Revista Derecho en Sociedad, n.Â° 2 - Febrero 2012 - Ulacit

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DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 2. Febrero de 2012 Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica constitucional no puede ser obviado si se quiere dar a la democracia un sentido sustancial que la aleje y proteja de la tiranía de la mayoría. La democracia como sistema político basado en la producción de normas a través de la libre manifestación de opiniones será, para Kelsen, la expresión del relativismo político. Frente a la verdad absoluta, propia de la autocracia, la filosofía democrática parte de la imposibilidad de conocer, por siempre, cuál sea la verdad (Dyzenhaus 1999: 138-140). Y, sin embargo, una democracia que no se asiente en determinados valores sustantivos no deja de ser una cáscara formal, siempre propensa a la llegada de la dictadura, aunque sea de manos de una mayoría numérica que decreta cuál es su verdad. Para garantizar la democracia, las Constituciones ni pueden ser neutras en valores, ni confundirse con su modelo de reforma. La soberanía del pueblo en democracia no podrá nunca traducirse en un procedimiento formal e ilimitado, incluso cuando así pudiera derivarse de la literalidad del proceso de reforma inserto en el propio texto. A la realización de una técnica formal y de su fundamentación popular siempre le deberán acompañar la plasmación de los siguientes fundamentos básicos: el presupuesto universal de la dignidad de la persona y de los derechos inviolables que le son inherentes; la adecuación procedimental de la democracia como articulación de la representación política en un Estado de partido 42 con diferentes niveles territoriales; y la concreción material y finalista, en cuanto incremento de la participación ciudadana y justicia redistributiva del modelo social. kelseniana, a pesar de su definición como sólo forma, como sólo método de creación del orden social, las minorías tienen sus derechos. El principio de mayoría no significa la absoluta dominación de la mayoría y su dictadura sobre las minorías (Kelsen 2000: 102, 106; 2007: 287). 42 Ejemplos en el Estado de partidos políticos: Alemania, art. 21.2. “Serán anticonstitucionales los partidos que por sus objetivos, o por el comportamiento de sus afiliados, se propongan menoscabar o eliminar el orden constitucional liberal y democrático o poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania”; Italia, art. 49. “…derecho a asociarse libremente en partidos para concurrir con procedimientos democráticos a la determinación de la política nacional” y DF XII, donde “se prohíbe cualquier posible reorganización del disuelto partido fascista”; Francia, art. 4. “Los partidos…deberán respetar los principios de la soberanía nacional y de la democracia”; Grecia, art. 29.1. “…la organización y la actividad de los partidos (debe) estar al servicio del libre funcionamiento del régimen democrático”; Portugal, art. 10.2. “Los partidos políticos concurren a la organización y expresión de la voluntad popular, dentro del respeto a los principios de independencia nacional y de democracia política”. Además, por su contundencia, conviene recordar la Constitución chilena: primero, reconoce una limitación al ejercicio de la soberanía (“el respeto a los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana”, art. 5); y, después, afirma que “son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un régimen totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política” (art. 19.15º). La artificiosa distinción entre ideología y actuación se resuelve al extender la inconstitucionalidad a “objetivos, actos o conductas”. 23
DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 2. Febrero de 2012 Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica Desde estos fundamentos básicos, el demos desdeña la noción monolítica que lo identificaba con un sujeto colectivo con voluntad propia y, al contrario, se define desde la inclusión de todos aquellos individuos que, al encontrarse subordinados a un concreto ordenamiento jurídico, deberían estar capacitados para participar activamente en su configuración. Porque si bien reivindicar la democracia puede que sea anhelar lo imposible -y sabemos que la política es el arte de lo posible-, mejor pretender lo imposible que caer el reverso amargo de la política: esa tiranía real que siempre amenaza al gobierno de, por y para todos los que comparten los mismos espacios públicos. De ahí nuestra apuesta final por un Estado constitucional de derecho que, sin embargo, es lo suficientemente avanzado para no pretender ni la excluyente homogeneidad sustancial del Estado-nación de siglos pretéritos -y sus políticas de asimilación, expulsión o erradicación de la pluralidad y del diferente-, ni debe sucumbir ante una concepción más cívica, pero tan positivista y vacía de contenidos que olvida que la democracia no es mera forma e imposición de la mayoría. La reconstrucción de la ciudadanía democrática será siempre adecuación a los procedimientos jurídicos, pero también, y, fundamentalmente, el desarrollo de la mayor libertad de todos los individuos en la consecución de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes públicos y el incremento del bien común. La democracia no es una forma de Estado entre otras posibles, sino la única manera de fundamentar la legitimidad de un ordenamiento jurídico, siempre coercitivo, siempre distinguiendo entre gobernantes/representantes y gobernados/representados. La legitimidad democrática no será determinada sólo como forma, como procedimiento ordenado, sino por los valores y fines a salvaguardar e incrementar. Por todo lo dicho, la limitación de una visión absoluta de la soberanía estatal -y no sólo de los representantes como poderes constituidos, sino incluso de su titular, el pueblo como Poder constituyente- estará en la base de una nueva definición de la ciudadana que necesita la inclusión de todos los sometidos al orden jurídico y defiende el valor material de la democracia. 24
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