Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
excesivamente limitada a la faz militar; han asentado el mismo principio de integralidad y han
dado esa misma opinión.
El proyecto de la senadora Gurdulich reconoce, por supuesto, que el presidente de la
República es el jefe supremo de la Nación y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas.
Sobre este tema nada hay que decir porque así está indicado en el orden constitucional y es a
quien le corresponde tomar las decisiones en este terreno; esto es indiscutido e indiscutible y
todos estamos de acuerdo. Pero el presidente tiene que dotar al sistema de un órgano concreto
y crear el Consejo Nacional de Defensa, que es el encargado de asesorarlo en las múltiples cuestiones
de defensa, no sólo para redactar un proyecto de ley, sino también para otras numerosas
cuestiones vinculadas con el tema. Ese consejo estará integrado, además, por el vicepresidente
de la Nación, el ministro de Defensa —el orden natural en la materia— con los presidentes de
las comisiones de Defensa de ambas Cámaras, dos diputados y dos senadores, el jefe del Estado
Mayor Conjunto, el secretario general de la Confederación General del Trabajo y un empresario
representativo de su sector.
Yo sé que sobre esto se han hecho críticas. Se ha dicho, por ejemplo, que el vicepresidente
de la Nación no tiene funciones para actuar en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino solamente
para presidir las sesiones del Senado y decidir en caso de empate. Pero eso significa adoptar una
actitud irrazonable. El vicepresidente es el sucesor constitucional y eventual del presidente de la
Nación y por eso debe estar al tanto de lo que se hace en esta órbita. A mi modo de ver, pues, no
es correcta la crítica.
En cuanto al ministro de Defensa, doy por descontado que no es criticable su incorporación.
Sobre los legisladores nacionales se ha objetado que ellos tendrían un inconveniente derivado
de la incompatibilidad con el cargo parlamentario, y esto no es así, porque lo que la
Constitución prohíbe es el desempeño de cargos dependientes del Poder Ejecutivo sin autorización
del Congreso. Pero esos cargos pueden ser ejercidos con autorización de las Cámaras
respectivas, y en el proyecto de la señora senadora Gurdulich de Correa se establece la facultad
de los diputados y senadores para formar ese cuerpo, que no es dependiente, es de consulta y de
redacción de anteproyectos.
Tampoco se puede objetar que el Consejo de Defensa Nacional tenga por misión redactar anteproyectos,
porque se debe suponer legítimamente que las comisiones de Defensa de las que han
de surgir los representantes legislativos van a colaborar con más eficiencia que otros integrantes
del Consejo para la elaboración de esos anteproyectos, que en definitiva van a ser presentados al
Poder Ejecutivo para su sometimiento ulterior al Congreso de la Nación.
De manera que, a mi modo de ver, la arquitectura del sistema es perfecta. No tiene ningún
inconveniente de orden práctico ni legal.
Con esto queda terminada la parte organizativa. El proyecto no dice qué va a hacer el jefe de
Estado Mayor Conjunto ni el del Estado Mayor del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea,
y no corresponde que lo diga. Pero sí corresponde que el Consejo de Defensa Nacional elabore
los proyectos a su cargo y que, salvo omisiones que yo me proponía salvar con la presentación de
alguna iniciativa, son, por ejemplo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, incluyendo disposiciones
de planeamiento, logística, educación y conducción conjunta de esas fuerzas, es decir
que está prácticamente prevista toda situación.
También habría que mencionar la ley orgánica de producción para la defensa, que el proyecto
que se intenta aprobar hoy de ninguna manera se menciona pero que es fundamental,
tanto para una Nación que se prepara a fin de enfrentar un conflicto, como para la que ya está en
él y aun para la que cae en el postconflicto.
También estaría en ese paquete el proyecto de ley de organización territorial y movilización
para la defensa, incluyendo disposiciones relativas al servicio militar y al servicio civil, y las leyes
orgánicas de las Fuerzas de Seguridad en función de la Defensa Nacional. No se trata de que las
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1986