Crítica al sistema de sanciones y los criterios para su - Ulacit

Ciencias Sociales
Rhombus
del Art. 81 PCP, carecen de utilidad,
lógica sistemática y coherencia valorativa.
Es más, la regulación de estos preceptos
proyectados, no constituyen sino
institutos propios de un sistema
progresivo como el que, formalmente,
caracteriza a los centros carcelarios de
Costa Rica.
Además, la institución de la
suspensión condicional de la ejecución de
la pena prevista en el Art. 83 PCP, de
llegar a ser ley vigente, posiblemente
quedará en desuso, pues esta vía de
sustitución no sólo ya está contenida en
el Art. 81.3 PCP, referido al reemplazo de
las penas de prisión que no excedan de 3
años; sino, además, porque contempla
mayores requisitos que esta.
Así, por ejemplo, ninguno de los 3
requisitos del Art. 83 PCP, sobre la
suspensión condicional de la pena, se
exigen para el reemplazo de esta por la
vía del Art. 81.3 PCP.
De todas formas, la suspensión
condicional de la pena, tal y como se
establece en el PCP, posee roces de
inconstitucionalidad. Esas “condiciones”
constituyen, sin lugar a duda, sanciones
impuestas en sustitución del
cumplimiento de la prisión; sencillamente,
constituyen una sanción no privativa de
libertad que sustituye otra sanción
privativa de libertad. El Art. 84 PCP,
indica que el juez deberá fijar las
condiciones que ha de cumplir el
condenado. Pero esas condiciones no se
describen por ningún lado en ningún tipo
penal. Por lo tanto, un órgano
jurisdiccional no debería imponer
condiciones a modo de sanción sustitutiva
a la prisión que no estén previa y
expresamente establecidas por ley, con
base en el principio de legalidad en su
vertiente de garantía penal que consagra
el Art. 39 CPol, principio que incluso
recoge el PCP en su Art. 1, y el vigente
CP también en su Art. 1.
Surge también otro reparo frente al
arresto de fin de semana, y al arresto
domiciliario, figuras que, tengo entendido,
han fracasado en otros países, incluso con
un nivel mayor de industrialización que el
de Costa Rica. Además, constituyen una
forma precaria de la pena privativa de
libertad. Es decir, el Estado se ahorra el
gasto que supone encerrar a una persona
en una institución pública. Pero en honor
a ese ahorro dinerario, esas penas
alternativas terminan siendo incumplidas.
Pues si el Estado ahorra en el
encerramiento, necesariamente debería
invertir en mecanismos de control que
aseguren que la persona, efectivamente,
permanecerá de forma continua en su
domicilio por el tiempo que determine el
juez. Dudo mucho que el Estado
costarricense esté en disposición de
sufragar el pago de oficiales de policía
que custodien las 24 horas del día el lugar
de habitación del condenado. Además, el
proyecto ni siquiera indica dónde se
cumpliría el arresto de fin de semana.
En definitiva, tanto el arresto domiciliario
como la detención de fin de semana, si es
que se cumplen, no constituyen
verdaderas sanciones.
Respecto de la pena de limitación de
residencia, y la pena de prohibición de
residencia o tránsito, de convertirse el
proyecto en ley, igualmente auguro que
serán sistemáticamente incumplidas por
falta de medios de control por parte del
Estado.
Al final, a este no le quedará más que
depositar la confianza en la sola palabra
del condenado.
También es censurable la finalidad que
el PCP asigna a la pena de prestación de
servicio de utilidad pública (o trabajo en
beneficio de la comunidad). Dice el Art.
56 PCP, que esta pena “alternativa” “ha
de ser idónea para desarrollar a
través del trabajo, aprecio por las
cosas de utilidad común, respeto por
ellas y conciencia de sociabilidad”,
concepto, este último, algo ambiguo y
que, por ejemplo, podría entenderse
como un proceso de interiorización de
normas de cortesía o de simpatía, las
cuales supongan el gusto por el trato con
las personas.
El Derecho Penal lo único que puede
exigir en un modelo de Estado como el
nuestro, es un respeto externo al orden
jurídico bajo amenaza de pena, no la
interiorización, introyección, o adhesión
interna de ciertos valores. La finalidad
preventivo-especial positiva de la pena no
puede reducirse a la asunción de un
código de valores, sino, a la más modesta
de que el sujeto lleve en el futuro una
vida sin cometer delitos, sin que
necesariamente haga suyos los valores de
la sociedad.
Por su parte, los Arts. 46 y 56 PCP,
son contradictorios. Ambos hablan del
trabajo en beneficio de la comunidad
como una forma sustitutiva de la pena de
Revista Rhombus N° 2 * Abril 2005