Nº 34, Septiembre 2011 - Centro de Estudios Garrigues

LA ENTREVISTA DEL PROFESOR
María Peña
Profesora del Centro de Estudios Garrigues
En esta nueva sección de Asocia, entrevistaremos a los profesores del Centro que colaboran en los diferentes
programas y que a través de estas páginas compartirán con los lectores sus experiencias académicas y
profesionales
El pasado mes de junio se publicaba
en el BOE el Real Decreto
775/2011, por el que quedaba aprobado
el Reglamento de desarrollo de la
Ley de Acceso a la Abogacía.
María Peña Arsuaga, responsable
de la Dirección Jurídico-Financiera del
Centro de Estudios Garrigues ha sido
la persona encargada de hacer un
seguimiento de esta materia, de gran
trascendencia para el Centro y para
sus alumnos.
P: ¿Cuál es el efecto que tendrá
esta nueva regulación en los futuros
estudiantes de Derecho?
R. La consecuencia inmediata de
esta normativa será que todos los estudiantes
que se licencien a partir de
su entrada en vigor, el próximo 31 de
octubre del 2011, tendrán que cursar
un máster, en el que se incluye un periodo
obligatorio de prácticas, y superar
una prueba final para poder obtener
el título profesional de abogado y
poder ejercer como tales.
P.- Entonces, la obligación de
cursar este nuevo máster ¿no afecta
a los que tuvieran terminada la licenciatura
a 31 de octubre del 2011?
R.- No les afecta si ya estuvieran
colegiados a esa fecha. En caso de ser
licenciados pero no estar colegiados,
tendrán un plazo de dos años, desde
esa misma fecha, para colegiarse.
P.- ¿Cuál va a ser la duración del
máster?
R.- En créditos ECTS, 90 créditos
(60 de formación lectiva y 30 de prácticas).
En tiempo, aún es dudoso si
esos créditos podrán concentrarse en
un año o deberán completarse en año
y medio.
P.- ¿Y qué aportará de nuevo el
máster respecto de la licenciatura?
R.- Básicamente, la orientación
práctica. Se supone que la licenciatura
habrá servido ya para “aprender
Derecho”. El máster habrá de tener
como objetivo “aprender la práctica
profesional”, es decir, “aprender a ser
abogado”.
P.- ¿Cómo afectará esta nueva
normativa a la actividad del Centro?
R.- Desde nuestra creación, lo que
hemos venido haciendo es precisamente
eso: formar para el ejercicio
profesional, sea en el Derecho o sea
en otras áreas vinculadas con el ámbito
empresarial, con una orientación
marcadamente práctica. Nuestra vinculación
con el despacho nos ha facilitado
el permanente contacto con esa
práctica y con la realidad del ejercicio
profesional.
Además, nuestros programas
siempre han incluido un periodo de
prácticas profesionales en despachos
o empresas.
Por tanto, lo que nos toca hacer
ahora es solo adaptar la estructura y
contenidos de nuestros programas a
las exigencias que derivan de la ley y
de su reglamento. Creemos, sin embargo,
que no serán cambios sustanciales.
P.- ¿Cuál será el contenido de
estos másteres?
R.- El Reglamento únicamente se
refiere a un listado de “competencias”,
no de “contenidos”, cuya adquisición
deberán garantiozar los cursos. Se trata
de competencias genéricas, relacionadas
con el ejercicio de la abogacía,
que pensamos que pueden aprenderse
y trabajarse en relación con distintas
áreas del Derecho. Por tanto, el
Reglamento dibuja un marco flexible
en el que creemos que permitirá la
coexistencia de másteres más genéricos
junto con otros centrados en alguna
especialidad del Derecho.
P.- ¿Y qué elemento diferenciador
puede aportar el Centro en estos
másteres?
R.- La calidad y, en consecuencia,
la “utilidad” del máster de acceso va
a venir determinada por dos factores:
calidad del profesorado y calidad de
las prácticas. Y precisamente esos son
los parámetros en los que siempre hemos
centrado nuestra oferta formativa.
A partir de ahora, los licenciados
tendrán que elegir entre emplear un
año, o año y medio, en cursar un programa
que les permita simplemente
superar un examen, o invertir ese tiempo
en un máster que incremente de
verdad sus posibilidades de acceso
al mundo laboral en las mejores condiciones.
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