Revista Derecho en Sociedad, n.° 2 - Febrero 2012 - Ulacit

DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 2. Febrero de 2012
Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica
admitir su combinación con otras formas de identidad (nacionales o no) y, en muchos
casos, la rivalidad con ellas 24 .
El proceso de naturalización -como instrumento que permite la transformación de un
extranjero en ciudadano con los derechos y privilegios de miembros de la comunidadpuede
ser visto como el ejemplo paradigmático de cómo el nacionalismo y su modelo
de legitimidad inserta la teología en la política, sustituyendo el sacramento del bautismo
(admisión en la comunidad de fe y creencias) por la adquisición de la nacionalidad con
la comunión en una concreta nación. Así, las leyes sobre la atribución y adquisición de
la nacionalidad en un Estado, reproducen un determinado modelo de nación, desde una
concepción más étnico-cultural (ius sanguinis, o adquisición de la ciudadanía por
ascendencia) hasta una posición más territorializada (ius solis, vinculada el mero hecho de
nacer en el territorio sometido a la jurisdicción estatal). En concreto, los procedimientos
de naturalización buscan fortalecer la lealtad y el sentido de pertenencia a una
nacionalidad singular para conseguir la mayor integración en la comunidad política.
Los diferentes requisitos que son exigidos pueden ser descritos como la específica
inserción de los más importantes modelos de ciudadanía (Kostakopoulou 2008: 80-88):
1) el liberalismo y su adhesión a los valores universales de los derechos individuales; 2) el
republicanismo, con el juramento o promesa a un modelo constitucional que, también
recoge una vinculación singular del Estado con la nación y que, por ello, pude incluso
requerir la renuncia a la nacionalidad anterior; 3) el comunitarismo, en cuanto búsqueda de
la asimilación dentro de la cultura mayoritaria y que, por ello, puede demandar el
aprendizaje de una lengua concreta, la asunción de tradiciones, costumbres, etc. Sólo
dos requisitos son exigidos por todos los modelos: la residencia y la ausencia de
antecedentes penales. Y respecto al resto (conocimiento mínimo de la lengua
24 En este sentido, no se trata de demonizar ningún proyecto de construcción nacional, sea estatal
mayoritario o de minorías nacionales, pero habrá que fijar, de manera adecuada, cuáles son las reglas de
juego y las respuestas a los anhelos de autodeterminación no sólo interna (mayor o menor grado de
autogobierno de las nacionalidades sub-estatales), sino, en caso de existencia de un porcentaje amplio
que busca la secesión, determinar los cauces procedimentales que deban seguirse ante la llamada
autodeterminación externa. Y, aquí, el derecho internacional no nos sirve demasiado, salvo ante la
violación masiva de derechos (ver, en especial, Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and
Peoples, 1960, y Declaration concerning Friendly Relations among States, 1970; Knop 2002: 75-86). Será, por tanto, desde
el derecho constitucional dónde deberemos afrontar los retos del choque de legitimidades antagónicas
con los valores y presupuestos de la democracia. Y, precisamente, el caso de Quebec nos presentó los
riesgos que asume un sistema democrático cuando no cuenta con un procedimiento preestablecido para
saber cuándo una parte del territorio estatal puede emprender el camino de la secesión. La respuesta de
la Canadian Supreme Court y su Opinion es, en este sentido esclarecedora: claridad de la pregunta, claridad de
la mayoría que opta por la secesión y, sólo así, negociación entre las partes (Norman 2006: 192-203).
Aunque qué sea esa claridad de la cuestión formulada y de la mayoría obtenida es algo que los jueces,
obviamente, dejaron en manos de los órganos estrictamente políticos y su determinación específica.
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