Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
Debemos recordar, señor presidente, porque cuando elaboramos la norma debemos tener
presente el recuerdo, no para revivir las etapas antiguas como en una especie de catálogo, de
venganzas, de recelos y de dolores, sino para tener presente que algo ha ocurrido en el país y
que tenemos la necesidad, como ciudadanos de la República, de restituir ese clima espiritual que
quizá se perdió en 1930.
Muchos golpes de Estado se dieron en el país, los que fueron organizados por grupos civiles y
grupos militares, pero el perfeccionamiento del golpe de Estado culminó con los dos últimos hechos
militares: cuando fueron derrocados el presidente constitucional Arturo Illia y la presidente
constitucional María Estela Martínez de Perón.
El golpe de Estado se dio en nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación como institución;
lo protagonizaron sus tres comandantes en jefe. Ese es el gran pecado capital de la deformación
de la vida republicana en nuestro país. No fueron sectores militares que por alguna circunstancia
de tipo político tenían mayoría de tipo bélico y apoyatura política en ciertos y determinados grupos
ciudadanos; eran las Fuerzas Armadas como institución del país las que asumían por sí, ante
sí y ante la historia, la responsabilidad de esos hechos. Y eso, para mí, es lo más grave.
Ello constituye el hecho fundamental de la historia de estos ciclos de gobiernos militares y
civiles, en la que tenemos que calar hondo, porque quizá los dos últimos golpes militares significaron
el perfeccionamiento del avance militar sobre el poder civil de la Nación.
Esto lo digo con franqueza, señor presidente, porque estamos discutiendo el proyecto de ley
de Defensa Nacional, donde el 90 por ciento del articulado se refiere lisa y llanamente a la mecánica
de las Fuerzas Armadas y a las problemáticas vinculadas a ellas en la esfera de la Nación.
De ahí que esta ley no va a servir para nada si no está acompañada por la formulación de una
política de integración de las Fuerzas Armadas dentro de la responsabilidad política nacional del
conjunto, a los efectos de que estos distanciamientos, que por supuesto se han ido acortando
llegando a ser mínimos, desaparezcan definitivamente.
Pero no deben desaparecer como una cuestión formal ni porque ratifiquemos que el presidente
de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; deben desaparecer por
el convencimiento total de civiles y militares de que acá se forma un todo, de que el Estado es
la Nación política y jurídicamente organizada y que son instrumentos pero no constituyen el
Estado, ni son los tutores, los encargados, los curadores del poder político, y de que la disposición
de que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes se cumple
de acuerdo con las normas que rigen el proceso democrático de elecciones y de duración del
mandato de las autoridades.
Esta ley, que podrá ser buena o regular, tiene un mérito, que ojalá sea el comienzo del gran
mérito legislativo: es la concertación legislativa y normativa de las distintas corrientes políticas
y, sobre todo, de las dos grandes vertientes mayoritarias que han conformado la ley posible para
este país.
Esta ley podrá ser buena o mala, pero hay un detalle importante y fundamental del que quiero
dejar constancia como legislador. Si esta ley no va acompañada de la voluntad de un apostolado
político de todos y cada uno de nosotros, de los dirigentes políticos, de los dirigentes de las sociedades
intermedias, de las organizaciones sindicales, de los distintos sectores de opinión pública y
de los hombres que pertenecen a las Fuerzas Armadas; si no va acompañada de una misión definitiva,
permanente y prolongada en el tiempo en el sentido de que esto debe ser un todo único,
que la de Defensa Nacional no es una ley orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación sino del
conjunto de todos los intereses que hacen a la vida de la Nación y de nuestra sociedad; si no nos
compenetramos de que la mecánica de la Constitución y de las leyes vigentes del país debe ser
respetada, aunque nos duela; si no nos convencemos de que en la democracia y en la República
somos esclavos de la ley, nos guste o no; si no nos convencemos de que cuando formamos parte
de un gobierno, ya sea como mayoría o como minoría, debemos defender el prestigio de las
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1986