Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
Seguridad deben ser diseñadas para reasumir sus funciones específicas, es decir las policiales en
el ámbito nacional.
Con esta ley estamos dando marco a las pautas que deberán seleccionarse cuando se adopten
decisiones de Defensa Nacional. Por ello, señor presidente, cuando se tomen decisiones relacionadas
con la educación militar, con la producción militar, con la compra de armamentos, deberá
adoptárselas en función de la actividad específica para la que han sido creadas: la defensa del país
ante ataques externos. Esto no quiere decir que ante un grave estado de conmoción interior no
pueda utilizarse a las Fuerzas Armadas.
Por ello, el artículo 2º en su referencia a agresiones externas y a la reafirmación del poder
del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de disponer de ellas, no resulta
una incongruencia, ni mucho menos una mascarada. Es la explicitación de una finalidad y no
acota su uso eventual por necesidad en situaciones internas, función para la cual las Fuerzas
Armadas no deben ser diseñadas. Esto es así porque si las diseñamos con el criterio de seguridad
interna, tendríamos que comprar por ejemplo lanzagases o tanques hidrantes, es decir elementos
de discutible eficacia en caso de un enfrentamiento bélico. Resulta evidente lo ridículo de esta
situación.
Por ello implícitamente expresa esta ley que nuestras Fuerzas de Seguridad reasumen su rol
específico, que será devuelto por las Fuerzas Armadas y que en función de esta reasunción se
ponga en funcionamiento la total capacidad operativa de nuestras Fuerzas de Seguridad para hacerlas
el escalón operativo inmediatamente cercano al escalón operativo de las Fuerzas Armadas.
De tal forma que en caso de ser sobrepasadas nuestras Fuerzas de Seguridad, la envergadura de la
conmoción interior tendrá características de ataque exterior, para lo cual estarían perfectamente
preparadas, profesional y tecnológicamente nuestras Fuerzas Armadas gracias, justamente, a la
sanción de este proyecto de ley que estamos debatiendo.
Las opiniones vertidas por el senador Bravo Herrera y por el senador Martiarena han creado
confusión al cuestionar directamente el espíritu de este proyecto diciendo que debería contemplar
todo tipo de agresiones y no solamente las de origen externo, tal cual expresa el artículo 2°.
De la simple lectura del proyecto en su totalidad surge que se pretende sancionar una ley de
defensa general, particularizada contra las agresiones externas. Con ese criterio el Poder Ejecutivo
preparó el proyecto, y así lo interpretó la Cámara de Diputados en el momento de la sanción.
Sería ingenuo suponer que el circunscribir el proyecto a la defensa ante agresiones externas ha
sido fruto del olvido o de una total miopía por pensar que no se pueden generar situaciones de
agresión interna.
Sucede, señor presidente, que al elaborarse el proyecto se tuvo en cuenta la Constitución, que
contempla ambos tipos de agresión y les da un tratamiento distinto.
Así, mientras en el caso de agresión externa es el Congreso quien autoriza al Poder Ejecutivo
a declarar la guerra o a prestar su acuerdo para declarar el estado de sitio, es atribución del Poder
Legislativo declarar el estado de sitio en caso de conmoción interior.
O sea que ya para los redactores de nuestra ley Fundamental no era lo mismo una agresión
interna que una externa. Este concepto es de una vigencia total en nuestros días, sobre todo observando
nuestro pasado más reciente en el que varios sectores cometieron o se vieron incriminados
por el delito de sedición tal cual lo explicita el artículo 22 de la Constitución,
A la luz de las experiencias que hemos heredado, nadie pueda afirmar con seriedad la calidad,
cantidad u origen de las posibles agresiones internas que pudiere sufrir la Nación en un futuro
y, menos aún, acotar lo que prevé la Constitución en la materia, creando nuevas estructuras, de
respuesta a preguntas informulables.
Por ello, las posibles respuestas a las agresiones internas deben tener la mayor flexibilidad
posible por parte de las autoridades y representantes legalmente constituidos de acuerdo con
nuestra ley Fundamental.
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1986