Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

23 de octubre de 1986
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vida para la población, con el objeto de que esté en condiciones de participar con plenitud en las
tareas propias de la defensa.
En este sentido, me permito discrepar con algo que dijo en este recinto el miembro informante
de la comisión acerca de este proyecto en una brillante exposición sobre el tema. No creo
que el concepto de defensa tal como lo comprendemos desde el justicialismo, haya quedado algo
detenido en el tiempo y no tenga actualidad. Pienso que sí está vigente, que aunque los medios
se hayan modernizado —porque es cierto que la cibernética y la computación han pasado a ser
elementos preponderantes— el concepto global e integral de la defensa debe ser entendido como
la reunión de todos los elementos de la Nación que tiendan a consolidar nuestras fuerzas, nuestra
estructura. Creo que esto sigue teniendo plena vigencia.
De todos modos, ésta no es una discrepancia sustancial sino una forma de comprender un
asunto tan importante como el concepto de defensa.
Creemos que en alguna medida este concepto está reflejado en el proyecto de ley que estamos
considerando, que no es el ideal. Entendemos que ésta no será la ley definitiva sino, más bien, un
gran paso hacia su concreción.
Este proyecto nace de un gran esfuerzo de los legisladores para aunar los criterios —considerados
sobre todo desde un punto de vista pragmático— sobre un tema acerca del que hay
distintas concepciones: por un lado, la defensa en un sentido estricto —según la perspectiva
liberal— y, por otro, la defensa entendida como nación en armas. En este caso, más que aferrarse
a una posición dogmática se ha querido brindar una legislación que reemplace a la anterior que,
como se sabe, desgraciadamente estaba imbuida de la doctrina de la Seguridad Nacional.
Por eso se han priorizado los aspectos principales del proyecto del gobierno, compatibilizándolo
con el presentado por la senadora Gurdulich de Correa y el senador Saadi, dejando de
lado aquellos aspectos que pudieran producir un enfrentamiento entre una y otra concepción.
Más aún, creo que con el esfuerzo realizado en las discusiones se lograron resultados que fueron
mucho más allá de las expectativas que teníamos cuando nos decidimos a encarar esta tarea de
compatibilización.
Así es como se ha podido brindar un marco conceptual en los primeros cuatro artículos del
proyecto, que definen con claridad la idea de defensa, a la par que detallan el territorio sobre el
que se extiende y los instrumentos a que se puede recurrir.
En ese sentido, la mención de las Malvinas como parte indivisible de nuestro país no sólo
tiene el objetivo político de remarcar nuestra soberanía sobre las islas sino que está expresando
que la misión de la defensa está referida en primerísimo lugar a asegurar la integridad de nuestro
territorio y de nuestro patrimonio natural.
Respecto de los organismos cuya creación prevé esta ley, reviste una particular importancia
el Consejo de Defensa Nacional. Por un lado —y ahora que está en discusión la reforma constitucional
y en particular la modificación de algunas instituciones de los tres poderes—, este
proyecto adquiere particular relieve porque se crea un organismo en el que hay responsabilidades
compartidas entre los integrantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo en una cuestión tan
trascendente como es la de defensa. No se trata sólo del control del Parlamento sobre actos del
Poder Ejecutivo sino, más bien, de una actividad compartida desde el inicio, de modo tal que este
tema que hace a la Nación como un todo sea encarado coherentemente en sus decisiones fundamentales.
Por otro lado, tiene una importancia específica, porque se parte del reconocimiento de
que nuestro país carece de una legislación actualizada sobre los distintos aspectos que hacen a la
defensa y se formula una especie de calendario para avanzar en ese sentido.
De ahí que este dictamen, antes que cerrar un tema en realidad lo está abriendo. De aquí en
más, tanto los miembros del Poder Ejecutivo como los de las respectivas comisiones legislativas
de Defensa deberán apurar la elaboración de un paquete de proyectos sustantivos para la defensa.
Por ejemplo, una ley de secreto de Estado que establezca pautas sobre los criterios con que han