Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
integral —y aquí recojo la expresión utilizada en el proyecto de la señora senadora Gurdulich y
que considero válida, para una ley de Defensa Nacional—, ya que no prevé la organización del
país en forma integral para el caso de guerra, para la vinculación de todos los factores económicos,
sociales, culturales, etcétera, para las situaciones de agresión interna o de tipo interna con
connotaciones internacionales —inclusive, si no hace las previsiones para el caso de una posguerra,
que constituyen también un asunto de la mayor importancia para la República—, entonces,
digo, ¿cuál es la razón de la urgencia para sancionar este proyecto?
Por supuesto, estoy dispuesto a tratarlo, lo estuve en todo momento e incluso daré mi voto
de acuerdo con mi convicción. Pero este interrogante ha quedado en el aire y seguirá estándolo
si se sanciona este texto tal como nos aconsejan hacerlo.
Se ha dicho, y lo ha mencionado la señora senadora Gurdulich en una de sus aclaraciones,
que las divergencias surgirán cuando se tratara el artículo 2 o por la consideración que han hecho
el ministro de Defensa y la mayoría de la comisión en cuanto a que está previsto el caso de conmoción
interior.
Se ha dicho en la Cámara de Diputados y aquí también reiteradamente, que no tenemos
por qué afligirnos si ocurre nuevamente un proceso de subversión de signo terrorista, ya que el
presidente de la República no va a dejar inerme a la Nación porque no deban actuar las Fuerzas
Armadas toda vez que el artículo 2 o habla de agresión externa solamente. Dicen que para esa
situación la República tiene el resguardo del inciso 17 del artículo 86 de la Constitución, que es
el que autoriza al Poder Ejecutivo, como atribución propia, a disponer de las fuerzas militares
marítimas y terrestres y correr con su organización y distribución, según las necesidades de la
Nación.
Pero, desde luego —yo sé que esta es una materia de discusión entre los constitucionalistas
sobre cuáles son las cláusulas de aplicación inmediata y cuáles las que requieren reglamentación
legislativa—, es evidente que este artículo tiene que coordinarse con lo expresado por el inciso 28
del artículo 67 de la Constitución, que faculta al Congreso a: “Hacer todas las leyes y reglamentos
que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos
por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina”.
Desde luego, el inciso 17 del artículo 86 tampoco se compadece con una aplicación inmediata
y directa de lo establecido en el artículo 109 de la misma Constitución, donde se lee: “Ninguna
provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a
la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra
civil, calificados de sedición o asonada, que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme
a la ley”, reitero, “…conforme a la ley”.
Entonces, es irreal que en el caso de una situación interna de tal magnitud que creara un
peligro no inmanente sino positivo para la existencia de la Nación, se diga que la República
puede tener refugio en lo dispuesto por el inciso 17 del artículo 86 de la Constitución. Lo que
corresponde es que esta situación también debe ser uno de los temas que el Congreso tiene que
considerar y pronunciarse al respecto.
No basta la escapada, aparentemente legítima, de decir que ponemos en el artículo 2° de la
ley de Defensa Nacional que las Fuerzas Armadas solamente se ocuparán de los casos de agresión
exterior porque si ocurre alguna otra cosa tenemos el inciso 17 del artículo 86 de la Constitución.
Si procediéramos así, estaríamos haciendo alguna de estas dos cosas: cayendo en la ineficacia o
autorizando al presidente de la República a violar el orden constitucional, porque, sin ley, podría
disponer de las Fuerzas Armadas. Debemos dejar claro que el hecho de disponer de las Fuerzas
Armadas no significa realizar una disposición discrecional, sino que se trata de una disposición
legal, legítima, adecuada a la ley.
Esta es una de mis objeciones fundamentales al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, a la
sanción dada por la Cámara de Diputados y al dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa
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1986