Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
de manejarse los funcionarios con respecto a lo que es obligadamente público —recuérdese el
papel de la información para una cultura política democrática— y lo que necesariamente ha de
mantenerse en secreto y por cuánto tiempo. En ese sentido debe tenerse presente la legislación
norteamericana, que distingue con sabiduría lo que pertenece a la política cotidiana de lo que ya
forma parte de la historia.
También será necesaria una ley orgánica de las Fuerzas Armadas que complemente las disposiciones
en vigor y las actualice en función de una reforma militar profunda, atendiendo no sólo
a aspectos tales como su despliegue territorial o su logística, y que avance sobre su formación,
combinando un elevado nivel de capacitación técnica específica con una integración al todo
social para impedir cualquier manifestación de un espíritu de casta escindido de los avatares de
nuestra sociedad.
Y asimismo se requerirán otras leyes como las referidas a las Fuerzas de Seguridad y al Sistema
de Inteligencia.
En el proyecto que consideramos se avanza además en el sentido de establecer algunos criterios
que definen distintas situaciones probables para la Defensa Nacional. Dichos criterios están
expuestos en el cuadro anexo al dictamen y se les ha dado el nombre de mecanismos de alerta,
que, además de tratar de clasificar los diferentes escenarios en los cuales la Defensa Nacional está
en juego, con lo que se logran criterios compartidos por los que legislan y los que ejecutan —a
nadie se le escapa que dicho cuadro tiene una clara inspiración castrense en la medida en que
está configurando posibles marcos de acción— tienen por objeto delimitar las funciones de los
organismos más directamente vinculados con la Defensa Nacional. Ésta, como ya se sostuvo,
no es resorte exclusivo de las Fuerzas Armadas. Más aún, en algunos aspectos específicos no
corresponde que ellas actúen. De ahí que en el proyecto en discusión se detalle que las Fuerzas
Armadas no actúan en los conflictos internos, excepto cuando estén motivados por el alzamiento
de una parte de las Fuerzas de Seguridad o de las Fuerzas Armadas, en cuyo caso el presidente de
la Nación, que también preside el Consejo de Defensa Nacional, dará las indicaciones necesarias
para la represión que corresponda.
Cabe recordar que la inteligencia forma parte de las Fuerzas Armadas. Es decir que de aquí
en más no hay espacio legal para que los organismos militares de inteligencia trabajen en función
de hipótesis referidas a conflictos internos. Y eso se verifica hasta en los aspectos negativos: por
ejemplo, en qué actividades no pueden empeñarse las Fuerzas Armadas.
Pero el cuadro anexo, referido a mecanismos de alerta, especifica también en qué deben centrar
las Fuerzas Armadas su preparación, cuáles son las eventualidades a las que deben prestar atención.
Esto significa que en el dictamen no se trata a las Fuerzas Armadas como a un rival peligroso
al cual hay que mantener débil y sojuzgado, sino que, por el contrario, se plantea una reformulación
de sus objetivos para que cumplan el papel positivo que les asigna nuestra Constitución
y para que colaboren en la defensa de la integridad de nuestro territorio, así como de nuestro
patrimonio.
Todas estas consideraciones, señor presidente, en la medida en que la ley contemple esa concepción
de nuestra política con respecto a las Fuerzas Armadas, nos llevan a brindar nuestro
apoyo y nuestro voto favorable a este dictamen que, como dije anteriormente, no es el súmmum,
no es el ideal pero sí constituye un avance fundamental hacia una definición y una estructuración
total de lo que debe entenderse por un sistema de Defensa Nacional.
Más allá de cualquier tipo de especulación doctrinaria, las hipótesis de guerra, la logística o
la organización interna, debemos entender que aquí se trata de modificar una mentalidad y una
estructura de pensamiento, tendiendo a romper el aislamiento militar, promoviendo la integración
de las Fuerzas Armadas al resto de la sociedad, así como también elevar el nivel profesional
y cultural de los cuadros, fortalecer ciertos valores éticos, respetar la democracia y fomentar una
conciencia nacional auténtica.
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1986