Revista Derecho en Sociedad, n.Â° 2 - Febrero 2012 - Ulacit

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DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 2. Febrero de 2012 Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica persiste el privilegio de los nacionales de un Estado y, con ello, sigue presentado exclusiones difícilmente explicables desde una visión democrática que reduzca la paradoja de su nacionalización 11 . La exclusión de la ciudadanía se fue mitigando internamente, al hacerse más inclusiva, pero se mantiene, y de manera, reforzada, externamente, es decir, frente al extranjero (Bellamy 2008: 54). No obstante, los antiguos modelos de Estado-nación, homogéneos y uniformes, ya no pueden ser vistos como entidades naturales, sino como realidades contingentes y cambiantes. Sólo unos pocos países podrían ser descritos como conformados históricamente por una única nación, e incluso esto no significaría hablar de una homogeneidad absoluta de identidades y menos aún de voluntades e intereses. La ficción de la homogeneidad nacional fue construida por el Estado a través de sus propias políticas públicas. Pero, a pesar de ello, cualquier heterogeneidad que pusiera en riesgo la nación imaginada fue vista como enfermiza y peligrosa. Carl Schmitt no pudo ser más contundente en el periodo de entreguerras: de acuerdo con el principio de nacionalidad, cada nación forma un Estado y cada Estado incorpora una nación; y, por ello, la homogeneidad nacional del Estado se presenta como lo normal; con su consiguiente reverso, un Estado que carezca de dicha homogeneidad será visto como una anormalidad que amenaza la paz (Schmitt 2008: 262). Sin embargo, tal y como declaró Yael Tamir, “the era of homogeneous and viable nation-states is over (or rather, the era of the illusion that homogeneous and viable nation-states are possible is over, since such states never existed), and the national vision must be redefined” (1993: 3). Cuando ya no es posible mantener la ideología nacionalista que proclamó su soflama de “un Estado para cada nación” doluptat. 12 , es tiempo de reconsiderar la retórica de la identificación entre ciudadanía y nacionalidad. Pero veamos que han dicho las teorías contemporáneas sobre el concepto de ciudadanía y su adhesión a la nación. La ciudadanía ha sido descrita, básicamente, desde tres perspectivas: derechos y obligaciones, participación política e identidad compartida. Simplificando podemos decir que las distintas propuestas han puesto el acento en una de estas dimensiones, relegando las otras: liberales, derechos universales del individuo aislado, bajo 11 “states retain the sovereign prerogative to decide who may be naturalised in accordance with distinctive nationality traditions and official discourses about the behaviour, traits and attitudes of migrants” (Kostakopoulou 2008: p. 102). 12 “A State to Each nation” no puede ser más que “an Unattainable Ideal” (Tamir 1993: 142-145). 9
DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 2. Febrero de 2012 Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica el principio de la igualdad formal 13 ; comunitarios, inserción de los individuos en una comunidad preexistente que los define e identifica 14 ; republicanos, incremento de la participación política a partir de una mejor educación cívica 15 (Lister y Pia 2008: 14-22). La confrontación doctrinal respecto a la ciudadanía presenta, por tanto, tres posiciones diferenciadas: el individualismo del liberal; la inserción en la comunidad ontológica de los comunitarios; y el fomento de la participación política como desarrollo de la libertad positiva de los republicanos. El nuevo enfrentamiento reproduce, de alguna manera, la vieja polémica entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos de Benjamin Constant. Y, sin embargo, debemos establecer una clara diferencia: la tensión entre una concepción liberal de la ciudadanía (derechos individuales frente al Estado) y la visión comunitaria (comunidad previa en la que se inserta el individuo), y sus mediaciones desde posiciones republicanas (participación política y educación cívica) asume, siempre, un presupuesto de partida: la noción de ciudadanía nacionalizada por el Estado. Frente al liberalismo y su énfasis en los derechos universales de los individuos y en la existencia de unos principios de justicia, los comunitarios colocan la pertenencia e identificación dentro de una comunidad como requisito previo para la obtención de los derechos: la defensa liberal de unos principios universales, iguales para todos, en cualquier tiempo y lugar, se convierte en la noción comunitarista de diferencia entre comunidades y, por ello, de una ciudadanía singular, particularizada. Frente a la visión de una comunidad preexistente (cultural o étnica), el republicanismo, en cambio, pone el acento en la participación en lo público. Pero, todas estas teorías, en su concepción más tradicional, siguen aferradas a la identificación de la ciudadanía con la nacionalidad 16 . Y, sin embargo, ya no sirve mantener esta igualación 13 La ciudadanía, como cálculo individualista que protege derechos, permite observar la legitimidad del sistema desde los derechos inherentes al hombre y no desde su identificación con una concreta comunidad política. 14 Los ciudadanos como miembros de una comunidad diferencial en la que se realizan y con la que se vinculan, vitalmente, en su identidad personal y en su proyección colectiva. 15 La comprensión de la ciudadanía en el desarrollo de la participación pública de unos miembros cuya libertad, no ya en negativo (abstención de no hacer por el Estado), sino también en positivo (autogobierno y auto-normación en democracia), es vista como realización activa en lo común (res publica). 16 Como modelo recurrente de liberalismo nacionalizado, conviene mencionar el concepto de ciudadanía del sociólogo T. H. Marshall (1950), visto como la evolución ascendente de la ciudadanía en el Reino Unido. Marshall presenta el siguiente desarrollo histórico: 1º) del siglo XVII a mediados del XIX, derechos civiles del hombre aislado, con su protección por los Tribunales como igualdad ante la ley; 2º) desde finales del siglo XVIII a comienzos del Siglo XX, derechos políticos y se realización en la representación parlamentaria y en la progresiva universalización del derecho al voto; 3º) de finales del siglo XIX a la culminación de mediados del XX, los derechos sociales como estándares mínimos de bienestar que, sujetos al cambio, cuentan con la educación cívica y con los servicios sociales como sus mejores instrumentos de realización (Marshall 1975). No obstante, el modelo de Marshall ha sido criticado desde muy diferentes posturas, en particular, por su olvido de diferentes formas de exclusión (género, minorías étnicas o culturales, etc.), junto a su lazo inquebrantable con el Estado-nación británico. En particular, cabe destacar su inexactitud en relación a la mujer, respecto a la cuál, en muchos países, la evolución ha sido, más bien, la contraria: 10
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