Nº 34, Septiembre 2011 - Centro de Estudios Garrigues

CENTRO DE ESTUDIOS
GARRIGUES
GLOBAL ALUMNI
Nicaragua se prepara para
unificar criterios en materia
laboral
Róger Pérez Grillo
Abogado asociado Arias & Muñoz. Antiguo Alumno Máster en Asesoría Jurídico Laboral 2008-2009
Tanto en Nicaragua como en España,
la existencia de distintos
órganos judiciales dentro del
proceso laboral en razón de la fase
procesal en que se encuentre el caso y
también en razón del territorio provoca
que exista una disparidad de criterios
e interpretaciones de las normas laborales
en sedes judiciales de mismo
rango. Si bien es cierto, España tiene el
recurso ante el Tribunal Supremo para
unificación de doctrina, en Nicaragua
no existe tal posibilidad y los distintos
tribunales de apelaciones tienen la última
palabra en los juicios laborales.
Lo anterior ha provocado que exista
una disparidad de criterios en los tribunales
de apelaciones existentes (sentencias
de los Tribunales de Apelaciones
Sala Civil y Laboral, Circunscripción
Sur número 10, Granada, Nicaragua, y
Sala Laboral Circunscripción Managua,
Nicaragua, Nº 183).
Visto lo anterior, es aplaudible la
entrada en vigencia en Nicaragua de
la Ley No. 755 “Ley de Reforma y Adiciones
a la Ley 260, Ley Orgánica del
Poder Judicial y Creadora del Tribunal
Nacional Laboral de Apelaciones” que
entró en vigencia el día 24 de marzo del
2011. Con dicha ley se pretende unificar
criterios en materia laboral mediante
la creación de un tribunal nacional
con sede en Managua, en sustitución
de los nueve tribunales de apelaciones
existentes en el país de conformidad a
la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la República de Nicaragua. El objetivo
es reducir o eliminar la disparidad en
sentencias basadas en supuestos de
hecho similares presentadas frente a
los distintos tribunales de apelaciones
que existían previo a la reforma.
En España, con algunas excepciones
como es el caso de la impugnación
de procesos colectivos, que son competencia
de las Salas de lo Social de
los Tribunales Superiores de Justicia,
o de la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional, la mayoría de los procesos
laborales deben seguir su curso
normal, que comienza en el juzgado
social de la provincia, apelable ante la
sala del tribunal superior de justicia de
la comunidad y con último recurso ante
el Tribunal Supremo. En Nicaragua, en
aquellos lugares donde no hubiese jueces
del trabajo –cabe indicar que solo
existían juzgados laborales en 2 de las
9 circunscripciones existentes previo a
la reforma -, los jueces de distrito civil
y locales de lo civil asumían las funciones
de los jueces del trabajo. Además,
la última instancia en materia laboral en
Nicaragua eran los 9 tribunales de apelaciones
existentes, en dependencia de
la jurisdicción territorial de los juzgados
que emitían la sentencia de primera
instancia. Esto implicaba que en Nicaragua,
en materia laboral, existieran
solo dos instancias, pero los tribunales
de segunda instancia eran 9 tribunales
de apelación independientes.
Lo anterior originaba el problema
de que existiera una diversidad de criterios
en los distintos tribunales de apelaciones
del país. Sin embargo, esto no
es muy diferente a la realidad existente
en España, pues es común encontrar
sentencias con resoluciones distintas
para considerandos similares tanto
en los juzgados de lo social como en
el ámbito de la comunidad autónoma,
con la salvedad que España cuenta
con un tercer y último recurso ante el
Tribunal Supremo con opción de unificar
doctrina y crear jurisprudencia.
Esta posibilidad la tendrá también
ahora Nicaragua, pues al eliminar los
9 tribunales de apelaciones que existían
y concentrar todos los recursos de
apelaciones en un mismo tribunal, es
evidente que el fallo de los magistrados
ante supuestos de hecho similares
deberá permanecer constante y así evitar
la diversidad de criterios que ahora
existe.
Consideramos que esta Ley No.
755, así como otros códigos y leyes
que se discuten actualmente en el seno
de la Asamblea Nacional y distintas cámaras
del país, tales como el Código
de Procedimiento Laboral –primero en
Nicaragua- y la Ley de Pasantías, vienen
a fortalecer las garantías de los
trabajadores y mejorar y esclarecer la
situación legal de los trabajadores nicaragüenses.
Esperamos pues que al lado oeste
lado del Atlántico las discrepancias
entre nuestros órganos judiciales en
materia laboral sean drásticamente
reducidas y así poder crear criterios
unificados a lo largo y ancho del país,
asegurando de esta manera el respeto
a los derechos de los trabajadores y
empleadores en la relación laboral.
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