MÉXICO - Acceso al sistema - Cámara de Diputados

66 EDNAJAIME
la crisis de la deuda, la administración de Miguel de la Madrid
(1982-1988) debió esforzarse por restablecer el equilibrio fiscal
y macroeconómico, pero la situación continuó siendo extremadamente
grave. Se llevaron a cabo programas para estabilizar la
economía y reducir el déficit, sin ningún resultado sobresaliente.
La economía necesitaba más que un programa de estabilización
económica, algo que el equipo de trabajo del presidente De la
Madrid se vio obligado a admitir, en vista de su fracaso inicial.
Tentativamente y en cierta medida sin convencimiento, la administración
presentó varias iniciativas importantes: privatizó algunas
compañías propiedad del Estado, negoció el ingreso de
México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATI) ,
y permitió que las importaciones ingresaran al país, aunque con
aranceles relativamente altos. Estas medidas fueron un intento
por aumentar el ingreso público, reducir la inflación y obligar al
sector productivo nacional a mejorar la calidad, aumentar la
productividad y satisfacer a los consumidores. Después de décadas
de proteccionismo, esas disposiciones constituyeron un
cambio monumental. Los años siguientes verían reformas adicionales,
todas destinadas a conseguir los mismos objetivos.
Al buscar elevar la tasa de crecimiento, los gobiernos de las
décadas de 1980 y 1990 rompieron con muchos de los principios
de administración económica profundamente arraigados en
México. La amplitud de su acción, sin embargo, fue limitada por
un objetivo igualmente poderoso, responsable de muchos de los
retrocesos posteriores del país. La reforma económica estaba limitada
por la condición esencial de que no debía alterar la estructura
política tradicional del régimen del PRI. En otras palabras,
el gobierno podía liberalizar el comercio y propiciar la reforma
interna sólo en la medida en que no afectara a los grupos
e intereses creados más cercanos al partido. Estos poderosos intereses
incluían a los sindicatos de las empresas estatales, como
la empresa petrolera estatal Pemex y el monopolio de energía
eléctrica (efE y Luz y Fuerza del Centro), las organizaciones
campesinas y los sindicatos dentro de la burocracia del propio
gobierno, que desempeñaban todas un papel clave en el apoyo