la Sesión Ordinaria Nº 089-2009, celebrada el ocho de setiembre del año dos mil nueve, el TSE
dispuso organizar el REFPP creando en su seno tres departamentos que lo apoyarán en el ejercicio
de las funciones asignadas por la normativa electoral. Tales departamentos son el de Registro
126
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
de Partidos Políticos, el de Coordinación de Programas Electorales y el de Financiamiento de
Partidos Políticos.
En el caso del Registro de Partidos Políticos, éste apoya al REFPP en las funciones que
se detallan en el Título III del Código que regula la actividad de los partidos políticos y en los
incisos a), b) y f) del ya citado artículo 28. Según el acuerdo respectivo 20 , el Registro de Partidos
Políticos preparará los proyectos de las resoluciones de inscripción de partidos y de estatutos, así
como las candidaturas a puestos de elección popular, las cuales serán dictadas por el Director
General como órgano resolutor de primera instancia.
El Departamento de Coordinación de Programas Electorales se encarga, por su parte,
de gerenciar la implementación de los programas de administración electoral necesarios para
asegurar el adecuado desarrollo de las fases del proceso electoral, es decir, la fase constitutiva,
la fase declarativa y el proceso de transmisión de datos 21 . Para efectos ilustrativos, en la
organización de las elecciones de febrero de 2010 han participado los siguientes programas 22 :
20 Artículo cuarto de la Sesión Ordinaria Nº 089-2009, celebrada el ocho de setiembre del año dos mil nueve.
21 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES (2009), p. 21 Y 22.
22 Ibíd, p. 26.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 127

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
Tabla N°.6
PROGRAMAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 2010
1. Acondicionamiento de Recintos Electorales
2. Acreditación de Fiscales de los Partidos Políticos
3. Asesores Electorales
4. Atención a Observadores Internacionales
5. Distribución y Recolección del Material Electoral
6. Emisión Declaratoria de Elección
7. Emisión del Padrón Registro
8. Empaque del Material Electoral
9. Equiparación de las Condiciones para el Ejercicio del Voto
10. Escrutinio
11. Guías Electorales
12. Impresión de Papeletas
13. Inscripción de Candidaturas
14. Permisos para Realizar Manifestaciones y Desfiles
15. Prensa
16. Protocolo
17. Publicidad
18. Recepción de la Documentación Electoral
19. Seguridad Electoral
20. Sistema de Información 120
21. Transmisión de Datos
22. Transportes
Fuente: elaboración propia a partir del Código Electoral.
Finalmente, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos tiene por función
apoyar al REFPP en el registro del control de las contribuciones privadas y del Estado a los
partidos políticos (artículo 28 inciso d); y lo estipulado en los demás artículos relativos a esta
materia en el Código Electoral.
128
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
b.- El Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED)
Las funciones asignadas al IFED por el nuevo Código Electoral, evidencian de manera
contundente el giro que el legislador le imprime a las funciones tradicionales del organismo
electoral. Se trata de dotarlo de las herramientas necesarias para contribuir de manera decisiva,
en la construcción de una democracia de ciudadanía en los términos antes indicados, a fin de
promover la participación activa y la deliberación informada de la población en los procesos
políticos 23 además de la promoción de valores que garanticen la convivencia democrática.
Según lo regula el artículo 309 de dicha normativa, el IFED tiene por objeto “formular
programas de capacitación dirigidos a la ciudadanía y a los partidos políticos, tendientes
a promover los valores democráticos y la participación cívica, atendiendo criterios de
regionalización”. Además, entre otras, tiene las siguientes atribuciones:
23 Según OVEJERO, MARTI y GARGARELLA (2004), los procesos de deliberación democrática o de discusión colectiva pueden
ayudar “a que los distintos segmentos o grupos sociales se encuentren en una valiosa experiencia en común. En tal sentido,
el proceso deliberativo puede, indirectamente, contribuir al establecimiento o fortalecimiento de lazos entre gentes que, de
otro modo, no tendrían la posibilidad de encontrarse. A través de la discusión, además, las decisiones públicas tienen a ganar
en legitimidad y respetabilidad, lo cual repercute positivamente sobre toda la comunidad. A la vez, los ciudadanos se sienten
comprometidos con las decisiones en las que participan , lo que facilita la realización de las distintas políticas. También es
importante el efecto educativo de los debates sobre la ciudadanía. Por medio de ellos, en efecto, cada individuo puede
reconocer la importancia de escuchar a otros y de ser escuchado. Finalmente, los debates colectivos prometen ejercer un
efecto positivo sobre la cultura común, en la medida en que se vaya asentando la práctica de adoptar sólo aquellas decisiones
que encuentran respaldo en razones públicamente aceptables.”, págs. 39, 40.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 129

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
Tabla N°.7
FUNCIONES DEL IFED
a) Generar y ejecutar programas de formación para promover una ciudadanía activa,
para lo cual se prestará especial atención a los sectores con mayores dificultades
para participar en la política por motivos regionales, socioeconómicos o culturales.
b) Organizar talleres de formación y capacitación en todo el país, en particular en las
zonas rurales, dirigidos a informar a la población respecto del ejercicio de los derechos
político electorales, a efecto de promover la participación de estas poblaciones en la
política local, provincial y nacional.
c) Ofrecer capacitación a los partidos políticos sobre temas de administración electoral,
justicia electoral, democracia y organización interna.
d) Prestar colaboración a los partidos políticos en temas de formación ciudadana,
promoviendo cursos virtuales o autoformativos en materia electoral.
e) Colaborar con el Ministerio de Educación Pública (MEP), en la formulación de
programas de educación cívica dirigidos a la población estudiantil, a fin de fortalecer
los valores cívicos y democráticos de la ciudadanía.
f) Proveer información a la ciudadanía sobre el sistema democrático y el rol de los
funcionarios públicos de elección popular.
g) Ofrecer capacitación a los funcionarios electos en temas electorales y coordinar con
otras instituciones públicas para impartir cursos relativos al ejercicio de la función
pública.
h) Fomentar el desarrollo de investigaciones y publicaciones sobre temas relacionados
con democracia y elecciones.
i) Administrar un centro de documentación especializado en democracia y elecciones,
accesible a la ciudadanía y con aplicación de técnicas informáticas.
j) Cualquier otra función que el Tribunal le asigne.
Fuente: elaboración propia a partir del Código Electoral.
Por tal razón, el diseño normativo del IFED es sumamente ambicioso al encargarle
tres funciones básicas: la formación cívica, la capacitación electoral, la capacticación de
funcionarios electos y la investigación sobre democracia.
Los públicos meta fundamentales,
130
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
según la ley son los partidos políticos, los funcionarios electos y la ciudadanía en general.
Visto en retrospectiva, desde su fundación hace 60 años, el TSE ha pasado de ser un organismo
básicamente concentrado en el registro civil y la administración electoral, a asumir de manera
creciente un rol jurisdiccional cada vez más relevante. A partir del Código Electoral de 2009,
el TSE se enfrenta al desafío de constituirse en actor fundamental en la promoción de valores
democráticos y de la participación cívica. En el cumplimiento de tales propósitos, la ley obliga
al IFED a atender criterios inclusivos y de regionalización. Asimismo, se le prohíbe promover
una ideología política en particular. Finalmente, para cumplir los objetivos del IFED, el TSE
puede recibir donaciones, que podrán depositarse en fideicomisos, y suscribir convenios de
cooperación con instituciones dedicadas a la formación cívica.
V. Conclusión
El nuevo Código Electoral promulgado en setiembre de 2009, es producto de un largo
proceso legislativo que arrancó ocho años antes con la presentación del proyecto de reforma
elaborado por el TSE. La política de reforma y los énfasis de la legislación variaron durante
el transcurso del trámite, al ritmo en que también cambiaban las principales tendencias de
reforma electoral en Latinoamérica. No obstante, el nuevo Código Electoral representa un
avance cualitativo en el concepto de democracia, pues no sólo innova y mejora la regulación
de la competencia electoral propiamente dicha, sino que también incursiona con determinación
y de manera inclusiva en la promoción de una ciudadanía activa, lo cual se refleja en las nuevas
atribuciones y organización del TSE.
En efecto, la ley amplía y desarrolla las funciones del TSE a la vez que modifica su estructura
orgánica. A las clásicas funciones jerárquicas y de administración electoral asignadas al TSE,
se acompaña una novedosa regulación para la jurisdicción electoral y el reconocimiento de la
función cuasi-legislativa asignada al TSE por la propia Constitución Política. Adicionalmente, el
Código Electoral asigna al TSE nuevas atribuciones específicas en la promoción de la ciudadanía
activa y de los valores democráticos. Ello se refleja en varios cambios organizativos, entre los
cuales sobresalen la creación de la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento
de Partidos Políticos (REFPP) y el Instituto de Formación y Estudios para la Democracia (IFED).
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 131

Max Alberto Esquivel Faerron
Hugo Picado León
VI. Bibliografía citada
Alcántara Sáez, Manuel (2004). ¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y
organización de los partidos políticos latinoamericanos. Barcelona: ICPS.
Alcántara Sáez, Manuel (2006). Políticos y política en América Latina. Madrid: Fundación
Carolina y Siglo XXI.
Alcántara Sáez, Manuel y Freidenberg, Flavia (2001). Partidos políticos de América Latina.
Salamanca: Ediciones USAL. 3 tomos.
Alfaro Salas, Sergio (2001). “Sistema electoral y cambio organizativo en los partidos: el caso de
Costa Rica”. En: América Latina Hoy, Nº.27 (abril), pp. 67-87.
Freidenberg, Flavia. (2006). “La democratización de los partidos políticos: entre la ilusión y
el desencanto”. En: Fernando Sánchez y José Thompson (eds.). Fortalecimiento de
los partidos políticos en América Latina: Institucionalización, democratización y
transparencia. Serie Cuadernos de Capel, Nº.50. San José: IIDH.
García Díez, Fátima (2004). “El futuro de la tecnología electoral: soluciones técnicas y problemas
políticos”. Ponencia presentada en la II Reunión Interamericana de Tecnología Electoral
OEA, Panamá, 1 y 2 de marzo de 2004.
García Díez, Fátima (2005). Procesos contemporáneos de reforma electoral en América Central
y Caribe. Salamanca: Fundación General de la Universidad de Salamanca.
García Díez, Fátima (2006). Preferencias institucionales y reforma electoral en América Latina.
Los actores y su contexto desde una perspectiva multinivel. Documentos CIDOB, Serie
América Latina N°.14, Barcelona: CIDOB Ediciones.
Lehoucq, Fabrice (2002). “Can Parties Police Themselves? Electoral Governance and
Democratization”. En: International Political Science Review, Vol.23, Nº.1, págs. 29-46.
Lehoucq, Fabrice (2004). “Elections, suffrage rights, and voter turnout rates in Central America,
1901-2000”. En: Problèmes d’Amérique Latine, Nº.54, Fall 2004.
Lehoucq, Fabrice y David Wall (2004). “Explaining voter turnout rates in new democracies:
Guatemala”. En: Electoral Studies, Nº.23, págs. 485-500.
Ovejero, Félix, Martí, José Luis y Gargarella, Roberto (compiladores) (2004). Nuevas ideas
republicanas: autogobierno y libertad. Barcelona: Paidós.
132
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Reforma al Código Electoral:
cambios en las funciones y estructura del TSE
Picado León, Hugo (2008). “La negociación de la reforma al Código Electoral costarricense”.
En: Revista de Derecho Electoral, N°5, Primer Semestre de 2008, San José, Costa Rica:
Ediciones Tribunal Supremo de Elecciones, pp. 51-74.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- (2004). La Democracia en América
Latina: hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Buenos Aires, Aguilar, Altea,
Taurus, Alfaguara,
Raventós Vorst, Ciska y otros. (2005). Abstencionismo en Costa Rica: ¿quiénes son y porqué no
votan?. San José: Ediciones de la Universidad de Costa Rica.
Sobrado González, Luis Antonio (2005). La justicia electoral en Costa Rica. San José:
Investigaciones Jurídicas S.A..
Tribunal Supremo de Elecciones (2009). Plan General de Elecciones, Elecciones Generales a
celebrarse el 7 de febrero y 5 de diciembre del año 2010. San José, C.R. Tribunal Supremo
reelecciones. Oficina de Coordinación de Programas Electorales, agosto de 2009.
Zovatto, Daniel (2008). “La Reforma Político-Electoral en América Latina 1978-2007: evolución,
situación actual, tendencias y efectos”. En: Revista de Derecho Electoral, N. º 6, Segundo
Semestre 2008.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 133

Justicia electoral en el nuevo código
zetty Bou Valverde *
José Joaquín Guzmán Herrera **
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 30 de noviembre de 2009.
Revisión, corrección y aprobación: 8 de enero de 2010.
Resumen: Analiza cada uno de los procesos que el Código Electoral publicado el 2 de setiembre de 2009,
le atribuye a la jurisdicción electoral: recurso de amparo electoral, impugnación de acuerdos de asambleas
de partidos políticos en proceso de constitución e inscripción, acción de nulidad de acuerdos partidarios,
recurso de apelación electoral, demanda de nulidad relativa a resultados electorales, cancelación o
anulación de credenciales, tanto de funcionarios municipales de elección popular, como de miembros de
los Supremos Poderes y denuncia por parcialidad o beligerancia política.
Palabras claves: Jurisdicción electoral / Justicia electoral / Amparo electoral / Nulidad electoral /
Cancelación de credenciales / Acción de nulidad.
Abstract: This paper analyzes each of the judicial proceedings that can be filed before the electoral
jurisdiction under the Electoral Code, published on September 2nd, 2009: writ of electoral
amparo, objections of accords of political parties’ in the process of constitution and registration, action
for annulment of partisan accords, remedy of electoral appeal, action for annulment of electoral results,
cancellation or annulment of credentials of both popularly elected municipal officials and members of
the Supreme Powers and accusation of political bias or belligerence.
Key words: Electoral Jurisdiction / Electoral Justice / Writ of Electoral Amparo / Electoral Nullity /
Cancellation of Credentials / Action for annulment.
* Master en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Graduada del Programa Ejecutivo INCAE-Georgetown University
“Aspectos Legales de los Negocios Internacionales”. Experta en medios alternos de resolución de controversias. Ha ejercido
como Abogada y Notario Público en oficina propia y como Abogada y Notario Externa de bancos estatales y otras instituciones.
Asesora legal de entidades públicas y privadas. Arbitro de Derecho y Conciliadora, autorizada para ambas funciones por
el Ministerio de Justicia y Gracia. Profesora Universitaria. Curadora de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Magistrada
Suplente del Tribunal Supremo de Elecciones desde diciembre de 2004 y Magistrada Propietaria en ejercicio. Ha participado
como observadora internacional en varios procesos electorales de Latinoamérica y como expositora o panelista en seminarios
locales e internacionales.
** Letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Licenciado en Derecho por la Universidad de San José. Bachiller en Ciencias
Política por la Universidad de Costa Rica.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 135

Zetty Bou Valverde
José Joaquín Guzmán Herrera
I. Introducción: La Justicia Electoral en Costa Rica
En el mundo coexisten diferentes sistemas de justicia electoral, determinados por la
evolución de cada región y país, los reclamos sociales y acuerdos de las fuerzas políticas
en un momento histórico dado. No obstante, se evidencia una marcada tendencia hacia la
judicialización (entendida como “despolitización”, según interpretación acuñada por Héctor Fix
Zamudio) de los procedimientos contencioso-electorales, independientemente de la ubicación
del órgano encargado de tramitarlos. Se busca cumplir con la exigencia de contar con recursos
efectivos ante jueces o tribunales competentes que brinden las debidas garantías, tanto orgánicas
(autonomía funcional y financiera, eficiencia, independencia e imparcialidad, idoneidad,
responsabilidad) como procesales (acceso efectivo a la justicia, tutela judicial efectiva, debido
proceso).
El “sistema latinoamericano”, se caracteriza, además, por tener tribunales electorales
especializados de naturaleza administrativa o jurisdiccional, y en algunos casos, como ocurre
en nuestro país, un órgano constitucional, con rango de poder de la república 1 ,
En Costa Rica la jurisdicción electoral 2 es ejercida de manera exclusiva y excluyente por
el Tribunal Supremo de Elecciones, en lo sucesivo TSE, (219) 3 de acuerdo con los principios 4
1 Artículo 9, Constitución Política. “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y
responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
/ Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. / Un Tribunal Supremo de Elecciones,
con el rango e independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización,
dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las
leyes”.
2 En ejercicio de la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el Derecho al caso concreto para resolver la
controversia de manera definitiva, el TSE, como juez de la mayor jerarquía, “dice o declara el derecho” de manera exclusiva
y excluyente en el ámbito electoral.
3 En lo sucesivo, el número de artículo del Código Electoral pertinente al texto que se desarrolla se indica entre paréntesis.
4 En materia electoral, a falta de disposición expresa, se estará a los principios generales del Derecho (art 1 Código Electoral
–CE-); Principios de participación política por género –paridad y alternancia- (art 2 CE); adicionalmente los principios pro
participación, democrático, soberanía popular, pro libertad, no falseamiento de la voluntad popular, conservación del acto
electoral, preclusión y calendarización, economía electoral (así como seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y
equidad, referidos al campo electoral), según la jurisprudencia del TSE.
136
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Justicia electoral en el nuevo código
y con base en las fuentes del ordenamiento jurídico enunciados en el Código Electoral, en lo
sucesivo CE 5 (219 y 222).
Dentro del contencioso electoral (entendido como conjunto de controles o impugnaciones
estrictamente jurisdiccionales 6 frente a actos y procedimientos electorales) el TSE conoce y
resuelve todos los conflictos, salvo las acciones de inconstitucionalidad y los recursos de habeas
corpus que son conocidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y los
delitos electorales, los que se mantienen dentro del ámbito de competencia de los tribunales
penales ordinarios.
La jurisprudencia del TSE en materia electoral es vinculante erga omnes, salvo para sí
mismo (221), de manera tal que puede variar en el tiempo, por una nueva integración o un
enfoque diverso del tema. Sus resoluciones tienen fuerza de cosa juzgada material, dado que
no pueden ser revisadas por ninguna otra instancia. Podrán ser aclaradas o adicionadas, cuando
así lo soliciten las partes en el plazo establecido de tres días y de oficio, en cualquier momento,
aún en etapa de ejecución del fallo, cuando así lo amerite la adecuada ejecución de lo resuelto.
(223) 7 El nuevo código atribuye a la jurisdicción electoral el conocimiento (220) de siete
procesos, a saber:
a) El recurso de amparo electoral.
b) La impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en proceso de
constitución e inscripción.
c) La acción de nulidad de acuerdos partidarios.
d) El recurso de apelación electoral.
e) La demanda de nulidad relativa a resultados electorales.
f) La cancelación o anulación de credenciales
5 La Constitución Política; los tratados internacionales vigentes en Costa Rica; las leyes electorales; los reglamentos, las
directrices y las circulares emitidos por el TSE; los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos; las demás
disposiciones subordinadas a los reglamentos y los estatutos partidarios. Las normas no escritas, como la jurisprudencia
electoral, los principios del derecho electoral y la costumbre, tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o
delimitan (art 3 CE).
6 El TSE aplica el derecho al caso concreto para resolver una controversia con base en los principios y fuentes del Ordenamiento
Jurídico Electoral (art 222 CE)
7 De conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política “Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no
tienen recurso, salvo la acción por prevaricato.”
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 137

Zetty Bou Valverde
José Joaquín Guzmán Herrera
i. Funcionarios municipales de elección popular
ii.
Miembros de los Supremos Poderes.
g) La denuncia por parcialidad o beligerancia política.
Algunos de ellos, como el recurso de amparo y el de apelación electoral, pueden ser
presentados en época electoral y no electoral, al igual que las denuncias por parcialidad o
beligerancia política. Otros, como la impugnación de acuerdos de asambleas de partidos
políticos en proceso de constitución e inscripción, solamente en esa etapa de la vida partidaria.
La acción de nulidad se puede interponer durante los procesos de postulación de candidatos
de elección popular o selección de autoridades internas. La demanda de nulidad relativa a
resultados electorales, únicamente durante la jornada electoral propiamente tal -fase del proceso
de sufragio- y escrutinio. La cancelación o anulación de credenciales, luego de la entrega de
éstas a los funcionarios electos popularmente.
Desde otra perspectiva, algunos de los recursos proceden únicamente contra actos de los
órganos partidarios (acción de nulidad contra acuerdos partidarios, impugnación de acuerdos de
asambleas de partidos en etapa de constitución e inscripción), contra actos de los órganos que
intervienen en el proceso electoral (recurso de apelación electoral, demanda de nulidad relativa
a resultados electorales), contra funcionarios públicos en ejercicio de un cargo (beligerancia,
cancelación de credenciales), contra órganos partidarios, funcionarios o particulares (amparo
electoral).
Por su incidencia en la validez de los resultados electorales, se pueden clasificar en
aquellos que la tienen (recurso de apelación electoral, demanda de nulidad de resultados
electorales, durante procesos electorales nacionales y municipales, impugnación de acuerdos
de asambleas de partidos en formación, y acción de nulidad de acuerdos partidarios, dentro
de los procesos eleccionarios intrapartidarios) y los que no la tienen (amparo, beligerancia,
cancelación o anulación de credenciales).
Hechas las anteriores disgregaciones, nos referiremos de seguido a cada uno de los
procedimientos que conforman nuestro sistema de justicia electoral.
138
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Justicia electoral en el nuevo código
II.
Institutos de jurisdicción electoral
A. Recurso de Amparo Electoral 8
Este recurso, que se define per sé como derecho fundamental, a su vez se concibe como
un mecanismo procesal para garantizar la tutela efectiva de los derechos y las libertades de
carácter político-electoral (derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución,
los Instrumentos Internacionales y las leyes), frente a partidos políticos y otros sujetos públicos
o privados, que de hecho o de derecho, se encuentren en una posición de poder idónea para
afectar su ejercicio legítimo. No es un amparo de legalidad.
Procede contra toda acción, omisión o simple actuación material, sea ésta arbitraria o
fundada en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas, que viole o amenace
violar cualesquiera de los derechos y libertades tutelados, 9
En cuanto a legitimación activa se refiere, podrá ser interpuesto por la persona
directamente afectada o por un tercero a favor de ésta, siempre y cuando identifique al
beneficiario de su gestión y suministre la dirección donde pueda ser notificado. En este último
supuesto será necesaria la ratificación del afectado en los siguientes tres días hábiles, caso
contrario se procederá al archivo de la gestión. (227)
Como regla general, el recurso deberá ser interpuesto dentro de los dos meses siguientes
a la fecha en la que inicie la perturbación del derecho. Sin embargo, cuando el afectado sea
un aspirante a un puesto de elección popular y la afectación se suscite dentro del período de
escogencia de que se trate, el recurso deberá plantearse necesariamente dentro de los tres días
hábiles siguientes a la notificación del acto lesivo o a la celebración de la asamblea en que se
produjo la supuesta afectación. (228). Estos plazos de caducidad (y no de prescripción como
erróneamente consigna el código) tan cortos, se justifican por el ajustado calendario electoral
que debe cumplirse y la aplicación del principio de preclusión y calendarización que rige en la
materia. 10
8 Este recurso fue creado jurisprudencialmente por el TSE mediante resolución TSE No 303-E-2000, y desarrollado en ulteriores
resoluciones, y fue incorporado al nuevo Código Electoral, vigente a partir del 2 de setiembre del 2009
9 Los reclamos contra las decisiones de los organismos electorales inferiores no se tramitarán por esta vía, sino por la del
recurso de apelación electoral (art 225 CE)
10 Al respecto pueden verse las resoluciones 0080-E-2002, 1878-E-2004, 0129-E-2006, en la página www.tse.go.cr
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 139

Zetty Bou Valverde
José Joaquín Guzmán Herrera
El recurso es de acceso directo, de modo tal que, para su interposición no resulta necesario
agotar los mecanismos de impugnación previstos en el estatuto o reglamentos del respectivo
partido político. En el evento que el afectado opte por ejercitar los recursos intrapartidarios, el
código señala que se suspenderá el plazo de “prescripción” (229). 11
En materia de amparo la regla es que la admisión del recurso suspende de pleno derecho
de los efectos de los actos impugnados. No se suspenden las normas cuestionadas, pero sí la
aplicación de éstas al recurrente, así como la de los actos concretos impugnados.
En casos de excepcional gravedad (cuando la suspensión cause o amenace causar daños
o perjuicios ciertos e inminentes, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, reza
el código), el TSE podrá disponer la ejecución, a solicitud de parte o de oficio, estableciendo las
cautelas o garantías adecuadas para proteger los derechos o las libertades reclamadas y no hacer
nugatorio el efecto de una eventual resolución de fondo favorable. (230)
De igual modo, el presidente del Tribunal o el magistrado instructor, podrán adoptar las
medidas de conservación o seguridad que estimen adecuadas a las circunstancias del caso, para
prevenir riesgos materiales u otros daños como consecuencia de los hechos investigados.
El Tribunal, mediante resolución debidamente fundamentada, podrá levantar, en
cualquier momento, la autorización de ejecución o las medidas cautelares dispuestas. (230)
Los recursos de amparo electoral se pueden presentar fuera de las horas y días hábiles,
quedando a cargo del Tribunal la reglamentación del protocolo correspondiente. (231)
Al trámite del recurso de amparo electoral serán aplicables las disposiciones contenidas
en el título III de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 12 para el recurso de amparo, en lo
que no resulte incompatible con la regulación específica del código. De conformidad con
lo anterior, el escrito de interposición expresará el hecho o la omisión, el derecho violado o
amenazado, el nombre del recurrido y las pruebas pertinentes. Si se admite para estudio, se dará
11 El código utiliza incorrectamente la palabra “prescripción” en lugar de “caducidad” en el texto del artículo de cita.
12 Ley No. 7135 de 11 de octubre de 1989
140
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Justicia electoral en el nuevo código
traslado al recurrido y se le requerirá para que rinda un informe bajo la fe de juramento, en el
plazo que se le confiera (1-3 días). 13 Si no contesta se tendrán por ciertos los hechos.
Si el acto impugnado es positivo, la sentencia tendrá por objeto restituir o garantizar al
agraviado en el pleno goce de su derecho, y cuando resultare posible, regresar las cosas al estado
que tenían antes de la violación. Si se recurre de la denegación de un acto o una omisión, se
ordenará al demandado realizar la conducta en un plazo perentorio. Si fuese interpuesto contra
una mera conducta o actuación material, o una amenaza, se ordenará proceder a la inmediata
cesación y evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción. La sentencia
establecerá los demás efectos para el caso concreto y además contendrá una condenatoria
genérica en daños y perjuicios. El Tribunal podrá dimensionar los efectos de la sentencia para
adaptarla a los requerimientos
B. Impugnación de acuerdos de asambleas de partidos
políticos en proceso de constitución o inscripción
Se trata, con algunas modificaciones, del procedimiento recursivo que regulaba el
artículo 64 del anterior Código Electoral.
Como lo señala el Dr. Luis Antonio Sobrado González:
“Corresponde al TSE “Vigilar, conforme al ordenamiento jurídico y los estatutos
respectivos, los procesos internos de los partidos políticos para la designación
de candidatos a puestos de elección popular” (art. 19.h del Código Electoral),
así como los relativos a la escogencia de sus autoridades internas (art. 95.8 de la
Constitución); vigilancia que persigue garantizar la regla constitucional que obliga
a que el ejercicio de la actividad partidaria se haga con apego a la Constitución
y la ley, debiendo ser democráticos su estructura interna y funcionamiento (art.
98 de la Constitución).
Una de las vías para concretar esa vigilancia es el mecanismo recursivo previsto
en el numeral 64 in fine del Código Electoral, que autoriza a impugnar la
validez de los acuerdos adoptados por las distintas asambleas partidarias, lo que
corresponde resolver al comité ejecutivo superior de la respectiva organización.
Lo resuelto por esa autoridad partidaria, puede ser apelado ante la Dirección
13 En caso de que alguno de los representantes del partido accionado sea el recurrente, para la contestación de la audiencia
deberá sustituirlo su suplente. (226)
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 141

Zetty Bou Valverde
José Joaquín Guzmán Herrera
General del Registro Civil; y, contra su decisión, podrá recurrirse ante el TSE. El
plazo para impugnar ante esas sucesivas instancias es de cuarenta y ocho horas,
las cuales dispondrán de tres días para resolver.
Conforme se aprecia, en este caso se rompe el principio de la uniinstancialidad
de los mecanismos propios de la justicia electoral costarricense.” 14
Actualmente este instituto está contenido en el numeral 232 del Código Electoral, con
dos innovaciones: a) se utiliza solamente para impugnar los acuerdos de las asambleas de los
partidos políticos en proceso de constitución e inscripción; b) superada la etapa de impugnación
ante el Comité Ejecutivo Provisional se apela ante la Dirección General del Registro Electoral y
de Financiamiento de Partidos Políticos, de reciente creación legal, por lo que la atribución de
resolver estas controversias le fue suprimida a la Dirección General del Registro Civil.
Propiamente sobre el procedimiento, cabe señalar que cualquier integrante de la
asamblea puede formular su impugnación ante el Comité Ejecutivo Provisional dentro de los
tres días siguientes a la notificación del acuerdo. Lo que resuelva el Comité Ejecutivo Provisional
podrá apelarse, dentro de tercer día, ante la Dirección General del Registro Electoral y de
Financiamiento de Partidos Políticos.
Cuando el acuerdo que se impugne sea de la Asamblea Superior del partido, se presentará
directamente el recurso ante la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de
Partidos Políticos. La resolución que emita esta dependencia podrá apelarse ante el TSE, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, quien decidirá de manera definitiva.
Este instituto procesal tiene tres particularidades básicas: a) opera como un contralor
de legalidad de las distintas asambleas partidarias; b) constituye un proceso sumario con tres
instancias; c) para la resolución de las impugnaciones, al igual que lo establecía el numeral 64
del anterior Código Electoral, servirá como prueba, entre otras, el informe de los representantes
del TSE.
Todo aquel que impugne los acuerdos de las asambleas partidarias, además de su
condición de asambleísta o delegado, debe demostrar la existencia de un interés legítimo o un
derecho subjetivo lesionado. La legitimación, en otras palabras, no es objetiva en el tanto no
14 SOBRADO (Luis Antonio). “La Justicia Electoral en Costa Rica”. San José, C.R.: Investigaciones Jurídicas S.A., 2005, págs. 40-
41.
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Justicia electoral en el nuevo código
cabe ejercer un control en abstracto sobre la validez de cualquier actuación, sino que se trata
de derechos y quebrantos de índole personal, propios de un titular específico.
El TSE, en el tema de la legitimación, durante la vigencia del anterior código electoral,
definió que para activar el mecanismo de impugnación debe producirse una situación
de controversia explicitada en el seno de las asambleas partidarias, lo que implica que el
delegado partidario, más allá de su condición de asambleísta y del derecho subjetivo o interés
legítimo eventualmente lesionado, debe demostrar que durante el curso de la asamblea tuvo
una participación fallida en un proceso electivo, que se le rechazó una moción propuesta o
apadrinada por él o que se opuso a uno o varios acuerdos. 15 El punto no ha sido analizado luego
de la entrada en vigencia del nuevo código.
Finalmente, es menester apuntar que quien resulte afectado por una disposición de una
asamblea partidaria y no tenga la condición de asambleísta, puede plantear su reclamo mediante
la figura de la acción de nulidad o a través del recurso de amparo electoral.
C. Acción de nulidad de acuerdos partidarios
Este instituto procesal también fue de creación y desarrollo jurisprudencial del TSE a
partir de la resolución n.° 1440-E-2000, y según se ha señalado:
“Es un mecanismo de protección residual para aquellos casos en que el
procedimiento recursivo del artículo 64 del Código Electoral, por las comentadas
limitaciones, no permita controlar la legalidad de las decisiones partidarias
relativas a la postulación de candidaturas y a la designación de cargos internos
de autoridad.
Surge también por vía jurisprudencial (a partir de la adopción de la sentencia N°
1440-E-2000) y bajo similares motivaciones a las que produjeron la instauración
del recurso de amparo electoral.” 16
Con su incorporación al actual Código Electoral, puede afirmarse que la Acción de
Nulidad opera como un mecanismo de protección residual para aquellos casos en los cuales
no pueda acudirse al artículo 232 del Código Electoral. Asimismo, cabe aclarar que se trata
15 Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 2861-E-2005 de las 10:55 horas del 11 de noviembre de 2005
16 SOBRADO, Op.Cit.,p.50
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de un instituto formal donde no rige el informalismo que caracteriza a los recursos de amparo
electoral.
Su fundamento lo encontramos, básicamente, en los artículos 98 de la Constitución
Política y 233 del Código Electoral; y por su medio se realiza el control de legalidad de la
actuación de los órganos partidarios, relacionada con los procesos de postulación de candidatos
de elección popular o selección de autoridades internas.
Sus condiciones de admisibilidad son las siguientes:
1. Quien la ejercita debe ser titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo
(234)
2. Requiere del agotamiento de los mecanismos de impugnación ante la instancia
colegiada de resolución de conflictos del partido de que se trate, cuando ello
proceda (235).
3. Debe identificarse el acto o la disposición cuya nulidad se reclama, con
indicación de la forma en que con ellos se lesionan derechos subjetivos o
intereses legítimos del accionante, así como la relación entre el acto impugnado
y los procesos de integración de los órganos partidarios o los mecanismos de
selección de candidatos (236).
La gestión debe ser presentada por escrito ante el TSE dentro del plazo de cinco días
hábiles, que se contarán a partir del agotamiento de los recursos internos, cuando ello proceda
(237). Cabría entender que el accionante puede plantear directamente la acción recursiva
ante el TSE, obviándose el necesario agotamiento de los recursos internos, cuando se esté ante
acuerdos de la asamblea superior del Partido, no recurribles ante un órgano inferior, o cuando
no exista en el estatuto o en la reglamentación interna la posibilidad de impugnar los actos
emitidos.
Cuando la redacción del escrito de interposición resulte oscuro, de modo que no pueda
establecerse el hecho que motiva la acción, no cumpla con los requisitos establecidos, o no
acredite el agotamiento de los recursos internos ante el Partido, el TSE puede prevenir al actor
que corrija los defectos u omisiones detectadas, so pena de archivar la gestión en caso de
incumplimiento.
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Justicia electoral en el nuevo código
Una vez admitida la acción, se concede audiencia por un plazo máximo de tres días
hábiles, al presidente o al secretario general del comité ejecutivo superior del partido político
demandado, para que se pronuncie sobre la acción interpuesta. En caso de que alguno de ellos
fuera el actor, para la contestación de la audiencia deberá ser sustituido por su suplente (238).
Cabe precisar, además, que la contestación que brinda la autoridad recurrida, una vez
cursada la acción de nulidad, a diferencia de lo que ocurre en el recurso de amparo, no se rinde
bajo gravedad de juramento no obstante el carácter formal de este instituto.
Contestada la audiencia u omitida la respuesta por la autoridad recurrida, el TSE procede
a resolver la acción en única instancia para lo cual, de estimarlo necesario, puede solicitar
prueba para mejor proveer (239).
D. RECURSO DE APELACIÓN ELECTORAL
Procede contra los actos que, en materia electoral, dicten:
a) El Registro Electoral (inscripción de partidos políticos y candidatos y otras
gestiones de su competencia).
b) Las juntas electorales –cantonales y receptorasc)
El funcionario encargado de autorizar las actividades en lugares públicos (tanto
del TSE como autoridades municipales y de salud).
d) Las delegaciones cantonales de policía (apertura y cierre de clubes partidarios).
e) Cualquier otro funcionario o dependencia del Tribunal, con potestades decisorias
en la materia (el Registro Civil mantiene por disposición constitucional la
expedición de cédulas de identidad y el manejo del padrón electoral),
f) Cualquier persona que colabore en una u otra forma en el ejercicio de la función
electoral (auxiliares electorales, encargados de centro de votación, delegados
del TSE). (240)
El recurso debe interponerse dentro del tercer día 17 , directamente ante el Tribunal,
cuando se impugnen actos de las juntas electorales y ante el órgano que dictó el acto, en los
demás casos. (241). En este último supuesto, el órgano recurrido se pronunciará acerca de la
17 El código no indica si son hábiles o naturales, pero en aplicación de lo establecido en el artículo 256 inciso 2 de la Ley
General de la Administración Pública se debe entender que son hábiles.
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admisibilidad del recurso y, de estimarlo procedente, lo trasladará de inmediato al Tribunal con
el expediente, para su resolución. En el evento de que hubiese sido mal admitido el recurso, el
Tribunal lo declarará así y devolverá el expediente al lugar de origen.
Contra las resoluciones que denieguen ilegalmente un recurso de apelación, podrá el
interesado formular una apelación por inadmisión, en cuyo caso, se aplicarán las reglas previstas
en los artículos 583 y siguientes del Código Procesal Civil. (242).
Si el recurso se interpone en tiempo y forma, se abre la competencia del Tribunal para
conocer del asunto. Caso contrario, por tratarse de actividad jurisdiccional, el Tribunal como
juzgador ad quem no podrá enmendar las resoluciones de los órganos resolutores de primera
instancia.
La interposición del recurso no suspende la ejecución de los actos recurridos. Sin
embargo, el Tribunal podrá dictar las medidas de conservación o de seguridad que resulten
procedentes, para evitar que se produzcan daños de difícil o imposible reparación. (243)
Estarán legitimados para interponer el recurso:
1. quien ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo;
2. el Comité Ejecutivo Superior de cualesquiera de los partidos políticos que tengan
candidaturas inscritas en el proceso electoral involucrado, actuando por medio
de quien ostente la representación legal correspondiente. (245)
E. Demanda de nulidad relativa a resultados electorales
Como consecuencia de los principios de respeto de la voluntad popular expresada en las
urnas y de la conservación del acto, el CE contempla causales taxativas de nulidad, al establecer
que procede ésta en relación con:
a) El acto, el acuerdo o la resolución de una junta ilegalmente integrada 18 ,
ilegalmente reunida o que funcione en lugar u hora diferente de los establecidos
legalmente.
18 Por ejemplo que los integrantes sean parientes, menores de edad, personas inhabilitadas. No obstante lo dicho, es válida
la votación celebrada ante una junta receptora de la cual haya formado parte un miembro que no reúne las condiciones
requeridas por la ley. (246)
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Justicia electoral en el nuevo código
b) El padrón registro, el acta, el documento, la inscripción, el escrutinio o el
cómputo que de modo evidente resulte no ser expresión fiel de la verdad.
c) La votación y la elección de una persona que no reúne las condiciones legales
necesarias para servir el cargo y las que se hagan contra los mandatos de la
Constitución y el Código Electoral. 19
Este recurso, a diferencia del amparo, es formal. Así, la demanda debe indicar expresamente
el vicio que se reclama, el texto legal aplicable y acompañar la prueba documental pertinente
o indicar, en caso de no poderla aportar, el lugar donde se encuentra, señalando el motivo que
excuse la omisión (247). El código es meridianamente claro al reafirmar en el artículo 250 que
“la carga de la prueba, en este procedimiento, corresponderá al demandante, lo que le obliga a
acreditar el vicio.” (250)
En lo que a legitimación activa respecta, se establece que la ostenta cualquier persona
que haya emitido su voto.(248) Como se puede apreciar, se habla de votante y no de elector o
ciudadano.
El plazo de caducidad es corto, en virtud de los principios de calendarización y preclusión
electorales, ya señalados. Así,
a) la demanda fundada en razones conocidas el día de la elección o a raíz del
escrutinio preliminar (de las juntas receptoras), deberá ser presentada por escrito
ante el TSE dentro de los tres días posteriores a aquel en que haya sido entregada
la documentación que se ha de escrutar;
b) en caso de posibles vicios hallados durante el escrutinio definitivo (del Tribunal),
deberá interponerse, también por escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes
a la realización del escrutinio específico de la junta que se impugna;
c) en los demás casos, deberá gestionarse antes de que el Tribunal haga la declaratoria
19 Declarada con lugar una demanda de nulidad por esta causal, el TSE, al hacer la declaratoria de elección, procederá a la
adjudicación de cociente sin tomar en cuenta a tal persona (246)
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de la elección correspondiente 20 . Se establece expresamente como requisito
de admisibilidad, la inexistencia de pronunciamiento previo sobre el aspecto
concreto que se reclama (249Recibida la demanda, el Tribunal verificará que
reúna los requisitos establecidos. De no ser así, la rechazará por improcedente.
En caso de cumplirlos, dictará la resolución de fondo que corresponda. (251)
Por razones obvias, nuestro derecho positivo establece que todas las sentencias deberán
dictarse antes de la declaratoria de la elección de que se trate. Luego de ésta, no se podrá volver
a discutir acerca de la validez de dicha declaratoria ni de la aptitud legal de la persona electa,
salvo por causas sobrevinientes que la inhabiliten para el ejercicio del cargo, en cuyo caso
procedería una solicitud de cancelación de credenciales, según el trámite establecido. (252)
F. Cancelación o anulación de credenciales
Es un instituto de jurisdicción electoral que permite fiscalizar o revisar la conducta o
actuación de los funcionarios de elección popular.
Se puede dar en dos supuestos, a saber, en el caso de funcionarios municipales de
elección popular y con relación a miembros de los supremos poderes.
1) FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ELECCIÓN POPULAR
Corresponde al TSE, por disposición de los numerales 253 del Código Electoral y 25
del Código Municipal, cancelar o declarar la nulidad de las credenciales de los funcionarios
municipales de elección popular como son los alcaldes, regidores, síndicos, intendentes,
concejales de distrito y miembros de los concejos municipales de distrito.
Algunos aspectos generales que deben tenerse claros respecto de este instituto son
los siguientes: a) involucra solamente a funcionarios municipales de elección popular y no
al personal municipal dentro de la carrera administrativa municipal; b) el TSE no opera como
superior jerárquico de los municipios y, en tal sentido, no ejerce jurisdicción disciplinaria en
20 La Constitución Política establece en su artículo 102, inciso 8, que corresponde al TSE “Hacer la declaratoria definitiva de la
elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación, y en
el plazo que la ley determine, la de los otros funcionarios citados en el inciso anterior” (Diputados a la Asamblea Legislativa,
miembros de las Municipalidades y Representantes a Asambleas Constituyentes). Para estos cargos, el artículo 198 del CE
dispone que debe efectuarse, en un plazo de 60 días posteriores a la elección.
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Justicia electoral en el nuevo código
contra de los funcionarios municipales de elección popular; c) de producirse la cancelación o
anulación de la credencial municipal se procede, inmediatamente, a llamar a quien corresponde
ocupar el puesto respectivo (261); d) por tratarse de un instituto de jurisdicción electoral no
procede impugnación contra lo que disponga el TSE.
La cancelación de credenciales procede únicamente en los supuestos contemplados
expresamente en la ley, a instancia de cualquier interesado que presente denuncia fundada
en una causal precisa, acompañada de las pruebas pertinentes, con indicación de la dirección
exacta donde pueda ser notificado el denunciado, si es de su conocimiento. En caso que la
solicitud provenga del concejo municipal éste deberá indicar la dirección exacta en que pueda
ser notificado el funcionario cuya credencial se insta cancelar (253-255).
Si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, el Tribunal prevendrá por única
vez al gestionante para que subsane la omisión dentro del término de cinco días hábiles, bajo
pena de no dar trámite a la gestión y ordenar el archivo del expediente (255).
El TSE, en todo caso, podrá rechazar de plano la solicitud formulada si de los elementos
de juicio en su poder se desprende que la misma es manifiestamente improcedente (256).
En caso de que se suscite contención se debe tramitar un procedimiento administrativo
ordinario de acuerdo con lo previsto en la Ley General de la Administración Pública, en el que
la Inspección Electoral actuará como órgano director y el TSE como único órgano resolutor
(253).
La regla general que impone la sustanciación del procedimiento administrativo
ordinario, no opera si la cancelación o anulación de la credencial ha de declararse en virtud de
renuncia del servidor, conocida por el concejo municipal. En este caso, junto con la solicitud
de cancelación de credenciales, deberá enviar el original o fotocopia certificada de la carta de
dimisión y el acuerdo del concejo en que se pronuncia sobre ésta (257). De no cumplirse con
esos requisitos el TSE prevendrá al órgano municipal para que los aporte y poder continuar así
con el trámite.
Si la solicitud de cancelación de credenciales se gestiona en virtud de ausencia
injustificada del funcionario, el concejo municipal deberá enviar al Tribunal una certificación
en la que se indiquen las fechas exactas en que el funcionario se ausentó. Cumplido lo anterior
el TSE otorgará audiencia al funcionario por el término de ocho días, a fin de que justifique
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 149

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la ausencia o manifieste lo que considere oportuno en defensa de sus intereses. En caso de
contención se decretará la apertura del procedimiento administrativo ordinario a cargo de la
Inspección Electoral (258).
Cuando la solicitud se fundamente en la atribución de una falta grave, con violación de
las normas del ordenamiento de fiscalización contemplado en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública, la Ley General de Control Interno, u otras relativas al Sistema de Control y Fiscalización
Superior de la Hacienda Pública, el asunto se remitirá a la Contraloría General de la República
para que ésta, de conformidad con el artículo 68 de su Ley Orgánica, instruya el respectivo
expediente. El Tribunal se pronunciará una vez que la Contraloría o los tribunales penales se
hayan manifestado sobre la presunta violación de las normas referidas (259).
Finalmente, cuando se denuncien los hechos contemplados en el artículo 63 de la Ley
sobre la Zona Marítimo Terrestre, el TSE lo comunicará a la Procuraduría General de la República,
para que proceda a investigar preliminarmente, el asunto y si lo estima procedente ejerza la
respectiva acción penal. El TSE resolverá una vez que el asunto concluya en los tribunales
penales y de acreditarse la comisión del ilícito instruirá el procedimiento administrativo teniendo
a la Procuraduría como parte (260).
2) MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES
Corresponde al TSE cancelar o anular las credenciales del presidente, los vicepresidentes
de la República y de los diputados a la Asamblea Legislativa; con fundamento en las causales
expresamente establecidas en la Constitución Política, sin perjuicio de lo que al efecto establece
el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 21 .
Frente a una solicitud de cancelación de credenciales, que no tenga su origen en
una renuncia del funcionario, el Tribunal se concretará, en un primer momento, a valorar la
admisibilidad de la misma.
21 Cuando el órgano contralor detecte “…infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización
contemplado en esta Ley o ha provocado lesión a la Hacienda Pública, recomendará al órgano o autoridad administrativa
competente, mediante su criterio técnico, que es vinculante, la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con el
mérito del caso. La Contraloría formará expediente contra el eventual infractor, garantizándole, en todo momento, un proceso
debido y la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa en su favor…”
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Justicia electoral en el nuevo código
Cuando no proceda un rechazo ad portas, ni acordar su archivo, designará como
instructor a un magistrado quien realizará una investigación preliminar y rendirá un informe al
pleno del Tribunal sin pronunciase sobre el fondo de la denuncia. Con base en el resultado el
Tribunal podrá ordenar el archivo de la denuncia o bien, el envío del expediente a la Asamblea
Legislativa para que ésta decida acerca del levantamiento de la inmunidad. (262, 264)
Si el investigado renuncia a la inmunidad para someterse voluntariamente al
procedimiento, o ésta es levantada por la Asamblea Legislativa, una vez recibida la comunicación
correspondiente, el TSE retomará el trámite del asunto y “resolverá según corresponda” (262).
En lo que a legitimación y requisitos de admisibilidad se refiere aplica, en lo que resulte
pertinente, lo dispuesto para los funcionarios municipales de elección popular. (263).
G. La denuncia por parcialidad o beligerancia política
Es un procedimiento de alcance constitucional consagrado en el artículo 102 inciso 5)
de la Constitución Política y se trata, también, de otro de los institutos de jurisdicción electoral
que permite fiscalizar la conducta o actuación, en este caso, de todos los funcionarios públicos
ante el incumplimiento del principio de imparcialidad político-electoral contenida en el artículo
146 del Código Electoral, numeral 88 del Código Electoral derogado, que impone restricciones
de diferente grado: a) en el primer párrafo una restricción genérica que impide a todos los
funcionarios públicos dedicarse a discusiones de carácter político-electoral durante las horas
laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político; b) en el segundo párrafo una
restricción adicional de naturaleza absoluta que afecta a los funcionarios públicos ahí citados,
y a quienes tienen prohibición similar en virtud de otras leyes, que los inhibe de cualquier
participación en actividades político-electorales, salvo la de emitir su voto el día de las elecciones.
Con la actual redacción del numeral 146 del Código Electoral se generan dos innovaciones
respecto de la antigua norma: a) en el primer párrafo señala que los jefes inmediatos de los
empleados públicos son responsables de vigilar el cumplimiento de la disposición, con lo que
se anuncia la apertura de causas disciplinarias por falta de cumplimiento in vigilando de parte
de las jefaturas; b) en el segundo párrafo se incluye a miembros activos del servicio exterior y a
miembros de las juntas directivas de las Instituciones Autónomas y de todo ente público estatal,
que no estaban contemplados y a quienes les aplica la restricción total.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 151

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José Joaquín Guzmán Herrera
En ambos supuestos las denuncias correspondientes deberán ser presentadas ante el
TSE (265), a instancia de un partido político o por denuncia de cualquier persona física que
tenga conocimiento de tales hechos. Expresamente se señala que no se dará curso a denuncias
anónimas (266).
La denuncia deberá ser presentada por escrito, en forma personal o debidamente
autenticada por abogado, cuando no sea así. Se establece una excepción a favor de las
autoridades públicas y los personeros de los partidos políticos a quienes, no se les exigirá dicha
autenticación. La denuncia debe incluir lo siguiente:
a) El nombre y las calidades del denunciante.
b) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho o los hechos que la
sustentan, con indicación del lugar, el día y la hora en que ocurrieron.
c) El nombre de la persona o las personas a quienes se atribuyen los hechos, el
cargo que ejercen y el lugar en que pueden ser notificadas, de conocerlo.
d) Los nombres de los testigos, si los hubiere, con indicación de sus domicilios, si
el denunciante los conoce.
e) Las demás circunstancias que sirvan para comprobar los hechos y apreciar su
naturaleza.
f) Los documentos o cualquier otro medio de prueba que se estimen convenientes
para el esclarecimiento de lo sucedido. Si el solicitante no tiene a su disposición
los documentos de interés, indicará la oficina pública o el lugar en que se
encuentran.
g) El lugar o el medio para recibir notificaciones.
h) La fecha y la firma. (267)
De acuerdo con lo que dispone el artículo 268 del CE el TSE rechazará de plano las
denuncias manifiestamente improcedentes, tal y como estaba reglado en la normativa anterior.
Como precedente jurisprudencial sobre este punto en particular el TSE, en aplicación de la
normativa anterior, señaló:
“De las normas trascritas se evidencia que toda acusación por parcialidad o
participación política contra los servidores del Estado debe contener requisitos
mínimos que, solamente en caso de cumplirse, producen la admisibilidad de
la denuncia y, consecuentemente, el levantamiento de las investigaciones que
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Justicia electoral en el nuevo código
correspondan ante eventuales trasgresiones a la neutralidad político-electoral que
consagra el artículo 88 del Código Electoral. En caso contrario, de no acreditarse
las condiciones exigidas, procede el rechazo de plano de la denuncia según lo
estipula el artículo 4 del reglamento.
Acerca del memorial que da noticia de la parcialidad o participación política
prohibida cometida por los funcionarios del Estado, es necesario que ese libelo
contenga, de modo claro, preciso y circunstanciado, los hechos que motivan la
imputación y, concomitantemente, que el denunciante aporte o señale cuál es la
prueba idónea en la que se sustenta la conducta que se reprocha. Tal rigurosidad
se comprende a partir del carácter público de las denuncias por parcialidad o
participación política prohibida y de la gravedad de la sanción por conductas de
ese tipo, es decir, la destitución del funcionario público y la inhabilitación para
desempeñar cargos públicos por un período no menor a dos años (artículo 102
de la Constitución Política).
Es dable colegir, en otras palabras, que los escritos que revelan eventuales
quebrantamientos al citado artículo 88 no pueden fundamentarse en simples
sospechas o conjeturas, máxime que el artículo 6 del reglamento prevé la
posibilidad de poner en conocimiento del Ministerio Público aquellas denuncias
de índole calumniosa lo que refleja, sin duda alguna, la preponderancia que
tiene el examen de admisibilidad cuando se atribuyen culpas por las actuaciones
referidas. En ese sentido importa subrayar que la sola presentación de un escrito
que reproche determinado proceder por parcialidad o participación política
prohibida no conduce, necesariamente, a la apertura de una investigación o a
un traslado formal de cargos.
Conforme lo expuesto ut supra cabe precisar que el Tribunal no se aboca,
tratándose de denuncias ciudadanas, a compensar o corregir las imprecisiones
o deficiencias de los libelos que informan presuntos comportamientos contra el
deber de imparcialidad político-electoral de los funcionarios públicos. Tampoco
este Órgano Electoral está compelido, con inobservancia de los requisitos formales
arriba dichos, a convertirse en un Órgano indagador y coadyuvante de quienes
interponen las denuncias ciudadanas facilitando los elementos probatorios que
debe aportar el denunciante y que, bajo esta óptica, resultarían necesarios para
confirmar las especulaciones o presunciones de los escritos de denuncia.
No puede perderse de vista, al efecto, que la posibilidad ciudadana de denunciar
hechos anómalos cometidos por los funcionarios públicos constituye, en palabras
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 153

Zetty Bou Valverde
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de la Sala Constitucional, “un modo de participación en asuntos que conciernen
al interés público, perfectamente compatible y, de hecho, fundamentada en
el principio democrático (…).” (resolución n.º 2006-014125). Sin embargo el
derecho mencionado, en este caso, se ejerce bajo condiciones rigurosas de
procedibilidad por tratarse de una sanción grave para el culpable y, por ende,
de materia odiosa. Véase, en consecuencia, que una denuncia fundamentada
y correctamente presentada tiene como resultado el traslado del asunto a la
Inspección Electoral la cual se encarga de realizar la investigación pertinente
y, en caso de proceder un traslado formal de cargos, no compete al encausado
demostrar su inocencia sino a la Administración acreditar su culpabilidad.” 22
Admitida la denuncia el TSE la trasladará a la Inspección Electoral, dependencia que, al
igual que en el contencioso electoral de cancelación o anulación de credenciales municipales,
actúa como Órgano Director del Procedimiento. Para estos efectos se procederá según lo
establecido en el procedimiento administrativo ordinario regulado en la Ley General de la
Administración Pública. Una vez concluida la investigación, la Inspección Electoral trasladará
el expediente al Tribunal para su resolución.
El TSE también podrá ordenar a la Inspección Electoral, para efectos de determinar
el mérito de la apertura del procedimiento administrativo ordinario, la instrucción de una
investigación administrativa preliminar. Concluida dicha investigación, el TSE podrá archivar la
denuncia o disponer la apertura del procedimiento ordinario correspondiente. (269).
Si la denuncia contiene cargos contra el presidente, vicepresidentes, ministros de
Gobierno, ministros diplomáticos, contralor y subcontralor generales de la República,
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o cualquier otro funcionario que por ley goce de
inmunidad, el TSE, en un primer momento, se concretará a valorar la admisibilidad de la misma
y, de estimarlo necesario, ordenará a la Inspección Electoral la instrucción de una investigación
preliminar.
En caso de que no proceda rechazar de plano la denuncia planteada ni ordenar su
archivo, el TSE trasladará el asunto a la Asamblea Legislativa para que realice –en el marco de
sus competencias constitucionales- el proceso de levantamiento de la inmunidad. Si el titular
22 Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 2534-E6-2008 de las 13:55 horas del 29 de julio de 2008
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Justicia electoral en el nuevo código
de la inmunidad renuncia a ella para someterse voluntariamente al procedimiento, el Tribunal
resolverá “según corresponda” (270).
Finalmente, cabe señalar que la declaratoria de culpabilidad es motivo de la destitución
del cargo que ostenta el servidor público y obliga al TSE a inhabilitarlo para ejercer cargos
públicos por un período de 2 a 4 años, según lo dispone el artículo 146 del CE, con lo que se da
una ruptura de la atribución que tienen los jueces penales de imponer las penas de inhabilitación.
III. A manera de reflexión
Con la reciente promulgación del Código Electoral, ley n.° 8765 publicada en el Alcance
N° 37 a La Gaceta n.° 171 de fecha 2 de setiembre de 2009, se regulan de manera sistemática
los institutos de la jurisdicción electoral, algunos de los cuales, específicamente el recurso
de amparo electoral y la acción de nulidad, habían sido creados mediante la jurisprudencia
electoral.
La rica producción jurisprudencial del TSE, fue decantando cada uno de los mecanismos
de impugnación electoral, tanto los previstos por la normativa anterior como los creados por
su medio. Es esa jurisprudencia la que sirve de base para la redacción del Título V del código,
pero se introducen algunas variantes. Corresponderá ahora a la Magistratura Electoral, tal y
como lo ha venido haciendo en esta materia a lo largo de los años, dar una efectiva aplicación
e interpretar, cuando corresponda, las normas que regulan dichos institutos, así como definir el
ámbito de aplicabilidad de los criterios jurisprudenciales, elaborados bajo la anterior normativa
electoral en esta nueva etapa.
Los siete institutos procesales que contiene el Título V del nuevo código están debidamente
delimitados, lo que facilitará a los partidos políticos, a las personas legitimadas para acceder a
la justicia electoral y sus asesores, una adecuada canalización procesal y una valoración previa
de su parte del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, lo que redundará en beneficio
de los intereses tutelados y del funcionamiento de la jurisdicción electoral.
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IV. Bibliografía consultada
Fonseca Montoya, Oscar. “Jurisdicción constitucional, jurisdicción electoral”. En: Temas claves
de la Constitución Política. San José, C.R.: IJSA, 1999.
Hernández Valle, Rubén. Derecho electoral costarricense. San José, C.R.: Juricentro, 1990.
Picado León, Hugo. El amparo electoral. Revista costarricense de Derecho Constitucional, San
José, tomo V, mayo 2004.
Sobrado González, Luis Antonio. La Justicia Electoral en Costa Rica. San José, Costa Rica: IJSA,
2005.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones
Resolución N° 303-E-2000 de 9:30 horas del 15 de febrero de 2000.
Resolución N° 1440-E-2000 de las 15:00 horas de 14 de julio de 2000.
Resolución N° 2861-E-2005 de las 10:55 horas del 11 de noviembre de 2005.
Resolución N° 2534-E6-2008 de las 13:55 horas del 29 de julio de 2008.
156
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

El principio de paridad de género en el nuevo
Código Electoral
Eugenia Ma. Zamora Chavarría *
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 14 de diciembre de 2009.
Revisión, corrección y aprobación: 22 de diciembre de 2009.
Resumen: El artículo se refiere al Principio de Paridad de Género que consagra la nueva legislación
electoral costarricense, así como a los diversos aspectos acerca de cómo se decanta ese principio,
haciendo referencia a las citas legales y jurisprudenciales del TSE más importantes que hicieron posible la
concreción del nuevo régimen electoral paritario, a partir de la reafirmación de que los derechos políticos
de las mujeres, son derechos humanos. Analiza la transición del régimen de cuota al de paridad y los
mecanismos que la hacen posible, tales como la obligación de los partidos políticos de incluir -dentro de
sus estatutos- la paridad en sus estructuras internas y en sus nóminas de elección popular, así como la de
que el rubro de capacitación partidaria deberá ejecutarse de manera paritaria. También hace referencia
a las sanciones aplicables, en caso de incumplimiento de esas obligaciones. Concluye explicando la
forma en que se aplicará, en el tiempo, la nueva normativa de paridad.
Palabras claves: Mujeres / Paridad política / Participación política / Cuotas de participación política /
Igualdad de oportunidades / Derechos humanos / Derechos políticos / Derechos reales / Estructura del
partido político / Sanciones.
Abstract: The article refers to the Gender Parity Principle enshrined in the new Costa Rican election law,
as well as the various aspects of how this principle is decanted, referring to legal citations and case law
of the TSE’s most important that made possible the realization of new joint electoral system, based on the
assertion that women’s political rights are human rights. Discusses the transition from quotas to parity and
the mechanisms that make possible such as the obligation of political parties to include-in-parity statutes
within their organizations and their lists of elected and the item that the party should run training on an
equal footing. It also refers to the applicable penalties for breach of those obligations. It concludes by
explaining how they apply in time, the new parity legislation.
Key words: Women / Parity policy / Political participation / Political participation shares / Equal opportunity
/ Human rights / Political / Real rights / Political party structure / Penalties.
* Magistrada Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Licenciada en Derecho-Área de Derecho Público (1982) y
Notaria Pública (1985): Facultad de Derecho-Universidad de Costa Rica. Magistri in Legibus (Ll.M.): Harvard Law School
(1983). Co-redactora de los proyectos de Ley de la Defensoría de los Habitantes (1985), Ley de Igualdad Real de la Mujer
(1988) y Ley de la Jurisdicción Constitucional (1988). Encargada Asociada de Protección de Acnur-México (1983-84), Viceministra
de Justicia y Gracia (1986-87) y Directora General del Instituto Interamericano del Niño (Uruguay) -OEA (1988-1996).
Actualmente coordina la Comisión de Género del TSE. ezamora@tse.go.cr
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Eugenia María Zamora Chavarría
El pasado 11 de agosto de 2009, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el Código
Electoral de Costa Rica, Ley N° 8765 (Alcance N° 37 a La Gaceta N° 171 de 2 de setiembre de
2009), que viene a sustituir el anterior Código Electoral (Ley N° 1536 10 de diciembre de 1952 y
sus reformas). Este artículo se referirá al Principio de Paridad de Género que consagra la nueva
legislación y a los diversos aspectos acerca de cómo se decanta ese principio.
El anterior Código Electoral no contenía un enunciado de principios sobre igualdad
de género; por lo que debía recurrirse al artículo 33 de la Constitución Política, que consagra
el Principio de Igualdad, así como a la Convención de Naciones Unidas para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo, a
otros instrumentos jurídicos internacionales, ratificados por el Estado costarricense y a la Ley de
Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley N° 7142, La Gaceta N° 59, 26 de marzo de
1990) para reforzar el carácter igualitario de hombres y mujeres en la participación política. 1
Así, por ejemplo, aún cuando la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer no hacía
referencia expresa a la cuota del 40% que, posteriormente, adopta el Código Electoral en 1996,
su artículo 5 sí establece que los partidos políticos debían incluir, en sus estatutos, mecanismos
eficaces que promuevan y aseguren la participación efectiva de la mujer en los procesos
eleccionarios internos, en los órganos directores del partido y en las papeletas electorales.
El sistema de cuota de género del 40%. En la citada reforma al Código Electoral de
1996, se introduce el sistema de cuota de género en el art. 60:
Las delegaciones de las asambleas distritales, cantonales y provinciales, deberán
estar conformadas al menos, por un cuarenta por ciento (40%) de mujeres.
Se trataba, claramente, de una medida de acción afirmativa y, por lo tanto, progresiva,
de acuerdo con el artículo 4 de la CEDAW. Así lo recogía el propio Transitorio de ese artículo
al indicar:
Cuando un partido haya alcanzado la participación política de la mujer en
proporción a su número dentro del Padrón Electoral y a satisfacción del Tribunal
1 Un listado de los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Costa Rica, así como de la legislación nacional sobre
género puede localizarse en: Tribunal Supremo de Elecciones-Fondo de Naciones Unidas de Población (UNFPA): La política
institucional de igualdad y equidad de género del Tribunal Supremo de Elecciones, San José, noviembre 2008.
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Participación política de la mujer
Supremo de Elecciones, las medidas citadas en el último párrafo del artículo 60
del Código Electoral podrán cesar por resolución de ese Tribunal.
I. Principios de participación política por género
Es de la mayor importancia destacar que el nuevo Código, en el Capítulo Único del
Título I, incluye el Principio de participación política por género, como criterio orientador e
integrador de la nueva legislación electoral, al indicar su artículo 2, expresamente:
La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano reconocido
en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, al
amparo de los principios de igualdad y no discriminación.
La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las
delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por
un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de
hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el
total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.
Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo
(mujer-hombre y hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo
no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.
Son varios los conceptos jurídicos reafirmados en este artículo, en consonancia con
la doctrina y los instrumentos jurídicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
así como con el ordenamiento jurídico nacional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE). Por una parte, el artículo reitera que los derechos de participación política son
derechos humanos. Este concepto, que forma parte del ordenamiento jurídico costarricense,
adquiere ahora particular relevancia, no solamente por el valor del enunciado en sí mismo
sino, sobre todo, por lo que significa su inclusión, por primera vez, en la legislación electoral,
respecto de los derechos políticos de la mujer. En efecto, afirmar que los derechos políticos de
las mujeres son derechos humanos, en el texto legislativo electoral, no es poca cosa y significa
la reafirmación de una política estatal -en este caso legislativa- del estado costarricense, en
la materia, particularmente si tomamos en cuenta que es en la Conferencia Mundial sobre
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Eugenia María Zamora Chavarría
Derechos Humanos, celebrada en Viena en el año 1993 2 en que, por primera vez, una
declaración internacional señala que los derechos de las mujeres son, insistimos una vez más,
derechos humanos, cuando se afirmó: (…) los derechos humanos de la mujer y la niña, son parte
inalienable e indivisible de los derechos humanos universales.
El artículo señala también que se trata de derechos reconocidos en una sociedad
democrática y, por lo tanto, que no pueden ser objeto de discriminación alguna, resaltando así
la legislación electoral el carácter igualitario de esos derechos.
El principio de igualdad es recogido nuevamente por este Código; cuando establece los
requisitos que deben contener los estatutos de los partidos políticos según su artículo 52:
El estatuto de los partidos políticos constituye su ordenamiento fundamental
interno y deberá contener al menos lo siguiente:
ñ) Las normas sobre el respeto a la equidad por género tanto en la estructura
partidaria como en las papeletas de elección popular.
o) Los mecanismos que aseguren los principios de igualdad, no discriminación
y paridad en la estructura partidaria, así como en la totalidad y en cada una de
las nóminas de elección popular, y el mecanismo de alternancia de hombres y
mujeres en las nóminas de elección.
p) La forma en que se distribuye en el período electoral y no electoral la
contribución estatal de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política.
De lo que el partido político disponga para capacitación, deberá establecerse en
forma permanente y paritaria tanto a hombres como a mujeres, con el objetivo
de capacitar, formar y promover el conocimiento de los derechos humanos, la
ideología, la igualdad de géneros, incentivar liderazgos, la participación política,
el empoderamiento, la postulación y el ejercicio de puestos de decisión, entre
otros.
De seguido, el artículo 53 vuelve a referirse al Principio de Igualdad, cuando enumera
los derechos de los miembros de los partidos, al indicar:
2 Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos: Declaración (Viena, 1993).
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Participación política de la mujer
En sus estatutos, los partidos políticos, además de otros derechos que expresamente
consagren, asegurarán a los integrantes lo siguiente:
El derecho a la libre participación equitativa por género, conforme a lo dispuesto
en el inciso ñ) del artículo anterior.
Valga señalar que el legislador utiliza el concepto de equidad en estos 2 artículos. Sin
pretender discutir el alcance jurídico de este concepto -que escapa, a todas luces, del presente
artículo- una lectura integral del Código permite establecer, por una parte, la voluntad del
legislador de introducir conceptos feministas que distingan entre la igualdad y la equidad y por
otra parte que, para los efectos jurídicos del caso, deben entenderse como similares al principio
jurídico de igualdad.
a) De la cuota a la paridad
El anterior Código consagró, como señalamos, el sistema de cuota de género de un 40%,
porcentaje a cumplirse en dos ámbitos: en la integración de los órganos internos de los partidos
políticos y, en la conformación de las listas de candidaturas a cargos de elección popular.
El segundo párrafo del artículo de comentario, en aplicación del nuevo sistema de
paridad, también se refiere a esos ámbitos, pero ahora deben conformarse de manera paritaria.
Así, las delegaciones, nóminas y órganos pares, deberán contar con un 50% de mujeres y de
hombres y, en las delegaciones, nóminas y órganos impares, la diferencia entre hombres y
mujeres no podrá ser superior a uno.
b).
De la alternancia
El indicado artículo concluye indicando que las nóminas de elección, es decir, las
listas de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos, deberán utilizar el
mecanismo de la alternancia, de forma que los sexos no se repitan de manera consecutiva en
esas listas.
El Código anterior no disponía nada respecto del orden en las estructuras internas ni
en las listas de candidaturas. De allí que fuera necesario que el TSE, en uso de su atribución
constitucional de intérprete de la normativa electoral, precisara un mecanismo que hiciera
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Eugenia María Zamora Chavarría
posible su aplicación. Así, con ocasión de una consulta formulada por la entonces Ministra de
la Condición de la Mujer -Licda. Gloria Valerín- que solicitaba al TSE la revisión de lo acordado
por este Tribunal con relación a las cuotas de participación de las mujeres en las papeletas
diputadiles y municipales y en las designaciones de las asambleas partidistas 3 , así como referirse
a la reglamentación de los mecanismos de implementación de estas cuotas y a la capacitación
de las mujeres, el TSE emite la Res. N° 1863 de 23 de setiembre de 1999.
Esta resolución histórica, que este año cumplió diez años de vigencia, en efecto revierte
el citado acuerdo, en donde el TSE había señalado, por voto de mayoría, que no era necesario
un orden determinado en las mencionadas papeletas y, en su lugar, indicó que: a) en cuanto
a la obligación de los partidos políticos de colocar mujeres en las listas de candidatos a cargos
de elección popular, debe entenderse que se trata de puestos elegibles; b) que el 40% mínimo
que refiere el Código debe respetarse en la designación de delegados en cada asamblea distrital,
cantonal y provincial y no en forma global; c) que cada partido político tiene la obligación de
incorporar en sus estatutos -antes de las próximas designaciones de delegados a asambleas y
de candidatos para las papeletas de puestos de elección popular; (en ese momento los partidos
políticos se preparaban para las elecciones nacionales de febrero de 2002)- los ajustes necesarios
para garantizar efectivamente la participación de las mujeres en la forma y porcentajes dispuestos;
d) que el Registro Civil no inscribirá las nóminas de los candidatos que no se ajusten a estos
parámetros y e) que el Registro Civil tampoco acreditará las reformas estatutarias ni las actas
de asambleas cuando se determine que no se cumplió con lo establecido en el Código. Más
adelante nos referiremos al tema de capacitación paritaria que ordena el nuevo Código.
A pesar de esta resolución, permanecían una serie de vacíos legislativos, razón por
la cual el TSE, también ante consultas partidarias, emite otras resoluciones que avanzan el
perfeccionamiento de estos mecanismos para facilitar la aplicación de la citada cuota. Así, ante
otra consulta referida al tema de cuáles deben entenderse como puestos elegibles, el TSE emite
la Res. No. 2837 de 12 de diciembre de 1999, en donde establece que serán puestos elegibles
aquellos definidos de acuerdo con el criterio histórico de votación de cada partido.
Posteriormente, en la Res. No. 804-E-2000 del 4 de mayo de 2000, el Tribunal indica
que, para la conformación de las candidaturas de regidores y síndicos, el 40% de participación
3 La solicitud hacía referencia al Artículo N° 13, Acta N° 11112 de 25 de marzo de 1997, en donde el TSE, ante una consulta
partidaria y de la Directora del Centro Nacional de la Mujer y la Familia, en voto de mayoría, determinó que no era obligatorio
-en la conformación de papeletas con un 40% de mujeres, una ubicación determinada.
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Participación política de la mujer
de género debía reflejarse tanto en los puestos de las candidaturas propietarias como de los
suplentes. Ante nueva consulta, esta vez referida a la situación de aquellos partidos que carecen
de criterio histórico, el TSE emite la Res. 0918-P-2000 de 11 de mayo de 2000, en donde establece
que, en la lista de candidatos a diputados, ante la existencia de un solo puesto elegible, debe
entenderse que la lista de candidatos a diputados puede ser conformada por hombres o mujeres,
pero siempre que en el total de puestos se cumpla la cuota del 40% mínimo de mujeres.
En la Res. No. 1544-E-2001 del 24 de junio de 2001 se reitera lo acordado por el TSE
en el año 1997 (Artículo No. 13°, Acta N° 11112 del 25 de marzo), respecto de la presencia
femenina en la papeleta para Presidente y Vicepresidentes, es decir, que en el caso de la
papeleta presidencial, debía figurar al menos una mujer y, dado que todos los puestos eran
elegibles, no se requiere de orden alguno. Luego, en la Res. No. 1543-E-2001 del 24 de julio
de 2001, el TSE nuevamente se refiere a la obligación de los partidos de incorporar, dentro de
sus estatutos, los mecanismos necesarios que lleven a garantizar el 40% de la cuota femenina.
Finalmente, en la Res. No.2096-E-2005 de 31 de agosto de 2005, el TSE revoca la
resolución del Registro Civil que denegaba la inscripción del Partido Nueva Liga Feminista, al
considerar que éste no respetaba la cuota mínima de género masculino. En esta ocasión, inter
alia, el Tribunal establece, de acuerdo con la CEDAW y la Ley de Promoción de la Igualdad
Social de la Mujer, que la cuota de género debe entenderse como un mecanismo de acción
afirmativa en favor de la mujer y ordena la inscripción de ese partido. 4
II.
Paridad en estructuras partidarias y en nóminas de elección:
Estatutos de los partidos políticos
El anterior Código establecía, en su art. 58 inciso n), que los estatutos de los partidos
deberían contener:
4 Una más detallada lista de los acuerdos y resoluciones sobre este tema puede ser localizada en Bolaños, Arlette: LAS CUOTAS
DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN COSTA RICA, 1996-2005, Revista Digital de Derecho Electoral, TSE, N°1,
1er Semestre, 2006 (http:// www.tse.go.cr/revista/revista.htm) y en Zamora, Eugenia Ma: Derechos Políticos de la Mujer en
Costa Rica: 1986-2006, Revista Digital de Derecho Electoral, TSE, N° 7, 1er Semestre, 2009 (http:// www.tse.go.cr/revista/
revista.htm).
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Eugenia María Zamora Chavarría
El mecanismo que asegure la participación de las mujeres en el porcentaje
establecido en el artículo 60 de este Código, tanto en la estructura partidaria
como en las papeletas para los puestos de elección popular.
a) Paridad en estructuras partidarias
La paridad deberá reflejarse, a partir de la nueva legislación, en la estructura partidaria.
Así, el nuevo artículo 52, inc. ñ), señala que los partidos deberán incluir en sus estatutos: Las
normas sobre el respeto a la equidad por género tanto en la estructura partidaria como en las
papeletas de elección popular.
Para comprender a cabalidad esta norma, resulta obligado mencionar algunas
características del sistema electoral costarricense como, por ejemplo, que nuestra Constitución
Política establece un monopolio a favor de los partidos políticos (art. 98), por intermedio de
los cuales se ejercita la democracia y, particularmente, se concreta el derecho fundamental de
participación política en sus dimensiones pasiva y activa (elegir y ser electo). Es decir, que el
derecho constitucional de asociación (art. 28 C.Pol.), se traduce en el derecho de asociación
para fines políticos, únicamente por la vía de los partidos políticos. 5
Conviene recordar, según el citado numeral constitucional, que los partidos políticos
están conformados por ciudadanos y ciudadanas que se agrupan para intervenir en la política
nacional y concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular. En ese sentido, bajo
el mencionado monopolio partidario, el ciudadano y la ciudadana escogen a sus representantes,
se garantiza que exista una interacción constante y necesaria entre los y las representantes
gubernamentales escogidos en las urnas y el pueblo mismo y, finalmente, se fiscaliza la actuación
de quienes ejercen los poderes públicos.
También la propia Constitución -reconociendo el principio de autorregulación partidariaexige
a los partidos políticos una estructura democrática; es decir, que la autorregulación no
puede ir en contra del marco constitucional y legal y debe responder a criterios democráticos
(art. 98 C.Pol y nuevo art. 50 C.E.). Esto se traduce, en el caso costarricense, en diferentes
5 Es importante considerar, respecto de este tema, el caso No. 12.535 Castañeda vs. los Estados Unidos Mexicanos, sentencia
de agosto de 2008, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el sistema de partidos políticos
corresponde al diseño constitucional de cada país y que el monopolio que definen algunos países no constituye violación a
la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Participación política de la mujer
aspectos. En lo que nos interesa destacar, uno de ellos los obliga -en relativa concordancia
con la división político administrativa del país- a tener, al menos, una estructura organizativa y
territorial permanente (asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacionales), de acuerdo
con el art. 67 del nuevo Código (anterior art. 60), así como los respectivos órganos de ejecución
en cada nivel territorial y nacional –nuevo art. 71, ibid. anterior arts. 60), además de las funciones
de cada uno, que no pueden, ni por delegación ni por avocación -en general- asumir aquellas
tareas o funciones que le son propias a unos y a otros.
Un último aspecto relativo a la estructura democrática, consiste también en la
obligatoriedad que tienen los partidos políticos en Costa Rica de renovar sus estructuras
organizacionales, conforme al ciclo del período electoral costarricense de, al menos, 4 años.
Esta obligación - introducida por resolución del TSE (res. N° 1669-99 de las 9:30 horas del 24 de
agosto de 1999, res. N° 1536-E-2001 de las 8:00 horas del 24 de julio de 2001 y 1543-E-2001)-
derivada de su atribución de interpretación busca, en esencia, que los órganos partidarios no
sean dirigidos por un grupo elitista que se adueñe del partido ad perpetuam sino que se trate
de fuerzas vivas que se renueven permanentemente, de acuerdo con un proceso democrático
electivo. 6
Así, la obligación de que los partidos respeten el principio de paridad de género en
sus estructuras partidarias significa, entonces, ni más ni menos, que todos los órganos internos
(territoriales, movimientos, sectores, de dirección, etc.) sean electos por asambleas conformadas
paritariamente -de allí que el art. 2 se refiera a delegaciones- y, a su vez, que esas asambleas
elijan autoridades partidarias, respetando esa paridad.
b) Paridad en listas de candidaturas
En cuanto a las nóminas de elección, es decir, las listas de candidaturas a cargos de
elección popular que los órganos de los partidos políticos deben elegir y, a su vez, presentar
ante la nueva Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos
-función que, en el anterior Código, correspondía al Registro Civil- también rige el principio de
paridad.
6 Véase también, al respecto, TSE-Res. N°1543-E-2001 de 24 de julio de 2001.
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Eugenia María Zamora Chavarría
El artículo 61 reitera los mandatos señalados en cuanto a la conformación de instancias
partidarias y, de esta manera, establece:
Todas las delegaciones de las asambleas cantonales, provinciales y nacionales de
los partidos políticos y todos los órganos de dirección y representación política
estarán conformados en forma paritaria, de conformidad con los principios,
mecanismos y criterios establecidos en este Código.
c) Solicitud de inscripción
El incumplimiento de la obligación de ley descrita tiene, como contrapartida, la imposición
de una sanción muy severa para el partido político, que consiste en la no inscripción -en el
citado Registro- de una serie de actuaciones de los partidos políticos, como por ejemplo, la
nómina de candidaturas del partido político. Nótese que, en el sistema de cuota del 40%
del Código anterior, este aspecto tampoco había sido regulado, razón por la cual el TSE, en
el Artículo 2, Acta de Sesión No. 11063 del 14 de enero de 1997, determinó que el Registro
Civil no inscribiría aquellas nóminas de candidaturas de elección popular que incumplieran la
normativa de la cuota femenina.
Estos y otros acuerdos, que también fueron prohijados por el TSE en la citada resolución
N° 1863, son los que recoge el nuevo Código que, en su art. 60, establece:
La Dirección General del Registro Electoral no inscribirá los partidos políticos,
los estatutos, ni renovará la inscripción a los partidos políticos que incumplan los
principios de igualdad, no discriminación, paridad y mecanismo de alternancia
en la conformación de las estructuras partidarias; tampoco reconocerá la validez
de sus acuerdos que violen estos principios.
En el mismo sentido, el nuevo art. 148 establece la misma obligación de paridad
en ambas, las listas de elección popular y las nóminas a cargos en órganos de dirección y
representación política, bajo la condición de alternabilidad ya indicada:
Todas las nóminas de elección popular y las nóminas a cargos en órganos de
dirección y representación política estarán integradas en forma paritaria y alterna.
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Participación política de la mujer
El primer lugar de cada uno de las nóminas de elección popular por provincia,
cantón y distrito será definido por el partido político. (…)
La Dirección General del Registro Electoral no inscribirá las nóminas de
elección popular por provincia, cantón y distrito de los partidos políticos que
incumplan la participación paritaria y alterna.
III. Contribución estatal y capacitación paritaria
El anterior Código Electoral, en su art. 58, respecto del rubro de capacitación, indicaba:
Los estatutos de los partidos deberán contener:(…)
inc. ñ): El porcentaje y la forma en que se hará efectiva la disposición contenida
en el artículo 6 de la Ley N° 7142 de 8 de marzo de 1990.(Ley de Promoción de
la Igualdad Social de la Mujer).
Del 30% (treinta por ciento) a que se refiere el párrafo primero del artículo 194
del Código Electoral, los partidos políticos deberán destinar un porcentaje para
promover la formación y participación política de la mujer.
En la ya citada resolución N° 1863 del 23 de setiembre de 1999 el TSE, ante la consulta
mencionada respecto del tema de capacitación y contribución estatal, indica que la remisión
al artículo 194 del viejo Código Electoral, hecha por el art. 6 de la Ley de Promoción de la
Igualdad Social de la Mujer, carecía de contenido por cuanto ese artículo 6 había sufrido un
vaciamiento, es decir, una derogación tácita refleja.
En efecto, esta norma debía articularse con los artículos 58, inc. ñ) y 194 de ese Código
que, antes de su reforma en 1996, regulaba el financiamiento estatal anticipado para los partidos
políticos y el porcentaje para promover la participación y formación política de la mujer pero su
reforma, en ese año, eliminó esta referencia.
El nuevo Código establece la obligación de los partidos de utilizar el rubro de
capacitación, de manera paritaria y permanente. Agrega, además, que esa capacitación, así
como la formación y la promoción, deberán tener como objetivo, entre otros, el conocimiento
de los derechos humanos, la ideología y la igualdad de géneros. Así lo ordena el art. 52 cuando
los obliga a incluir, dentro de sus estatutos, en su inc. p):
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Eugenia María Zamora Chavarría
La forma en la que se distribuye en el período electoral y no electoral la
contribución estatal de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política.
De lo que el partido político disponga para capacitación, deberá establecerse en
forma permanente y paritaria tanto a hombres como a mujeres, con el objetivo
de capacitar, formar y promover el conocimiento de los derechos humanos, la
ideología, la igualdad de géneros, incentivar los liderazgos, la participación
política, el empoderamiento, la postulación y el ejercicio de puestos de decisión,
entre otros.
El anterior concepto es reiterado en el nuevo art. 103, que establece:
Los partidos políticos garantizarán, en sus respectivas liquidaciones, que los
gastos que realicen en el rubro de capacitación durante el período no electoral
están siendo destinados, en sus montos y actividades, a la formación y promoción
de ambos géneros en condiciones de efectiva igualdad, según el inciso p) del
artículo 52 (…).
Para los fines señalados en este artículo, el legislador ha entendido que el control contable
acerca del uso de la contribución estatal, en la forma por él establecida, deberá garantizarse con
una certificación emitida por un contador público autorizado y que el incumplimiento de esta
obligación, implicará que el TSE no ordenará el pago de este rubro. Así, el indicado art. 103
continúa:
Para tal fin, deberán acompañar la liquidación respectiva con una certificación
emitida por un contador público autorizado, en la que se especifique el
cumplimiento de esta norma.
Si la certificación no se aportara, el TSE entenderá que el respectivo partido
político no cumplió y no autorizará el pago de monto alguno en ese rubro.
Cabe acotar que, el articulado sobre el rubro de capacitación, no indica expresamente
que la capacitación paritaria deberá serlo con enfoque de género. Sin embargo, la lectura
-en su conjunto- de todo el Código, permite entenderlo de esta manera. Es decir, si el Título I,
Disposiciones Generales, en su Capítulo Único, contiene 3 artículos referidos a los Principios
que rigen la materia electoral (art. 1), a los Principios de participación política por género (art. 2)
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Participación política de la mujer
y a las fuentes del ordenamiento jurídico electoral (art. 3), es claro que todo el texto codificado
exige una interpretación a partir de un enfoque transversal de género.
En abono a esta tesis, aunque en materia ajena a la electoral, debe tomarse en cuenta que
el Código Municipal (Ley N° 7794, La Gaceta N° 94 del 18 de mayo de 1998), en el año 2008,
sufrió una serie de modificaciones que introdujeron, entre otras, la necesidad de una nueva
visión del quehacer municipal en materia de igualdad y equidad de género, y la de fortalecer
el papel de las municipalidades en la promoción y la defensa de los derechos humanos de las
mujeres. En este sentido, al art. 4 se le adicionó el inciso i), obligando al Municipio a impulsar
políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, a
favor de la igualdad y equidad de género. Se varía el segundo párrafo del art. 49, que obliga
al Concejo Municipal a la integración de siete comisiones permanentes, entre ellas, la de la
Condición de la Mujer señalando que, en su integración, se procurará que participen todos los
partidos representados, así como que en todas exista una representación proporcional por sexo.
El art. 94 pasa a decir que:
En la primera semana de julio, los concejos de distrito deberán presentar una
lista de sus programas, requerimientos de financiamiento y prioridades, basados
en el Plan de Desarrollo Municipal y considerando las necesidades diferenciadas
de hombres y mujeres. De conformidad con las necesidades de la población,
el consejo incluirá en el presupuesto municipal, los gastos correspondientes,
siguiendo el principio de igualdad y equidad entre los género.
Se adiciona al artículo 142 el inciso e), que establece la obligación del Concejo de
Propiciar la participación igualitaria y equitativa de mujeres y hombres, en los procesos de
capacitación municipal, e incluir en éstas temas nacionales de interés comunitarios con enfoque
de género.
Un análisis del Código Municipal también escapa el alcance de este artículo, pero
consideramos importante su mención en cuanto al tema de igualdad y equidad de género, a los
efectos de evidenciar la tendencia legislativa costarricense en este campo. 7
7 Ramírez, Ileana: UN-Habitat de Costa Rica, datos tomados de la conferencia pronunciada con ocasión del Taller de
Capacitación para mujeres candidatas a regidoras-Elección Nacional febrero 2010, organizado por el TSE y el Instituto
Nacional de las Mujeres (INAMU), San José, 20 de noviembre de 2009.
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Eugenia María Zamora Chavarría
IV. La nueva normativa de paridad en el tiempo
a) Sistema de paridad en estructuras partidarias
(delegaciones y órganos internos de los partidos)
El sistema de paridad, en cuanto a presencia de la mujer en las estructuras partidarias,
empezará a regir de cara a las elecciones de febrero de 2014, de acuerdo con el Transitorio II
del nuevo Código, que señala:
La obligación para que en las estructuras partidarias se cumplan los principios
de paridad y alternancia de género, se exigirá para el proceso de renovación de
las estructuras posterior a las elecciones nacionales del año 2010. Antes de esa
fecha los partidos políticos observarán, como mínimo, la regla del cuarenta por
ciento (40%) de participación femenina.
Lo anterior, debido a que la mayoría de los partidos ya habían concluido su proceso de
renovación de estructuras internas cuando entra a regir la nueva legislación (2/09/09). Nótese
que esta exigencia lo es en desarrollo del principio constitucional y legal de que los partidos
tienen que ser democráticos, como ya se explicó. Este proceso, que se inicia casi con 2 años
de antelación al proceso electoral, había comenzado desde principios de 2008, de cara a las
elecciones de febrero de 2010. Así, no podía exigírsele a los partidos que volvieran a realizar
todas las asambleas para la renovación de sus estructuras cuando, por una parte, lo habían
hecho bajo el sistema de cuota del 40% y por otra, porque hubiese implicado que no llegaran
a tiempo para participar en el proceso electoral, amén la retroactividad que significaba. Lo
anterior, sin perjuicio de aquellos partidos que, aún antes de la entrada en vigencia del nuevo
Código, ya tenían un sistema de paridad en sus estatutos.
b) Sistema de paridad en listas de candidaturas
a cargos de elección popular
Ante una consulta de la Comisión Legislativa Especial de Reformas Electorales y Partidos
Políticos, el 22 de julio de 2009, el TSE emitió la resolución N° 3399-E8-2009 en la cual indicó
que, puesto que al momento de la consulta, varios partidos habían concluido su proceso de
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Participación política de la mujer
selección de candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencias, diputaciones y regidurías, no
podría aplicarse el sistema de paridad para las elecciones nacionales de febrero de 2010.
Si bien el plazo del nuevo Código para la inscripción de candidaturas ante el Registro
Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos se fijaba del 7 al 27 de octubre de 2009 (art.
148), valían razones similares a las apuntadas para el proceso de renovación de estructuras; es
decir, por una parte no podría regir el sistema de cuota del 40% para estos partidos, insistimos,
que ya habían concluido su proceso de elección de candidaturas y el sistema de paridad para
aquellos que no habían concluido su proceso, so pena de introducir reglas diferentes para unos
y otros.
Por esto, el sistema de paridad empezará a regir de cara a las Elecciones Municipales
de diciembre de 2010 -concretamente para la elección de los alcaldes, síndicos, concejales y
concejales municipales de distrito.
Tómese en cuenta que los regidores serán elegidos (por última vez) en las elecciones
generales de febrero de 2010, junto con los cargos de presidente, vicepresidentes y diputados,
ya que la reforma del Código Municipal de 2007 y una resolución interpretativa del TSE,
establecen que las elecciones municipales posteriores a las de 2010, se llevarán a cabo dos
años después de las elecciones generales y, además, que en ellas se elegirán todos los cargos
municipales, incluidos los de regidores 8 . De esta forma, para las elecciones del 7 de febrero de
2010, rige el sistema de cuota del 40% que, según las resoluciones del TSE ya anotadas, debe
serlo en las listas globalmente consideradas y, además, en sus puestos elegibles.
c) Financiamiento para capacitación y elecciones municipales
El tema del financiamiento partidario es complejo en sí mismo. Para nuestros efectos,
es importante anotar que la nueva normativa obliga a conocer el sistema del Código anterior,
el de transición y el actual que se planteana partir del nuevo Código. La Constitución Política
vigente (art. 96) obliga a los partidos políticos a que la contribución estatal se destine a gastos
de organización, de capacitación y de campaña. También consagra que, bajo el principio de
autorregulación partidaria, corresponde a los partidos definir en sus estatutos el porcentaje que
8 Véase TSE res. N° 405-E8-2008, en donde se interpreta el art. 14 del Código Municipal, en relación con los arts. 97 y 98
del anterior Código Electoral. Dado que la reforma municipal señalada no definió la fecha para la elección de regidores,
establecida en el Código Electoral y derogada por esa reforma, el TSE debió interpretar el vacío legislativo en el sentido
apuntado.
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Eugenia María Zamora Chavarría
destinarán a cada uno de esos rubros. Con el fin de poder aplicar la norma de cita el TSE resolvió
que, si ese porcentaje no era fijado por los partidos, no se ordenaría el pago de la contribución
estatal (res. TSE Nº 1236-3-E-2001 de las 14:40 horas del 7 de junio de 2001).
Con anterioridad, el artículo 96 inciso e) de la Constitución Política, establecía que el
Estado estaba en la obligación de contribuir al financiamiento previo de los gastos que demanden
las actividades político-electorales de los partidos políticos. Sin embargo la Sala Constitucional,
en resolución 980-91 de las 13:30 horas del 24 de mayo de 1991, declaró la inconstitucionalidad
de esa norma por violación en el trámite legislativo, no así en cuanto autorizaba la contribución
del Estado a la financiación anticipada de los gastos electorales de los partidos políticos. Esta
situación provocó la reforma del referido artículo, en 1997, cuyo texto actualmente señala:
“Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos tendrán derecho
a que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley.” (art. 96 inciso
3)).
A la luz de lo dispuesto por la Sala Constitucional, en el anterior esquema de financiamiento y,
sin contribución estatal adelantada -dado el vacío legislativo- los partidos políticos sólo podían
obtener financiamiento estatal, para los 3 rubros indicados, hasta el momento de la liquidación
de cada proceso electoral; es decir, cada cuatro años, concluido el proceso electoral respectivo,
previo cumplimiento de los requisitos fijados por la Constitución y previa justificación del gasto.
Por esta razón los partidos políticos estarán solicitando el pago de la contribución estatal 2006-
2010 (capacitación, organización y campaña), una vez emitida la resolución de declaratoria de
diputados electos para el período 2010-2014, por parte del TSE.
Bajo el régimen del nuevo Código Electoral (arts. 89 a 135 y transitorios) y, en consonancia
con la norma constitucional, se establecen los requisitos para acceder al financiamiento estatal
en general. En segundo lugar, se reinstala la contribución estatal adelantada (art. 96 y Transitorio
VII), para apoyar los gastos de los partidos en los procesos electorales para la presidencia y
vicepresidencias de la República y las diputaciones a la Asamblea Legislativa (arts. 89, 92 y
96). En tercer lugar, se establece que los partidos políticos quedan obligados a que el rubro de
capacitación sea utilizado de manera paritaria (arts. 52, inc. p) y art. 103), como ya se refirió.
Los gastos en que incurran los partidos políticos correspondientes a la elección de
febrero de 2010 se definirán tan pronto tenga lugar la declaratoria de elección de diputados
apuntada, en la cual se fija el monto que el Estado reconocerá a cada partido político. Esta
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Participación política de la mujer
liquidación deberá ser presentada por los partidos dentro de los 60 días hábiles siguientes a
esa declaratoria (art. 107 C.E.). Dado que se restablece la contribución adelantada, para estas
elecciones los partidos tendrán derecho a percibirla desde la solicitud de inscripción, previo
cumplimiento de los requisitos de ley. Este adelanto es del 15% (2.576.238.951 colones) del
total de la contribución estatal (17.174.926,340 colones) definida para las elecciones de 2010
(véase TSE res. N° 4129-E8-2009).
El remanente de la contribución estatal, es decir, aquellos gastos que los partidos no
logren liquidar, les serán reservados para sus futuros gastos de organización y de capacitación,
mediante presentación de liquidaciones trimestrales sucesivas (ibid art. 107). Reiteramos que los
partidos, en el 2010, estarán liquidando los gastos del período 2006-2010 (Transitorio IV), razón
por la cual no rige para ese período la nueva regla de paridad en capacitación. Sí aplicará con
ocasión de las liquidaciones trimestrales que los partidos podrán presentar luego de concluido
el proceso electoral de febrero de 2010.
Cabe agregar, finalmente, que el nuevo Código establece, por primera vez, financiamiento
para la campaña electoral municipal, a aplicarse para el proceso municipal de diciembre de 2010
(art. 96 a 102 C.E.). Sin embargo, la norma se refiere a gastos originados por la participación en
el proceso electoral a partir de la convocatoria y hasta 45 días después de celebrada la elección,
por lo que no cubre los rubros de organización ni de capacitación. De allí que no aplica para
capacitación paritaria.
V. Bibliografía
Documentos
Bolaños, Arlette. “Las cuotas de participación política de la mujer en Costa Rica, 1996-2005”.
En: Revista Digital de Derecho Electoral, (1):75-88, (Ene.-Jun., 2006). (http:// www.tse.
go.cr/revista/revista.htm).
Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones. La política institucional de igualdad y equidad
de género del Tribunal Supremo de Elecciones. San José, C.R.: Tribunal Supremo de
Elecciones y Fondo de Naciones Unidas de Población (UNFPA), 2008.
Ramírez, Ileana. “Un-Habitat de Costa Rica”. En: Taller de Capacitación para mujeres candidatas
a regidoras-Elección Nacional febrero 2010 (2009 : San José, C.R.), organizado por el
TSE y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
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Eugenia María Zamora Chavarría
Zamora, Eugenia María. “Derechos Políticos de la Mujer en Costa Rica: 1986-2006”. En:
Revista Digital de Derecho Electoral, TSE, (7):179-216, , (Ene.-Jun., 2009). (http:// www.
tse.go.cr/revista/revista.htm).
Normativa Jurídica
Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949. Litografía e
Imprenta LIL, S.A., 4ª Edición, San José, 2007.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) (CEDAW-ONU), Ley N° 6968 de 02 de octubre de 1984.
Ley N° 1536 de 3 de diciembre de 1952 y sus reformas (Código Electoral). Tribunal Supremo
de Elecciones, San José, 2002.
Ley N° 8765 de 2 de setiembre de 2009 (Código Electoral), Alcance N° 37 a La Gaceta N° 171.
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Poder Judicial: Sala Constitucional
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ONU
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos: Declaración (Viena,
1993).
Tribunal Supremo de Elecciones
Acuerdos
Artículo 2, Acta de Sesión No. 11063 de 14 de enero de 1997.
Artículo N° 13, Acta N° 11112 de 25 de marzo de 1997.
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Participación política de la mujer
Resoluciones
Res. N° 1669-99 de 24 de agosto de 1999.
Res. N° 1863 de 23 de setiembre de 1999.
Res. No. 2837 de 12 de diciembre de 1999.
Res. No. 804-E-2000 de 4 de mayo de 2000.
Res. 0918-P-2000 de 11 de mayo de 2000.
Res. N° 1236-3-E-2001 de 7 de junio de 2001.
Res. No. 1544-E-2001 de 24 de junio de 2001.
Res. No. 1543-E-2001 de 24 de julio de 2001.
Res. No.2096-E-2005 de 31 de agosto de 2005.
Res. N° 405-E8-2008 de de ocho de febrero de 2008.
Res. N° 3399-E8-2009 de 22 de julio de 2009.
Res. N° 4129-E8-2009 de 3 de setiembre de 2009.
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La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
Luis Antonio Sobrado González *
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 2 de octubre de 2009.
Revisión, corrección y aprobación: 3 de diciembre de 2009.
Resumen: Analiza el régimen de financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica, el cual y según
el marco normativo se rige por un modelo mixto, por lo que los patrimonios de estos se alimentan por el
financiamiento público directo, las contribuciones, donaciones o aportes de sus miembros y los bienes y
recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley.
Palabras claves: Financiamiento del partido político / Contribución estatal / Deuda política / Financiamiento
directo / Contribuciones / Contribuciones privadas / Control financiero.
Abstract: It analyzes the system of financing political parties in Costa Rica, which according to the regulatory
framework and is governed by a mixed model, so that the assets of these are fed by direct government
funding, contributions, donations or contributions from their members and assets and resources that allow
its statutes and not prohibited by law.
Key words: Financing political party / Contribution state / Debt Policy / Direct Funding / Contributions /
Private contributions / Financial control.
* Costarricense. Licenciado y Doctor en Derecho, grados académicos otorgados por la Universidad de Costa Rica y la
Universidad Complutense de Madrid, respectivamente. Magistrado propietario del Tribunal Supremo de Elecciones a partir
de 1999. Actualmente es el Presidente del organismo electoral costarricense y, en esa condición, ejerce la presidencia pro
tempore de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe; coordina además las comisiones de
Asuntos Académicos y de Gobierno Digital del TSE y dirige su Revista de Derecho Electoral. Con anterioridad había ocupado
otros cargos públicos en la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Presidencia. Tiene más de veinte años
de ser profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Costa Rica y desde 1993 coordina la respectiva Cátedra de su
Facultad de Derecho. Autor de los libros La justicia electoral en Costa Rica (San José: IJSA, 2005), Democratización interna
de los partidos políticos en Costa Rica (San José: FLACSO, 2007) y de varios artículos en revistas especializadas. Dirección
electrónica: lsobrado@tse.go.cr.
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Luis Antonio Sobrado González
Costa Rica fue el segundo país de América Latina en introducir el financiamiento público
de los partidos políticos, lo que se produce en 1956 con la reforma del artículo 96 constitucional
dispuesta por ley N° 2036 del 18 de julio; 1 momento a partir del cual se prevé que el Estado
reembolse, luego de celebrados los respectivos comicios, “los gastos en que incurran los
Partidos Políticos para elegir los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Esa enmienda constitucional en su momento se justificó alegando que el subsidio era
necesario para paliar la influencia en la política de los grupos de poder económico; y para
garantizar la equidad de la contienda electoral. El mecanismo resultante –que tiene como
antecedente la legislación promulgada en 1954, que ordenó el pago de las deudas contraídas
por los partidos contenientes en la elección del año anterior, y de acuerdo con la votación
obtenida en la misma– vino a sustituir la vieja práctica, prohibida por el constituyente de 1949,
de cancelar las deudas del partido triunfante mediante deducciones salariales a los funcionarios
públicos. 2
Otras reformas al mismo numeral constitucional de gran relevancia, fueron las operadas
por las leyes N° 4765 y 7675 del 17 de mayo de 1971 y 2 de julio de 1997, respectivamente.
La reforma de 1971 autorizó la “financiación previa de los gastos que demanden las
actividades electorales de los partidos políticos”, lo que “… transformó la naturaleza de la
subvención de ser un reembolso postelectoral a ser, en lo fundamental, un instrumento de
financiamiento preelectoral”. 3 No obstante, en atención a vicios acaecidos en la tramitación de
esa enmienda constitucional, la innovación fue eliminada veinte años después por sentencia Nº
980-91 de la Sala Constitucional.
La reforma constitucional de 1997 tiene, en este ámbito, una triple importancia. En
primer lugar, restauró el adelanto parcial de la contribución estatal. En segundo término,
dispuso que esa contribución no sólo se destinara a cubrir los gastos que genere la participación
1 Uruguay lo había hecho en 1928.
2 “Ya en 1910, durante la primera administración de don Ricardo Jiménez, el partido triunfante emitía una circular dirigida a
los empleados públicos con el fin de que autorizaran la deducción de parte de su salario para cancelar las deudas contraídas
por el partido durante la campaña electoral. Con algunos altibajos la práctica devino en norma, siendo finalmente extirpada
del sistema mediante la escueta declaración aprobada por los constituyentes de 1949: Artículo 96.- El Estado no podrá hacer
ni permitir que se haga deducción alguna en las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas”
(Kevin Casas, “Contribución estatal a los partidos políticos en Costa Rica: apuntes sobre sus efectos en la dinámica del sistema
de partidos”; en: La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI, San José, Universidad de Costa Rica, 2001, pág. 308-309).
3 Ibid., pág. 309 .
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La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
de los partidos políticos en esos procesos electorales, sino también a satisfacer sus necesidades
de capacitación y organización política. Por último, originó la regla constitucional según la
cual las contribuciones privadas a los partidos estarán sometidas al principio de publicidad y se
regularán por ley.
En la actualidad, el tema del financiamiento partidario está regulado en el artículo 96
de la Constitución Política y en el Código Electoral recientemente promulgado por ley Nº 8765
del 19 de agosto de 2009 –en adelante “CE”–; cuerpo legal que contiene un capítulo sexto en
su título tercero (art. 86 a 135) denominado “Régimen económico de los partidos políticos”,
resultando también relevantes sus numerales 52, 136 a 140, 273 a 276, 283 a 289, 296, 299 y
300, así como sus “transitorios” primero, tercero, cuarto y sétimo.
En Costa Rica, de acuerdo con ese marco normativo, rige el modelo mixto de
financiamiento de los partidos políticos. Sus patrimonios se alimentan entonces de:
• Las sumas que perciban a título de contribución estatal, que es la forma en que
se denomina el financiamiento público directo.
• Las contribuciones, donaciones o aportes de sus miembros y simpatizantes.
• Los “bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley” (art.
86 del CE), dentro de los que podrían contemplarse los derivados de cualquier
negocio jurídico o actividad económica privada de carácter lícito, (así precisado
en la resolución N° 2476-E-2003 del TSE). 4
De seguido se analizará de manera separada el régimen de la contribución estatal y el
de las contribuciones, donaciones o aportes particulares.
Antes de ello, sin embargo, conviene dejar establecidos dos asuntos de importancia.
4 La presente resolución y las demás que se citan en este trabajo pueden ser consultadas en el sitio web del TSE (www.tse.
go.cr). Éstas cobran gran importancia en la realidad política y normativa costarricense, de modo general, dada la singular
potencia hermenéutica de la que goza el TSE, el cual produce jurisprudencia electoral no sólo a partir de las interpretaciones
legales reiteradas y concordantes que –expresadas a modo de ratio decidendi- surjan del conjunto de sentencias que dicte
para resolver las controversias electorales (concepto tradicional de jurisprudencia). La jurisprudencia electoral costarricense
también nace de las declaraciones interpretativas formuladas por el TSE al margen de cualquier controversia concreta y cuyo
valor es similar a la “interpretación auténtica” de origen parlamentario; es decir, producen una doctrina legal sin necesidad
de reiteración de pronunciamientos y que resulta vinculante erga omnes desde su adopción. Así sucede porque, al momento
de reconocerle la Constitución a la Asamblea Legislativa la potestad de interpretar auténticamente la ley, se aclara: “salvo lo
dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones” (art. 121); restricción parlamentaria que cobra sentido a la
luz del artículo 102, inciso 3), constitucional, que encomienda a ese Tribunal “Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las
disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral”. De conformidad con el artículo 12 inciso c) del CE,
dichas declaraciones interpretativas proceden a solicitud del comité ejecutivo superior de los partidos políticos e, incluso, en
forma oficiosa.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 179

Luis Antonio Sobrado González
En primer lugar, que en la legislación costarricense no existen “franjas electorales”, es
decir, transmisión gratuita de mensajes políticos de los partidos políticos. Tampoco topes o
límites a los gastos de campaña; ciertamente existen restricciones sobre las erogaciones de este
tipo susceptibles de reembolso estatal, como veremos, pero nada impide que se efectúen con
cargo al financiamiento partidario privado.
En segundo lugar, que el único mecanismo de financiamiento público indirecto previsto,
consiste en que los entes públicos pueden facilitar, en cualquier tiempo, sus instalaciones para
las actividades de los partidos, previa comunicación al Tribunal Supremo de Elecciones –en
adelante “TSE”– (art. 137.g del CE).
I. Financiamiento público directo
En Costa Rica existe un régimen constitucional relativo al financiamiento público directo
de los partidos políticos, que se complementa con otro de raíz exclusivamente legal, y que
permite subvencionar su participación en las elecciones municipales.
a) Régimen constitucional
Las reglas fundamentales del financiamiento público de los partidos políticos, que en el
medio costarricense se denomina contribución estatal, aparecen consignadas en el numeral 96
de la Constitución Política 5 .
5 “Artículo 96.- El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores políticos para el pago de deudas
políticas. El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la
celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley
determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. Este porcentaje se destinará a cubrir los
gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de
capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros. 2. Tendrán
derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo
y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a
escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado. 3.
Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante parte de la
contribución estatal, según lo determine la ley. 4. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos
ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al principio de
publicidad y se regularán por ley. La ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones para
la aplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación y reforma, el voto de dos tercios del total de los miembros de la
Asamblea Legislativa.”.
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
De acuerdo con este mandato constitucional, son sujetos del financiamiento público
únicamente los partidos políticos de carácter nacional y provincial; es decir, están excluidos del
mismo los inscritos a escala cantonal, 6 así como los candidatos, los legisladores y cualquier otro
sujeto u organización.
En cuanto al momento del desembolso, es de señalar que los recursos se giran una vez
cada cuatro años, después de que concluyan las elecciones de Presidente de la República y
de diputados a la Asamblea Legislativa –que se celebran concurrentemente el primer domingo
del mes de febrero respectivo–; dineros que los partidos perciben a título de reembolso de los
gastos que hayan efectuado con motivo de su participación en el proceso electoral, a partir de
la convocatoria y hasta cuarenta y cinco días naturales después de celebrada la elección. Esta
regla se matiza, empero, de dos maneras:
• La Constitución Política, en el numeral citado, consagra el derecho de las
agrupaciones partidarias a que se les adelante parcialmente la contribución
estatal. Con fundamento en ello, el CE estipula en sus artículos 96 a 98 que,
del monto total de esa contribución, se destinará un 15% para el financiamiento
anticipado, que se distribuye entre los partidos nacionales (un 80%) y entre los
provinciales (el restante 20%) en sumas iguales dentro de cada categoría. Los
partidos podrán retirar esos recursos a partir de la presentación de sus candidaturas
para ser inscritas, siempre y cuando rindan, previamente, garantías líquidas
suficientes y hayan cumplido con el deber que establece el artículo 135 del CE
de publicar anualmente sus estados financieros y la lista de sus contribuyentes,
(así interpretado por acuerdo del TSE adoptado en el artículo 4º de la sesión
Nº 89-2009). Aquellos partidos que no superen el umbral constitucionalmente
dispuesto deberán devolver el adelanto; también tendrán que reintegrar los
excedentes los partidos cuyo derecho resulte inferior a lo adelantado.
• Las agrupaciones políticas deben predeterminar en sus estatutos, lo que destinarán
de la contribución estatal para cubrir sus gastos de capacitación y organización
política en período no electoral. Una vez concluida la elección de Presidente
de la República y diputados a la Asamblea Legislativa y establecido –a la luz de
6 “Los partidos políticos tendrán carácter nacional cuando se inscriban para la elección a la Presidencia y Vicepresidencias
de la República, a una asamblea constituyente, la elección de diputadas y diputados o los cargos municipales en todo el
territorio nacional. Los partidos políticos tendrán carácter provincial cuando se propongan intervenir solamente en la elección
de diputadas y diputados o cargos municipales de la provincia. Los partidos políticos tendrán carácter cantonal cuando se
inscriban únicamente para participar en la elección de cargos municipales del cantón. El partido político inscrito a escala
nacional se entenderá que lo está a escala provincial y cantonal en todas las provincias y cantones del país.” (art. 51 del CE).
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Luis Antonio Sobrado González
sus resultados– el monto global de contribución estatal que corresponde a cada
partido, la suma correspondiente a capacitación y organización política –según
resulte de aplicar la predefinición estatutaria– constituirá una reserva para cubrir
sus gastos futuros por esos conceptos, a liquidar sucesiva y trimestralmente (art.
52.p, 89, 95, 107 y “transitorio” cuarto). 7
El monto máximo a distribuir entre ellos, es el equivalente al 0,19% del producto interno
bruto del año trasanterior a la celebración de la elección correspondiente (PIB), aunque la ley
determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. 8
El TSE, tan pronto declare la elección de diputados, debe distribuir ese monto entre los
distintos partidos con derecho a la contribución estatal; habrá de utilizar, como único criterio de
distribución, la fuerza electoral de cada una de esas agrupaciones políticas, según lo preceptúa
el artículo 90 del CE. 9 La cifra resultante será el monto máximo que cada uno de los partidos
podrá obtener a título de reembolso de sus gastos, del que el TSE ordenará, en esa misma
oportunidad, retener la suma equivalente a las deudas que tengan pendientes con la seguridad
social (sentencia Nº 4114-E8-2009).
Las siguientes son las condiciones para que los partidos nacionales y provinciales puedan
acceder a la contribución:
7 El nuevo CE introduce, en este terreno, un importante cambio de modelo consistente en un esquema de financiamiento
permanente de los gastos de capacitación y organización política; con ello sustituye el modelo anterior, bajo el cual las
erogaciones de este tipo producidas durante todo el cuatrienio previo se liquidaban conjuntamente con el gasto electoral,
luego de la elección presidencial y de diputados. De ahí que el “transitorio” cuarto del CE establece un régimen de transición
en los siguientes términos: “La liquidación establecida en este Código, que deberán presentar los partidos con derecho a la
contribución estatal, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política, correspondiente a la campaña política
2006-2010, incluirá un apartado con la liquidación de los gastos de capacitación y organización política que hayan efectuado
con posterioridad al día inmediato siguiente a aquel en que entregaron al TSE la liquidación final de la campaña anterior y
hasta la fecha de convocatoria a las elecciones para presidente y vicepresidentes que se celebrarán en el año 2010”.
8 La Asamblea Legislativa, en ejercicio de esa atribución, dispuso por ley N° 8119 de julio de 2001 que para las elecciones de
2002 la contribución no podría exceder el 0,10% del PIB; con motivo de las elecciones de 2006, momento en que ya no regía
esa disminución transitoria, el monto quedó fijado en la suma de ¢ 13.956.101.540 (US$ 24 millones, aproximadamente,
al tipo de cambio actual). Para las elecciones de febrero de 2010 y en conformidad con el “transitorio” primero del CE, el
porcentaje será de un 0,11 del PIB, que equivale a ¢ 17.174.926.340 (alrededor de US$ 29 millones).
9 “… El TSE, tan pronto declare la elección de diputados, dispondrá, por resolución debidamente fundada, la distribución del
aporte estatal entre los partidos que tengan derecho a él. El Tribunal determinará la distribución, siguiendo el procedimiento
que se describe a continuación: a) Se determinará el costo individual del voto; para ello, el monto total de la contribución
estatal se dividirá entre el resultado de la suma de los votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho
a contribución, en la elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa. b)
Cada partido podrá recibir, como máximo, el monto que resulte de multiplicar el costo individual del voto por el resultado
de la suma de los votos válidos que obtuvo en la elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados a la
Asamblea Legislativa, o por lo que obtuvo en una u otra elección, si solo participó en una de ellas, deduciendo de esta los
montos que se hayan distribuido a título de financiamiento anticipado caucionado.”.
182
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
• Que participen en la elección de Presidente de la República o de diputados a la
Asamblea Legislativa.
• Que superen el umbral constitucional.
• Que comprueben, con posterioridad a la elección, sus gastos ante el TSE; sólo se
les reconocerán las erogaciones legalmente justificables que puedan demostrar
como efectivamente producidas.
• Que previamente hayan fijado en sus estatutos el porcentaje de la contribución
estatal que destinarán a capacitación y organización política (sentencia N° 1257-
P-2000).
El segundo inciso del artículo 96 constitucional establece el umbral necesario para tener
derecho a la contribución. Éste consiste en haber obtenido al menos un 4% de los sufragios
válidos para la elección presidencial o de diputados, a nivel nacional o provincial, o haber
elegido por lo menos, un diputado. 10
El trámite para percibir la contribución estatal, arranca con la liquidación de gastos que los
partidos con derecho a ella deben presentar al TSE dentro de los sesenta días hábiles siguientes a
la declaratoria de elección de diputados, refrendada por un contador público autorizado que se
haya previamente registrado ante la Contraloría General de la República (en adelante “CGR”).
Conforme lo adelantábamos, en lo que atañe a la reserva resultante para sus erogaciones futuras
de capacitación y organización política, las liquidaciones deben ser trimestrales
La evaluación de las liquidaciones la realiza el TSE sobre la base de la documentación
aportada por los partidos, a saber: a) certificación de ese contador sobre los gastos partidarios,
y su informe sobre los resultados del estudio que efectuó para emitir tal certificación y sobre las
correspondientes recomendaciones de control interno; y b) comprobantes, facturas, contratos
y demás documentos que respalden la liquidación presentada. Los documentos suscritos por el
contador, sustentarán las respectivas resoluciones del TSE ordenando los pagos –salvo que deban
retenerse en todo o en parte por algún motivo–, 11 que habrán de dictarse dentro del plazo de
quince días hábiles; sin embargo, si existiera algún motivo que haga presumir la no conformidad
10 De acuerdo con la sentencia N° 591-E-2002 del TSE, el partido de carácter nacional –con independencia de los votos
obtenidos– también supera ese umbral si obtiene un diputado (la literalidad de la norma conducía a entender que ese
supuesto sólo era aplicable a los partidos provinciales); también interpretó, mediante resolución N° 1297-E-2006, que el
partido nacional que, sin alcanzar ese 4% en la votación general, lo superara en alguna o algunas provincias, tendría derecho
a la contribución estatal proporcionalmente a su resultado electoral en esa o esas circunscripciones específicas.
11 A los motivos de retención ya apuntados, cabe agregar que el artículo 300 del CE establece que podrá también retenerse hasta
un 5% de esa contribución cuando el partido correspondiente no haya saldado la multas que previamente se le impongan.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 183

Luis Antonio Sobrado González
de los gastos liquidados, el TSE podrá ordenar la revisión de los documentos señalados en el
inciso b) anterior (art. 103 a 107 del CE).
La Tesorería Nacional, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, deberá entregar lo que
corresponda a cada partido o a sus cesionarios.
Sobre esto último, cabe aclarar que los partidos podrán ceder –total o parcialmente– su
derecho eventual a esa contribución, como fórmula financiera para obtener anticipadamente
recursos privados para atender sus gastos ordinarios o de campaña. Dicha cesión se efectúa
mediante la emisión de certificados partidarios, que las agrupaciones políticas –a cambio de
un descuento- 12 negocian con cualquier persona costarricense interesada o utilizan como
instrumento de pago de gastos admisibles; también pueden servir como garantía de operaciones
crediticias con los bancos. Si la contribución a que finalmente tenga derecho un partido no
alcanzare para cubrir el pago de esos certificados, su valor disminuirá proporcionalmente. Es
posible colocar varias emisiones, pero únicamente si queda cubierta en su totalidad la primera
emisión, procederá el pago de la segunda, en forma proporcional si fuere del caso; regla que
regirá en el caso de que se hagan terceras o más emisiones. Las emisiones de los certificados, así
como la verificación de operaciones crediticias respaldas por aquellos, deben ser comunicadas
al TSE (art. 115 a 119 del CE).
En punto a los tipos de gasto susceptibles de reembolso estatal, el mismo artículo 96
constitucional y el numeral 92 del CE, disponen que la contribución estatal se destinará, en
primer lugar, a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en los
comicios presidenciales y diputadiles, a partir de su convocatoria y hasta cuarenta y cinco días
naturales después de celebrada la elección. 13
12 Ese costo financiero puede ser amparado a la contribución estatal hasta una tasa máxima del 15%.
13 El artículo 94 del CE define las modalidades de este tipo de gasto del siguiente modo: “a) La propaganda, entendida como
la acción de los partidos políticos para preparar y difundir sus ideas, opiniones, programas de gobierno y biografías de sus
candidatos a puestos de elección popular, por los medios que estimen convenientes. b) La producción y la distribución de
cualquier signo externo que el partido utilice en sus actividades. c) Las manifestaciones, los desfiles u otras actividades en
vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos. d) Las actividades de carácter público en sitios privados. e) Todo gasto
operativo, técnico, funcional y administrativo, dirigido a la preparación y ejecución de las actividades necesarias para la
participación en el proceso electoral.”.
184
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
En segundo lugar, la contribución también se dirigirá a satisfacer las necesidades
partidarias de capacitación y organización política 14 en período no electoral, mediante la
constitución de una reserva para afrontar gastos futuros en este terreno, que serán objeto de
reembolso mediante ulteriores liquidaciones trimestrales. Según se adelantaba, corresponde a
los propios partidos fijar anticipadamente en sus estatutos los porcentajes que destinarán a cada
uno de estos rubros (art. 96 de la Constitución y 52.p del CE); fijación que condiciona el acceso
a la contribución estatal del período respectivo.
Los gastos de capacitación deben destinarse, en sus montos y actividades, a la formación
y promoción de ambos géneros en condiciones de igualdad efectiva. Al momento de presentar
la liquidación para acceder al reembolso estatal; los partidos políticos deben adjuntar una
certificación de contador público autorizado que así lo acredite, porque de lo contrario no se
autorizará pago de monto alguno por ese concepto en particular (art. 103 del CE).
Cabe resaltar que, dentro de los gastos justificables bajo el rubro organización política,
están naturalmente comprendidos aquellos que se produzcan con motivo de los procesos internos
de los partidos tendientes a designar sus candidatos, ya sea por medio de “convenciones” o
cualquier otro mecanismo que se determine al efecto. Se aclara que corresponde a cada partido
determinar estatutariamente la forma de escogencia de sus candidatos, aunque las designaciones
requerirán la ratificación de su asamblea superior, salvo que se trate de convenciones para elegir
candidato presidencial, en cuyo caso la voluntad mayoritaria de ese proceso se tendrá como
firme (art. 52.k del CE).
El siguiente cuadro refleja las sumas relativas a la contribución estatal durante los dos
últimos períodos y detalla el monto máximo que cada formación política obtuvo en proporción
a su fuerza electoral, las sumas liquidadas y las finalmente aprobadas:
14 El artículo 93 del CE enlista así los gastos de esta naturaleza: a) Organización política: comprende todo gasto administrativo
para fomentar, fortalecer y preparar a los partidos políticos para su participación de modo permanente en los procesos
políticos y electorales. b) Capacitación: incluye todas las actividades que les permiten a los partidos políticos realizar la
formación política, técnica o ideológico-programática de las personas, así como la logística y los insumos necesarios para
llevarlas a cabo. c) Divulgación: comprende las actividades por medio de las cuales los partidos políticos comunican su
ideología, propuestas, participación democrática, cultura política, procesos internos de participación y acontecer nacional.
Incluye los gastos que se generen en diseñar, producir y difundir todo tipo de material que sirva como herramienta de
comunicación. d) Censo, empadronamiento, investigación y estudios de opinión: se refieren a las actividades dirigidas a
recolectar, compilar, evaluar y analizar la información de interés para el partido; confeccionar padrones partidarios; realizar
investigaciones socioeconómicas y políticas sobre situaciones de relevancia nacional o internacional, así como realizar
sondeos de opinión. Lo anterior sin perjuicio de que vía reglamento se regulen nuevas situaciones que se enmarquen dentro
del concepto comprendido por gastos justificables en la presente Ley.”.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 185

Luis Antonio Sobrado González
CUADRO N° 1*
CONTRIBUCIÓN ESTATAL DE LOS PERÍODOS 1998-2002 Y 2002-2006**
PARTIDO 1998-2002 2002-2006
LIBERACIÓN
NACIONAL
ACCIÓN
CIUDADANA
UNIDAD SOCIAL
CRISTIANA
MOVIMIENTO
LIBERTARIO
RENOVACIÓN
COSTARRICENSE
RESTAURACIÓN
NACIONAL
Tope máximo Liquidado Aprobado Tope máximo Liquidado Aprobado
¢1.501.552 ¢2.708.140 ¢1.501.552 ¢5.881.823 ¢4.980.940 ¢3.802.653
¢1.243.395 ¢456.277 ¢354.313 ¢4.949.243 ¢1.830.540 ¢1.510.518
¢1.765.623 ¢2.254.075 ¢1.649.844 ¢862.562 ¢1.292.128 ¢655.706
¢284.209 ¢0 ¢0 ¢1.339.497 ¢1.461.712 ¢799.310
¢120.310 ¢375.875 ¢89.257 ¢183.796 ¢203.341 ¢178.295
¢154.323 ¢146.547 ¢47.011
UNIÓN NACIONAL ¢313.594 ¢411.873 ¢313.594
UNIÓN AGRÍCOLA
CARTAGINESA
ACCESIBILIDAD SIN
EXCLUSIÓN
¢44.057 ¢57.408 ¢0
¢120.471 ¢96.773 ¢69.000
FRENTE AMPLIO ¢83.241 ¢79.062 ¢76.376
GUANACASTE
INDEPENDIENTE
¢23.494 ¢0 ¢0
TOTALES ¢4.915.089 ¢5.794.367 ¢3.594.966 ¢13.956.101 ¢10.560.324 ¢7.452.463
EQUIVALENTE EN
US$***
$8.330 $9.821 $6.093 $23.654 $17.899 $12.631
* Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE
** Los montos se expresan en miles de colones y dólares
*** Al tipo de cambio actual (US$ 1 = ¢ 590)
Para poner en perspectiva los anteriores montos, conviene precisar cuáles fueron los
costos asociados a la organización de las elecciones generales de febrero de 2006:
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
CUADRO N° 2*
CONSOLIDADO DE GASTOS TOTALES ELECCIONES GENERALES
FEBRERO 2006**
CONCEPTO
MONTO
GASTOS DIRECTOS VINCULADOS AL PROCESO ELECTORAL ¢1.302.749.738,32
GASTOS INDIRECTOS VINCULADOS AL PROCESO ELECTORAL ¢982.400,000.00
GASTO TOTAL ¢2.285.149.738,32
EQUIVALENTE EN US$*** $3.873.135,15
TOTAL DE ELECTORES INSCRITOS EN EL PADRON 2.550.613
COSTO DEL VOTO POR ELECTOR ¢895,92
EQUIVALENTE EN US$*** $1,52
* Fuente: TSE
** No incluye la contribución estatal
** Al tipo de cambio actual (US$ 1 = ¢590)
El costo global que tuvo ese proceso electoral, de acuerdo con los anteriores datos,
asciende a la suma de US$ 16.504.135 –US$ 6,47 por elector–, de la cual únicamente el 23,47%
corresponde a los gastos de la administración electoral (US$ 3.873.135 –US$ 1,52 por elector–);
el restante 76,53% (US$ 12.631.000 –US$ 4,95 por elector–) se destinó a la contribución estatal
finalmente cancelada a los partidos políticos.
Por otro lado, debe advertirse que no coinciden los montos liquidados por contribución
estatal –ni mucho menos los aprobados–, con lo realmente gastado por los partidos durante la
respectiva campaña electoral, por varios motivos: en primer lugar, la mayoría de las agrupaciones
políticas nacionales y provinciales no superó el umbral para acceder a esa contribución, por lo
que sus erogaciones no se reflejan en estos cálculos. En relación con los que sí lo superaron,
si bien es cierto que la mayoría de los gastos corresponden a esa campaña electoral, también
lo es que lo liquidado contempla gastos de organización y capacitación efectuados durante
todo el período cuatrienal; además, diversas erogaciones de campaña electoral no figuran por
distintas razones (gastos no justificables por mandato legal o reglamentario o de imposible
comprobación, por ejemplo).
Los partidos deben llevar la contabilidad actualizada y sus estatutos han de contener los
mecanismos que garanticen la efectiva publicidad de su información contable y financiera (art.
86 y 52.m del CE; el anterior CE tenía los mismos preceptos). Estos mandatos, empero, han
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 187

Luis Antonio Sobrado González
tenido hasta ahora una baja correspondencia con lo que en realidad sucede, a tal punto que
muchas de las agrupaciones políticas no tienen implementado un adecuado sistema contable o
del todo carecen de él. La práctica demuestra, además, que no han existido formas eficientes
de divulgación y acceso público a esa información contable; situación que se espera revertir
con las ambiciosas disposiciones del nuevo CE que, entre otras, obliga a los partidos a publicar
anualmente sus estados financieros y su elenco de contribuyentes, que el TSE entiende como
requisito para poder girar recursos de la contribución estatal.
Todo lo anterior ha hecho que resulte difícil o imposible, precisar la magnitud exacta del
gasto partidario en los procesos electorales.
b) Régimen complementario
En el marco de la tramitación legislativa que condujo a la aprobación del nuevo CE y por
consulta presentada por los diputados que integraban la respectiva comisión parlamentaria, el
TSE interpretó el artículo 96 de la Constitución Política en el sentido:
“… que, aunque esta norma no contemple expresamente el financiamiento
público de los gastos partidarios derivados de su participación en las
elecciones municipales autónomas, ello no obsta para que el legislador
reduzca el monto de contribución estatal, destinando recursos a los
partidos políticos para otro tipo de actividades de interés público,
por lo que sería posible que estas rebajas sirvan para financiar su
intervención en las elecciones municipales, siempre que los regímenes
de financiamiento público para los partidos políticos, tanto el que deriva
del artículo 96 constitucional como el complementario eventualmente
creado por ley, no superen en conjunto el tope definido por el citado
artículo …” (sentencia N° 2887-E8-2008 de 26 de agosto de 2008).
Esto viabilizó que, un año después, el nuevo CE contenga un régimen especial de
financiamiento público directo que complementa el régimen constitucional de contribución
188
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
estatal mediante el subsidio de los gastos que genere la participación de los partidos políticos en
las elecciones municipales autónomas. 15
Según se desprende de los artículos 99 a 102 del CE, el régimen complementario se
ajusta a los principales parámetros del régimen constitucional, en tanto está previsto como un
mecanismo de reembolso postelectoral de los referidos gastos de los partidos, en proporción
a la fuerza electoral de cada uno de ellos y previa comprobación de los mismos ante el TSE;
asimismo, se establece un umbral similar para acceder al financiamiento (obtener un mínimo de
un 4% de los votos emitidos en el cantón respectivo o elegir, al menos, un regidor). Sin embargo,
presenta algunas importantes diferencias:
• Está exclusivamente diseñado para cubrir las erogaciones de los partidos
que genere su participación en el proceso electoral municipal, a partir de su
convocatoria y hasta cuarenta y cinco días naturales después de celebrada la
elección; por tal motivo, se trata de recursos que no se pueden emplear para
apoyar las actividades partidarias de capacitación y organización política.
• De ese subsidio se pueden beneficiar también los partidos de carácter cantonal.
• El monto máximo a distribuir entre el conjunto de partidos es la suma equivalente
al 0,03% del PIB (art. 91 del CE). 16
• No está previsto el financiamiento anticipado.
II.
Contribuciones, donanciones o aportes privados
El artículo 96 constitucional dispone que las contribuciones privadas a los partidos
políticos estarán sometidas al principio de publicidad y se regularán por ley; mandato que
desarrollan los numerales 120 a 135 del CE, en los términos que de seguido se explican.
La regla fundamental en este ámbito es que únicamente están permitidas las contribuciones
de personas físicas costarricenses que se efectúen en el territorio nacional, aunque sin tope o
15 Hasta 1998 las elecciones nacionales y las municipales se hicieron de modo concurrente, el primer domingo de febrero cada
cuatro años. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el Código Municipal promulgado en 1998, los alcaldes municipales
y los concejales de distrito se tornaron funcionarios de elección popular a elegir, conjuntamente con los síndicos, en una
elección autónoma que, en el 2002, 2006 y 2010, corresponde verificar el primer domingo del mes de diciembre siguiente a
la elección nacional. Reformas electorales ratificadas por el nuevo CE harán que, a partir del 2016, la elección municipal se
celebre a mitad del período presidencial y que en ésta se designen todos los funcionarios municipales de elección popular,
es decir, incluyendo a los regidores que, del 2002 al 2010, han seguido designándose conjuntamente con el Presidente de la
República y los diputados de la Asamblea Legislativa.
16 Para los que se celebrarán en diciembre de 2010 quedó fijado en ¢ 4.684.070.820 (aproximadamente US$ 8 millones).
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 189

Luis Antonio Sobrado González
limitación en cuanto a su monto, las que deben depositarse en una cuenta corriente única
destinada por el partido exclusivamente a esos fondos.
En tal virtud están vedas, en general, las contribuciones de personas jurídicas nacionales
(art. 128 del CE), así como las contribuciones de extranjeros, a quienes también les está vedado
otorgar préstamos, adquirir títulos o realizar cualquier otra operación que implique beneficio
de cualquier clase para los partidos políticos (art. 128 del CE). Se exceptúan las organizaciones
internacionales dedicadas al desarrollo de la cultura, la participación política y la defensa de los
valores democráticos, previamente acreditadas ante el TSE, que están legalmente autorizadas
a colaborar en el proceso de capacitación de los partidos (art. 124 del CE). Tampoco son
permitidas las contribuciones desde el extranjero, independientemente de la nacionalidad del
donante, en tanto se prohíbe canalizar aportes por medio de entidades financieras ubicadas
fuera del territorio nacional (art. 129 del CE).
Se prohíben también las contribuciones directas a candidatos o precandidatos
oficializados de los partidos (todo aporte de ese tipo debe canalizarse por medio de la tesorería
partidaria que, previo registro, la trasladará al beneficiario –art. 125 del CE–), la gestión paralela
de contribuciones privadas (que debe estar exclusivamente a cargo de la tesorería partidaria, o
de las personas autorizadas por el comité ejecutivo superior de cada agrupación para realizar
actividades de recaudación de fondos –art. 126 del CE–), y las donaciones por interpósito mano
y las de carácter anónimo (cuando se pretendan hacer mediante depósito bancario, la respectiva
entidad financiera debe abstenerse de acreditarlas y dar aviso inmediato al TSE, caso en el cual
el organismo electoral podrá ordenar su congelamiento –art. 122 del CE–).
Los tesoreros de los partidos políticos están obligados a informar al TSE, trimestralmente,
acerca de las contribuciones que reciban en dinero o, siendo en especie, que superaren el
monto de dos salarios base; sin embargo, en el período comprendido entre la convocatoria y la
fecha de elección, deberán rendir informe mensual (art. 130 y 132 del CE). Los informes deben
identificar a los donantes e indicar el monto que cada uno de ellos aportó durante el período
de que se trate, así como precisar si las contribuciones fueron efectuadas para las actividades
propias del partido o para apoyar a un candidato o precandidato oficializado (art. 133 del
CE). Para poder evaluar la seriedad de los informes que se presenten, se exige a los partidos
suministrar, como anexo de los citados informes, copia certificada del auxiliar de la cuenta
bancaria en donde conste el número de depósito, del estado de cuenta bancaria y de los estados
contables del período (art. 133 del CE).
190
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
Los informes partidarios son fácilmente accesibles, puesto que se “cuelgan” en la página
web del TSE (www.tse.go.cr). Además, cada partido debe publicar, durante el mes de octubre
de todos los años y en un diario de circulación nacional, un estado auditado de sus finanzas,
incluyendo la lista de sus contribuyentes con detalle de lo aportado por cada uno (art. 135
del CE); según lo ya dicho, hasta que se cumpla ese mandato se podrán girar los recursos de
la contribución estatal. Es oportuno agregar que, según el artículo 52 del CE, los estatutos
partidarios deben contener:
“… n) Las normas que permitan conocer públicamente el monto de las
contribuciones de cualquier clase, que el partido reciba y la identidad de quienes
contribuyan. Asimismo, se deben contemplar los mecanismos necesarios para
determinar el origen, cuando así se amerite. El tesorero o la tesorera estarán en
la obligación de informar esos datos trimestralmente al comité ejecutivo superior
del partido y al TSE. En el período de campaña política, el informe se rendirá
mensualmente…”
Reglas que fomentan vías adicionales para la publicidad de los informes.
En el siguiente cuadro se puede visualizar el monto total de donaciones recibidas
entre abril de 2002 y marzo de 2006 por cada partido que obtuvo la contribución estatal
correspondiente a ese mismo período; cifras que se desprenden de los reportes que hicieron
esas agrupaciones al TSE.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 191

Luis Antonio Sobrado González
CUADRO Nº 3*
DONACIONES REPORTADAS DE ABRIL DE 2002 A MARZO 2006**
Colones
Equivalente en
US$***
LIBERACIÓN NACIONAL ¢1.639.603.311 $2.778.989
ACCIÓN CIUDADANA ¢154.036.111 $261.078
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA ¢101.985.376 $172.857
MOVIMIENTO LIBERTARIO ¢283.472.704 $480.462
RENOVACIÓN COSTARRICENSE ¢0 $0
RESTAURACIÓN NACIONAL ¢0 $0
UNIÓN NACIONAL ¢100.210.378 $169.848
UNIÓN AGRÍCOLA CARTAGINESA ¢0 $0
ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSIÓN ¢0 $0
FRENTE AMPLIO ¢1.948.300 $3.302
GUANACASTE INDEPENDIENTE ¢0 $0
TOTALES ¢2.281.256.180 $3.866.536
* Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE
** Incluye únicamente a los partidos que obtuvieron contribución estatal durante el mismo período
*** Al tipo de cambio actual (US$ 1 = ¢ 590)
III. Medios de comunicación colectiva: acceso, encuestas
y uso de recursos públicos
En Costa Rica no existe franja electoral gratuita, por lo que únicamente mediante pago
pueden los partidos políticos transmitir propaganda por los medios de comunicación colectiva. 17
Como ya se ha hecho mención, tampoco la ley consagra topes generales de gasto
electoral para los partidos y éstos pueden hacer, en cualquier tiempo, toda clase de propaganda,
inclusive electoral. Ciertamente el artículo 136 del CE estipula que:
17 Para ofrecer una idea aproximada del costo de la propaganda mediática, conviene mencionar las tarifas promedio que los
medios reportaron al TSE con ocasión de la campaña presidencial de 2006, de conformidad con el registro que lleva al efecto
la Institución: a) cuña radial de sesenta segundos: ¢ 14.603 (US$ 25 al tipo de cambio actual); b) cuña televisiva de sesenta
segundos en horario de 12 m.d. a 6 p.m.: ¢ 184.270 (US$ 312); y c) una página en prensa escrita: ¢ 400.125 (US$ 678).
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
“… tienen derecho a difundir, desde el día de la convocatoria a elecciones y
hasta tres días antes del día de las elecciones, inclusive, toda clase de propaganda
política y electoral en medios de comunicación colectiva. En cualquier momento
podrán dar información política, difundir comunicados, realizar reuniones,
actividades en sitios y recintos privados, sin necesidad de autorización alguna…”.
No obstante, en virtud del principio pro libertate y por no existir norma punitiva que
lo respalde, no resultaría jurídicamente admisible que el Estado invoque esta disposición para
restringir la actividad propagandística más allá de los supuestos de prohibición expresamente
previstos y sancionados, que son:
• Tregua electoral: Durante los tres días inmediatos anteriores y el día de
las elecciones, los partidos no podrán difundir propaganda en medios de
comunicación colectiva. La misma restricción rige en el período que va del 16
de diciembre al 1 de enero previos al día de la elección, con la excepción de
la posibilidad que tienen los candidatos presidenciales de dirigir tres mensajes
navideños (art. 136 del CE).
• Divulgación de encuestas o sondeos de opinión durante esos mismos días
preelectorales, así como la difusión –en cualquier momento del proceso
electoral– de encuestas o sondeos elaborados por entidades no registradas ante
el TSE (art. 138 del CE).
• Publicaciones que contengan injurias, calumnias o difamación, que son
sancionables en los términos previstos en el Código Penal.
• Propaganda que, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando
motivos de religión, incite a la ciudadanía a que se adhiera o se separe de partidos
o candidaturas determinadas (art. 136 del CE).
Para que la propaganda mediática sea susceptible de reembolso estatal debe, además de
no encontrarse bajo los anteriores supuestos irregulares, cumplir dos condiciones adicionales:
que se verifique dentro del período que va de la convocatoria electoral hasta cuarenta y cinco
días después de las votaciones (art. 92 del CE); y que se difunda en medios de comunicación
inscritos previamente ante el TSE (art. 139 CE).
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 193

Luis Antonio Sobrado González
A propósito de este último requerimiento, cabe agregar que en la solicitud de inscripción
deberán indicarse las tarifas de servicio, la razón social, las calidades de quien gestione a nombre
del medio y el lugar para oír notificaciones. Las empresas y los medios de comunicación
inscritos deberán garantizar igualdad de condiciones y de trato a todos los partidos políticos que
participan en la justa electoral (art. 139 CE).
Este mandato de trato igualitario lo ha elevado la jurisprudencia electoral a condición
de principio, a partir del cual precisó, por ejemplo, que los espacios gratuitos y descuentos
especiales que brinden los medios a un partido en particular, constituye una modalidad de
contribución o donación en su favor. 18
Bajo la misma filosofía, tanto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
(resolución N° 428-98) como el TSE (N° 2759-E-2001), definieron que todos los candidatos
presidenciales tienen derecho a participar, en condiciones de igualdad, en los debates
preelectorales organizados por los medios de comunicación colectiva durante el proceso
electoral. No obstante, una reciente sentencia del TSE (N° 4099-E8-2009) interpretó, a la luz de
la promulgación del nuevo CE, que la obligación de considerar a todos los candidatos y partidos
en los debates político-electorales, solo rige para aquellos que sean organizados, a partir de la
convocatoria electoral, por entes públicos.
El tema de la encuestas, por su parte, está regulado en los artículos 138 y 140 del CE.
De acuerdo con éstos, para llevar a cabo su actividad en el período electoral, las entidades
dedicadas a elaborar encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral, deberán
registrarse ante el TSE dentro de los quince días posteriores a la convocatoria a elecciones.
Se prohíbe la difusión o publicación, parcial o total, por cualquier medio, de sondeos de
opinión pública o encuestas relativas a procesos eleccionarios, durante los tres días anteriores al
18 El TSE, en resolución N° 241-E-2006, sentenció: “… el otorgamiento gratuito a un partido político de una pauta, espacio
o corto televisivo, radial o en periódicos, así como las “bonificaciones” o “descuentos” que a éstos se realicen y que se
materialicen en una mayor cantidad de pauta publicitaria, constituyen fuentes de ingreso sujetas a las restricciones, controles
y prohibiciones contenidas en el artículo 176 bis del Código Electoral, con lo cual el monto de estos aportes, por persona
física o jurídica nacional, no debe superar el equivalente a cuarenta y cinco salarios base por año, estando las autoridades
partidarias en la obligación de reportarlas ante este Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, se aclara que no deben
considerarse como donación en especie aquellos “descuentos” o “bonificaciones” que los medios concedan a los partidos
políticos como parte de una política empresarial general dirigida a dar un trato tarifario particular a aquellos clientes, de
cualquier naturaleza, con un alto volumen de pauta publicitaria, siempre y cuando dicha política se traduzca en parámetros
objetivos y haya sido debidamente reportada al Tribunal con motivo de la inscripción que demanda el artículo 85 del Código
Electoral”.
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La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
de las elecciones y el propio día, así como la divulgación –en cualquier momento del proceso
electoral– de los elaborados por entidades no registradas.
Las entidades encuestadoras mantendrán en custodia y a disposición del TSE, los
documentos que respaldan las encuestas y los sondeos publicados durante el proceso electoral,
desde el día de su publicación hasta el día siguiente a la declaratoria oficial del resultado de
las elecciones. Admitida una denuncia por el TSE, los documentos originales o sus copias,
certificadas por notario público, deberán ser remitidos a más tardar tres días después de realizado
el requerimiento respectivo.
CE estipula:
En punto a la publicidad gubernamental durante el período electoral, el artículo 142 del
“Prohíbase a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración
descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y los concejos
municipales, difundir, mediante cualquier medio de comunicación, información
publicitaria relativa a la obra pública realizada, a partir del día siguiente de la
convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones.
Quedan a salvo de esta prohibición, las informaciones de carácter técnico o
científico que resulten indispensables e impostergables, por referirse a aspectos
relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias
nacionales. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley harán incurrir
a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y beligerancia
política, previa resolución del TSE.”.
El delito de desobediencia se sanciona con prisión de 6 meses a 3 años (art. 307 del
Código Penal), a imponer por los tribunales de justicia ordinarios. No se registran sanciones
penales de esta naturaleza durante los pasados veinte años.
Esta restricción pretende garantizar la imparcialidad de las autoridades gubernativas en
los procesos electorales, que manda a observar el artículo 95 constitucional. La misma se
complementa con el carácter punible que tiene la denominada beligerancia política de los
funcionarios públicos, en aras de no darle ventajas al partido de gobierno y de asegurar un
ambiente de equidad en la contienda electoral. La beligerancia política comprende dos tipos de
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 195

Luis Antonio Sobrado González
conductas prohibidas: a) parcialidad política: supone la utilización del cargo para beneficiar a un
partido político; y b) participación política prohibida: la regla es que a los servidores públicos les
está vedado dedicarse a trabajos o discusiones político-electorales en horas laborales, aunque
para ciertos puestos se impone una prohibición absoluta de participación política, de suerte que
a sus titulares únicamente les está permitido votar el día de las elecciones. 19 Estos funcionarios
en particular no pueden “participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes
ni reuniones de carácter político …, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer
ostentación partidista de cualquier otro género” (art. 146 del CE).
Cualquier forma de beligerancia política se castiga con la destitución del responsable y
su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período de 2 a 4 años –sanciones que, en
cambio, aplica el TSE– (art. 102.5 de la Constitución Política y 146 y 265 a 270 CE). Desde 1996
a la fecha el TSE ha dictado treinta y ocho sentencias en este ámbito, todas relativas a denuncias
por participación política prohibida; de ese total ocho fueron condenatorias (imponiendo la
destitución de cinco directivos y dos gerentes de instituciones autónomas y de un miembro de
la fuerza pública, así como su inhabilitación para ocupar cargos públicos).
IV. Control y sanciones
El control sobre el financiamiento de los partidos políticos compete al TSE, salvo la
imposición de sanciones penales que es del resorte exclusivo de los juzgados y tribunales
judiciales de la materia.
El TSE es un órgano creado por la Constitución Política con el rango e independencia de
los Poderes del Estado y tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización,
dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio (art. 9). Se desempeña simultáneamente
como órgano superior de administración electoral y jurisdicción electoral, mediante actos y
resoluciones que carecen de recurso (art. 102 y 103) y, adicionalmente, se le adscribe el Registro
Civil (art. 104). Está integrado ordinariamente por tres magistrados propietarios y seis suplentes,
nombrados por la Corte Suprema de Justicia por períodos de seis años (renovables), debiendo
19 Presidente y Vicepresidentes de la República, ministros y viceministros, miembros activos del servicio exterior, Contralor
y Subcontralor General de la República, Defensor de los Habitantes y su Adjunto, Procurador General de la República y
su Adjunto, presidentes ejecutivos, miembros de las juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de las
instituciones autónomas y todo ente público estatal, oficiales mayores de los ministerios, miembros de la autoridad de policía,
agentes del Organismo de Investigación Judicial, magistrados y empleados del TSE, magistrados y funcionarios del Poder
Judicial que administren justicia y quienes tengan prohibición en virtud de otras leyes.
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La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
reunir iguales condiciones que los magistrados que integran la Corte. Sin embargo, desde un
año antes y hasta seis meses después de la celebración de las elecciones presidenciales, el TSE
deberá ampliarse con dos de sus suplentes –también seleccionados por la Corte- para formar,
en ese lapso, un tribunal de cinco miembros (art. 100 y 101); esta ampliación se da también
entre los seis meses anteriores y los tres posteriores a las elecciones municipales (art. 13 del CE).
a) Control sobre el financiamiento público
Según hemos venido explicando, el TSE, tan pronto declare la elección de diputados,
debe disponer la distribución del aporte estatal entre los partidos que tengan derecho a él,
en proporción a la fuerza electoral de cada uno de ellos. El TSE evalúa las liquidaciones que
presenten los partidos y aprobará los gastos que sean legalmente justificables y que logren
demostrar esas agrupaciones políticas como efectivamente gastados, siempre que no excedan el
monto máximo a que tienen derecho.
El financiamiento público, según lo mencionado páginas atrás, sirve como mecanismo
relevante para forzar a los partidos políticos a cumplir diversas obligaciones, a saber:
• La jurisprudencia electoral ha definido que las agrupaciones que omitan
fijar en sus estatutos el porcentaje de la contribución estatal que destinarán a
capacitación y organización política, perderán integralmente su derecho a
obtener la contribución estatal en el período respectivo (sentencia N° 1257-P-
2000).
• Los gastos de capacitación deben destinarse, en sus montos y actividades, a la
formación y promoción de ambos géneros en condiciones de igualdad efectiva;
al momento de presentar las liquidaciones para acceder al reembolso estatal,
los partidos políticos deben adjuntar una certificación de contador público
autorizado que así lo acredite, porque de lo contrario no se autorizará pago de
monto alguno por ese concepto en particular (art. 103 del CE).
• Para poder recibir la contribución estatal, incluyendo su anticipo, los partidos
deben haber cumplido con su obligación legal de publicar, durante el mes de
octubre de todos los años y en un diario de circulación nacional, un estado
auditado de sus finanzas, incluyendo la lista de sus contribuyentes con detalle
de lo aportado por cada uno (art. 135 del CE); caso contrario, se retendrá todo
pago hasta que se subsane esa omisión (art. 4.º de sesión del TSE Nº 86-2009).
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Luis Antonio Sobrado González
• En sentencia N° 4114-E8-2009 el TSE también precisó que del monto máximo
de contribución que corresponda a un partido en particular se ordenará retener,
al momento de dictar la resolución que fija ese monto, la suma equivalente a las
deudas que tenga pendientes con la seguridad social.
• Por último, el artículo 300 del CE establece que podrá también retenerse hasta
un 5% de esa contribución cuando el partido correspondiente no haya saldado
las multas que previamente se le impongan.
b) Control sobre las donaciones o contribuciones privadas
El control relativo a las contribuciones privadas corresponde del mismo modo al TSE, el
cual debe llevar un registro de las mismas sobre la base de los informes periódicos que remiten
los partidos políticos y a los que ya nos referimos.
Para validar los datos suministrados por los partidos y a partir del año 2007, el TSE
adoptó la práctica de “cruzarlos” con la información tributaria de los contribuyentes y así poder
detectar donaciones por interpósita mano.
El TSE está legalmente autorizado para ordenar también auditorías sobre las finanzas
de los partidos políticos, a efecto de verificar el respeto a los normas sobre el financiamiento
privado, que podrán realizarse por medio de su departamento especializado en la materia o
mediante la contratación ad hoc de profesionales (art. 121 de CE).
Si con ocasión de esas tareas o por denuncia se detecta alguna irregularidad, el TSE debe
comunicar lo propio al Ministerio Público (tratándose de posibles delitos) o aplicar las multas
correspondientes (cuando sean “faltas electorales”).
c) Sanciones
El anterior CE contenía una pobre regulación punitiva en este ámbito, lo que, aunado
a los errores de tipificación penal en que incurría, tornaba de difícil aplicación las penas –ya
de por sí insuficientes– que preveía. Esto pareciera explicar el hecho de que no haya sido
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La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
posible ubicar ninguna sentencia penal condenatoria dictada durante las últimas dos décadas;
y que verse sobre ese tipo de delincuencia en particular, 20 propiciándose con ello un clima de
impunidad que desacreditaba el marco legal correspondiente.
La normativa electoral que entró en vigor el 2 de setiembre de 2009 modifica
sustancialmente este panorama, en tanto diversifica las sanciones, que ya no son exclusivamente
penales, amplía los supuestos en que éstas caben, subsana errores de tipificación penal y procura
que no exista deber a cuyo incumplimiento no esté aparejada una consecuencia sancionatoria.
El CE, en general, distingue ahora las “faltas electorales” de los “delitos electorales”. Las
primeras están dirigidas a sancionar los ilícitos de menor relevancia con la imposición, por parte
del TSE, de multas; para determinar su magnitud se utiliza como parámetro el concepto “salario
base”, que “corresponde al monto equivalente al salario base mensual del “Oficinista 1” que
aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, aprobada
en el mes de noviembre anterior a la fecha de consumación del delito” (art. 2 de la ley N° 7337
de 5 de mayo de 1993).
Los segundos, en cambio, conllevan juicio ante los tribunales de justicia ordinarios y
pena de prisión, con las accesorias de suspensión de derechos políticos (si se trata de delitos
con pena igual o superior a tres años de prisión y por el mismo plazo de la pena principal)
e inhabilitación para ocupar cargos públicos (de dos a ocho años y si el autor del delito es
funcionario público y se comete con ocasión del ejercicio del cargo o valiéndose de esa
condición) –art. 282 y 283 del CE–.
las siguientes:
Las sanciones aparejadas a las faltas electorales previstas en materia que interesa, son
1. A los partidos políticos:
20 En oficio Nº EJ-UJ-0007-2009, fechado 27 de enero de 2009, el Lic. Román Bresciani Quirós de la Escuela Judicial hace
constar que, de acuerdo con los datos de la Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial,
durante el período que va de 1988 al 2008 sólo se registran cuatro sentencias por delitos electorales y únicamente una de
ellas es condenatoria, resultándole imposible determinar si ésta se refiere a o no a tipos penales relativos específicamente al
financiamiento de los partidos políticos.
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Luis Antonio Sobrado González
• Multa de 2 a 10 salarios base cuando omitan llevar su contabilidad
actualizada o no utilicen una cuenta única para percibir las contribuciones
privadas (art. 287 del CE).
• Multa equivalente al doble de lo recibido por una contribución irregular
por tratarse de donantes que no sean personas físicas costarricenses,
depositarse fuera del país o incumplir los demás requisitos establecidos
sobre el particular (art. 288 del CE).
• Multa de 10 a 50 salarios base cuando contraten propaganda para ser
difundida durante los momentos de veda publicitaria (art. 289 del CE).
2. Multa de 2 a 10 salarios base a los encargados de finanzas de las precandidaturas
oficializadas que realicen sin autorización actividades de recaudación de
fondos, u omitan entregar al partido un informe de los gastos realizados durante
el proceso electoral interno (art. 287 del CE).
3. Multa de 2 a 10 salarios base al director o encargado de un medio de
comunicación que: a) autorice o permita la difusión de sondeos de opinión o
encuestas realizados por entidades no inscritas ante el TSE o que, estándolo, se
verifique esa difusión durante los tres días anteriores a la elección o el propio
día; o b) autorice la difusión de propaganda en momentos de tregua (art. 286 del
CE).
4. Multa de 2 a 10 salarios base a los bancos que permitan acreditar contribuciones
anónimas (art. 287 del CE).
5. Multa de 10 a 50 salarios base: a) a quien sea responsable de contratar o difundir
propaganda ilegal o de divulgar sondeos de opinión o encuestas en los supuestos
que está vedado; o b) a las entidades que elaboren esos sondeos y encuestas
que no mantengan en custodia y a disposición del TSE los documentos que los
respaldan o que no los remitan a éste cuando lo requiera (art. 289 del CE).
En lo que respecta a los delitos electorales cabe detallar lo siguiente:
1. A los tesoreros partidarios:
• Prisión de 2 meses a 1 año cuando omitan llevar un registro de las
actividades de recaudación de fondos (art. 275 del CE).
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La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
• Prisión de 2 a 4 años por percepción de donaciones ilegales, por omisión
o retraso injustificado de los informes que deben rendir al TSE o los
presenten incompletos, por no brindar la información requerida por el
TSE o suministrar datos falsos y por no comunicar de inmediato a éste
sobre contribuciones irregulares (art. 276 del CE).
• Prisión de 2 a 6 años cuando reciban contribuciones anónimas (art. 276
in fine del CE).
2. Prisión de 2 a 6 años al miembro del comité ejecutivo superior de un partido que
tenga conocimiento de contribuciones ilegales y no lo denuncie y a cualquier
autoridad partidaria que reciba contribuciones ilegales o valiéndose de una
estructura paralela para evadir el control partidario (art. 275 del CE).
3. Prisión de 2 a 6 años al candidato o precandidato oficializado que reciba
contribuciones directamente (art. 275 del CE).
4. Prisión de 2 a 4 años a quien recaude fondos para algún partido político sin
autorización del tesorero (art. 273 del CE).
5. Prisión de 3 a 6 años al contador público autorizado que oculte información o
consigne datos falsos en los documentos de liquidación de gastos de los partidos
políticos, como también cuando se rehúse a suministrar la información que le
sea posteriormente requerida por el TSE (art. 273 CE).
6. Prisión de 2 a 4 años a quien, sin ser persona física costarricense, contribuya
a favor de los partidos o que, siéndolo, realice contribuciones directamente a
candidatos o precandidatos oficializados, o done a una agrupación política por
medio de terceras personas, estructuras paralelas o mecanismos de gestión o
recaudación no autorizados por el comité ejecutivo superior del partido. La
misma pena se impondrá al extranjero que realice cualquier operación financiera
relacionada con los partidos políticos (art. 274 CE).
V. Experiencia, lecciones aprendidas y reforma electoral
El Programa Estado de la Nación, en sus distintos informes anuales sobre el “Estado de
la nación en desarrollo humano sostenible”, ha analizado y dado seguimiento al fenómeno
del financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica. Dada la lucidez con la que evalúa
la aplicación del anterior régimen legal y determina sus principales limitaciones y falencias, a
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 201

Luis Antonio Sobrado González
continuación se reproducen sus principales conclusiones, sobre las cuales había un importante
consenso nacional.
Ya el noveno informe (correspondiente al año 2002), caracterizaba este régimen legal
como longevo y consolidado en algunos aspectos e incipiente y frágil en otros; siendo lo primero
aplicable a las reglas de financiamiento público directo y, lo segundo, especialmente a las
normas que regían el financiamiento privado.
El décimo informe (2003) formula un duro juicio sobre la dimensión aplicativa de esa
vieja normativa, al destacar “…los serios problemas que ha experimentado la democracia
costarricense en materia de transparencia, equidad y probidad en el manejo del financiamiento
político”.
Señala que el financiamiento privado “…en la práctica ha demostrado profundas
debilidades en la regulación y en el marco sancionatorio”, pues los partidos sólo estaban
obligados a presentar reportes periódicos de contribuciones y el TSE “… no verifica su contenido,
pues ha interpretado que carece de potestades legales explícitas para llevar a cabo cualquier otro
control sobre la veracidad de los informes … Los graves defectos de esta legislación quedaron
manifiestos en las elecciones del 2002, cuando sus disposiciones fueron ampliamente violadas
…”. 21 Sobre este último particular, abunda indicando que, con motivo de ese proceso, se dio
un intenso escrutinio público sobre el financiamiento político, lo que permitió detectar serias
irregularidades en las que incurrieron los partidos Unidad Social Cristina y Liberación Nacional
en términos de:
“… uso de redes paralelas de recaudación de fondos al margen de la estructuras
partidarias formales, la omisión de reporte al TSE de las donaciones canalizadas
a través de dichas redes paralelas, la recepción de donaciones de empresas e
individuos extranjeros, la recaudación de donaciones por montos muy superiores
al tope establecido por el CE y al inclusión de información falsa en los reportes
financieros presentados al TSE, con respecto a los montos y nombres de los
contribuyentes”. 22
21 Programa Estado de la Nación, Décimo informe estado de la nación en desarrollo humano sostenible, San José, Proyecto
Estado de la Nación, 2004, pág. 340.
22 Ibid., pág. 341.
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
Permítaseme agregar que los defectos de tipificación de las sanciones penales previstas
en el artículo 176 bis del CE actualmente derogado, aunados a la ausencia dentro del mismo
de sanciones pecuniarias, han acarreado la imposibilidad de que, a la fecha, se castigaran esas
trasgresiones.
En el duodécimo informe (2005) se constata que para el proceso electoral de 2006,
no se produjo ninguna reforma del marco regulatorio del financiamiento privado “… y ello
constituye un área de preocupante debilidad de la democracia costarricense”. 23 El informe
decimotercero (2006), por su parte, agrega que “… se acorta la posibilidad de introducir reformas
para el proceso electoral del 2010, lo que constituye una debilidad estratégica de la democracia
costarricense”. 24
Aún y cuando la valoración del régimen de financiamiento público es sustancialmente
diverso, el mismo no estaba exento de críticas por parte del Estado de la Nación, tales como:
• Falta de cobertura de las elecciones municipales (décimo informe).
• Dado que en la venta de certificados partidarios –fórmula de financiamiento de
carácter privado que, como se vio, supone la cesión anticipada a terceros del
derecho eventual a la contribución estatal– priva la proyección de los votos,
el acceso a esos recursos resulta extraordinariamente desigual (duodécimo
informe).
• Finalmente, el informe decimotercero recoge algunas consideraciones críticas
previamente formuladas por la CGR, de la siguiente manera: a) necesidad de
que el TSE asuma, en todos sus aspectos y de forma exclusiva, el control del
financiamiento y cuente, al efecto, con instrumentos que le permitan realizar
un seguimiento integral de la actividad financiera de los partidos, obligando a
todos ellos –independientemente de que opten o no por la contribución estatal–
a reportar al TSE la totalidad de sus ingresos y gastos; b) el desembolso de los
recursos públicos tiende a producirse con mucha tardanza (casi dos años en el
último proceso electoral), por lo lento que resulta el trámite de comprobación
23 Programa Estado de la Nación, Duodécimo informe estado de la nación en desarrollo humano sostenible, San José, Proyecto
Estado de la Nación, 2006, pág. 266.
24 Programa Estado de la Nación, Decimotercer informe estado de la nación en desarrollo humano sostenible, San José, Proyecto
Estado de la Nación, 2007, pág. 299.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 203

Luis Antonio Sobrado González
de gastos que se realiza ante la CGR; 25 y c) se recomienda retornar al sistema de
liquidación única, en vez de liquidaciones parciales a partir de la convocatoria
electoral, pues ello conllevaría una reducción de los trámites de revisión y evita
la presentación y evaluación fragmentadas de los gastos.
Desde nuestro punto de vista, había que considerar otras dos importantes falencias del
sistema costarricense de financiamiento público.
Éste no contemplaba, en primer lugar, mecanismos de financiamiento permanente y el
desembolso postelectoral se destina, casi en su totalidad, a cancelar las deudas generadas por
la campaña, lo cual contribuye decisivamente a que los partidos se desdibujen fuera de los
procesos electorales, dada la ausencia o insuficiencia de recursos que respalden su accionar.
Y, en segundo lugar, la contribución estatal está concebida con una fuerte dosis de
inequidad. Ésta se distribuye, exclusivamente, en proporción a la fuerza electoral de cada partido
y no se prevén fórmulas relevantes de financiamiento público indirecto (franjas mediáticas, por
ejemplo). La situación se agravaba sensiblemente con la inaplicabilidad, antes de la reforma de
2009, del derecho de las agrupaciones a que se les adelante parte de esa contribución, lo que
simultáneamente incrementaba la dependencia partidaria respecto del financiamiento privado
y los grupos de interés económico. 26
Ahora bien, el referido escándalo, suscitado a propósito de las irregularidades del
financiamiento de los partidos acaecidas en el proceso electoral de 2002, dio lugar al
establecimiento de una comisión legislativa especial encargada de investigarlas, generó gran
atención de la prensa, preocupación de la ciudadanía y un amplio debate nacional y, por último,
evidenció que la regulación legal del financiamiento era quizás el aspecto más deficitario del
anterior CE.
El duodécimo informe del estado de la nación incluye un “miniforo” sobre “reformas
políticas y electorales” y en sus páginas 371 a 373 aborda, en particular y con base en las
opiniones recabadas entre destacados analistas, el tema del financiamiento político. Su lectura
25 En criterio de ésta, ello se debía a que las agrupaciones políticas presentan sus liquidaciones de manera desordenada y
desapegada de la normativa que rige la materia. No obstante, los partidos le achacaban la responsabilidad al órgano contralor,
porque en su criterio imponía trámites y requisitos desproporcionados.
26 Esto último es analizado en detalle y con profundidad por Casas (op. cit.).
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La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
permite conocer un interesante balance de sus posiciones sobre diversas oportunidades de
reforma en este campo.
Ahora bien, el 19 de agosto de 2009 se promulgó un nuevo CE, después de más de una
década de discusión parlamentaria que se basó en el proyecto planteado por el TSE a principios
de 2001.
Esta nueva legislación electoral, que ha sustentado la elaboración del presente trabajo,
dio adecuada respuesta a gran parte de las preocupaciones que existían en el país sobre esta
temática y, el del financiamiento partidario, es el ámbito donde se introdujeron los cambios más
sustanciales a la vieja normativa.
Como lo hemos venido evidenciando a lo largo de esta exposición, en materia de
financiamiento público logró:
• Destinar parte de la contribución estatal para el reembolso de los gastos
partidarios en los procesos electorales municipales.
• Desarrollar el derecho de los partidos a que se les adelante parte de la
contribución estatal, con lo que el mandato constitucional correspondiente
adquirió nuevamente eficacia.
• Simplificar los trámites de comprobación de gastos partidarios, con medidas
tales como eliminar la fórmula de liquidaciones parciales y concentrar en el TSE
todo lo relativo al control del financiamiento, para lo cual dispuso la creación de
un departamento especializado en la materia.
• Establecer un mecanismo de financiamiento permanente para los partidos.
Sobre el financiamiento privado, éstas son las innovaciones más importantes:
• Se privilegia la transparencia en relación con las donaciones o contribuciones
privadas, prohibiendo las que provengan de personas jurídicas nacionales; a
cambio, se elimina el tope que anteriormente regía para las personas físicas
costarricenses.
• Se incrementan sustancialmente las potestades de control del TSE, al que, por
ejemplo, se le autoriza auditar las finanzas partidarias.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 205

Luis Antonio Sobrado González
• Se perfecciona el régimen sancionatorio, dotando a las disposiciones penales
de mayor amplitud y de una más adecuada tipificación que, además, se
complementan con la previsión de multas que serán impuestas por el mismo
organismo electoral. Con ello, se contemplan elementos disuasorios respecto
del establecimiento de estructuras paralelas, la percepción directa de donaciones
por parte de candidatos y precandidatos y la comisión de otras irregularidades
que antes podían perpetrarse impunemente.
Aunque el cambio legislativo obtenido no es perfecto, ciertamente constituye un avance
de singular magnitud. El organismo electoral costarricense asume ahora el reto de lograr una
implementación satisfactoria de esa nueva plataforma normativa, que sin duda da mejores
respuestas a los dilemas que plantea esa siempre compleja relación entre dinero y política.
Se espera del TSE, además, que siga impulsando los cambios que nuevas realidades vayan
imponiendo, en procura de continuar incrementando la calidad de la longeva democracia
costarricense y de sus emblemáticos procesos electorales.
VI. Referencia bibliográfica
La bibliografía que a continuación se enlista se limita a obras producidas en los últimos
seis años y se clasifica en tres apartados: publicaciones específicas relativas al caso costarricense,
tesis universitarias y estudios con perspectiva comparada.
Publicaciones específicas sobre el financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica
Alfaro, Sergio. “Financiación pública y concentración de poder: el caso de los partidos políticos
costarricenses”. En: Política, dinero e institucionalidad partidista en América Latina.
México: Universidad Iberoamericana : FLACSO : IFE, 2003.
Arce, Gilberto E. Economía electoral en Costa Rica. San José. Academia Centroamericana, 2004.
Casas, Kevin. Paying for democracy: political finance and state funding for parties. Gran Bretaña:
ECPR, 2005.
Fonseca, Óscar. “Financiamiento de los gastos de los partidos políticos”. En: Seminario de
Derecho Constitucional Electoral (Memoria). San José: TSE : Colegio de Abogados, 2003.
Transparencia Internacional Costa Rica. Elecciones transparentes: una visión desde la sociedad
civil, resultados del Programa Elecciones Transparentes. San José: T.I.C.R., 2006.
206
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La financiación de los partidos políticos
en Costa Rica
Tesis universitarias:
Arroyo, Marcos y Sánchez, Ólger. El financiamiento privado de los partidos políticos y las
compañas electorales en Costa Rica. San José: Universidad de Costa Rica, 2005.
Cartín, Luis Fernando y Chaves, Hazel Dayan. El financiamiento privado de los partidos políticos
en Costa Rica, mecanismos de control y fiscalización: iniciativas de Transparencia
Internacional Costa Rica para su mejoramiento., San José: Universidad de Costa Rica,
2007.
Villegas, Xiomara. El financiamiento privado de los partidos políticos y su control por parte del
Tribunal Supremo de Elecciones. San José: Universidad Fidélitas, 2005.
Estudios con perspectiva comparada:
Alcántara, Manuel y Barahona, Elena M. (editores). Política, dinero e institucionalización
partidista en América Latina. México: Universidad Iberoamericana : FLACSO : IFE, 2003.
Carrillo, Manuel, Lujambio, Alonso, Navarro, Carlos y Zovatto., Daniel. Dinero y contienda
político electoral: reto a la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
Casas, Kevin y Zovatto, Daniel. “El financiamiento político en Centroamérica, Panamá
y República Dominicana”, en: un desafío a la democracia: los partidos políticos en
Centroamérica, Panamá y República Dominicana. San José: BID : IDEA : OEA : PNUD,
2004.
Casas, Kevin, García, Jorge Mario y Zovatto, Daniel. Dinero, política y elecciones, San José:
IIDH/CAPEL (Serie Cuadernos Nº 48), 2003.
Griner, Steven y Zovatto, Daniel (editores). De las normas a las buenas prácticas: el desafío del
financiamiento político en América Latina. San José: OEA : IDEA, 2004.
Zovatto, Daniel. Dinero y política en América Latina: una visión comparada. San José: FLACSO
(Serie Cuadernos de Ciencias Sociales Nº 130), 2004.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 207

Régimen organizativo de los partidos políticos
en Costa Rica
Gustavo Román Jacobo *
Danilo Chavarría Chavarría **
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 14 de enero de 2010.
Revisión, corrección y aprobación: 26 de enero de 2010.
Resumen: Siguiendo la estructura del Código Electoral, el artículo agrupa los temas relativos al régimen
organizativo de los partidos políticos en cinco secciones: disposiciones generales, registro de partidos,
inscripción, órganos, fusiones y coaliciones. Dentro de las disposiciones generales analiza el derecho de
formar partidos políticos, su naturaleza jurídica, estatutos y los derechos y deberes de los militantes. En la
materia de inscripción, tres son los temas tratados: constitución, inscripción y renovación de estructuras.
Expone, además, la estructura de la organización partidaria (asambleas, comités ejecutivos, fiscales,
Tribunal de Ética y Tribunal Electoral).
Palabras claves: Formación del Partido político / Organización del partido político / Estructura del partido
político / Renovación de estructuras partidarias / Coalición de partidos políticos / Fusión de partidos
políticos / Alianzas electorales / Partidos políticos / Legislación electoral.
Abstract: Following the Electoral Code structure, this paper groups the subjects related to political parties
organizational system in five sections: general provisions, party registration, registration, structural organs,
fusions and coalitions. Regarding general provisions it discusses the right to form political parties, their
legal statutes and militants rights and duties. On the issue of registration, three are the subjects approached:
constitution, registration and renewal of party structures. It also describes the aforementioned political
party structure (assemblies, executive committees, electoral fiscals, and Ethics and Electoral Tribunals).
Key words: Political party constitution / Political party organization / Political party structure / Political
party renewal of governing bodies / Political party coalitions / Political party fusions/ Electoral alliances/
Political parties / Electoral legislation.
* Letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Estudiante de la Licenciatura
en Ciencias Bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad
de Costa Rica.
** Funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones. Actualmente ocupa el cargo de Profesional Coordinador en la Dirección
General del Registro Civil y Encargado del Programa Electoral de Inscripción de Candidaturas
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 209

Gustavo Román Jacobo
Danilo Chavarría Chavarría
Introducción
En el régimen electoral costarricense, los partidos políticos tienen el monopolio
de la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular. Así está dispuesto,
constitucionalmente, tanto para la presidencia y las vicepresidencias de la República, como
para las diputaciones por la nación. En lo que atañe a los puestos municipales de elección
popular, ese monopolio es de raigambre legal. 1
Este elemento de nuestro Derecho Electoral, está íntimamente relacionado con el sistema
político (democracia representativa) y con la forma de gobierno (presidencial), adoptados por
el país. De modo que los órganos estatales de representación política se integran, mediante el
sufragio popular, con ciudadanos propuestos por agrupaciones políticas permanentes, llamadas
partidos políticos.
No se trata de órganos del Estado sino de colectivos institucionalizados, nacidos de la
sociedad civil y con expresa vocación de acceso al ejercicio del poder político en las instancias
gubernamentales. Así, las agrupaciones partidarias son la manifestación concreta de los derechos
fundamentales que asisten a los ciudadanos de las democracias liberales y republicanas, de
intervenir en los asuntos comunes (derecho de participación política) y de asociarse para esos
fines (derecho de asociación política).
Con ello, las dos dimensiones del derecho al sufragio (quintaesencia del Derecho
Electoral), resultan mediadas, transversalmente, por estos actores protagónicos de los procesos
electorales: el derecho a elegir, lo es para escoger entre los candidatos propuestos por los
partidos políticos y el derecho a ser electo, está condicionado a que una agrupación partidaria
postule al aspirante para el cargo específico. 2
En buena teoría, se espera que estas organizaciones, además de proveer los ciudadanos
que integren los cargos públicos de elección popular, cumplan una función articuladora de
los distintos y contradictorios intereses de los miembros de sociedades complejas, a efecto
1 Así lo ha entendido el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto
000456-2007 del 17 de enero de 2007.
2 Debe aclararse, que lo exigido a efecto de ser candidato a un puesto de elección popular, es ser postulado por un partido
político y no, necesariamente, ser militante de éste. La validez de dicha mediación fue ratificada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en la Sentencia Castañeda Gutman vs los Estados Unidos Mexicanos (del 6 de agosto de 2008).
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Régimen organizativo de los partidos
políticos en Costa Rica
de estructurarlos en plataformas integrales de acción política. Es decir, los partidos políticos
están llamados a racionalizar la participación política de los ciudadanos, para que mediante
sus mecanismos de agregación de sectores de la sociedad civil, constituyan un espacio de
interacción constante entre ésta y los órganos políticos del Estado.
Otras labores, igualmente importantes, son la de control político de los detentadores del
poder y la de formación política e ideológica de sus correligionarios. Así, los partidos devienen
en escuelas de civismo, donde el nacional mayor de edad puede actuar plenamente, junto con
aquellos compatriotas que comparten sus enfoques y perspectivas particulares, su condición
de ciudadano. De esa forma, los partidos también expresan el crisol ideológico propio de las
modernas sociedades abiertas, en las que el pluralismo político se respeta y protege como
principio constitucional.
Son las anteriores, entonces, las principales tareas a las que los partidos políticos están
llamados. Empresa en la que, para la opinión mayoritaria de los costarricenses, esas agrupaciones
políticas no han tenido un desempeño satisfactorio. Es lugar común, en esta y otras latitudes, la
acusación de pérdida de credibilidad de los partidos políticos y de que esta forma de asociación
política ya no es considerada, por amplios sectores de la sociedad, como vía idónea para
canalizar ni sus expectativas de bienestar ni su derecho ciudadano de participación política.
Tomando en cuenta el papel sustancial que los partidos políticos juegan en nuestra
democracia representativa, ese distanciamiento, descrédito e, incluso, aversión, hacia las
agrupaciones partidarias, es preocupante. Preocupación que, sin duda, estuvo presente en el
legislador a cargo de la promulgación de la nueva legislación electoral costarricense y que
fue, además, impronta de la propuesta y de la asesoría prestada por el Tribunal Supremo de
Elecciones, durante su discusión legislativa.
El nuevo Código Electoral, si bien mantiene los principales rasgos del régimen de partidos
políticos de la legislación de 1952, muestra algunas diferencias que conviene precisar. Por ello,
este artículo presenta un panorama general de esa regulación constitucional y legal, haciendo
especial énfasis en el contenido novedoso del cuerpo normativo aprobado en setiembre de
2009. 3
3 El régimen económico de los partidos políticos, establecido en el capítulo VI del Título tercero, no es aquí desarrollado.
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Gustavo Román Jacobo
Danilo Chavarría Chavarría
En el Código Electoral derogado, nuestro tema se encontraba regulado en un total de
17 artículos (del numeral 57 al 75) del Título IV 4 . En el Código Electoral vigente, el régimen
organizativo de los partidos políticos se encuentra en 37 artículos del Título III (capítulos del
primero al quinto, numerales del 48 al 85).
La doble cantidad de artículos obedece, básicamente, a tres razones: En primer lugar, a
la regulación más detallada de institutos ya existentes en el Código derogado (las coaliciones
electorales son un ejemplo). En segundo lugar, a una ordenación sistemática de los elementos
normativos (ausente en la legislación de 1952 que, merced a múltiples reformas parciales,
acusaba la dispersión normativa de varios de sus institutos). Por último, a que recoge aspectos
propios de la evolución de los partidos (como la creación de tribunales de ética y de elecciones,
partidarios) y de la jurisprudencia electoral, 5 desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
A continuación, siguiendo la estructura del Código Electoral, se agrupan los temas relativos
al régimen organizativo de los partidos políticos en cinco secciones. Estas son: disposiciones
generales, registro de partidos, inscripción, órganos, fusiones y coaliciones.
I. Disposiciones Generales
1) Derecho a formar partidos políticos: De conformidad con el artículo 98 constitucional,
el Código, en su artículo 48, contempla el derecho de los ciudadanos costarricenses a crear
partidos políticos. Se explicita el monopolio de esta forma asociativa de cara a la presentación
de candidaturas a puestos de elección popular y se eleva a rango legal la obligatoriedad de la
renovación de estructuras partidarias. 6
Señala, también, este importante artículo, las funciones básicas de los partidos políticos,
a saber: la expresión del pluralismo político, la formación de la voluntad popular y ser vehículos
de la participación ciudadana. Además y de acuerdo con el espíritu de la reforma (cual es
fortalecer a los partidos políticos), se establece, como principio hermenéutico, lo que podría
4 No se cuenta el artículo 57 bis, referido al patrimonio de los partidos, por ser ajeno al tema que enmarcamos.
5 Sobre todo en materia de democracia interna (a raíz de la reforma constitucional de 1997 al artículo 98) y de tutela efectiva
de los derechos fundamentales de carácter político electoral, por impulso del Tribunal Supremo de Elecciones.
6 Requisito de raigambre jurisprudencial, a partir de la resolución Nº 1543-E-2001 de las 8:35 horas del 24 de julio de 2001.
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Régimen organizativo de los partidos
políticos en Costa Rica
llamarse el principio pro-partidos, según el cual ninguna norma del Código se interpretará en
un sentido que debilite el desempeño de las referidas funciones, constitucionalmente asignadas.
2) Naturaleza jurídica y ámbito de participación: Los numerales 49, 50, 51, detallan
la naturaleza jurídica y los ámbitos de participación de los partidos políticos. En cuanto a lo
primero, establecido en el artículo 49, y a contrapelo de lo que la jurisprudencia constitucional
había entendido y la electoral reproducido, 7 el nuevo Código establece que los partidos políticos
son asociaciones privadas de interés público.
Precisamente, ese relevante interés público que tiene la actividad de estas asociaciones
voluntarias de ciudadanos, es el que justifica y fundamenta, la potestad del Órgano Electoral
de vigilancia de su vida interna, de acuerdo con parámetros democráticos. Norma que, en ese
sentido, reproduce la competencia constitucional del artículo 102 de la Carta Magna. Las escalas
de participación partidaria siguen siendo, al igual que en el Código derogado, la nacional,
provincial y cantonal (artículo 51).
3) Estatuto: El Estatuto del partido político es algo así como su norma fundamental.
Expresa el acuerdo asociativo básico al que arriban los militantes fundadores y al que asienten
quienes le dan, posteriormente, su adhesión a esa agrupación. Es en el Estatuto y sólo allí, donde
pueden regularse los elementos básicos que regirán la vida partidaria.
El nuevo Código Electoral (artículo 52), al disponer los aspectos que, como mínimo,
deben establecer los estatutos, recoge los enlistados por la legislación derogada pero les añade
otros más, reflejo indubitable de la evolución de los partidos políticos y de sus exigencias de
democracia interna, en los últimos sesenta años. Es decir, en el nuevo Código se ampliaron los
requisitos mínimos que deben contener los estatutos partidarios.
Así, deben quedar consagrados en el Estatuto el nombre, la divisa, los principios
doctrinarios, la promesa formal de respetar el orden constitucional y de no someter su acción
política a las disposiciones de entes extranjeros, el quórum para que sus órganos sesionen, la
mayoría necesaria para adoptar acuerdos, los mecanismos para la publicidad de la información
7 Desde el voto 980-91 del 24 de mayo de 1991, la Sala Constitucional indicó que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos era la de entes públicos no estatales. A pesar de las opiniones en contra de algún sector de la doctrina nacional, esta
comprensión prevaleció y fue asumida pacíficamente en la jurisprudencia electoral.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 213

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contable y financiera, incluido el monto de las contribuciones de cualquier clase. Todos estos
requisitos ya se encontraban en lo regulado sobre el particular en el Código de 1952.
Además de lo anterior, el Código Electoral ahora prescribe que los estatutos partidarios
deben establecer: f) los recursos internos contra las decisiones de órganos del partido; g) el
detalle con que deben realizarse las convocatorias (puntualizando la agenda, horas, fecha y
lugar, entre otros); j) la forma de dar publicidad a los acuerdos y libros de actas (requisito
para el que el TSE debe reglamentar los aspectos básicos de la forma en que se legalizarán y
manejarán los libros de actas de los partidos); k) los mecanismos de designación de candidatos
(a diferencia del Código anterior, en el vigente todas las candidaturas las ratifica la Asamblea
Superior, salvo cuando la designación haya sido por convención, en cuyo caso esa ratificación
no es necesaria); l) la regulación de la propaganda en procesos internos, sea para la competencia
entre precandidaturas oficializadas; ñ) las normas para garantizar la equidad de género (lo que
sustituye las cuotas de la legislación derogada, tanto en nóminas como para estructura interna);
o) los mecanismos de alternancia; p) la forma en que se distribuirá el aporte estatal (tanto
para periodo electoral como no-electoral, consagrando la obligatoriedad de que, de lo que se
disponga para capacitación, sea en partes iguales para hombres y mujeres); q) los derechos y
deberes de militantes (los numerales 53 y 54 dan elenco no taxativo, pero sí mínimo de los
primeros); r) el mecanismo para asegurar la participación política de las juventudes (tanto en
nóminas como estructura interna); y s) el régimen de sanciones aplicables a sus militantes y los
medios de tutela del debido proceso que les asiste (principalmente derecho de defensa).
4) Derechos y deberes de militantes: El capítulo primero, relativo a disposiciones
generales, concluye con un listado de derechos y deberes de los militantes (artículo 53-54).
Este contenido es novedoso en nuestra legislación electoral. En cuanto a los derechos, son de
origen constitucional y los mecanismos que los garantizan deben ser, ahora, necesariamente
contemplados en los Estatutos.
Así, se consagran los derechos a la libre afiliación y desafiliación; elegir y ser elegido; 8
discrepar; a la equidad de género; a recursos internos; capacitación e información sobre los
asuntos partidarios; y al debido proceso.
8 Cabe preguntarse qué tipo de requisitos de extra (académicos, éticos, o de incompatibilidad), sea, a parte de los establecidos
constitucional y legalmente, podría exigir una agrupación política a quienes pretendan ser sus candidatos, en aras de garantizar
la idoneidad de éstos al electorado.
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Régimen organizativo de los partidos
políticos en Costa Rica
En lo que respecta a los deberes de los militantes, se tratan, básicamente, de principios
esenciales de ética partidaria. Estos son: el deber de colaborar en la acción partidaria; respetar
la orientación ideológica, las normas y acuerdos de la agrupación, así como sus procedimientos
de democracia interna; contribuir económicamente; guardar el debido respeto hacia los
correligionarios y los miembros de otros partidos.
II.
Registro de Partidos Políticos
Una de las novedades del Código Electoral de 2009, es la creación del Registro Electoral
que, si bien constituye una modificación sustancial en la estructura organizativa del TSE, tiene
un impacto directo en la dinámica de los partidos políticos con la administración electoral.
Además de las muchas disposiciones normativas que el nuevo Código contiene, en las que
se implican las actividades coordinadas de los partidos políticos con este organismo electoral
inferior, dos artículos condensan lo que se indica, a saber el numeral 56, sobre actos inscribibles
y el 57, relativo a los libros de actas de los partidos.
El artículo 56 enlista una serie de actos partidarios que, a efecto de tener eficacia y ser
oponibles a terceros, deben inscribirse ante el Registro Electoral. Estos son: la constitución,
cancelación, fusión, coalición, personería, estatuto, integración de los órganos internos y
nóminas de candidatos, así como las modificaciones que se acuerden para esas inscripciones. En
correspondencia con dicha obligatoriedad, los órganos públicos solo atenderán las gestiones de
los partidos que sean realizadas por los personeros y órganos partidarios debidamente inscritos.
Por su parte, el artículo 57 señala que los libros de actas de los partidos deben recibir
el visado previo del Registro Electoral y, una vez concluidos, depositarse en ese organismo.
Además, se requiere que los partidos dispongan de una copia fiel de sus libros para consulta de
los miembros. De igual modo, el TSE podrá solicitar a los partidos copias certificadas del libro
de actas o de algunas de ellas en particular.
III. Inscripción de Partidos Políticos
A esta forma asociativa especial, llamada partido político, se le prescribe en la legislación
electoral un proceso de legalización a efecto de quedar plenamente habilitada para actuar sus
atribuciones. Este proceso va de la constitución del partido, a su inscripción y conlleva periódicas
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renovaciones de sus estructuras internas. Sólo aquellas agrupaciones que lo completen pueden
postular ciudadanos para cargos de elección popular.
1) Constitución: Según el artículo 58 del Código Electoral, para constituir un partido
nacional o provincial, un grupo no menor de cien ciudadanos debe concurrir ante un notario
público a fin de que protocolice el acta relativa a dicha acto constitutivo (sea la asamblea
constitutiva). Ese documento debe contener el nombre y calidades de las personas que asistieron
a la asamblea constitutiva, los de aquellos que integran el Comité Ejecutivo Provisional y el
texto del Estatuto provisional de la agrupación. Si se trata de la formación de un partido a escala
cantonal, el grupo deberá de ser de, al menos, cincuenta y un ciudadanos electores del cantón
respectivo.
Posteriormente, dice el artículo 59 del Código, el comité ejecutivo provisional, toma las
medidas necesarias para integrar los órganos del partido. Para ello, debe realizar las convocatorias
a las asambleas correspondientes, de acuerdo con la escala en que se inscribirá el partido. A la
asamblea superior le corresponde ratificar los estatutos provisionales y conformar los órganos
que, con arreglo a estos, deba tener el partido.
2) Inscripción: Superada la etapa anterior, el paso a seguir es la inscripción del partido
ante el Registro Electoral (artículo 60). Para ello, la constitución del partido tiene una validez de
dos años, dentro de los cuales el presidente del comité ejecutivo debe gestionar la inscripción. 9
Dicha solicitud debe venir acompañada de varios requisitos, a saber: tres mil, mil o
quinientas adhesiones según se trate de partidos nacionales, provinciales o cantonales,
respectivamente (las hojas para recolectarlas son autorizadas por el Registro Electoral);
certificación del acta notarial de constitución; protocolización de las actas de las asambleas
nacional, provincial (es), cantonal (es) y distritales 10 , según la escala (con la indicación del
nombre del delegado del TSE que estuvo presente en ellas); nombre y calidades de las personas
designadas para integrar los órganos partidarios (con indicación del cargo respectivo) 11 ; y los
estatutos aprobados por la asamblea superior.
9 Debe ser presentada, además, un año antes de la elección en la que se pretenda participar.
10 Los integrantes de cada asamblea distrital deben estar inscritos electoralmente en el distrito respectivo.
11 Según el artículo 60 in fine y 61, el cumplimiento de la paridad de género en la conformación de los órganos partidarios es
requisito para la inscripción de la agrupación.
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políticos en Costa Rica
Presentada la solicitud, corresponde a la Administración Electoral su estudio, sea el
análisis de la documentación aportada (actas, certificaciones, estatutos), a efecto de verificar
que ésta se encuentra en regla. Debe el Registro Electoral, además, publicar aviso en el diario
La Gaceta con el fin de que los interesados puedan oponerse a la inscripción en el plazo de 15
días naturales (artículo 62).
Es en ese mismo plazo, que pueden formularse impugnaciones contra la legitimidad de
las firmas de adhesión (artículo 64). Por otra parte, en relación con las asambleas partidarias
dentro del proceso de inscripción, el artículo 63 regula el mecanismo para la impugnación de
acuerdos tomados en aquellas, versión actual del clásico procedimiento recursivo del artículo
64 del Código Electoral derogado.
Vencido el plazo para interponer objeciones, manda el numeral 65, la Dirección General
del Registro Electoral resolverá el asunto (acordando o denegando la inscripción), en resolución
fundamentada. La inscripción que se disponga, sanciona el artículo 68 del Código Electoral,
procede cancelarla al partido que no participe en unas elecciones o que, participando, no
obtenga un número de votos igual o superior al de adhesiones exigidas para su inscripción.
3) Renovación de estructuras: Como ya se señaló, el artículo 48 párrafo primero,
elevó a rango legal la obligatoriedad que tienen los partidos de renovar, conforme a criterios
democráticos, inclusivos y paritarios (en el caso de la participación de hombres y mujeres),
sus estructuras internas (numeral 61). Se trata de una exigencia que dimana, directamente, de
la constitucionalización de los partidos políticos, del principio democrático del Derecho de la
Constitución, del relevante interés público que reviste la actividad de los partidos políticos y de
su monopolio sobre la presentación de candidaturas.
Así, cada ciclo constitucional (sea cuatro años), las agrupaciones políticas deberán
realizar un proceso de remozamiento “de abajo hacia arriba”; que permita a las bases partidarias
participar en la definición de las estructuras internas del partido y así contrarrestar su usual
oligarquización y la fosilización de sus liderazgos. De no completar ese procedimiento, reza el
artículo 60 in fine, el partido no podrá adoptar acuerdos inscribibles, renovar su inscripción ni
presentar candidaturas a los puestos de elección popular, lo que, en la práctica, acarrearía su
posterior desinscripción.
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IV. Órganos Partidarios
El capítulo IV del título tercero, trata sobre la estructura y competencia de los órganos
partidarios. Además de los que optativamente cada agrupación puede crear, los órganos
partidarios que, como mínimo, debe tener todo partido político son los siguientes.
1) Asambleas: Las asambleas partidarias, órgano deliberativo integrado por militantes
partidarios del distrito y (en el caso de las asambleas nacionales, provinciales y cantonales),
por delegados de las asambleas partidarias de circunscripciones administrativas inferiores, se
encuentran reguladas, principalmente, en los artículos 67, 69 y 70. Así, el nuevo Código mantiene
la estructura piramidal mínima que va de asambleas distritales hasta la nacional (según la escala
del partido), en la que la asamblea superior, deviene en la autoridad máxima de la agrupación.
Ya sea en las asambleas celebradas para la inscripción del partido, para la renovación de
sus estructuras internas o para la designación de candidatos a los puestos de elección popular,
procede la fiscalización por parte del TSE. Con ello, se elevó a rango legal lo establecido en
acuerdos del Tribunal 12 en cuanto al deber de solicitar dicha fiscalización, al establecer el Código
la forma debida de gestionarla y la consecuencia de no hacerlo (sea la nulidad de la asamblea).
Respecto a la posibilidad de que, en atención al principio de autorregulación partidaria,
una agrupación política opte por crear otras instancias de autoridad partidaria (llamados en
el Código “órganos de dirección intermedios”), tal prerrogativa encuentra su límite en la
indelegabilidad de las decisiones fundamentales a cargo de la asamblea superior. Es decir, esos
órganos adicionales (consejos políticos, mesa de notables, comité asesor), no estarían facultados
para, por ejemplo, crear órganos o modificar estatutos.
2) Comités Ejecutivos: El comité ejecutivo es el órgano encargado, básicamente, de
ejecutar, dar seguimiento u operativizar, los acuerdos adoptados por la correspondiente asamblea
partidaria. Siguiendo la estructura piramidal mencionada, existe un comité ejecutivo por cada
circunscripción administrativa y es el comité ejecutivo superior (máximo órgano ejecutivo del
partido), el que acompaña las labores de la asamblea partidaria de mayor rango.
Los artículos 67 e) y 71, del nuevo Código Electoral, conservan su estructura, con un
presidente, tesorero, secretario y sus respectivos suplentes. La única innovación a este respecto,
12 Con base en su deber de “vigilar los actos relativos al sufragio”, el TSE así lo estableció en acuerdos de sesiones Nº 10191
del 23 de julio de 1993; Nº 62-2000 del 11 de agosto del 2000; y Nº 919 del 22 de abril de 1999.
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reside en que cada comité ejecutivo del partido realizará ahora su labor con la presencia vigilante
de un fiscal, órgano natural de las estructuras asociativas, independiente de la asamblea y de
-usualmente- la junta directiva.
3) Fiscales: Como se indicó líneas arriba, la figura del fiscal es una de las novedades que
el presente Código Electoral incorpora en la estructura mínima exigida de los partidos políticos
(artículos 67 e, 71, 72). Se trata del órgano natural de las estructuras asociativas (trasladado aquí
a los partidos políticos), distinto e independiente de las asambleas y juntas directivas.
En el caso de los partidos políticos, el fiscal es elegido por la asamblea correspondiente.
Su labor es vigilar la regularidad y corrección (de conformidad con la normativa partidaria), de
la labor del comité ejecutivo respectivo y, en realidad, de la de todos los órganos partidarios. En
ellos, el fiscal tiene voz pero no voto. El fiscal designado por la asamblea superior, informa a ésta
de los actos violatorios o incumplimientos por parte de los órganos inferiores. Actúa a petición
de parte o de oficio.
4) Tribunal de Ética: El artículo 73 establece que, dentro de la estructura mínima de los
partidos políticos, debe existir un Tribunal de Ética. Este órgano, encargado del comportamiento
y disciplina de los militantes partidarios en cuanto tales, es fruto del desarrollo de la dinámica
interna de varios partidos en Costa Rica, a lo largo de los años. Fueron las mismas agrupaciones
partidarias, en atención a necesidades puntuales, las que discrecionalmente los crearon, pero,
con la reciente reforma, su adopción deviene legalmente imperativa.
Dispone la norma, que sus miembros son nombrados por la asamblea de mayor rango,
que el comité ejecutivo superior propone su reglamento (debe contemplar, básicamente,
atribuciones, procedimientos y sanciones) y que es la asamblea superior la que lo aprueba por
mayoría absoluta.
5) Tribunal de Elecciones: Similar al caso anterior, el artículo 74 da rango legal (y por ende
torna su creación y funcionamiento regular en obligatorios), al tribunal de elecciones partidario;
otro órgano nacido de la praxis partidaria de los últimos años 13 . Su función básica es ser garante
de la participación democrática de los militantes en los procesos internos, sea de selección de
autoridades internas, sea de selección de candidatos a los puestos de elección popular. Entre sus
13 Bajo el régimen legal derogado, la organización de los procesos electorales internos era potestad, delegable, del Comité
Ejecutivo Superior.
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labores destacan la de organizar y vigilar la actividad electoral interna, interpretar la normativa
electoral interna y resolver, sin recurso, los conflictos de esos procesos.
El diseño legal reviste a este órgano de independencia administrativa y funcional, sin
duda para que ejecute sus delicadas labores sin intromisiones del comité ejecutivo y de otros
órganos partidarios. Así, al establecer el Código Electoral que la asamblea superior apruebe
su reglamento por mayoría absoluta, pero guardar silencio respecto de su proposición, sería
deseable, en atención a la mentada autonomía del órgano, que los propios miembros del tribunal
electoral partidario redactaran su proyecto de reglamento.
V. Fusiones y Coaliciones
Resta por mencionar, finalmente, dos institutos que el nuevo Código desarrolla de una
manera mucho más acabada que el anterior: la fusión y la coalición.
1) Fusión: La fusión es un instituto importado por el derecho electoral desde el derecho
societario. Permite a dos o más partidos políticos, básicamente, fundirse en uno sólo. Figura
lacónicamente regulada en el Código derogado, es ampliamente desarrollada en la nueva
legislación (artículos 76, 75, 81, 82). Los aspectos básicos se mantienen: sus efectos son
irreversibles y el pacto de fusión es aprobado por las asambleas superiores de los partidos
fusionados 14 . Desde luego, no se gestiona ya ante la Dirección General del Registro Civil sino
ante la del Registro Electoral.
La fusión puede ser plena o por absorción. En el primer caso, regulado en los artículos
77 y 80, produce el nacimiento de una nueva agrupación, en cuya inscripción sólo se eximiría
de presentar las adhesiones de rigor.
En cuanto a la conformación de las asambleas del partido resultante de la fusión plena, se
establecen las siguientes reglas: Si la fusión es de partidos cantonales de un mismo cantón, para
conformar un partido cantonal, la asamblea superior se integra con delegaciones designadas
por las asambleas superiores de cada uno de los partidos fusionados. Si la fusión es de partidos
14 Lo que en nuestra opinión es un error de la nueva legislación, es la fusión parcial (“en una o varias provincias y en uno o
varios cantones”, incluida en el inciso c) del artículo 75), pues parece inviable. En todo caso se trataría de una fusión por
absorción pero, aún así, no podría ser parcial, porque implicaría la desaparición, del todo, del partido absorbido, a efecto de
que el supérstite, como un todo, lo acoja, pues es sólo la asamblea superior del supérstite la que puede aprobar la fusión.
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Régimen organizativo de los partidos
políticos en Costa Rica
cantonales de diferentes cantones, para crear un partido provincial, las asambleas cantonales de
la nueva agrupación serán las de los partidos que se fusionan, salvo que concurran dos o más
partidos de un mismo cantón, en cuyo caso se hace por delegaciones. Reglas análogas rigen
la fusión de partidos provinciales de una misma provincia para la creación de una agrupación
provincial nueva, o de diferentes provincias, para formar un partido nacional.
Por su parte, la fusión por absorción es aquella en la que uno o más partidos se funden
con otra agrupación política, acrecentándola y disolviendo sus identidades particulares en la
de ésta. Al partido beneficiado se le denomina “supérstite” y a los que se le unen “absorbidos”.
La figura es regulada en los numerales 78 y 79 del Código Electoral, siendo necesario para su
consumación, únicamente, inscribir el pacto de fusión en el Registro Electoral. Este organismo
ordena publicar el pacto de fusión en La Gaceta, a efecto de otorgar diez días para que interesados
realicen sus oposiciones.
Se tiene por miembros de la nueva agrupación (en el caso de la fusión plena), a los
militantes de los partidos fusionados, así como a los militantes de los partidos fusionados o
absorbidos, al momento de la inscripción del pacto de fusión (en el caso de la fusión por
absorción). Los derechos y obligaciones de los partidos fusionados son asumidos de pleno
derecho por el nuevo partido o por el supérstite.
Aunque no se dispone expresamente término para inscribir la fusión, de la lectura del
artículo 80 in fine y su remisión al numeral 60 del Código Electoral, se colige que la solicitud
debe presentarse antes de los doce meses previos a la elección y que la resolución respectiva
debe dictarse antes de los seis meses previos al día de los comicios.
2) Coalición: La coalición es un instituto del derecho electoral que permite a dos o más
partidos presentar candidaturas en común a los puestos de elección popular y mantener intacta,
a diferencia de lo que ocurre con la fusión, la identidad particular de cada agrupación política.
Se regula en los artículos 83, 84 y 85 del Código Electoral.
La legislación aprobada, en línea con la jurisprudencia aperturista que el Tribunal
Supremo de Elecciones había desarrollado bajo el Código derogado, permite coaliciones
parciales o totales (sea para presentar candidaturas en común en todas o sólo en algunas de las
circunscripciones) y entre partidos inscritos en distintas escalas.
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El acuerdo de la coalición debe ser aprobado por las asambleas superiores de las
respectivas agrupaciones y contener, como mínimo, la definición de: a) El nombre, divisa y
lema de la coalición. b) La forma de distribuirse la contribución estatal a la que, eventualmente,
tengan derecho. c) El mecanismo para captar y dar cuenta (de conformidad con la legislación
electoral) de las contribuciones privadas. d) Las normas e instancia colegiada para la atención
de los conflictos internos. e) Las plazas de candidaturas reservadas para cada agrupación, o (y
esto es novedoso respecto del Código derogado) el mecanismo mediante el cual se designarán
las candidaturas comunes.
La coalición se cancela por el vencimiento del plazo por el que fue pactada, por
disolución acordada por todos los partidos integrantes (salvo que ya hayan presentado
candidaturas comunes), o por retiro voluntario de alguno o algunos de ellos, si no quedara más
que un partido integrándola (lo que no es permitido dentro del año anterior a las elecciones).
Bibliografía
BAREIRO, Line y SOTO, Lilian. “Los partidos políticos: condiciones de inscripción y
reconocimiento legal”. En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.
Fondo de Cultura Económica. México D.F., 2007.
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222
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La propaganda electoral en el Código Electoral
Juan Luis Rivera Sánchez *
Gerardo Felipe Abarca Guzmán **
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 21 de diciembre de 2009.
Revisión, corrección y aprobación: 22 de enero de 2010.
Resumen: El artículo hace una exposición acerca de la nueva regulación de la propaganda electoral
-artículos 136 al 142 del Código Electoral- sus principales cambios, innovaciones y diferencias entre la
anterior legislación y la nueva. Así, en el primer capítulo, analiza la definición de propaganda que, a lo
largo del tiempo, ha acuñado la jurisprudencia electoral y cómo ésta se recoge en el nuevo código. En
el segundo capítulo aborda lo relativo a la propaganda en la legislación electoral. En el tercer capítulo
analiza la estructura del Código Electoral en lo concerniente a las distintas actividades relacionadas con
la propaganda electoral.
Palabras clave: Propaganda electoral / Campaña política / Estrategias electorales / Medios de comunicación
/ Libertad de expresión / Legislación electoral / Jurisprudencia electoral.
Abstract: The paper approaches the new regulation of the electoral propaganda in the recently approved
Electoral Code, articles 136 to 142: main changes, innovations and differences between the former and
the new legislation. Thus, first chapter examines the definition of propaganda developed by the electoral
jurisprudence over time and how this jurisprudence is included in the new code; second chapter analyzes
propaganda in the light of the electoral legislation and third chapter discusses the structure of the Electoral
Code regarding the various activities related to electoral propaganda.
Key Words: Electoral propaganda / Political campaign / Electoral strategies / Media / Freedom of expression
/ Electoral legislation / Electoral jurisprudence.
* Letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Licenciado en Derecho por la Universidad Federada de Costa Rica. Máster en
Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia. jlrivera@tse.go.cr
** Secretario General a.i. del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Egresado de la Maestría en Derecho Público de la Universidad de
Costa Rica. gabarca@tse.go.cr
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 223

Juan Luis Rivera Sánchez
Gerardo Felipe Abarca Guzmán
I. Introducción
La propaganda electoral es uno de los instrumentos más utilizados por los partidos
políticos en los procesos electorales, con el fin de lograr un mayor caudal electoral o una
victoria. La posibilidad de acudir a este instrumento se plantea ante la incertidumbre que suele
propiciar una elección democrática. Ello provoca que las agrupaciones políticas busquen, en
la campaña electoral, comunicar por distintos medios sus programas e ideas, movilizar a sus
simpatizantes e influir y convencer a la población en general de su oferta política.
Precisamente, por el impacto y por la repercusión que logran los medios de comunicación
en la sociedad, es que el discurso de los partidos políticos es más dependiente de la influencia
de los medios de comunicación. En este sentido, la propaganda electoral persigue influir en la
opinión de los ciudadanos para que piensen o actúen de determinada manera.
Al tratarse de una actividad que influye decisivamente en la selección de las autoridades
gubernativas, las leyes electorales se han encargado de establecer ciertas pautas para regular su
actividad, tales como periodo en el que está prohibida su difusión, contenidos de la información,
invocación de motivos religiosos, entre otros.
En el presente artículo se analizará la nueva regulación de la propaganda electoral
-artículos 136 al 142 del Código Electoral-, los principales cambios, innovaciones y diferencias
entre la anterior legislación y la nueva.
Así, en el primer capítulo se analiza la definición de propaganda que a lo largo del
tiempo ha acuñado la jurisprudencia electoral y cómo ésta se recoge en el nuevo código. En
el segundo capítulo se aborda lo relativo a la propaganda en la legislación electoral. En el
tercer capítulo se analiza la estructura del Código Electoral en lo concerniente a las distintas
actividades relacionadas con la propaganda electoral.
II.
Definición de propaganda
En el caso costarricense, la ausencia en la legislación electoral de una definición de lo
que se debía entender por propaganda, propició que el Tribunal Supremo de Elecciones, en su
jurisprudencia, fuera el primero en acuñar un concepto:
224
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La propaganda electoral
en el Código Electoral
“cuando se pondera o se combate a uno de los partidos políticos que participan
en la contienda electoral o se pondera o se combate a uno de sus candidatos.
Si una publicación se reitera en forma sistemática e inclusive se cita en forma
continua el nombre de un candidato o de su partido, no cabe duda de que se
trata de propaganda política-electoral” 1 .
Este concepto, que se ha mantenido a través del tiempo, fue recogido, de manera
integral, en el recién derogado Reglamento sobre los gastos de los partidos políticos, dictado por
el Tribunal Supremo de Elecciones en el que se estableció en el artículo 2, inciso b) lo siguiente:
“b) Propaganda
Abarca la acción de los partidos políticos, desplegada a partir de la convocatoria
a elecciones nacionales y hasta dos días antes de su celebración, para explicar su
programa e impugnar el de sus contrarios, para hacer planteamientos de carácter
ideológico y para informar sobre actividades político electorales. Asimismo, por
propaganda político electoral se entiende, en general, toda publicación en la
cual se pondera o se combate a uno de los partidos políticos que participan en la
contienda electoral, o se pondera o se combate a uno de sus candidatos; abarca la
acción de los partidos políticos para difundir sus ideas, opiniones y programas de
gobierno a través de exposiciones, discursos, conferencias de prensa por radio y
televisión, así como por medio de los anuncios en los medios de difusión citados
y en el cine; o bien por servicios artísticos para la elaboración de los anuncios,
por servicios de grabación para la difusión por radio, servicios de audio y vídeo
para cortos de televisión, folletos, volantes, vallas y el uso de altoparlantes,
debidamente autorizados, en reuniones, manifestaciones y desfiles”.
Cabe indicar que ha sido la propia jurisprudencia electoral la que se ha encargado de
ir precisando el contenido y alcances de este concepto, al definir que la propaganda electoral
“comprende cualquier actividad específicamente orientada a incidir en el comportamiento
electoral de los ciudadanos” 2 .
1 Resolución número 65 de las 10:00 del 31 de enero de 1965 del Tribunal Supremo de Elecciones.
2 Resolución número 0556-1-E-2001 de las 16:41 horas del 21 de febrero de 2001 del Tribunal Supremo de Elecciones.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 225

Juan Luis Rivera Sánchez
Gerardo Felipe Abarca Guzmán
El actual Código Electoral, a diferencia de su antecesor, sí ofrece una definición de
propaganda electoral 3 , la cual si bien es cierto no se encuentra inserta en el Capítulo VII del
Código Electoral, que regula lo concerniente a este aspecto del proceso electoral, resulta de
mucha utilidad en tanto por primera vez el legislador se ocupó de incluir una definición de
ese concepto en la ley electoral que recoge los elementos más importantes que ha venido
desarrollando la jurisprudencia electoral.
III. La propaganda en la legislación electoral
La legislación costarricense, desde el año 1953, con la promulgación del Código
Electoral, ley número 1536, recién derogado, ya establecía regulaciones sobre la propaganda
de los partidos políticos. En aquel momento, dicha normativa estableció límites a los partidos
políticos únicamente respecto de la propaganda electoral que se difundía en la radio 4 .
Posteriormente, con el pasar del tiempo y producto del avance tecnológico se incluyeron otros
medios de comunicación, como la televisión y la prensa escrita.
En la actualidad, las disposiciones que regulan la propaganda electoral que tienen
derecho a realizar los partidos políticos, se encuentran recogidas fundamentalmente en el
Código Electoral (Capítulo VII) y en varios reglamentos emitidos por el Tribunal Supremo de
Elecciones.
• Reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos (publicado en La
Gaceta Nº 210 de 29 de octubre de 2009)
• Reglamento de actividades en lugares públicos (publicado en La Gaceta Nº 211
de 30 de octubre de 2009)
3 Artículo 94 inciso a) del Código Electoral.
4 El Código Electoral, Ley número 1536, en su artículo 85 establecía: “Trasmisiones por Radio: Sólo las radioemisoras que
-dentro del mes siguiente a la convocatoria para una elección-, hubieren inscrito ante el Registro Civil las tarifas que aplicarán
a las radioemisiones políticas y el plan de horas que dedicarán a esa actividad, podrán prestar el servicio de propaganda
electoral durante el período comprendido entre la convocatoria y el décimo día siguiente a la elección.
Solamente los partidos inscritos conforme a esta ley -y únicamente con el objeto de explicar su programa o atacar el de sus
contrarios-, podrán usar las radioemisoras para la propaganda político-electoral.
Quien realice esta labor deberá leer ante el micrófono, ajustándose estrictamente a lo escrito, sin proferir injurias ni calumnias,
y previa entrega de una copia de su discurso, firmada, a la oficina trasmisora. Los partidos inscritos tendrán derecho a utilizar
tales radioemisoras en igualdad de condiciones.
La infracción de los mandatos de este artículo constituye delito electoral de que serán responsables solidariamente tanto los
autores directos como el propietario, arrendatario y administrador de la estación.”.
226
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La propaganda electoral
en el Código Electoral
• Reglamento sobre la inscripción para la realización de encuestas y sondeos de
opinión de carácter político-electoral (publicado en La Gaceta Nº 212 de 02 de
noviembre de 2009)
• Reglamento para la difusión de los mensajes navideños de los candidatos a la
Presidencia de la República (publicado en La Gaceta Nº 241 de 11 de diciembre
de 2009)
IV. Estructura del código electoral sobre la propaganda:
El nuevo Código Electoral si bien es cierto no incorpora cambios significativos respecto
de las regulaciones de la propaganda, ofrece como principal logro el agrupar en un solo capítulo
todas las reglas que rigen esta actividad.
Según se desprende de las discusiones surgidas en el seno de la Comisión Legislativa
encargada de dictaminar el proyecto, este fue uno de los aspectos al que se le prestó especial
importancia. Es evidente que no se quiso cometer los mismos errores que se presentaron en el
anterior Código Electoral, en el que no solo se declararon inconstitucionales varias normas 5 , sino
que en el capítulo de propaganda se incluyeran disposiciones que no tenían relación alguna con
ese aspecto. Ejemplo de ello es lo que sucedía en el artículo 88 que contenía la prohibición que
tienen los funcionarios públicos de participar en actividades político-electorales en la jornada
laboral, y el artículo 85 ter que establecía disposiciones relativas al transporte de electores en
autobuses.
De modo que la nueva legislación mejora no solo en orden, sino en brindar una estructura
que permite al operador jurídico o a cualquier ciudadano, ubicar de mejor forma las reglas que
disciplinan esta materia.
En el presente apartado se analizará cada uno de los seis temas que conforman el
Capítulo VII del Código Electoral.
5 Mediante resolución 1750-97 del 21 de marzo de 1997 se declararon inconstitucionales varios artículos del Código
Electoral. Al respecto la parte dispositiva de dicho fallo precisó, entre otros: “Se declara parcialmente con lugar la acción y, en
consecuencia, se anulan, por inconstitucionales, las disposiciones impugnadas de los incisos c), d), f) e i) y párrafo penúltimo,
todos del artículo 85 del Código Electoral, según Ley #1536 del 10 de diciembre de 1952, reformado por las leyes #5281
de 30 de julio de 1973 y #7094 de 27 de mayo de 1988, así como, simultáneamente, las que reemplazaron aquellas, por su
orden, en los incisos e), f), h) y g) del nuevo artículo 85, y en el inciso c) del artículo 151 del mismo Código Electoral, en los
términos de su última reforma, por la Ley #7653 de 10 de diciembre de 1996”.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 227

Juan Luis Rivera Sánchez
Gerardo Felipe Abarca Guzmán
1. Libertad para difundir propaganda artículo 136
Conforme al principio de libertad de expresión reconocido no solo en nuestra
Constitución Política sino en varios Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, la
normativa electoral establece ciertos límites a ese derecho en lo que se refiere a la propaganda
que difundan los partidos políticos. Dichas reglas se encuentran definidas en el artículo 136 del
Código Electoral.
De la lectura de este numeral se extraen los siguientes aspectos de relevancia.
Límites temporales de la propaganda electoral. Como sucede en la mayoría de los países
de América Latina y del mundo, la campaña electoral está limitada a un periodo específico.
En el caso costarricense no obstante que los partidos políticos están en absoluta libertad de
difundir propaganda electoral en cualquier tiempo, solo la que se realice “desde el día de la
convocatoria a elecciones y hasta tres días antes de las elecciones, inclusive” será reconocida
como gasto justificable con la contribución estatal.
Sin embargo, la citada disposición legal contempla en ese lapso una prohibición
para su difusión, pues señala que “Todo partido político se abstendrá de difundir propaganda
política en medios de comunicación colectiva desde el 16 de diciembre al 1º de enero, ambos
inclusive”. Durante ese periodo de tiempo, denominado “tregua navideña”, solo los candidatos
a la Presidencia de la República podrán divulgar un máximo de tres mensajes en los medios
de comunicación colectiva-televisión, radio y prensa escrita-, que se encuentren debidamente
inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Las regulaciones específicas de estos mensajes
se encuentran previstas en el “Reglamento para la difusión de los mensajes navideños de los
candidatos a la Presidencia de la República”. 6
6 Artículo 3.- Cantidad de mensajes. Los candidatos a la Presidencia de la República podrán difundir, durante el período de
veda navideña, únicamente tres mensajes; éstos se pautarán, por una única vez, en cualesquiera medios de comunicación
colectiva que se señalan en el artículo 2. Los tres mensajes que se difundan en los diferentes medios de comunicación
colectiva deberán ser los mismos en cada caso.
Artículo 4.- Mensaje Televisivo. El mensaje televisivo podrá pautarse en no más de tres canales individuales, por una única
vez en cada uno y con una duración máxima de tres minutos no fraccionables.
Artículo 5.- Mensaje Radiofónico. El mensaje radiofónico podrá pautarse en no más de tres radioemisoras individuales, por
una única vez en cada una y con una duración máxima de dos minutos no fraccionables.
Artículo 6.- Mensaje en Prensa Escrita. El mensaje en prensa escrita podrá pautarse en no más de tres medios individuales,
por una única vez en cada uno y con un tamaño máximo de una página, que no será fraccionable.
228
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La propaganda electoral
en el Código Electoral
Propaganda invocando motivos religiosos. El Código Electoral, desarrollando el precepto
constitucional previsto en el numeral 28, según el cual no se podrá hacer propaganda electoral
invocando motivos religiosos, prohíbe la difusión de cualquier forma de propaganda que
valiéndose de las creencias religiosas o motivos de religión, incite a la ciudadanía a separarse
o adherirse a partidos o candidaturas específicas, por la innegable influencia que puede ejercer
un líder religioso en este tipo de procesos electorales.
Medios de comunicación permitidos. A diferencia de lo que sucedía en el anterior
Código Electoral que solo permitía propaganda en televisión, radio y prensa escrita 7 , el actual
parece ampliar el espectro de medios de comunicación en los que se puede difundir propaganda
electoral; dado que se establece que es posible realizarla en “medios de comunicación
colectiva” y que sus precandidatos “podrán difundir sus ideas o pensamientos por los medios
de comunicación que consideren pertinentes”. De la lectura de dichos conceptos, no puede
concluirse que esté prohibida la difusión de propaganda electoral en los llamados “medios de
comunicación alternativos” que se encuentran vinculados a la internet.
De lo que no cabe duda es que el medio de comunicación que pretenda difundir la
propaganda partidaria, debe encontrarse previamente inscrito ante este Tribunal, conforme las
reglas prevista en el artículo 139 del Código Electoral.
Propaganda en lugares privados. Existe absoluta libertad para difundir propaganda
electoral en lugares privados y, ésta podrá realizarse en cualquier momento, sin que para
tal efecto sea necesario contar con algún tipo de autorización, por encontrar dicha libertad
reconocimiento expreso en lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política.
Límites de tiempo y espacio en los medios de comunicación. El artículo 85, inciso f)
del anterior Código Electoral, establecía límites respecto de tiempo y espacio en la propaganda
electoral que difundieran los partidos políticos en los medios de comunicación. Dicho límite
resultaba válido en la medida que ese gasto se pretendiera justificar con el aporte estatal, ya que
si éste se realiza con aportes privados, no resultaba aplicable dicha prohibición.
A modo de ejemplo, la propaganda que se realizara en medios escritos estaba limitada a
no más de una página por edición, o su equivalente en centímetros cuadrados en otros medios.
7 Artículo 85 inciso f) del Código Electoral derogado.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 229

Juan Luis Rivera Sánchez
Gerardo Felipe Abarca Guzmán
En lo referente a la realizada en la televisión, se establecía un máximo de diez minutos diarios
por canal. Por último, la realizada en radio solo se permitía realizar un máximo de diez minutos
por día en una misma emisora, pero no podía superar los treinta minutos semanales en la misma
emisora.
La actual legislación eliminó del ordenamiento jurídico las disposiciones que, sobre
límites de tiempo –televisión y radio- y espacio –prensa escrita-, contenía el Código Electoral
respecto de la difusión de propaganda, con lo cual en la actualidad los partidos políticos tienen
absoluta libertad para decidir cuál será la cantidad de pauta publicitaria que dedicarán a cada
medio de comunicación.
Colocación de propaganda en las vías y lugares públicos. No obstante que los partidos
políticos cuentan con autorización expresa para la reproducción y distribución de todo tipo
de signos externos (calcomanías, banderas, panfletos, volantes, afiches, pósteres, camisetas,
carteles, avisos, vallas, etc.), está absolutamente prohibida la colocación de propaganda
electoral, cualquiera que sea su tipo en la vía pública o en los edificios públicos.
Cabe indicar que la colocación de vallas publicitarias en terrenos públicos o privados, o
en los derechos de la vía pública, deberá ajustarse a las regulaciones y directrices que sobre este
particular se encuentran previstas en el “Reglamento de los derechos de vía pública y publicidad
exterior”, Decreto Ejecutivo No. 29253-MOPT de 20 de diciembre de 2000, Publicado en La
Gaceta No. 25 de 5 de febrero de 2001.
En el presente cuadro comparativo se pretende resumir las diferencias que se presentan
entre lo que disponía el anterior Código Electoral y el actual.
230
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La propaganda electoral
en el Código Electoral
Cuadro No. 1
Tema
Límite de tiempo y espacio en
medios de comunicación
Mensajes de precandidatos
en Tregua Navideña
Último día para realizar
propaganda
Signos externos
Fuente: Elaboración propia
Norma derogada
Artículos 79, 85, 87
En radio 10 minutos diarios y no
más de 30 semanales. En televisión
10 minutos diarios. En prensa escrita
una página o su equivalente.
Un mensaje por precandidato
Dos días antes de las elecciones
No eran considerados como gasto
electoral
Norma actual
Artículo 136
No existen límites de tiempo ni
espacio.
Tres mensajes en la radio,
televisión y prensa escrita en
un máximo de tres medios.
Tres días antes de las
elecciones.
Se reconoce su gasto con la
contribución estatal
2. Actividades en lugares públicos artículo 137
La propaganda en esencia, constituye un proceso de comunicación que se sustenta en
una serie de canales o medios para que sea efectiva la interrelación entre el emisor y el receptor.
La propaganda electoral, como proceso de comunicación política, además de permitir la
transmisión de un mensaje, pretende incidir de forma directa en la psiquis del receptor a efectos
de que éste tome una decisión inmediata a favor de la propuesta política que se le plantea.
Las actividades político-electorales en sitios públicos, han sido a lo largo de la historia,
el canal o medio que mayor inmediatez brinda entre el emisor del mensaje político y el receptor
del mismo –los electores-, incluso en la época moderna en la que los medios de comunicación
masivos- radio, televisión, prensa escrita y los alternativos- abarcan la mayoría de los ámbitos
sociales. En efecto si bien la propaganda político- electoral en Costa Rica ha sido enfocada
desde diversas perspectivas mediáticas, basándose en muchos casos en las herramientas de
telecomunicación, lo cierto del caso es que las actividades en sitios públicos como canal de
comunicación política, se ha mantenido y continua vigente como mecanismo propagandístico
de los partidos políticos para hacer llegar su propuesta electoral.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 231

Juan Luis Rivera Sánchez
Gerardo Felipe Abarca Guzmán
Ahora bien, conviene señalar que como medio de propaganda electoral, las actividades
que con ese fin se lleven a cabo en sitios públicos estarán sometidas a las regulaciones de
las leyes electorales; no obstante, no se podría olvidar que en razón del uso de espacios del
dominio público, ese tipo de actividades también estarían sujetas a las reglas vigentes aplicables
a los bienes del demanio.
Las reglas relativas a las actividades de propaganda político-electoral llevadas a cabo en
lugares públicos, se encuentran establecidas en el artículo 137 del Código Electoral. Precisamente
a partir de dicha norma conviene puntualizar y aclarar algunos aspectos.
Tipos de actividades. La norma legal citada, señala que se requerirá permiso de las
autoridades correspondientes y del Tribunal Supremo de Elecciones en el período de campaña
electoral, para llevar a cabo “manifestaciones, los desfiles u otras actividades en sitios públicos”.
Tanto el Código Electoral anterior como el actual han hecho referencia a la misma
fórmula abierta, la cual en la práctica ha permitido contemplar como actividades proselitistas la
plaza pública, el mitin, el desfile y el piquete.
Los dos primeros se han definido como una reunión convocada por un partido político,
generalmente realizada en un lugar público, que por lo general y por la conglomeración de
personas se utiliza una tarima o bien, sin usar ese recurso los asistentes escuchen el discurso o
la propuesta política de determinada agrupación. 8
El desfile por su parte se define como una comitiva de personas que en vehículos, o
por otros medios, viajan o se desplazan de un lugar a otro pudiendo utilizar para ello las vías
terrestres de comunicación de forma exclusiva. 9
De acuerdo con la norma legal antes citada, es competencia del Tribunal Supremo de
Elecciones, a partir de la convocatoria oficial a elecciones y sin perjuicio de las competencias
propias de las administraciones que tutelan los bienes de dominio público, autorizar la
8 Ver http://plazas publicas.tse.go.cr/ppl/PPL PKG EVENTOS.PPL DESP 135
9 Ídem.
232
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La propaganda electoral
en el Código Electoral
celebración de este tipo de evento, delegando reglamentariamente tal labor en un programa
electoral que a los efectos debe ser constituido. 10
Por otra parte, también a nivel infralegal, se establecen las reglas para la celebración de
otro tipo de actividad de propaganda político-electoral en lugares públicos, como es el caso
de los llamados “piquetes”, cuyo fin es la distribución de distintivos, volantes o cualesquiera
otro tipo de objeto gráfico por parte de los simpatizantes de una agrupación política en un
lugar determinado. 11 Compete al Cuerpo Nacional de Delegados, 12 de forma exclusiva, su
autorización y supervisión.
Potestad autorizante en razón de competencias administrativas diversas. La legislación
actual reproduce en gran medida la regla derogada en lo que se refiere a la potestad de autorizar
las actividades en sitios públicos. Es claro que se establece un vínculo competencial entre
las administraciones ordinarias y la administración electoral, teniendo ambas la potestad de
autorizar o no un evento proselitista en un lugar público, de acuerdo con los presupuestos
normativos impuestos por el legislador para tales fines.
Cabe indicar al respecto, que la norma electoral contempla la competencia que es natural
de las administraciones ordinarias –municipales o de gobierno-, en lo que concierne a la tutela
del orden y la seguridad pública relativa al uso de bienes de uso público, complementándola
con aquella que corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones durante el período de campaña
electoral, que da inicio con la convocatoria oficial a elecciones. La razón de establecer esa
relación concierne al hecho de que las actividades reguladas no sólo inciden en el uso de bienes
demaniales, sino que también constituyen en esencia propaganda electoral que por su misma
10 El Reglamento para autorizar actividades de los Partidos Políticos en sitios públicos, Decreto Nº 19-2009 publicado en
La Gaceta Nº 211 de 30 de octubre de 2009 dispone: “Artículo 1.- El presente reglamento tiene como objeto regular el
procedimiento para otorgar los permisos requeridos por los partidos políticos para realizar actividades en sitios públicos a
partir de la convocatoria a elecciones.
Artículo 2.- Los partidos políticos que deseen obtener tales permisos deberán contar para tales fines con la autorización del
Tribunal Supremo de Elecciones, la cual se otorgará por intermedio del encargado del correspondiente programa electoral.
Además de dicha autorización (…).”
11 El Reglamento para autorizar actividades de los Partidos Políticos en sitios públicos, Decreto Nº 19-2009 publicado en
La Gaceta Nº 211 de 30 de octubre de 2009 dispone: “Artículo 18.- Aquellas actividades denominadas “piquetes” y que
realizan los simpatizantes de un partido político, en un lugar determinado, con el único fin de distribuir distintivos, volantes
o cualesquiera otros objetos alusivos a su agrupación política, serán autorizadas y supervisadas por el Cuerpo Nacional de
Delegados.”
12 De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Cuerpo Nacional de Delegados, Decreto N° 8-2008 de 13 de diciembre
de 2008 Publicado en La Gaceta Nº 8 de 13 de enero de 2009 éste “se constituye como un grupo de funcionarios públicos
de carácter permanente que coadyuva al Tribunal Supremo de Elecciones en el ejercicio de su función, en los términos del
inciso 6) del artículo 102 constitucional y de este Reglamento.”.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 233

Juan Luis Rivera Sánchez
Gerardo Felipe Abarca Guzmán
naturaleza deben estar bajo el ámbito de acción del órgano encargado como vigilante de todos
los aspectos del proceso electoral.
El contenido de la competencia natural y ordinaria a la que se hace mención en razón
de la tutela de los bienes de dominio público, se sustenta en la administración que sobre ellos
ejecutan los gobiernos locales, hecho que incluso es reconocido en la jurisprudencia electoral:
“Los gobiernos locales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 de la
Constitución Política gozan de autonomía respecto de la administración de
los intereses y servicios locales. En este sentido, es claro que son los gobiernos
locales de cada cantón los autorizados para otorgar los permisos de uso de los
bienes públicos que administran, así como dar permisos para reuniones en sitios
públicos, de acuerdo con las regulaciones que a lo interno haya establecido la
municipalidad.” 13
De igual forma se pronunció la Sala Constitucional al respecto:
“…en lo que atañe al uso de bienes de dominio público como parques,
jardines, paseos públicos y prados, es cada municipalidad la competente para
emitir los correspondientes permisos en su territorio ( artículo 39 de la Ley de
Construcciones), los que por la naturaleza de esos bienes se entiende que se trata
de permisos que solo conceden derechos a título precario…” 14
Ahora bien, resulta de especial importancia mencionar que tratándose de la realización
de actividades en sitios públicos, la competencia municipal antes apuntada se ve sustentada en
13 Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n. °2752-E-2007 de las 13:35 horas del 5 de octubre de 2007. Ver en sentido
similar la número 2047-E-2001.
14 Resolución de la Sala Constitucional n. ° número 234-2000 de las 12:06 horas del 7 de enero de 2000, también citada en la
resolución n. °2752-E-2007 de las 13:35 horas del 5 de octubre de 2007.
234
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La propaganda electoral
en el Código Electoral
el criterio técnico que rinda el Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas 15 , órgano
cuyo fin primordial es procurar que las actividades que impliquen una concentración masiva
de personas en un lugar público se realicen bajo estrictas medidas de seguridad. No obstante
lo anterior, el mismo decreto de creación de dicho comité establece la prevalencia de las
disposiciones de los gobiernos locales. 16
En virtud de lo indicado, resulta indiscutible la confluencia de ambas competencias, por
un lado la de la administración municipal en razón de la tutela que debe realizar de los bienes
de dominio público; y por otro la del Tribunal Supremo de Elecciones como órgano superior de
la administración electoral, al que le corresponde organizar y vigilar toda la actividad propia
del proceso electoral.
La única excepción de dicha concurrencia lo es en el caso de las actividades proselitistas
denominadas “piquetes”, los cuales por su naturaleza requieren únicamente la autorización
del Cuerpo Nacional de Delegados. Asimismo en el caso del uso de instalaciones físicas
pertenecientes al Estado y a las Municipalidades, la autorización corresponde al ente titular del
bien en forma exclusiva, concurriendo ante esa potestad únicamente la obligación del Partido
Político de informar al Tribunal Supremo de Elecciones.
Perspectiva espacial. Respecto a la perspectiva espacial, es claro que el contenido de la
norma legal discurre en el uso permitido para realizar actividades político-electorales, de lugares
públicos sean éstos parques, calles, vías públicas, plazas, aceras o edificios pertenecientes al
15 Decreto Nº 28643-S-MOPT-SP: “Artículo 1º—Créase el Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas, adscrito al
Ministerio de Salud; que tendrá como fin primordial velar porque las concentraciones masivas se realicen bajo las medidas
que en materia de salud y seguridad, indica la legislación vigente.
Artículo 2º—El Comité Asesor de Concentraciones Masivas estará integrado por representantes de las siguientes instituciones:
a) Ministerio de Salud, quien coordinará.
b) Comisión Nacional de Emergencia.
c) Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con representación de: Dirección General de Ingeniería de Tránsito, Dirección
de Policía de Tránsito y Dirección de Transporte Público.
d) Ministerio de Seguridad Pública.
e) Dirección de Bomberos (Departamento de Ingeniería de Bomberos).
f) Cruz Roja Costarricense.
g) Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (ICODER).
Se tendrá como parte también a todas aquellas instituciones de apoyo que por la naturaleza de sus funciones tienen
competencia específica en las actividades a desarrollar en los eventos (…)
Artículo 4º—La competencia de dicho Comité abarcará todo evento de concentración masiva de personas, sea éste de índole
político, deportivo, recreativo, religioso, cultural, comercial u otro.”
16 “Decreto Nº 28643-S-MOPT-SP: Artículo 6: (…) La autorización definitiva será extendida por la Municipalidad correspondiente,
con base en las certificaciones, los criterios y disposiciones técnicas de las Instituciones que conforman el Comité Asesor.”
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Estado o a las municipalidades, con la particularidad de que en el caso de los edificios públicos
no se requiere la autorización que se señaló líneas arriba.
En ese sentido conviene hacer una referencia general y breve, por no ser el tema de
fondo del presente artículo, sobre esos llamados sitios o bienes públicos.
En primer lugar se debe tener claro que no todos los bienes que se consideren públicos
tienen el mismo tratamiento. Precisamente este tipo de bienes se definen como aquellos de
dominio público que pertenecen a un ente público y están afectados a un uso público, a un
servicio público o al fomento de la riqueza nacional. Son imprescriptibles, inembargables e
inalienables y entre ellos se encuentran las calles, plazas, el mar, parques, entre otros.
que:
El tratadista Ramón Parada indica en relación con la clasificación de los bienes públicos
“…la doctrina suele dividir a los bienes públicos en bienes de dominio público
y bienes patrimoniales, de forma tal que los primeros son aquellos que,
perteneciendo a un ente público están afectos a un uso público o a un servicio
público, Los patrimoniales, aunque pertenecen a un ente público, no están
afectos a un uso o servicio público”. 17
Por su parte, Miguel Sánchez Morón señala tres características de los llamados bienes
de dominio público: “1) su pertenencia a un ente público; 2) su afectación a un fin de utilidad
pública; 3) su sometimiento a un régimen especial administrativo de protección y uso de los
bienes.” 18
Precisamente lo anterior, clarifica el tratamiento distinto que le da la legislación electoral
al uso de los bienes o lugares catalogados públicos, por un lado la norma establece que los
partidos políticos deberán contar con la autorización de las autoridades respectivas, y durante la
campaña electoral además con el del Tribunal Supremo de Elecciones, para realizar actividades
proselitistas en “vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos…”; por otro lado en el
inciso g) del artículo 137 del Código Electoral, se establece que “en cualquier período, las
17 Parada, Ramón, Derecho Administrativo, T.III,1993, p.10.
18 Citado por González Ballar Rafael, Apuntes de Derecho Administrativo 2008, p.327.
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La propaganda electoral
en el Código Electoral
instalaciones físicas que pertenezcan al estado y a las municipalidades del país podrán ser
facilitadas a los partidos políticos para la realización de sus actividades y asambleas siempre
y cuando medie comunicación previa al TSE…”. Así las cosas, no cabe que el citado numeral
regula los diferentes tipos de bienes públicos, tanto los denominados por la doctrina de bienes
de dominio público como los públicos patrimoniales.
Aquellos bienes referidos en el párrafo primero del artículo 137 indicado: las calles,
parques, plazas, vías públicas, entre otros, resultan bienes de dominio público por lo que se
encuentran sujetas a un régimen especial de protección administrativa en razón del destino
que poseen, el cual se centra en la satisfacción directa del interés publico; por ello para su
uso se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos ante las entes públicos que los
administran o tienen su titularidad, y además, ante el Tribunal Supremo de Elecciones a partir de
la convocatoria oficial a elecciones. En ese orden de ideas, reviste importancia el aclarar que la
participación de ese órgano electoral no radica en la titularidad que tenga de bienes de dominio
público, sino que deviene de la obligación que posee de ser garante de la efectiva, equitativa e
igualitaria participación de los partidos políticos durante la campaña electoral, la cual además
deberá cuidar se someta a principios de seguridad y orden público, mas tratándose de uso de
lugares de dominio público. 19
Los que se señalan en el inciso g) de ese mismo numeral 137, de acuerdo con lo
reseñado anteriormente, constituyen bienes públicos patrimoniales, cuyo uso para actividades
con fines político-electorales por parte de los partidos políticos, queda librado a la decisión
exclusiva de su titular con la condición de que exista comunicación previa al Tribunal Supremo
de Elecciones y a las agrupaciones políticas “garanticen el cumplimiento de las normas de
seguridad, salubridad, orden conveniencia y respeto de la moral pública.”
Perspectiva temporal. En este punto es donde quizás se puede advertir el mayor cambio
de las reglas para la celebración de actividades políticos-electorales en lugares públicos.
Al respecto se debe precisar que la legislación actual, a diferencia de la anterior, establece
condiciones de tiempo menos restrictivas propiciando con ello una mayor participación de los
partidos políticos.
19 Artículo 137 del Código Electoral: “…a partir de la convocatoria a elecciones, también con la autorización del TSE y
de conformidad con las siguientes disposiciones: (…) e) Asimismo no podrán reunirse en puentes, intersecciones de vías
públicas ni frente a templos religiosos, estaciones de bomberos o de la Cruz Roja, o a menos de doscientos metros de los
hospitales o las dependencias de la autoridad de policía, ni de centros educativos cuyas funciones normales puedan resultar
perjudicadas.”
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Fue el propio legislador el que condujo ese discurso normativo más abierto. En efecto,
en alguna oportunidad de la discusión sostenida en la Comisión de Reformas Electorales, a
efectos de sustentar la necesidad de ampliar el período para celebrar las actividades en sitios
públicos, se señaló:
“De igual forma, la moción en comentario, contiene de manera fiel lo expresado
por la Sala Constitucional mediante el voto Nº 97-1750, mediante el cual
considera el derecho a propaganda electoral, como una manifestación particular
de la libertad de expresión e información gracias a la amplísimo contenido que
se recoge a dicha libertad en disposiciones de carácter internacional. De allí
que la propaganda electoral es relevante para el interés público, desde el punto
de vista constitucional, debido al contenido del mensaje que por su medio se
expresa o difunde, y la finalidad que con él se persigue.” 20
La legislación anterior daba cabida solamente durante dos meses a la realización de
actividades políticas en lugares públicos; precisamente el artículo 79 del Código Electoral
anterior disponía que: “…las manifestaciones, desfiles u otras actividades en vías públicas,
plazas o parques deberán contar con la autorización de las autoridades que correspondan;
durante los dos meses inmediatamente anteriores a las elecciones, requerirán el permiso de la
oficina o del funcionario que el Tribunal Supremo de Elecciones designe…”.
En la actualidad ese período en el que los partidos políticos pueden celebrar eventos
proselitistas en lugares públicos, da inicio el día de la convocatoria a elecciones; conforme ello,
el lapso referido se amplió a 4 meses aproximadamente sin contemplar los tiempos de veda. 21
Al respecto se podría presumir que esa circunstancia aparejada con la eliminación del tope que
20 Acta N. ° 18 de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Reformas Electorales celebrada el Jueves 2 de noviembre de 2006.
21 El Reglamento para autorizar actividades de los Partidos Políticos en sitios públicos, Decreto Nº 19-2009 publicado en La
Gaceta Nº 211 de 30 de octubre de 2009 dispone: “Artículo 3.- Los partidos políticos podrán celebrar manifestaciones,
desfiles u otras actividades en zonas públicas a partir de la convocatoria a elecciones, con apego a lo establecido en el artículo
anterior de este Reglamento y el artículo 137 del Código Electoral…
Artículo 4.- Las solicitudes de permiso podrán ser presentadas ante el encargado del correspondiente programa electoral desde
un mes antes a la fecha de la convocatoria a la elección que corresponda, y al menos con ocho días hábiles de antelación a la
celebración del evento; aquellas que se presenten fuera de dichos plazos, serán rechazadas de plano. Las solicitudes deberán
ser presentadas en las fórmulas que, para tales efectos, diseñe este Tribunal, o bien mediante los mecanismos o herramientas
electrónicas que el Tribunal autorice de previo.”
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La propaganda electoral
en el Código Electoral
establecía el artículo 177 del anterior Código Electoral, 22 habría incidido en el aumento en la
cantidad de gestiones que los partidos políticos han presentado en la presente campaña para
que se les autorice a celebrar eventos en lugares públicos.
El siguiente cuadro permite establecer cuál ha sido el comportamiento de los partidos
políticos en lo que respecta a las gestiones de permiso presentadas ante el programa electoral
respectivo.
Cuadro No. 2
Solicitudes de autorización presentadas durante las dos campañas anteriores
y la actual 23
Elección
Total de autorizaciones solicitados
3 de febrero de 2002 429
5 de febrero de 2006 601
7 de febrero de 2010 1850
22 El artículo 177 del Código Electoral derogado establecía: “Los gastos que pueden justificar los partidos políticos para obtener
la contribución estatal serán únicamente los destinados a sus actividades de organización, dirección, censo y propaganda. No
podrán considerarse justificables los gastos por embanderamiento. Tampoco, se reconocerán los desembolsos que genere la
organización de un número superior a veinticinco (25) plazas públicas por partido, durante el período en que procedan, ni
los ocasionados por el transporte de electores.” (la negrita no es del original)
23 Información obtenida de los informes de evaluación de los Programas Electorales llevados a cabo por la Coordinación de
Programas Electorales para las elecciones de 2002 y 2006; y también de las estadísticas del Programa Electoral de Permisos y
Manifestaciones para el período actual previo a las elecciones 2010.
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Si bien los datos anteriores reflejan un cambio cuantitativo entre una elección y otra, lo
cierto del caso es que los partidos políticos tienden a presentar una gran cantidad de solicitudes
de autorización y la gran mayoría de las actividades solicitadas no son realizadas. 24
Para finalizar, resulta importante hacer referencia a las restricciones de tiempo que
se mantienen en la legislación actual, propiamente acerca de los períodos de veda a los que
también se encuentran sujetas las actividades en lugares públicos.
La veda publicitaria constituye una restricción real a la libertad de expresión de los
partidos políticos dado que, establece límites temporales a la campaña propagandística que éstos
libran previo a la elección. La Sala Constitucional con respecto a la veda publicitaria durante la
campaña electoral, sostuvo en el voto 97-1750 que ésta no posee vicios de inconstitucionalidad,
por cuanto la libertad de expresión es irrestricta y se puede ver sometida a ciertas condiciones
en razón del interés público.
En primer lugar tenemos el período general denominado “tregua navideña” y precisamente
corresponde al receso de las fiestas de navidad y fin de año, desde el día 16 de diciembre hasta
el primero de enero incluyendo ambos días. 25
24 Los partidos políticos reservan la mayor cantidad de lugares presentando la mayor cantidad de solicitudes en un mismo
momento y posteriormente valoran cuáles son propicios para sus intereses y son en éstos donde realizan las actividades
proselitistas. Precisamente tanto el Código anterior como el actual, le dan esa oportunidad; la legislación anterior establecía
que las gestiones tendentes a obtener estos permisos se debían presentar en los dos meses anteriores al día de la convocatoria
a elecciones, razón por la cual era en ese tiempo en que los partidos reservaban los espacios. El artículo 80 de la legislación
anterior establecía: “Los miembros de los partidos políticos no podrán celebrar reuniones o mitines en zonas públicas, en
un mismo distrito electoral, el mismo día…Corresponderá a la oficina o al funcionario designado por el Tribunal Supremo
de Elecciones conceder los permisos para reuniones. Los otorgará en estricta rotación de partidos y en el orden en que los
solicitan. Para ello, fijará la sucesión en que los partidos podrán reunirse en una localidad.
La solicitud de permiso deberá presentarse por escrito, dentro de los dos meses anteriores a la convocatoria a elecciones…”
Por otra parte y aplicando la misma regla de ocupación de lugares públicos, las reglas actuales establecen que las agrupaciones
políticas podrán presentar sus solicitudes desde un mes antes de la convocatoria o bien después de ésta, siempre que se
realice con al menos ocho días de anticipación a la fecha del evento. El inciso b) del artículo 137 actual dispone: “…b)
Corresponderá a la oficina o a la persona funcionaria designada por el TSE conceder los permisos para reuniones; otorgará
los permisos en estricta rotación de partidos inscritos y en el orden en que los solicitan. Para ello, fijará la sucesión en que
los partidos podrán reunirse en una localidad.”; en igual sentido el artículo 4 del Reglamento para Autorizar Actividades de
los Partidos Políticos en Sitios Públicos, Decreto Nº 19-2009 indica: “Las solicitudes de permiso podrán ser presentadas ante
el encargado del correspondiente programa electoral desde un mes antes a la fecha de la convocatoria a la elección que
corresponda…”
25 En la discusión sostenida en la Comisión de Reformas Electorales se dijo sobre el tema que la tregua navideña resulta
justificada en el hecho de que ese es un período de reflexión y descanso que no debe ser afectado por aspectos ajenos a esas
fiestas propias de una campaña electoral.
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La propaganda electoral
en el Código Electoral
Asimismo se establece una restricción para los días previos a una elección; en el caso
particular de las actividades en sitios públicos, éste corresponde a los seis días inmediatos
anteriores y el propio día de la elección. 26
3. Encuestas y sondeos de opinión artículos 138 y 140
La regulación sobre la divulgación de encuestas y sondeos de opinión de carácter
político-electoral durante la época electoral, es relativamente nueva en la legislación electoral
dado que, a partir del año 1996, mediante Ley número 7653 del 28 de noviembre de 1996 se
adicionó el artículo 85 ter al Código Electoral 27 .
Esas regulaciones, que se vieron complementadas con otros aspectos, quedaron
contenidas en los artículos 138 y 140 del actual Código Electoral, establecen el marco normativo
al que debe ajustarse la empresa interesada en difundir este tipo de sondeos en época electoral.
Así, “los institutos, las universidades, cualquier ente público o privado y las empresas” que
pretendan elaborar encuestas y sondeos de opinión, deberán inscribirse previamente ante la
Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. Ello implica
que las que no cumplan con este trámite no estarán autorizadas para esta labor, y se podrían
exponer a las sanciones previstas en el artículo 289 del Código Electoral, sin perjuicio de la
sanción a que se expone al director o encargado del medio de comunicación que la publique
–artículo 286, inciso b) del Código Electoral-.
En la solicitud de inscripción que deberá realizarse dentro de los quince días posteriores
a la convocatoria, aparte de indicarse el nombre de los profesionales responsables de los
estudios, deberá cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 3 del “Reglamento sobre
26 El cambio es significativo dado que, anteriormente conforme el inciso g) del artículo 85 ese lapso consistía en los dos días
inmediatos anteriores al día de la elección y el propio día, lo que atorgaba al elector un plazo menor de reflexión previo a la
toma de la decisión electiva.
27 Artículo 85 ter del Código Electoral “Para llevar a cabo su actividad en el período electoral, las empresas dedicadas a elaborar
encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral, deberán registrarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones
dentro de los quince días posteriores a la convocatoria de elecciones, con la indicación del nombre, las calidades del
responsable y de los miembros de la empresa, así como otros datos que respalden su idoneidad para llevar a cabo esta labor,
lo cual será reglamentado por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Prohíbese la difusión o publicación, parcial o total, por cualquier medio, de sondeos de opinión pública o encuestas relativas
a procesos eleccionarios, durante los dos días inmediatos anteriores al de las elecciones y el propio día.
Cuando la violación sea cometida por los partidos políticos, se les sancionará, con una disminución del cinco por ciento (5%)
del aporte estatal que les corresponda luego de la liquidación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, lo anterior
sin perjuicio de lo previsto en el inciso c) del artículo 151 de este Código.
El Tribunal Supremo de Elecciones trasladará al Ministerio Público el expediente, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a que ocurra la violación”.
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Gerardo Felipe Abarca Guzmán
la inscripción para la realización de encuestas y sondeos de opinión de carácter políticoelectoral”
28 . En caso de que la solicitud no cumpla con alguno de los requisitos exigidos, se
prevendrá al representante que subsane el o los defectos en un plazo de tres días, y si no lo
hiciere se rechazará su inscripción. Igual consecuencia se presentará con aquellas solicitudes
que se presenten fuera del plazo legalmente establecido.
Como aspecto novedoso, el Tribunal Supremo de Elecciones está en la obligación de
publicar en un medio de comunicación escrito y de circulación nacional, la lista de las empresas
que se encuentran autorizadas e inscritas para realizar los estudios de opinión. Dicha diligencia
deberá verificarse una vez vencido el plazo para presentar solicitudes y resueltas las gestiones
que se hubieren presentado.
Conforme a estas disposiciones legales, se autoriza la realización de encuestas y la libre
difusión de sus resultados, en forma total o parcial, por cualquier medio, en cualquier momento,
con dos únicas limitaciones: a) está prohibido la difusión total o parcial de los estudios elaboradas
por empresas no inscritas ante el Tribunal, conforme se analizó anteriormente y b) está prohibido
divulgar sus estudios en los tres días inmediatos al de las elecciones y el propio día de éstas.
Otro aspecto que se incorpora en la legislación es la obligación que tienen las empresas
de guardar los documentos que respaldan los estudios; obligación que se extiende desde el día
de publicación de la encuesta hasta la declaratoria de elecciones de diputados. Cabe indicar
que esta documentación que mantiene en custodia la empresa, no es de libre acceso, en virtud
28 “Artículo 3.
La solicitud de registro deberá presentarse en forma escrita, durante el período referido en la ley y en este reglamento, ante
la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. La misma deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Ser suscrita por el representante legal de la persona jurídica interesada. Si la solicitud no es presentada por dicho
representante en forma personal, la firma de éste deberá venir debidamente autenticada.
b) Adjuntar una certificación de personería jurídica.
c) Consignar el nombre de los profesionales e investigadores responsables de los estudios político-electorales, indicando las
calidades de éstos así como su hoja de vida.
d) Aportar todos los documentos necesarios que evidencien la experiencia del interesado en la elaboración de encuestas y
sondeos de opinión.
e) Aportar un tarifario completo de los servicios, indicando los posibles descuentos y tarifas especiales.
f) La solicitud deberá acompañarse de una carta de compromiso suscrita por el representante legal de la persona jurídica,
debidamente autenticada, en la que se compromete a garantizar la igualdad de condiciones y de trato a todos los partidos
políticos que participen en la justa electoral.
g) Aportar una certificación extendida por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, en la cual se acredite que la
empresa se encuentra debidamente registrada y los profesionales a cargo incorporados al mismo, de conformidad con lo que
establecen los artículos 17, 19 y 21 de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas y Sociales.
h) Señalar fax o correo electrónico como medio para recibir notificaciones.”
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La propaganda electoral
en el Código Electoral
de que solo ante denuncia formal y previo requerimiento del Registro Electoral, la empresa
remitirá los documentos originales o fotocopia certificada por un notario público.
En el siguiente cuadro se resumen las diferencias que se presentan entre la norma
derogada y la nueva regulación.
Cuadro No. 3
Tema
Publicación de la lista de
empresas inscritas
Norma derogada
Artículo 85 ter
No se establecía
Norma actual
Artículos 138 y140
El TSE publicará en medio de
comunicación escrita la lista de
empresas acreditas para realizar
encuestas y sondeos de opinión
Profesionales responsables No se establecía En la solicitud debe indicarse
quiénes son los profesionales
responsables.
Fecha límite para difundirla Dos días antes de las elecciones Tres días antes de las elecciones
Obligación de custodiar
documentación
No se establecía
Debe guardarse la documentación
que respalda la encuesta desde su
publicación hasta la declaratoria de
diputados.
4. Reglas para las empresas dedicadas a difundir propaganda
electoral artículo 139
En el artículo 139 del Código Electoral, se establece el marco normativo al que debe
ajustarse toda aquella empresa interesada en difundir propaganda electoral. Es decir, solo
aquellas empresas debidamente inscritas ante este Tribunal “estarán autorizadas para prestar
servicios de propaganda electoral”. En su solicitud de inscripción, el representante de la empresa
indicará las tarifas del servicio, la razón social, las calidades del gestionante y de la empresa y
aportará un lugar para recibir notificaciones.
Como principio fundamental, las empresas inscritas garantizarán igualdad de trato y
condiciones para todos los partidos políticos que intervengan en la contienda electoral.
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Como aspecto importante, debe indicarse que la norma no establece a partir de qué
momento deben inscribirse dichas empresas; sin embargo, es lo cierto que previo a difundir
cualquier tipo de propaganda debe encontrarse inscrita, caso contrario dicho gasto no será
reconocido con el aporte estatal.
Del análisis de la disposición derogada –artículo 85- y de la actual –artículo 139- no
se aprecian cambios importantes sobre las regulaciones concernientes al registro de empresas
interesadas en difundir propaganda. Tal vez uno de los pocos cambios, es el relativo al rechazo
de plano de la solicitud que existía para la empresa que en su gestión inicial consignara tarifas
superiores al promedio de las cobradas durante los doce meses anteriores a la convocatoria a
elecciones, para los servicios comerciales corrientes por empresa gestionante.
5. Actividades políticas en lugares cerrados artículo 141
Pocos cambios o novedades se pueden advertir del tema particular. En efecto, el artículo
141 electoral reproduce en buena medida las regulaciones anteriores contenidas en el numeral
82. Del análisis de la normativa se pueden extraer algunos aspectos que vale la pena resaltar.
Concepto de club político. Si bien la norma, ajustada a una buena técnica legislativa,
no define qué es un club político, conviene en este momento realizar ese ejercicio aunque sea
en aproximación.
El club político viene a ser un lugar o local cerrado dedicado por los partidos políticos
para que sus miembros o seguidores se reúnan, o bien lleven a cabo cualquier tipo de actividad
relacionada con los objetivos de carácter político-electorales propios de su agrupación. Ahora
bien, conforme lo anterior, cabe apuntar que no existiría restricción alguna en cuanto al número
de locales que una agrupación política puede tener abiertos, sino más bien, el número de éstos
estaría sujeto a los objetivos que el partido políticos se plantea y a las necesidades de espació
físico que el cumplimiento de ellos demanden.
Autoridad competente. En el Código anterior se disponía que la autoridad competente
para otorgar la autorización de funcionamiento de un club político lo era la gobernación de
cada provincia, cuando se trataba del cantón central de la respectiva jurisdicción -cabecera de
provincia-, o bien las delegaciones cantonales de la Autoridad de Policía en los otros casos.
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La propaganda electoral
en el Código Electoral
Tal regulación se vio afectada cuando se derogaron las Ordenanzas Municipales que
daban sustento normativo a las gobernaciones de provincia, las cuales dejaron de existir; no
obstante ese potencial vacío fue cubierto por la jurisprudencia electoral.
Precisamente el Tribunal Supremo de Elecciones respecto de ese tema dispuso:
“El someter la apertura de un local partidario al requisito de una autorización
administrativa, no sólo permite asegurar el cumplimiento de la restricción relativa
a la distancia mínima que debe separarlo de otro de la misma naturaleza, sino
también llevar un control que posibilite desarrollar eficazmente medidas -de
corte preventivo o represivo- en resguardo del orden público.
De ahí que el legislador haya razonablemente confiado el ejercicio de esa
potestad autorizatoria a las delegaciones cantonales de la autoridad de policía,
por ser la atribución fundamental de todo cuerpo policiaco nacional velar por el
mantenimiento del orden público (ver artículo 8.d de la Ley General de Policía,
n° 7410 del 26 de mayo de 1994). La disposición del Código Electoral arriba
transcrita establecía, como excepción a dicha regla, el caso de los cantones
cabecera de provincia, en donde era la Gobernación el órgano competente para
dar la correspondiente autorización; siendo, en todo caso, dichas Gobernaciones
también órganos del Poder Ejecutivo que compartían esa potestad de actuar en
pro “... de la tranquilidad, del buen orden y de la seguridad de las personas,
bienes y derechos de los ciudadanos y habitantes ...” dentro de su jurisdicción
provincial (art. 50 de las Ordenanzas Municipales, ley n° 20 del 24 de julio de
1867, ya derogada), estando en ella a su disposición la Guardia de Asistencia
Rural (art. 5° de la Ley Orgánica de la Guardia de Asistencia Rural, n° 4639 del
15 de setiembre de 1970, también derogada).
Adicionalmente nótese que, en lo que se refiere a los clubes políticos, no resulta
necesario contar con licencia municipal, puesto que dicha autorización sólo se
exige para el caso de la apertura de establecimientos dedicados a actividades
lucrativas, tal y como lo establecía el viejo Código Municipal (art. 98) y lo
hace el vigente (art. 79); de suerte tal que, en nuestro ordenamiento jurídico, el
funcionamiento de tales clubes siempre ha quedado librado a una autorización
de autoridades de la administración nacional, no de la local.
Ahora bien, el artículo 174 del Código Municipal en vigor dispuso derogar
las ya citadas Ordenanzas Municipales, lo que se tradujo en la supresión de
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las gobernaciones provinciales del ordenamiento costarricense (así ha sido
reconocido por la Procuraduría General de la República, en su dictamen n°
C-097-98 del 27 de mayo de 1998).
Se colige de lo anterior que, en el contexto del artículo 82 del Código Electoral,
ha desaparecido la excepción a la regla, de modo tal que son las delegaciones
policiales cantonales las competentes para autorizar la apertura de locales
partidarios, aún en las cabeceras provinciales.
Es menester aclarar que en algunos cantones josefinos, incluyendo el central de
la provincia, no existe delegación cantonal; situación que obliga a entender que
los partidos interesados en el establecimiento de locales o clubes en tales sitios,
deberán dirigirse al Director General de la Fuerza Pública, que es el jerarca de
la misma, a fin de que éste -en la condición señalada- traslade la solicitud a la
oficina territorialmente competente.” 29
Actualmente se mantiene el criterio antes reseñado, y le corresponde al Delegado de la
Fuerza Pública de cada cantón, la competencia exclusiva de autorizar el funcionamiento de un
club político; decisión que puede ser revisada por el Tribunal Supremo de Elecciones fungiendo
como órgano superior de la administración electoral y en razón de recurso planteado por parte
interesada, conforme lo tutela el numeral 240 del Código Electoral. 30
Aspectos formales y de funcionamiento. A partir del análisis realizado de la normativa
relativa al tema, conviene puntualizar algunos aspectos.
• La inscripción de un club político es obligatoria.
29 Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución número 700-E-200 de las 11:00 horas del 22 de abril del 2000.
30 El artículo 141 establece en lo conducente: “…la autorización de locales para uso de los partidos políticos será obligatoria y
deberá solicitarse por escrito ante la delegación cantonal de policía, cuya resolución será apelable ante el TSE.”
Artículo 240: “…Cabrá el recurso de apelación electoral contra los actos que, en materia electoral, dicten:
a) El Registro Electoral.
b) Las juntas electorales.
c) El funcionario(a) encargado(a) de autorizar las actividades en lugares públicos.
d) Las delegaciones cantonales de policía.
e) Cualquier otro funcionario o dependencia del Tribunal, con potestades decisorias en la materia, o cualquier persona que
colabore en una u otra forma en el ejercicio de la función electoral.”
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La propaganda electoral
en el Código Electoral
• No podrá ubicarse en un lugar cuyas instalaciones físicas no se encuentren aptas
para ser usadas de forma adecuada; o bien que su uso pueda implicar un peligro
inminente para las personas que lo puedan ocupar. 31
• Dentro de los clubes o locales debidamente inscritos, se podrán efectuar reuniones
en cualquier momento, no obstante durante su celebración no se podrá difundir
mediante cualquier medio, propaganda o discursos fuera del local.
• No podrá ser inscrito a menos de cien metros de distancia de otro ya inscrito,
midiendo esa distancia por el centro de la vía pública, tomando como referencia
los puntos correspondientes al centro de la puerta principal del club. Si hubiere
entre ambos clubes un lugar público abierto (plaza, parque, etc.) la medida
deberá hacerse en línea recta atravesando dicho espacio. 32
• En los dos meses previos al día de la elección, solo los partidos políticos que
tengan candidaturas inscritas podrán gestionar el permiso respectivo para operar
un club político.
• El día en que una agrupación política celebre una plaza pública o una reunión o
desfile debidamente autorizada por las autoridades respectivas, los clubes de los
demás partidos que se ubiquen en las proximidades del evento, permanecerán
cerrados durante las veinticuatro horas de ese día. 33
6. Publicidad de la gestión gubernamental artículo 142
En atención del principio constitucional de imparcialidad política de las autoridades
gubernativas -artículo 95, inciso 3)- en los procesos electorales, el Código Electoral se ha
encargado, desde el año 1996, de establecer ciertos límites a la propaganda comercial que
difunde el Poder Ejecutivo y sus instituciones durante la campaña electoral 34 . La actual legislación
31 Así se dispuso en el aparte 3.3. de las Regulaciones sobre clubes políticos, Decreto Nº 09-2005 del 10 de junio de 2005,
publicado en La Gaceta Nº118 de 20 de junio de 2005, citando el Acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo de Elecciones
en Sesión Ordinaria número 3400 del 21 de setiembre de 1965, artículo 13.
32 Así establecido en el aparte 4.2 de las Regulaciones sobre clubes políticos, Decreto Nº 09-2005 del 10 de junio de 2005,
publicado en La Gaceta Nº118 de 20 de junio de 2005.
33 Inciso f) del artículo 137 del Código Electoral.
34 Artículo 85, inciso j) del Código Electoral derogado establecía “A partir del día siguiente a la convocatoria y hasta el propio
día de las elecciones el Poder Ejecutivo, la administración descentralizada y las empresas del Estado, no podrán publicar
difusiones relativas a la gestión propia de su giro, salvo las de carácter eminentemente técnico que resulten indispensables y
contengan información impostergable en razón de las circunstancias, por estar relacionadas con servicios públicos esenciales.
Las publicaciones contrarias a lo dispuesto aquí harán incurrir a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia”.
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ofrece algunos cambios respecto de la norma derogada; sin embargo sus principales conceptos
y elementos se mantienen en el artículo 142 del Código Electoral.
La Sala Constitucional en la citada resolución número 1750-97 del 21 de marzo de 1997,
analizó la constitucionalidad de dicha limitación al Poder Ejecutivo de la siguiente manera:
“Este inciso contiene una serie de prohibiciones y limitaciones plausibles a la
publicidad o propaganda del Poder Ejecutivo y del resto de las instituciones
públicas, que nada tienen que ver con los presentes autos y que, en todo caso, al
estar establecidas directamente por la ley y dirigirse al interior de la Administración
Pública, no pueden tener roces con el Derecho de la Constitución; amén de que
más bien favorecen el libre desenvolvimiento del proceso electoral, previniendo
una de las formas de intervención de los gobernantes para distorsionarlo.” (el
resaltado no es del original).
La jurisprudencia electoral también se ha referido a esta prohibición estableciendo que
como su finalidad primordial la de:
“evitar que el Gobierno y las instituciones públicas difundan sus logros de tal
modo que se evite un favorecimiento a las candidaturas del partido político
que se encuentra en el Gobierno o perjudicar a las candidaturas de otras
organizaciones político-partidarias que participan de esa contienda electoral.” 35 .
La prohibición prevista en el artículo 142 del Código Electoral, impide al Poder Ejecutivo
(integrado por la Presidencia de la República, los Ministerios, el Concejo de Gobierno), a la
administración descentralizada (municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas)
y a las empresas del Estado (CNFL y Luz, Recope, Corbana, etc.) “difundir, mediante cualquier
medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada, a partir del
día siguiente de la convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones.”.
De la citada prohibición se deducen varios aspectos que conviene repasar:
35 Tribunal Supremo de Elecciones, resolución número 2694-E-2006 de las 10:00 horas 4 de setiembre del 2006.
248
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La propaganda electoral
en el Código Electoral
Vigencia: En lo que se refiere a su vigencia, esta prohibición es temporal, pues va desde
el día siguiente de la convocatoria a elecciones nacionales hasta el propio día de la elección,
lo que implica que de no designarse al Presidente de la República en una primera ronda, y ser
necesario acudir a una segunda ronda electoral para designarlo, su vigencia se prolonga hasta
esa segunda ronda pues, en criterio del Tribunal Supremo de Elecciones, no se ha producido
elección 36 .
Obra pública realizada: El concepto de “obra pública realizada” es nuevo en el Código
Electoral, dado que anteriormente la fórmula utilizada por el legislador para regular la prohibición
era “gestión propia de su giro”. Sin embargo, éste parece ser un cambio semántico más que de
fondo, en razón de que ambos conceptos hacen referencia al quehacer u obra materializada
durante el ejercicio del gobierno, tal y como lo entendió la jurisprudencia electoral al analizar
la segunda de estas frases:
“Bajo ese concepto, tal como lo señaló esta Magistratura Electoral, la norma
como tal impide al Gobierno de la República y a las instituciones públicas que
difundan sus logros o publiciten sus obras para no favorecer, o afectar, a ninguna
agrupación política participante en los procesos electorales” 37 .
a la:
Recientemente, la Autoridad Electoral estableció que dicho concepto también se refería
(...)
“publicidad sobre obras y proyectos del gobierno de turno –gestión pasada,
presente y futura-. Queda vedada (…) la difusión de mensajes que destaquen
la capacidad de acción de las instituciones indicadas así como mejoras,
innovaciones, virtudes o ventajas cualitativas y cuantitativas en la prestación de
los servicios que procuran. Tampoco cabe publicitar la discusión de planes o
asuntos de interés nacional que, de manera explicita o implícita, favorezcan una
visión de continuidad en la acción gubernamental.” 38 .
36 Tribunal Supremo de Elecciones, resolución número 0264-E-2002 de las 12:35 horas del 22 de febrero de 2002.
37 Tribunal Supremo de Elecciones, resolución número 3540-E-2006 de las 10:30 horas del 9 de noviembre de 2006.
38 Tribunal Supremo de Elecciones, resolución número 3005-E8-2009 de las 15:50 horas del 2 de julio de 2009.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 249

Juan Luis Rivera Sánchez
Gerardo Felipe Abarca Guzmán
Excepciones: Esta prohibición no es absoluta en el sentido de que no se permita ningún
tipo de publicidad comercial al Estado y sus instituciones, pues la misma norma excepciona
esta prohibición y permite publicar aquellas de “carácter técnico o científico que resulten
indispensables e impostergables, por referirse a aspectos relacionados con la prestación de
servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales”.
Sobre esta excepción la jurisprudencia electoral ha realizado aportes importantes que
incluso fueron recogidos en la actual legislación. Así, en la resolución 3005-E8-2009 de las
15:50 horas del 2 de julio de 2009 se estableció que:
“(…) no se subsumen dentro de la prohibición de mérito las campañas de
prevención que realizan la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de
Salud, el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense de Seguro Social o
la Dirección General de Tránsito, ni las de información que resulten necesarias
para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios institucionales.
Por su naturaleza, tampoco estaría prohibida la publicidad vinculada a la oferta
y el proceso educativo de las universidades estatales, del Instituto Nacional de
Aprendizaje y del Ministerio de Educación Pública.”.
Medios de comunicación: Otro cambio importante que se incorpora en la nueva
legislación, es que prohíbe la publicidad en “cualquier medio de comunicación”, introduciendo
un concepto más amplio que indudablemente incluye a los medios de comunicación alternativos,
sean aquellos vinculados con la internet.
Es importante considerar que dicha norma lo que prohíbe es la pauta publicitaria que
se difunda en medios de comunicación con cargo al erario público; es decir, queda excluida,
por estar vinculada a la libertad de prensa, la actividad vinculada con las noticias, entrevistas,
conferencias de prensa y otros de similar naturaleza, pues en ese tipo de actividades, es interés
del medio de comunicación su difusión. Así lo consideró recientemente el Tribunal Supremo
de Elecciones, en la resolución número 0063-E7-2010 de las 08:30 horas del 7 de enero de
2010, al analizar una serie de hechos en que se denunciaba infracción a esta prohibición por la
difusión de varias noticias periodísticas.
Sanción: Por último, la infracción de dicha prohibición no solo hace incurrir al funcionario
responsable en el delito de desobediencia –artículo 307 del Código Penal- sino que, como
250
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La propaganda electoral
en el Código Electoral
novedad que incorpora la norma, el funcionario podrá ser investigado por el delito electoral de
beligerancia política, cuya sanción es la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer
cargos públicos por un período de dos a cuatro años -artículo 146 del Código Electoral-.
Fuentes consultadas
a) Libros
• González Ballar Rafael. Apuntes de Derecho Administrativo. 2008.
• Parada, Ramón. Derecho Administrativo, T. III. 1993.
b) Documentación Electrónica
• http://plazas publicas.tse.go.cr/ppl/PPLPKGEVENTOS.PPLDESP135
c) Legislación
• Código Civil, Ley número 63 del 28 de setiembre de 1887. Decreto Ley número
0 del 19 de abril de 1886.
• Código Electoral, Ley número 1536 del 10 de diciembre de 1952 y sus reformas.
(Derogado)
• Código Electoral, Ley número 8765 del 2 de setiembre de 2009.
• Constitución Política, República de Costa Rica.
• Decreto Ejecutivo Nº 28643-S-MOPT-SP del 7 de abril del año 2000.
• Reglamento del Cuerpo Nacional de Delegados, Decreto n. ° 8-2008 de 13 de
diciembre de 2008. Publicado en La Gaceta Nº 8 de 13 de enero de 2009.
• Reglamento para autorizar actividades de los Partidos Políticos en sitios públicos,
Decreto N° 19-2009 publicado en La Gaceta Nº 211 de 30 de octubre de 2009.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 251

Juan Luis Rivera Sánchez
Gerardo Felipe Abarca Guzmán
• Reglamento para la difusión de los mensajes navideños de los candidatos a la
presidencia de la República, Decreto N° 27-2009 publicado en La Gaceta Nº
241 de 11 de diciembre de 2009.
• Regulaciones sobre clubes políticos, Decreto Nº 09-2005 del 10 de junio de
2005, publicado en La Gaceta Nº 118 de 20 de junio de 2005.
d) Jurisprudencia
• Sala Constitucional, Resolución número 234-2000 de las 12:06 horas del 7 de
enero de 2000.
• Sala Constitucional, Resolución número 1750-97 del 21 de marzo de 1997.
• Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución número 65 de las 10:00 del 31 de
enero de 1965.
• Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución número 700-E-200 de las 11:00
horas del 22 de abril de 2000.
• Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución número 0556-1-E-2001 de las
16:41 horas del 21 de febrero de 2001.
• Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución número 0264-E-2002 de las 12:35
horas del 22 de febrero de 2002.
• Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución número 2694-E-2006 de las 10:00
horas 4 de setiembre de 2006.
• Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución número 3540-E-2006 de las 10:30
horas del 9 de noviembre de 2006.
• Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución número 2752-E-2007 de las 13:35
horas del 5 de octubre de 2007.
252
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

La propaganda electoral
en el Código Electoral
• Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución número 3005-E8-2009 de las 15:50
horas del 2 de julio de 2009.
e) Otros
• Acta N° 18 de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Reformas Electorales
celebrada el Jueves 2 de noviembre de 2006.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 253

Reseña
BIBLIOGRÁFICA

“FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA DESDE LOS ÓRGANOS
ELECTORALES: Las experiencias de México y Costa Rica”,
Cuaderno de Trabajo N°.4, Fundación Konrad Adenauer, 2009,
Guatemala: Serviprensa.
http://www.kas.de/proj/home/pub/57/4/year-2009/dokument_id-16949/index.html
La formación cívico-política de los ciudadanos no formaba parte de las prioridades del accionar
de las instituciones estatales en la fase de transición a la democracia. Dos décadas más tarde,
la democracia formal instalada en la mayoría de los países de la región latinoamericana todavía
presenta rezagos importantes en la cultura política democrática vigente, reflejados en una
debilidad de la institucionalidad y en especial de los partidos políticos.
Por ello sorprende positivamente el papel que asumen cada vez más los órganos electorales
en la región ocupando un lugar de vanguardia en la formación de la ciudadanía, no sólo en
aspectos meramente electorales, sino como facilitador e impulsor de procesos de formación
y capacitación que desembocan en debates públicos necesarios y formando adherentes y
partícipes del desarrollo de la sociedad democrática desde edades muy tempranas.
Esto tendrá efectos invalorables a largo plazo, por lo que los órganos electorales están cumpliendo
–mediante programas muy diversos en Centroamérica– con una tarea fundamental de Estado:
la formación de ciudadanos activos, informados, partícipes de los procesos políticos y sociales.
Esto marca en cierta manera un cambio de paradigma del entendimiento de las funciones y
atribuciones de los órganos electorales en la región, enfocándose en el desarrollo democrático
de las sociedades como foco principal de su accionar.
Fue en este contexto que la Fundación Konrad Adenauer (KAS), junto con el Instituto Nacional
Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala,
organizaron el 13 y 14 de noviembre de 2008 el seminario internacional “La Formación Cívico
Política desde los Órganos Electorales”. Objetivo general del mismo fue identificar experiencias
exitosas de educación cívica impulsadas por algunos organismos electorales de América Latina,
que sirvieran para alimentar el proceso de definición estratégica que el TSE está desarrollando
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 257

en orden a crear órganos, estrategias y acciones en materia de educación cívica como función
permanente de su vida institucional.
Las experiencias seleccionadas en esta oportunidad para su estudio y análisis fueron las de
México y Costa Rica, en razón del avance obtenido por sus respectivos organismos electorales
en la materia indicada. Como se podrá apreciar, se trata sin lugar a dudas de experiencias
que pueden ayudar a identificar estrategias exitosas, modelos organizacionales, metodologías y
acciones concretas con el fin de enriquecer la visión y definiciones del TSE de Guatemala en su
cometido de crear un instituto de formación cívico electoral.
El contenido del presente Cuaderno de Trabajo se estructura a partir de las contribuciones que
resumen cada una de las experiencias presentadas en el citado taller. Se organiza en tres partes:
• La experiencia mexicana, sistematizada por Sandra García, que resume la visión
y evaluación que el IFE ha tenido en materia de educación cívica, así como
las estrategias e instrumentos que ha utilizado para hacer exitoso su esfuerzo.
• La experiencia costarricense, documentada con dos contribuciones. En
la primera la magistrada Zetty María Bou Valverde expone la visión y
alcances de la función educativa del TSE; en la segunda Ana Hazel Villar
Barrientos se refiere más bien a los mecanismos operativos y programas
que ejecuta regularmente la máxima autoridad electoral de Costa Rica.
• Finalmente, se presenta un análisis político conceptual elaborado por
Eduardo Núñez. En el mismo se relaciona la educación cívica con las
funciones clásicas de los organismos electorales y se repasa la importancia
que para la democracia tiene que éstos asuman con propiedad tal tarea.
258
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

Revista Mundo Electoral (2009), Año 2, Número 6, Setiembre 2009,
Panamá: Editora Sibauste S.A. www.tribunal-electoral.gob.pa
La Revista Mundo Electoral N°.6, publicación del Tribunal Electoral panameño, contiene
interesantes artículos de expertos de varios países. La publicación abre con los artículos de
Juan Ignacio García, “Una Reforma Constitucional: Hito histórico electoral” y de Carlos Alberto
Urruty Navarra, “El plebiscito y el referéndum en la Constitución Uruguaya”.
Respecto a la régimen electoral panameño se publican aportes de Eduardo Valdés Escoffery,
“Institucionalización del Proceso de Reforma Electoral”, Lourdes González Mendoza, “Reformas
Electorales 2006”, Rosalba M. Chin, “Fiscalía General Electoral: un camino recorrido y una senda
por recorrer”, Jorge Bravo, “La transmisión extraoficial de resultados electorales en Panamá: TE
impone nuevo récord”, Gerardo Solís, “Análisis sobre la doble ciudadanía en el caso de Bosco
Vallarino y su debido proceso”, mientras en la sección Pluma Invitada, José Octavio Bordón
reflexiona sobre “Panamá: una elección con futuro”.
Además, algunos trabajos aportan una perspectiva comparada, tales como el de Elena Perea
Díaz, “La Reelección Presidencial en América Latina”, Manuel Carrillo Poblano, “El Proceso
Democratizador en América Latina: El Caso de las Asociaciones entre Organismos Electorales”,
además de los trabajos de Hugo Sivina Hurtado, “El Sistema Electoral Peruano”, Andrés Sosa, “El
sistema electoral de Irán y las pasadas elecciones presidenciales” y Krystian Complak, “Derecho
Electoral Polaco”.
También en este número se encuentra el discurso del Magistrado Erasmo Pinilla en el acto
de Proclamación del Presidente Electo Ricardo Martinelli Berrocal. La Revista contiene otras
secciones habituales como “Eventos”, “Electo tips”, “¿Quién es quién en el mundo electoral?”
y “Calendario Electoral”.
Hugo Picado León
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 259

ANEXOS

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
1 7 3 1946 Código Electoral En el gobierno de don Teodoro Picado, el 7 marzo Libro de Ross
de 1946, con la Ley número quinientos (500) se creó
el primer “Código Electoral”, que es la base de la
pureza de nuestro sufragio universal. El 13 de junio
de 1946 se adiciona al Código Electoral, dictándose
un segundo artículo transitorio que estableció:
“En Junio de 1947 se procederá a integrar, por el
procedimiento establecido en el artículo 11 (tres
propietarios y tres suplentes), el Primer Tribunal
Nacional Electoral, que actuará desde esa fecha
hasta octubre de 1949”; no obstante, el Poder
Ejecutivo consideró necesario integrar el Tribunal
Nacional Electoral antes de la fecha que indicaba el
Código Electoral, pero quedó claro que sus miembros
trabajarían ad-honorem hasta la fecha que estableció
el Código para su integración. Es así como el 20
de agosto de 1946, el Presidente Teodoro Picado
integra el Tribunal Nacional Electoral, por medio del
Decreto 50, publicado en La Gaceta número 188 del
21 de agosto del mismo año. El Tribunal que trabajó
ad-honorem quedó integrado de la siguiente forma:
Propietarios: Lic. Octavio Beeche Argüello, Lic.
José María Vargas Pacheco y Lic. Gerardo Guzmán.
Suplentes: Ing. Maximiliano Koberg Bolandi, cc.
Max Koberg Bolandi,
2 7 6 1948 Nueva integración
del Tribunal
Nacional Electoral
3 14 9 1948 Cambio de
nombre
Lic. Antonio Vargas Quesada y Lic. Juan Rafael Arias
Bonilla quien renunció y lo sustituyó Ramón Picado
García.
En los meses previos a la Constituyente se
discutieron temas de gran importancia como la
nueva integración del Tribunal Nacional Electoral
(Decreto No. 47 del 4 de junio de 1948, publicado
en la Gaceta 129 del día 9 del mismo mes de la
Junta Fundadora de la Segunda República), el
Tribunal Nacional Electoral queda integrado por:
Propietarios: Lic. Gonzalo Echeverría Flores, Lic.
Juan Rafael Calzada Carboni y Lic. Carlos Orozco
Castro, presidente. Suplentes: Lic. Antonio Vargas
Quesada, Lic. Mariano Echeverría Morales y Lic.
Otón Acosta Jiménez
Se discute la conveniencia del cambio de nombre
de Tribunal Nacional Electoral por el de Tribunal
Supremo de Elecciones, el que queda aprobado
mediante Decreto No. 171 del 14 de setiembre de
1948 de la Junta Fundadora de la Segunda República.
Libros: Ross
y Obregón.
Decreto 171
de la Junta
Fundadora
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 263

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
4 8 10 1948 Elecciones a
Diputados a
la Asamblea
Nacional
Constituyente
5 4 10 1949 Elecciones para
Vicepresidentes,
Diputados a
la Asamblea
Legislativa y
Regidores y
Síndicos.
El Tribunal Supremo de Elecciones organiza la
primera elección correspondiente a Diputados para
la Asamblea Nacional Constituyente. El día de la
Purísima Concepción los ciudadanos fueron a las
urnas para elegir a los diputados que elaborarían
la nueva carta Constitucional. Se inscribieron 7
partidos políticos: Unión Nacional, Constitucional,
Social Demócrata, Confraternidad Nacional, Acción
Cívica, Movimiento Republicano Popular y Liberal.
Las elecciones se llevaron a cabo el 4 de octubre
de 1949, en las que se elige a los Vicepresidentes
de la República, los Diputados a la Asamblea
Legislativa que queda instalada el 1 de noviembre
de 1949. Se inscribieron para esas elecciones
158.210 ciudadanos, de los cuales 77.846 fueron
votos válidos.
Actas TSE
Libro de
Obregón
6 7 11 1949 Creación del TSE La creación del TSE, estuvo muy ligada a los hechos Libro de Ross
históricos que tuvieron lugar en 1948 y 1949. El
7 de noviembre de 1949, se promulga la nueva
Constitución Política. El Tribunal adquirió rango
constitucional con independencia de todos los
Poderes del Estado, asumiendo la dirección de
los asuntos electorales y también la del Registro
Civil, que pasó a ser de su exclusiva dependencia.
El Tribunal Supremo de Elecciones es el Órgano
Constitucional Superior en materia electoral y por
lo tanto responsable de la organización, dirección
y vigilancia de todos los actos relativos al sufragio,
fortalecido por varias disposiciones, entre ellas: - Las
resoluciones que dicte no tienen recurso, salvo la
acción por prevaricato, de lo que se desprende la
absoluta independencia de que goza en cuanto a
sus atribuciones. (Artículo 103 de la Constitución
Política). - Tanto a los Magistrados como al personal
de la Institución, les está prohibida toda participación
político-partidista, con excepción de emitir el voto
el día de las elecciones nacionales. (Artículo 88 del
Código Electoral).
El Tribunal Supremo de Elecciones adquirió
relevancia e importancia no solo en el ámbito
nacional, sino que ha traspasado las fronteras hasta
convertirse en un organismo de reconocimiento
internacional.
264
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
7 21 12 1949 Por mandato
Constitucional
se refunden los
Registros del
Estado Civil y
Electoral
8 21 4 1950 Ley Orgánica del
Registro Civil
En el acta 170 del 9 de diciembre de 1949, el
Tribunal Supremo de Elecciones acuerda refundir los
Registros del Estado Civil y Electoral en el organismo
que se denominó Registro Civil, esto de acuerdo
con el transitorio del artículo 104 de la Constitución
Política. En el acta queda establecida la estructura
organizativa del Registro Civil, así como los nombres
de sus funcionarios.
En el Acta No. 223 del 21 de abril de 1950, el
Tribunal Supremo de Elecciones estudia el plan de
trabajo para iniciar la redacción de la Ley Orgánica
del Registro Civil y su respectivo Reglamento, la
que llega a convertirse en la Ley No. 1535 de la
República, publicada en La Gaceta No. 10 del 14 de
enero de 1953.
9 30 7 1950 Voto femenino El 30 de julio de 1950 las mujeres costarricenses, por
primera vez, tuvieron acceso al sufragio, durante un
plebiscito organizado para determinar si los caseríos
de La Tigra y La Fortuna seguirían formando parte del
cantón de San Ramón, o si pasaban a pertenecer al
de San Carlos. Dos campesinas, Bernarda Vásquez
Méndez, por la Tigra, y Amelia Alfaro Rojas, por
La Fortuna, fueron las primeras en emitir el voto.
Desde entonces cada 30 de julio en la comunidad
de La Tigra se realiza un acto conmemorativo en el
monumento ubicado frente a la escuela del lugar,
celebrando así un año más del voto femenino en
Costa Rica.
10 8 5 1951 Primer
nombramiento de
Magistrados del
TSE, por parte de
la Corte Suprema
de Justicia
11 3 12 1952 Segundo Código
Electoral
El 8 de mayo de 1951, la Corte Suprema de Justicia
procede a nombrar a los primeros Magistrados del
Tribunal Supremo de Elecciones, siendo escogidos
personas que ya habían fungido como encargados
del órgano electoral. La integración quedó de
la siguiente manera: Lic. Carlos Orozco Castro,
Presidente, Lic. Juan Rafael Calzada Carboni,
Secretario y Lic. Gonzalo Echeverría Flores, Vocal.
El Tribunal en junio de 1952 envía a la Asamblea
Legislativa el proyecto de ley del nuevo Código
Electoral. El 3 de diciembre de 1952, la Asamblea
lo aprueba, convirtiéndose de esta manera en
el segundo del país después de el de 1946 y se
mantienen vigente desde esa fecha. El Código
Electoral tiene 10 capítulos, en el que se establecen
las características del sistema electoral costarricense.
Actas TSE
Libro de
Actas No.5,
folio 153
Libro de Ross
y libro de
Obregón.
Libro de Ross
Pág. 65 libro
de Ross
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 265

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
12 15 1 1953 Convocatoria
a Elecciones
Generales.
13 6 4 1953 Primera División
Territorial Electoral
14 5 6 1953 Cuerpo Nacional
de Delegados
15 26 7 1953 Periodo de espera
para la reelección
presidencial
Se realiza convocatoria para Presidente, 2 Actas TSE
Vicepresidentes, 45 Diputados propietarios, 13
suplentes, Regidores propietarios y suplentes en
cada cantón, un Síndico propietario y un suplente
en cada uno de los distritos de cada cantón. Las
elecciones se realizaron el domingo 26 de julio de
1953.
Fue elaborada por el Oficial Mayor del Tribunal,
señor Guillermo Loría, con colaboración del señor
Vidal Castro Mena y de los fiscales de los partidos
Liberación Nacional y Demócrata.
A pesar que el Cuerpo de Delegados nació al lado del
antiguo Tribunal Nacional Electoral (Acta 51 del 27
de octubre de 1947, art. 2), es hasta 1953 que aparece
con respaldo constitucional, figura que se fortalece
y se dicta su Reglamento. En 1966, el Cuerpo de
Delegados se amplió a un Jefe Nacional, un delegado
en cada una de las siete provincias y un jefe de área
metropolitana con varios delegados a su cargo.
Con base en la ley 1549, Tribunal realiza, junto
con las elecciones Presidenciales de 1953, un
plebiscito Nacional para la Reforma al art. 132 de
la Constitución Política en el sentido de reducir de
8 a 4 años el tiempo de espera para ser de nuevo
candidato presidencial. Los ciudadanos tal y como
muestra el cuadro de resultados del escrutinio
realizado, aprobaron la reforma, la que se encuentra
en vigencia en la actualidad.
16 2 2 1958 Padrón Fotográfico Desde el año 1952 se incluía a la cuenta cedular
una fotografía de la persona a la que ésta
correspondía, el objetivo era crear un control
ya que el empadronamiento y la entrega de
cédulas la realizaban los partidos políticos.
La Comisión Legislativa Electoral de 1956 propone
enviar a las Juntas Receptoras de Votos, la fotografía
de los electores inscritos, con el objetivo de que
confrontaran con los ciudadanos que ejercieran su
derecho al voto. Fue en las elecciones de febrero
de 1958 que se utiliza por primera vez el padrón
fotográfico en las Juntas Receptoras de Votos.
Art. 2 del
Acta 668,
folio 454.
Libro de
Actas No. 1
folio 91-91 y
libro de Ross
pág. 110)
Acta 850
del 19 de
octubre de
1953
266
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
17 24 10 1956 Cambia la
numeración de
la cédula de
identidad
18 15 3 1961 Distritos
electorales y Juntas
Receptoras de
Votos (Reglamento
y criterio del TSE
para su creación)
El TSE toma el acuerdo de uniformar el número
de la cédula con el del asiento de nacimiento de
cada ciudadano, debido a que el sistema utilizado
anteriormente (número consecutivo correspondiente
a la emisión de la cédula) causaba la emisión de
cédulas de identidad con diferente número para
una misma persona. Es por ello que el Tribunal
acuerda:“El número de la cédula de identidad
de cada persona se formará en la misma línea,
separados por guiones los números del Partido, del
tomo y del asiento en donde estuviera inscrito el
nacimiento. Cuando el número del asiento dicho
conste de más de cuatro cifras, se indicarán las cuatro
últimas. Los números de partidos serán: 1 San José,
2 Alajuela, 3 Cartago, 4 Heredia, 5 Guanacaste, 6
Puntarenas, 7 Limón, 8 Naturalizados y 9 Partido
Especial de Nacimientos (que es al que se refiere a
la inscripción de nacimientos mayores de 10 años)”.
En cuanto al partido número 8 es preciso señalar
que el 8 de setiembre de 1950, en el Acta No.
282, artículo 2 inciso b), el Tribunal Supremo de
Elecciones, aprueba la apertura del primer tomo
de actas de naturalizaciones y opciones, esto por
solicitud el entonces Director del Registro Civil.
Este acuerdo dice: “...se ponga encabezamiento
al libro que acompaña, destinado a ser el tomo
primero de actas de naturalizaciones y opciones, el
cual libro obliga a llevarlo la Ley de Extranjería y
Naturalización vigente...”.
Con el objetivo de establecer las reglas para la
creación de distritos electorales, el TSE dicta el
Reglamento respectivo, fijando simultáneamente la
apertura de Juntas Receptoras de votos en dichos
distritos.
Acta 1358
art. 4 folio
124
Acta 2325,
folios 459 y
460
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 267

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
19 4 5 1961 Interpretación
del programa
ideológico del
Partido Socialista
Costarricense
Como consecuencia de la prohibición establecida en
el párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución
Política de 1949, el TSE realiza una interpretación
sobre el programa ideológico del Partido Socialista
Costarricense, a petición de la Asamblea Legislativa,
informe que concluye que la ideología del partido
es comunista, por lo que de acuerdo con el
artículo 98 está prohibido su funcionamiento.
Este artículo expresaba literalmente: “Art. 98:
Todos los ciudadanos tienen derecho de agruparse
en partidos para intervenir en la política nacional.
Sin embargo, se prohíbe la formación o el
funcionamiento de partidos que por sus programas
ideológicos, medios de acción o vinculaciones
internacionales, tiendan a destruir los fundamentos
de la organización democrática de Costa Rica, o que
atenten contra la soberanía del país, todo a juicio
de la Asamblea Legislativa, por votación no menor
de las dos terceras partes de sus miembros y previo
informe del Tribunal Supremo de Elecciones”.
20 12 3 1962 Votos en blanco El TSE interpreta que los votos en blanco no pueden
ser tomados en cuenta para establecer el cociente y
subcociente, ya que no expresan cual fue la voluntad
del sufragante.
21 14 9 1962 Depuración del
padrón electoral
y vigencia de
la cédula de
identidad
22 10 5 1965 Ley Orgánica del
Registro Civil
Con el objetivo de mantener una depuración
constante de las listas de electores respecto de las
inscripciones de fallecimientos que no se daban, ya
sea porque no llegaba el certificado de defunción
o porque ocurrían en el extranjero, el TSE envía a
la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para
reformar los artículos 65 y 67 de la Ley Orgánica del
Registro Civil. Específicamente el art. 67 estableció
un terrmino de validez de diez años a la cédula de
identidad. Dicho proyecto de ley se aprueba el 10
de diciembre de 1952 y sale publicada en la Gaceta
No. 10 del 14 de enero de 1953. Hasta la fecha
la cédula de identidad caduca a los diez años de
emitida, con lo que se excluye al ciudadano del
padrón electoral, el que se depura diariamente,
siendo este una de las garantías de pureza del
sistema electoral costarricense.
El 26 de mayo de 1965, sale publicada en La Gaceta
número 117, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Elecciones y Registro Civil, ley que deroga la Ley
Orgánica del Registro Civil y unifica la descripción
de funciones y labores de ambos.
Acta 2357
Art. 8, folio
32-33
Acta 2577
Art. 9 folio
298
Acta 2695
Art. 6, folios
54-55
268
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
23 9 7 1968 Reforma al Código
Electoral
24 15 7 1969 Reelección
presidencial,
reforma a la
Constitución
política
25 17 5 1971 Varía la mayoría
de edad para
obtener los
derechos y
deberes políticos
26 7 1974 Eliminación de la
exclución política
y electoral por
razones idelógicas
La Asamblea Legislativa envía en forma parcial la
consulta de reforma de varios artículos del Código
Electoral, iniciativa del diputado Edwin Muñoz
Mora. El TSE expone su criterio a la Asamblea, no
obstante la Comisión de Asuntos Jurídicos publica
en el Alcance 31 de La Gaceta No. 194 del 29
agosto de 1967, el dictamen afirmativo a dicha
propuesta, sin que el TSE pudiera expresar su opinión
respecto a varios de los artículos que componen
dicho dictamen. Ante esta situación el TSE no solo
procede a exponer tal situación a la Asamblea, sino
que somete a su conocimiento un proyecto de ley
totalmente distinto al dictaminado con anterioridad,
el cual fue aceptado y aprobado el 3 de julio de
1969 y publicado en La Gaceta número 129 del 8
de julio de ese mismo año. (Ley 4343). Este hecho
es de suma importancia ya que deja en evidencia
el respeto que le deben los otros Poderes, a las
funciones que por Constitución le fueron asignadas
al Tribunal.
Por Ley 4349 se reforma el inciso 1) del artículo
132 de la Constitución Política eliminando la
reelección de los ciudadanos que hubieren ejercido
la Presidencia y a los Vicepresidentes o a quién
lo sustituya durante la mayor parte de un periodo
constitucional.
Por ley 4763 del 17 de mayo de 1971, se reforma
el artículo 90 de la Constitución Política, variando
la adquisición de la ciudadanía de los 21 a los 18
años.
La reforma fortaleció, sin consecuencias negativas,
el sistema democrático nacional, al acabar con las
exclusiones electorales por razones ideológicas y
políticas.
Acta 4022
Art. 15, folios
37 al 46
Ley 4349
Ley 4763
Pag. 95 Ross.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 269

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
27 1 1 1977 TSE adquiere
el primer
computador.
B1400
28 22 7 1985 Traspaso de
edificio en
construcción, a
propiedad del TSE.
Antiguo Registro
Civil.
29 14 12 1995 Nueva Sede del
costado oeste del
Parque Nacional.
30 13 9 1996 Inauguración
Plaza de la
Libertad Electoral
El primer computador fue adquirido por el Tribunal en
1977, con el propósito de utilizar medios magnéticos
para depurar el Padrón Nacional Electoral, en función
de las elecciones de 1978. Ese registro se hacía hasta
ese momento de forma manual, en tarjetas que se
guardaban en cuatro archivos, que contaban con
aproximadamente 1.058.000 unidades cada uno.
Uno de ellos se llevaba en orden de número de
cédula, otro alfabético y dos por distrito electoral
alfabético; uno de los cuales se guardaba como copia
de seguridad en las oficinas del Tribunal, situadas
allá por las inmediaciones del Mercado Central. La
Sección de Padrones e Indices manejaba los otros
tres, y de ella dependía inicialmente el manejo del
computador.
Traspasa antigua casa presidencial al TSE (Ross,
pág. 195). La estructura de la actual sede del
Tribunal - en su diseño original - fue concebida
por los arquitectos Rafael García y Jorge Bertheau,
con objeto de construir la casa presidencial.
La Asamblea Legislativa, en 1985, traspasó la
propiedad y el inmueble en construcción al Tribunal
Supremo de Elecciones y al Registro Civil.
La primera etapa se inauguró el 14 de diciembre
de 1995 y por Ley Número 7700, de fecha 03 de
octubre de 1997, publicada en La Gaceta del 24 de
octubre de 1997, la Torre Principal lleva el nombre
del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, quien ocupó
la presidencia de los tres poderes del Estado y fue
propulsor de la secretividad del voto y del sufragio
femenino.
La segunda etapa o infraestructura de plataformas,
con un área de nueve mil metros cuadrados, se
dedicaría principalmente al área de servicios.
La Plaza de la Libertad Electoral se inauguró el 13
de setiembre de 1996 y la remata - bajo un dintel
de inspiración grecorromana la escultura Epítome
de Vuelo, del escultor nacional José Sancho. Se trata
de una talla en granito de Carrara, de 300 por 178
por 120 cms, la cual - por sus dimensiones - fue
ejecutada en Italia.
TSE, Un
compromiso
con la
democracia,
de Marjorie
Ross y
Norma
Loaiza, 1999,
ediciones
Tribunal
Supremo de
Elecciones.
Pág 177.
Archivo
cronología
de acuerdos /
Página WEB.
Archivo
cronología
de acuerdos
Archivo
cronología
de acuerdos /
Página WEB.
270
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
31 1 12 1996 Sistema fotográfico
del padrón
electoral.
32 27 6 1997 Registro Civil se
traslada a nuevo
edificio del TSE.
33 8 9 1997 Tarjeta de
Identidad de
Menores (TIM)
34 25 8 1998 Modernización
de la cédula de
identidad.
Se efectuó la adjudicación del contrato para digitalizar
las fotografías de 2.045.980 electores inscritos en el
Padrón Nacional Electoral de la elección del 2 de
febrero de 1998; así como para actualizar la base de
imágenes, mediante la inclusión de los solicitantes
de cédula por primera vez o de renovación, a fin de
contar con un archivo electrónico actualizado de las
fotografías.
El entonces Registro Civil, ubicado de la esquina
suroeste del Banco de Costa Rica, 50 metros al sur,
fue traslado a las nuevas instalaciones del TSE, al
costado oeste del Parque Nacional. Al momento en
que el Registro Civil se trasladó a la nueva sede, ya
otras oficinas estaban ubicadas en el inmueble, entre
las que destacan las oficinas de los magistrados,
la Sala de Sesiones, la Secretaría del Tribunal, la
Dirección Ejecutiva, el Archivo del TSE, entre otras.
Fue establecida por la Ley No. 7688 publicada en
La Gaceta No. 172 del 8 de setiembre de 1997. No
obstante, debido a falta de contenido presupuestario,
este servicio se empieza a ofrecer hasta el año 2002.
La nueva cédula de identidad, disminuye las
posibilidades de falsificación. En el frente o anverso,
tiene la fotografía digital, la firma del ciudadano,
número, nombre y apellidos e incluso la observación
de “conocido como”; además tiene la foto disminuida
en la esquina inferior izquierda, la bandera de Costa
Rica reducida en la esquina superior izquierda,
más el Escudo de Costa Rica, en impresión dorada.
Al dorso o reverso, contiene los datos personales
del ciudadano (número de cédula, fecha y lugar
de nacimiento, sexo y domicilio electoral). Está
impreso también el logotipo del Tribunal Supremo
de Elecciones, la fecha de vencimiento, el código
de barras bidimensional con los datos personales y
los códigos de dos huellas dactilares del portador,
más la bandera de Costa Rica a lo ancho de la parte
inferior.
TSE, Un
compromiso
con la
democracia,
de Marjorie
Ross y
Norma
Loaiza, 1999,
ediciones
Tribunal
Supremo de
Elecciones.
Periódico El
Elector, junio
2007, página
8.
Archivo
cronología
de acuerdos
Archivo
cronología
de acuerdos
/ Periódico
El Elector,
Agosto-
Setiembre
2008, página
10.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 271

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
35 6 2 1998 Nace página web
del TSE.
36 28 11 1998 Privados de
libertad ejercen
derecho al
sufragio.
37 12 12 1999 Cuotas de
participación
femenina
38 15 2 2000 Primer recurso de
amparo electoral
(No. 0303-E-2000)
Nació para las elecciones presidenciales de
1998 y hasta la fecha ha experimentado cambios
significativos que han motivado durante los últimos
años, la visita de miles de usuarios. En ese mismo
periodo, el día que más visitas se realizaron al sitio
web del Tribunal Supremo de Elecciones (www.tse.
go.cr), fue el 6 de febrero del 2006, un día después
de realizadas las elecciones presidenciales, con
70.581 visitas.
El 28 de noviembre de 1996, mediante la Ley No.
7653, se aprobó la reforma al artículo 168 del
Código Electoral, publicada en el Diario Oficial La
Gaceta No. 246 del 23 de diciembre de ese año.
Esta norma dispuso que “Quienes estén habilitados
para sufragar pero se encontraren detenidos o
prestando servicio en cuarteles y cárceles, tendrán
derecho a que se les permita votar libremente... “ Es
así como para las elecciones de 1998, cada centro
penitenciario se constituyó como distrito electoral y
para que los privados de libertad pudieran ejercer su
derecho al sufragio, debían de realizar los traslados
de domicilio electoral.
Mediante resolución No. 1863-1999 del 23 de
setiembre, el Tribunal obligó a los partidos políticos
a ubicar mujeres en puestos elegibles, en la lista de
candidatos.
Dada la ausencia de procedimiento que permitiera al
TSE el arbitraje de conflictos por violación a derechos
fundamentales de carácter electoral, el Tribunal vino
a colmar esa laguna legal, con base en su competencia
constitucional para resolver los conflictos que
se generen a lo interno de los partidos políticos,
mediante las reglas de la integración normativa, que
para el caso suponían aplicar analógicamente las
reglas vigentes del recurso de amparo que tramita
la sala especializada del Poder Judicial, pero en
el entendido que su conocimiento y resolución
estarían en lo sucesivo a cargo del propio Tribunal.
Periódico El
Elector, abril
2007, página
6.
Protocolo
“Proceso
electoral
costarricense
accesible a
las personas
privadas de
libertad”
Archivo
cronología
de acuerdos /
Página WEB.
Archivo
cronología
de acuerdos /
Página WEB.
39 2 2001 Se envió a
la Asamblea
Legislativa,
el proyecto
de Reformas
Electorales.
Se proponen las reformas al Código Electoral actual,
que rige desde 1952.
Archivo
cronología
de acuerdos /
Página WEB.
272
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
40 29 11 2001 Interpretación voto
nulo y voto en
blanco.
41 22 10 2001 Tema musical del
TSE
42 27 4 2001 Creación de la
Ley de Paternidad
Responsable.
43 15 2 2002 Elecciones
presidenciales.
Por primera vez
en la historia
electoral de Costa
Rica se convoca
a Segunda Vuelta
Electoral (0217-E-
2002).
44 1 1 2002 Se realiza
primer PEI en la
institución.
Se mantiene la interpretación del artículo 138 de la
Constitución Política, dada en 1962, en el sentido
de que los votos nulos y en blanco no deben ser
tomados en cuenta para calcular el cuarenta por
ciento de los “sufragios válidamente emitidos” que
ahí se menciona.
El TSE firmó contrato con la empresa RV Producciones
para la realización del material audiovisual que
conceptualizará el tema electoral a partir de
su importancia dentro del sistema democrático
costarricense. El himno del TSE tiene por nombre
“El pueblo tiene una voz”, con letra y música del
compositor y cantautor Carlos Guzmán.
Se creó la Ley de Paternidad Responsable N° 8101
del 27 de abril de 2001, que consiste en lo siguiente:
cuando se hace la declaración de nacimiento
el registrador tiene la obligación de indicar a la
madre la existencia de la ley, para que ella se acoja
voluntariamente a ésta. Esta declaración se realiza en
un documento triplicado (original al Registro Civil,
copia para la Dirección de Estadísticas y Censos
y copia amarilla para el interesado) denominado
cupón de nacimiento, el cual una vez estudiado y
corregido es inscrito en tomos o libros donde sus
espacios son llenados en orden consecutivo con la
información que se recibe.
Para las elecciones presidenciales de febrero
del 2002, por primera vez en la historia, ningún
candidato obtiene el 40% de los votos válidamente
emitidos, lo que obliga a la convocatoria de una
segunda vuelta electoral, que se celebró el 7 de abril
de ese mismo año.
El Plan Estratégico Institucional (PEI), se formula en
el 2002, y contiene las principales acciones que los
jerarcas desean desarrollar en el lapso 2002-2007.
Las acciones tomadas fueron concretas y sirvieron
de marco de referencia a las unidades para el
planteamiento de los planes operativos anuales.
Archivo
cronología
de acuerdos
Periódico
El Elector,
noviembre,
2001, página
4.
Página Web
TSE
Archivo
cronología
de acuerdos
Periódico
El Elector,
setiembre
2006, página
5.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 273

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
45 7 4 2002 TSE lleva a cabo
una Segunda
Vuelta Electoral
46 23 5 2002 Se extiende la
primera tarjeta
de identidad de
menores (TIM)
47 1 12 2002 Elecciones
de Alcaldes,
Concejales y
Síndicos.
48 1 12 2002 Plan Piloto de
Voto Electrónico.
Por primera vez en la historia electoral costarricense,
el 7 de abril del 2002, el Tribunal Supremo de
Elecciones lleva a cabo una segunda vuelta electoral.
Esta falta de precedentes históricos a la que se unió
la ausencia de normativa aplicable, pues el Código
Electoral sólo se ocupa de ella de manera expresa
en su artículo 140, el cual no hace más que reiterar
la fecha predefinida constitucionalmente para su
verificación, fue un gran reto para la administración
electoral que debió organizar, por primera vez en
la historia y en tan sólo dos meses una jornada
electoral inédita.
Hasta este año es posible concretar la expedición
de la primera tarjeta de identidad de menores.
Esta identificación reúne todos los elementos de
seguridad necesarios para que los jóvenes de 12 a
17 años, cuenten con un documento que les permita
identificarse ante cualquier institución pública o
privada.
Por primera vez en la historia electoral costarricense,
el 1 de diciembre de 2002, se eligieron los Alcaldes
de nuestros cantones y los Concejales de Distrito
junto con el Síndico. En dichas elecciones se
designaron las personas que ocuparían importantes
puestos dentro del gobierno local, contribuyendo a
realizar proyectos de interés comunal y otorgando a
la comunidad mayor oportunidad de hacer sentir sus
necesidades, supervisar el desempeño de quienes
elegimos y participar en la toma de decisiones. Se
eligieron un alcalde propietario y dos suplentes para
cada uno de los 81 cantones, para un total de 243
puestos, así como las restantes autoridades locales.
En las elecciones municipales del 1°. de diciembre
de 2002 se realizó el plan piloto de voto electrónico,
en el que se procedió de la siguiente manera: “Si el
elector escogió votar utilizando el sistema de voto
electrónico, se le entregó un comprobante en blanco
debidamente firmado al dorso por los miembros de
mesa presentes, que sirvió para imprimir la opción
escogida en cada elección, el cual debía introducirse
por sí mismo o con la ayuda del auxiliar en la
impresora dispuesta para ese fin.”
Archivo
cronología
de acuerdos /
Página WEB.
Periódico
El Elector,
Marzo / Abril
2002, página
5 / Oficio
Nº1810-
2002
Página Web
TSE
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TSE
274
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
49 20 5 2005 Accesibilidad para
el ejercicio del
voto.
50 23 8 2005 La Isla del Coco
pasa a ser distrito
electoral.
51 13 1 2006 Se publica el
primer número
de la Revista de
Derecho Electoral.
52 1 10 2006 TSE premia a
periodistas.
Con el objetivo de equiparar las condiciones de
accesibilidad de la ciudadanía con discapacidad
y adultos mayores para el ejercicio del sufragio,
se firmó un convenio con el Consejo Nacional
de Rehabilitación y Educación Especial. Como
producto de este convenio se elaboró un protocolo
del proceso electoral costarricense accesible a
personas con discapacidad y adultas mayores.
Mediante decreto No. 10-2005, del 19 de julio del
2005, se crea el distrito electoral, Isla del Coco,
mediante la modificación de la División Territorial
Electoral.
La Revista de Derecho Electoral del Tribunal
Supremo de Elecciones, es una publicación
periódica semestral que nace ante la necesidad de
contar con un espacio para publicar artículos de
corte académico y doctrinario en temas de derecho
electoral, ciencias políticas y materia registral civil.
En la Sesión Ordinaria No. 105-2005 del 27 de
octubre del 2005, el Tribunal Supremo de Elecciones
aprueba su creación, inicialmente a publicar solo en
formato electrónico, pero que a partir del 2007 se
hace también impresa.
El T.S.E. dispone premiar la mejor cobertura de
las elecciones municipales del 2006. El premio se
llama: Promoción de la Participación Electoral.
Protocolo:
“Proceso
electoral
costarricense
accesible
a las
personas
con discapacidad
y
adultas
mayores.”
Decreto No.
10-2005.
Periódico
El Elector,
Setiembre
- Octubre
2005,
página 6. /
http://www.
prensalibre.
co.cr/2005/
agosto/23/
nacionales13.php
Archivo
cronología
de acuerdos /
Página WEB.
Periódico
El Elector,
Octubre
2006, página
3.
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 275

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
53 1 12 2006 Se incorporan
plantillas braile,
para las elecciones
de Alcalde.
54 12 7 2007 Convocatoria
a primer
Referéndum
55 7 10 2007 Se realiza
el primer
Referéndum en
Costa Rica.
56 1 1 2008 Inicia Segundo
Plan Estratégico.
57 1 3 2008 TSE analiza
Referéndum
58 4 2008 TSE firma acuerdo
con FLACSO
Ese instrumento resulta de gran ayuda para el voto
secreto de las personas que tengan algún tipo de
deficiencia visual. (Revisar el artículo completo,
pedirle colaboración a Ana Hazel)
El 12 de julio de 2007, el Tribunal Supremo de
Elecciones, convoca a todos los costarricenses a
participar en el primer Referéndum en la historia
de Costa Rica, a celebrarse el 7 de octubre de
ese año. El organismo electoral determinó que el
porcentaje mínimo de participación sería del 40%,
correspondiendo a más de un millón sesenta mil
personas.
TSE declara al “Si” como ganador oficial del
referéndum del 7 de octubre. La tendencia ganadora
obtuvo 805.658 mientras que el “No” llegó a
756.814 votos.
Lo componen 22 acciones estratégicas y tendrá
una duración de 5 años, entre 2008 y 2012. Para
esta ocasión, el PEI cuenta con 7 ejes estratégicos,
los cuales son Comunicación, Organización.
Planificación, Reglamentos y Normas, Recursos
Humanos, Infraestructura tecnológica, física y medio
ambiente, y Servicios.
En marzo de 2008, el TSE, en conjunto con el
Centro de Investigación y Adiestramiento Político
Administrativo (CIAPA), organiza una Jornada de
análisis sobre el Referéndum 2007. La actividad
propició una primera aproximación conceptual y
analítica de la primera consulta popular desde un
enfoque jurídico y politológico.
El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), apoya la iniciativa que promueve el
fortalecimiento democrático. En abril del 2008 el TSE
y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) firmaron un acuerdo de implementación
relacionado con el proyecto “Promover ciudadanía
activa: Proyecto para el fortalecimiento democrático
y la participación electoral en Costa Rica”. Dicho
convenio contó con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación).
Periódico
El Elector,
Noviembre
2006, página
4.
Archivo
cronología
de acuerdos
/ Periódico El
Elector, Julio
2007, página
3.
Archivo
cronología
de acuerdos
Periódico
El Elector,
Noviembre
2007, página
4.
Página Web
TSE
Página Web
TSE
276
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
59 1 7 2008 TSE entrega
por primera
vez Informe de
Labores.
60 1 9 2008 Rinden homenaje
a los Diputados
Constituyentes de
1949.
61 1 10 2008 TSE instaló primer
Consejo de
Partidos Políticos
62 1 11 2008 TSE introduce
leyenda en Braile
en las cédulas de
identidad.
Contando con la presencia de un numeroso grupo
de funcionarios, representantes del gobierno,
diplomáticos y medios de comunicación y,
enlazando a través de una videoconferencia con
algunas oficinas regionales, el Magistrado Luis
Antonio Sobrado, presidente del TSE, dio a conocer
el Informe de Labores 2007. La actividad fue
transmitida en su totalidad a través de Canal 13.
En setiembre de 2008 la Comisión Nacional para
el Mejoramiento de la Administración de Justicia
(CONAMAJ), la Escuela Judicial de la Corte Suprema
de Justicia y el TSE, rindieron homenaje a los
diputados que firmaron la Constitución de 1949.
En la gráfica, los Magistrados Luis Paulino Mora
(Presidente Corte Suprema de Justicia) y Luis Antonio
Sobrado posan con cinco de los ex diputados que
firmaron la actual Carta Magna.
En octubre del 2008 el TSE instaló el primer Consejo
de Partidos Políticos de nuestro país. La actividad
fue organizada conjuntamente con la fundación
Konrad Adenauer y contó con el apoyo del Tribunal
Electoral de la República de Panamá. En la gráfica,
los Magistrados Presidentes María Eugenia Villagrán
(Guatemala), Luis Antonio Sobrado y Erasmo Pinilla
(Panamá).
En noviembre de este año el TSE presentó a los
medios de comunicación el nuevo formato de la
cédula de identidad que contiene un relieve en braile
con las siglas del órgano electoral. En la gráfica, la
Magistrada Eugenia Zamora entrega la cédula al
diputado del PASE, Oscar López.
Periódico
El Elector,
Agosto 2008,
Página 3.
Página Web
TSE
Página Web
TSE
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NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010 277

HECHOS RELEVANTES DEL TSE (1946-2009)
# DIA MES AÑO ASUNTO TEXTO Fuente
63 1 11 2008 TSE firmó
convenios con el
BCCR.
64 1 12 2008 TSE busca
la pronta
modernización
de la cédula de
identidad.
65 6 3 2009 Política
institucional
para la igualdad
y equidad de
género.
66 11 8 2009 Promulgación de
nuevo Código
Electoral
En el marco de Gobierno Digital, en noviembre
del 2008 el TSE firmó dos convenios con el Banco
Central de Costa Rica (BCCR) mediante los cuales
el organismo electoral facilitará la base de datos
a la entidad bancaria. El acuerdo se denomina
“Convenio para dar acceso a datos e imágenes
de ciudadanos costarricenses a través del Sistema
Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE)”. En la
gráfica, de izquierda a derecha, Francisco de Paula
Gutiérrez, Presidente Ejecutivo del BCCR, Franco
Naranjo, Presidente de la Cámara de Bancos e
Instituciones Financieras de Costa Rica, Luis Antonio
Sobrado, Magistrado Presidente del TSE, y Carlos
Melegatti, Subgerente del BCCR.
En diciembre del 2008 el TSE presentó ante los
medios de comunicación el proyecto que persigue la
modernización de la cédula de identidad. Dentro de
los cambios se menciona la entrega del documento
en un plazo máximo de un día, que todas las oficinas
regionales puedan imprimirlo y que contengan
la firma digital. En la gráfica, los Magistrados Luis
Antonio Sobrado y Juan Antonio Casafont.
El documento contiene los antecedentes, objetivos,
enfoques y criterios que regirán el accionar del TSE.
También hace referencia al proceso de elaboración,
así como a las personas lo hicieron posible. A partir
del 2009 se dará inicio a la elaboración del Plan de
Acción que deberá acompañar a esta política, lo que
facilitará su implementación.
La Asamblea Legislativa promulgó un nuevo Código
Electoral y derogó el vigente desde 1952; la nueva
legislación moderniza la administración de los
comicios, dinamiza el régimen de partidos e incluye
un capítulo sobre jurisdicción electoral.
Página Web
TSE
Página Web
TSE
Política
institucional
para la
igualdad
y equidad
de género.
Costa Rica.
Tribunal
Supremo de
Elecciones.
Fondo de
Población de
las Naciones
Unidas,
2008.
Alcance 37
a La Gaceta
No. 171
del 02 de
setiembre de
2009
278
NÚMERO 9 / PRIMER SEMESTRE 2010