MÉXICO - Acceso al sistema - Cámara de Diputados

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Zedillo. Algunos aspectos del proyecto político de la propuesta
de Zedillo en su discurso de inauguración fueron puestos en
marcha con relativo éxito. A finales de 1994, una reforma constitucionalle
otorgó nuevos poderes a la Suprema Corte de Justicia
y la convirtió en una corte constitucional con mecanismos
para nominar, reemplazar y destituir a los magistrados -poderes
que aseguran la autonomía de este cuerpo colegiado. En el sistema
político tradicional, la Suprema Corte siempre había estado
subordinada al Ejecutivo y carecía de poder para revisar
asuntos electorales y la constitucionalidad de las leyes. Los
derechos políticos y civiles de los individuos habían estado
completamente desprotegidos. El árbitro final siempre era el
Ejecutivo, que resolvía las disputas entre los tres poderes, los
niveles de gobierno, e incluso entre individuos. Al reformar la
Constitución, Zedillo transfirió este papel al más importante
tribunal del país, lo que tuvo importantes repercusiones económicas.
'2 En la Suprema Corte de Justicia, la rama ejecutiva
tiene ahora un contrapeso que limita su espacio de maniobra
en las cuestiones económicas. De igual manera, por medio de
una reforma electoral llevada a cabo en 1996, el gobierno
transfirió a un organismo autónomo la función de organizar y
supervisar las elecciones. Así se eliminó la principal fuente de
manipulación electoral. El triunfo de Vicente Fox en las urnas
en el año 2000 habría sido imposible sin este cambio significativo
en los procesos electorales.
A diferencia de las reformas propuestas que desafiaban a los
intereses creados, como la reforma del sector eléctrico que afectaría
los privilegios del sindicato, estas dos reformas implicaban
que el Presidente renunciaba a los poderes y prerrogativas extraconstitucionales
que durante mucho tiempo le habían dado un
"Por ejemplo, una reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia declaró anticonstitucional
la estructura legal establecida durante la administración de Zedilla para hacer
posibles ciertas formas de inversión privada en el sector eléctrico. También ha dictaminado
en contra de algunas decisiones del gobierno mexicano para expropiar propiedades y establecer
ciertos tipos de impuestos que violan el espíritu de la Constitución.