Revista Derecho en Sociedad, n.° 2 - Febrero 2012 - Ulacit

DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 2. Febrero de 2012
Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica
eternamente.
El Estado ha perdido los principales significados que lo definían (Estado como
monopolio de la creación jurídica en el decir de Kelsen; o el Estado como monopolio de
la decisión jurídica, en palabras de Schmitt), pero continua manteniendo el control de la
atribución y adquisición de la nacionalidad. Ya lo decía Hannah Arendt en los años 50:
la soberanía en nada es más absoluta que en materia de emigración, naturalización,
nacionalidad y expulsión (1973: 278; Shaw 2007: 21).
Las respuestas de liberales, comunitarios o republicanos, incluso con sus diferentes
acentos en los derechos individuales, la identidad colectiva o la participación ciudadana,
al menos ya sabemos que están de acuerdo en algo: no ponen en cuestión el modelo de
ciudadanía nacional. Y, sin embargo, a pesar de las propuestas que han aparecido para
diseñar una ciudadanía sin su carácter nacional (Kostakopoulou 2008), parece difícil
prescindir de un concepto tan anclado en la política estatal como el de nación y su
proyección colectiva. En el presente es imposible plantear un modelo de Estado
culturalmente neutro y sin su correspondiente ideología nacional.
La potencialidad ética que supone rechazar una exclusiva identidad nacional como
indisoluble elemento para la formación y desarrollo del Estado no significa que podamos
olvidar que cada Estado está basado en una identidad diferenciada. Los Estados deben
ser más inclusivos con otras formas culturales en un movimiento reciproco entre la
sociedad de acogida y los nuevos grupos que se instalan en ella, pero las instituciones
publicas necesitan siempre trabajar con unas identidades específicas y, por ello,
incompatibles con una aséptica neutralidad cultural o nacional (Kymlicka 2001 17 ;
Norman 2007: 51). Incluso los más avanzados Estados multinacionales necesitan manejar
sólo ciertas lenguas, costumbres y culturas para la plasmación de su acción pública
(Moore 2001: p. 130). Y aunque los Estados presenten normalmente “nested national
identities” (Miller 2000: 140) y las sociedades siempre sean más plurales que las
proclamas del discurso oficial, no se puede prescindir de la cultura colectiva.
Así la pretensión de separar la noción nacional del Estado, de manera análoga a la
que en la modernidad buscó la distinción con la religión, no deja de ser una
manifestación que aunque pudiera ser bienintencionada, es tan irrealizable como
primero, adquisición por las trabajadoras de derechos sociales, vinculados a su función reproductora,
después, los derechos políticos con el sufragio universal femenino; y sólo a mediados del siglo XX, la
plena igualación en derechos civiles dentro del matrimonio. Y, a pesar de las críticas, como
simplificación, el modelo de Marshall sigue siendo una referencia insoslayable (Bellamy 2008: 47-51).
17 Will Kymlicka incluso afirma que la democracia sólo puede desarrollarse dentro de un contexto
nacional y, más aún, que la política democrática es política en lengua vernácula, de ahí su nacionalismo
liberal.
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