Revista Derecho en Sociedad, n.° 2 - Febrero 2012 - Ulacit

DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 2. Febrero de 2012
Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica
constitucional no puede ser obviado si se quiere dar a la democracia un sentido
sustancial que la aleje y proteja de la tiranía de la mayoría.
La democracia como sistema político basado en la producción de normas a través de
la libre manifestación de opiniones será, para Kelsen, la expresión del relativismo
político. Frente a la verdad absoluta, propia de la autocracia, la filosofía democrática
parte de la imposibilidad de conocer, por siempre, cuál sea la verdad (Dyzenhaus 1999:
138-140). Y, sin embargo, una democracia que no se asiente en determinados valores
sustantivos no deja de ser una cáscara formal, siempre propensa a la llegada de la
dictadura, aunque sea de manos de una mayoría numérica que decreta cuál es su
verdad.
Para garantizar la democracia, las Constituciones ni pueden ser neutras en valores, ni
confundirse con su modelo de reforma. La soberanía del pueblo en democracia no
podrá nunca traducirse en un procedimiento formal e ilimitado, incluso cuando así
pudiera derivarse de la literalidad del proceso de reforma inserto en el propio texto. A la
realización de una técnica formal y de su fundamentación popular siempre le deberán
acompañar la plasmación de los siguientes fundamentos básicos: el presupuesto universal de
la dignidad de la persona y de los derechos inviolables que le son inherentes; la
adecuación procedimental de la democracia como articulación de la representación
política en un Estado de partido 42 con diferentes niveles territoriales; y la concreción
material y finalista, en cuanto incremento de la participación ciudadana y justicia redistributiva
del modelo social.
kelseniana, a pesar de su definición como sólo forma, como sólo método de creación del orden social, las
minorías tienen sus derechos. El principio de mayoría no significa la absoluta dominación de la mayoría y
su dictadura sobre las minorías (Kelsen 2000: 102, 106; 2007: 287).
42 Ejemplos en el Estado de partidos políticos: Alemania, art. 21.2. “Serán anticonstitucionales los partidos que por
sus objetivos, o por el comportamiento de sus afiliados, se propongan menoscabar o eliminar el orden
constitucional liberal y democrático o poner en peligro la existencia de la República Federal de
Alemania”; Italia, art. 49. “…derecho a asociarse libremente en partidos para concurrir con procedimientos
democráticos a la determinación de la política nacional” y DF XII, donde “se prohíbe cualquier posible
reorganización del disuelto partido fascista”; Francia, art. 4. “Los partidos…deberán respetar los principios
de la soberanía nacional y de la democracia”; Grecia, art. 29.1. “…la organización y la actividad de los
partidos (debe) estar al servicio del libre funcionamiento del régimen democrático”; Portugal, art. 10.2. “Los
partidos políticos concurren a la organización y expresión de la voluntad popular, dentro del respeto a
los principios de independencia nacional y de democracia política”. Además, por su contundencia,
conviene recordar la Constitución chilena: primero, reconoce una limitación al ejercicio de la soberanía (“el
respeto a los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana”, art. 5); y, después, afirma que
“son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o
conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el
establecimiento de un régimen totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la
propugnen o inciten a ella como método de acción política” (art. 19.15º). La artificiosa distinción entre
ideología y actuación se resuelve al extender la inconstitucionalidad a “objetivos, actos o conductas”.
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