Revista Derecho en Sociedad, n.° 2 - Febrero 2012 - Ulacit

DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 2. Febrero del 2012
Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica
jurídicas, que no sean intermediarios financieros. e) Remesas de dinero de
un país a otro...
El artículo 15 bis, obliga a reportar sus actividades financieras a:
Las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades económicas
distintas de las señaladas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, deberán
comunicar, a la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, las
operaciones comerciales que realicen de manera reiterada y en efectivo,
incluidas las transferencias desde el exterior o hacia él, en moneda
nacional o extranjera, por sumas iguales o superiores a los diez mil
dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00) o su
equivalente en colones.
Todos estos controles sobre los entes que se dedican, de una u otra forma, a las
transacciones comerciales, pretenden una prevención y detección temprana del lavado de
dineros dentro del mercado nacional, lo que no deja de representar algunas
complicaciones para quienes realizan las acciones de blanqueo, teniendo que buscar
otros métodos para ello, y no enfrentar las sanciones penales contempladas, para el
delito de legitimación de capitales. Véase que el artículo 63 prevé penas de hasta 8 años
de prisión
al servidor público o a los sujetos privados que laboran en el Sistema
Financiero y que, teniendo en su custodia información confidencial
relacionada con narcotráfico, con investigaciones relativas a la legitimación
de capitales o de financiamiento al terrorismo, autorice o lleve a cabo la
destrucción o desaparición de esta información, sin cumplir los requisitos
legales.
Con esto se trata de controlar la infiltración de miembros de las organizaciones
delictivas dentro del aparato estatal o de la corrupción de funcionarios públicos en su
favor, al igual que el artículo 68 pretende mantener al margen de las actividades
electorales a quienes se relacionan con el lavado de dineros: “Será sancionado con pena
de prisión de cinco a quince años quien aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso
financiero proveniente del tráfico ilícito de drogas o de la legitimación de capitales, con
el propósito de financiar actividades político-electorales o partidarias”.
Por su parte, el artículo 69 de la Ley de Psicotrópicos sanciona la legitimación de
capitales en general, siendo en Costa Rica, en suma, un delito tratado en forma
independiente, realizado sobre bienes de origen delictivo:
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