La Revolución de los Transgénicos - Universidad Iberoamericana

La Revolución de los Transgénicos: Certezas e Incertidumbres
realización tecnológica en cuestión, pero tampoco en una absoluta liberación de los productos
tecnológicos, sin ninguna regulación. Más bien, lo deseable y esperable de la racionalidad de
las controversias es el hecho de que los actores acepten una vía dialógica de resolución de
conflictos sociales, es decir, un método que impida la coacción y la violencia para construir
consensos en la medida en que los diversos intereses se ponderen y se equilibren.
La resolución de las controversias sociales sobre el desarrollo tecnológico implica nuevos
problemas de gestión política nacional e internacional para poder regular y poner bajo el
control social las innovaciones tecnológicas. Además, la participación de la sociedad en el
“desocultamiento” de los riesgos del mundo tecnológico, y en su evaluación, no podrá darse
como un proceso de repentina “iluminación” colectiva. Es necesario tener en cuenta que, a
medida en que la sociedad posea mayor información de los efectos de la tecnociencia (no
siempre adecuada o bien comprendida), habrá una discrepancia entre los riesgos objetivos
(hasta cierto punto calculables y medibles probabilísticamente) y la percepción subjetiva e
intersubjetiva de los mismos riesgos. La percepción colectiva de un riesgo razonablemente
aceptable dependerá no sólo de la disponibilidad de información científica respecto de los
efectos de una tecnología, sino también del manejo político de la información, la gestión de
los riegos y la legitimación de una innovación tecnológica.
Las condiciones indispensables para la resolución de controversias tecnológicas podríamos
resumirlas en: difundir y compartir el saber, compartir el poder de decisión, potenciar la
autonomía de los ciudadanos y extender la responsabilidad, ampliar los alcances de la prevención
basada en conjeturas racionales, pactar acuerdos mínimos de orden global. En otros términos:
se deben buscar acuerdos racionales mediante un proceso público y legitimado de decisión,
para ello, toda la información relevante se pondrá a disposición de los involucrados; se debe
buscar establecer rangos mínimos de beneficios y máximos de riesgos aceptables (no negociables)
como criterios de racionalidad colectiva, potenciar la capacidad de decisión de los ciudadanos
y, desde luego, asegurar la máxima participación de la sociedad, mediante procedimientos de
representación democrática.
Esto significa que el nuevo contrato social para la tecnociencia involucra en las decisiones
cruciales sobre las políticas tecnológicas no sólo a los científicos y tecnólogos, a los expertos
y representantes de los poderes convencionales (gobiernos, empresas, productores), sino
también a los ciudadanos de a pie que participen como usuarios y como receptores potenciales
de los beneficios y de los riesgos de una nueva tecnología. Esta participación compleja responde
al hecho de que el sujeto de la tecnociencia se ha vuelto colectivo y que, por tanto, las acciones
tecnocientíficas responden a un conjunto diverso de valores que, en principio, deben ser
considerados y ponderados por igual.
En el caso que nos ocupa, no sólo son válidos los valores intrínsecamente pragmáticos,
técnicos, epistémicos, económicos, productivos o agronómicos de la tecnología de los
transgénicos. También deben entrar en acción valores éticos relativos a la seguridad, la
prevención de daños probables, la distribución equitativa de los costos, riesgos, la protección
de la biodiversidad, la igualdad de condiciones en la producción y el comercio, la validación
social y democrática de las innovaciones tecnológicas. El sistema de valores que están
relacionados con los tansgénicos de primera generación (el maíz Bt, el algodón Bt, la soya y
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