MÉXICO - Acceso al sistema - Cámara de Diputados

28 LUIS RUBIO
Desde finales de los años veinte hasta los últimos años de la
década de 1960, los gobiernos del PRI combinaron la ortodoxia
en el campo económico (conservando en orden las cuentas fiscales
y manteniendo la inflación bajo control) con una actitud
implacable en la esfera política (usando la violencia cuando se le
consideraba necesaria). El año de 1968 fue un parteaguas en
ambos sentidos. Aunque las administraciones posteriores siguieron
empleando la dureza en su estilo de administración política,
evitaron utilizar la policía para detener las manifestaciones o
controlar a los movimientos violentos. Paradójicamente, una vez
que quedó en claro que los gobiernos priístas no estaban dispuestos
a usar la fuerza para controlar los motines o restringir a
los grupos ilegales cuando intentaban obstruir las principales
carreteras o las más importantes avenidas de las ciudades, el PRl
enfrentó una paulatina disminución de su poder y una total
pérdida de credibilidad.
En el frente económico, el rápido aumento del gasto público
después de 1970, logró calmar a los grupos de ciudadanos que
podían desafiar al gobierno (en particular los estudiantes y las
clases medias), pero también creó un ambiente inflacionario que
debilitó la estabilidad económica y trajo consigo una serie de
crisis que empobrecieron a millones de mexicanos. En retrospectiva,
este fue un doble cambio en la naturaleza de las administraciones
del PRI: dejó de ejercer el monopolio en el uso de la
fuerza pública y abandonó la prudencia fiscal. Ello hizo posible,
30 años después, que ocurriera una apertura democrática.
Las reformas económicas de las décadas de 1980 Y 1990
fueron fatales para el poder del PRI, pues implicaron cambios en
el ámbito político. En México, donde detrás de cada regulación
se encuentra un interés creado, cada uno de los pasos seguidos
por las administraciones desde 1982 hasta el 2000, produjo una
redefinición gradual de la estructura del poder. La renuncia al
control de importantes empresas paraestatales (como Telmex,
los bancos, o las empresas siderúrgicas), significó para el gobierno
la pérdida de sus principales instrumentos de corrupción
dentro del PRI. Al eliminar regulaciones y controles sobre las