Revista Derecho en Sociedad, n.° 2 - Febrero 2012 - Ulacit

DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 2. Febrero de 2012
Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica
mayoritaria, historia, sistema político, constitucional, etc.) ¿son necesarios o, mejor, debemos
prescindir de ellos y reducir los requisitos para la adquisición de la nacionalidad a la residencia (ius domicilii)?, es
decir, transcurrido un plazo mínimo, que demuestre el grado de permanencia dentro del
territorio, ¿cualquier inmigrante extranjero debería estar en condiciones de acceder a la
nacionalidad?
Los analistas que reducen los requisitos a la mera residencia hablan de dos o tres
años (De Lucas 2006: 11-43) 25 . Pero sus críticos argumentan que, además, los residentes
que quieran ser nacionalizados también deben compartir las normas, valores y las
prácticas culturales de la sociedad de acogida 26 . Por tanto la pregunta que deberíamos
responder es si podemos ir más allá del modelo nacional de ciudadanía 27 . Esta es la
apuesta de Dora Kostakopoulou con su sistema de “anational citizenship” (2008: 100-
126). Parte de sus críticas al modelo de ciudadanía nacional pueden ser compartidas: en
concreto, la distinción de grado y no realmente cualitativa entre un modelo más
excluyente de nacionalidad y uno más incluyente y que, por lo tanto, la flexibilización
de los requisitos para adquirir la nacionalidad en un modelo más inclusivo siempre
pueden ser revocados con la vuelta a la caverna de un modelo más étnico 28 ; o su
afirmación de que una ciudadanía nacionalizada socava los ideales normativos de la
igualdad y la participación democrática. Y, sin embargo, es difícil obviar la realidad
nacional de los Estados y, con ello, la necesidad de adecuación recíproca, en cuanto
proceso bidireccional, tanto de los que llegan como de los que ya estaban aquí.
Lo que parecería evidente es que apelar a una ciudadanía universal o cosmopolita
sigue siendo una quimera: ni estamos ante la Paz Perpetua de Kant, ni siquiera nos
aproximamos el Estado Mundial preconizado por Kelsen. Por tanto, hablar de un modelo
de ciudadanía global, dónde todos los individuos compartan el mismo sistema de
determinación de sus derechos y obligaciones que permita una desterritorialización del
concepto, impide afrontar una realidad que sigue fuertemente amarrada a la órbita del
Estado. Tiene que ser desde el Estado donde trabajemos para: o reforzar su adhesión a
un concepto nacional dominante (democracia nacionalizada), o para asumir la necesaria
25 Javier de Lucas, al rechazar la vinculación entre nacionalidad y ciudadanía, postula un concepto de
ciudadanía gradual en cuanto retorno de la ciudadanía a su origen etimológico, sobre la base de la
residencia (tres años) y la libre aceptación del ordenamiento jurídico-constitucional.
26 El Código Civil español recoge el indeterminado “suficiente grado de integración en la sociedad”.
27 En la mayoría de los Estados el ius sanguinis ha sido complementado con el ius solis. Si el ius sanguinis se
halla sujeto a la concreta visión de un modelo de ciudadanía nacionalizada, el ius solis refleja la conexión
tanto formal como real de una persona con un orden jurídico determinado y, con ello, coloca al
individuo en relación directa con el Estado. Desde esta posición, todas las personas que nacen dentro del
territorio sujeto a la jurisdicción estatal, incluso los hijos de los llamados inmigrantes ilegales, deberían
tener el derecho a adquirir la nacionalidad del Estado desde el momento de su nacimiento.
28 Y, precisamente, éste ha sido el ejemplo seguido en muchos países, tras el 11 de Septiembre.
16