Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita
dilación.
Frente a esto, sorprende el texto del proyecto que analizamos, que ha sido explicado por el
miembro informante de la mayoría.
En el artículo 1º del proyecto de la mayoría se establece una disposición perogrullesca. Esta
ley de defensa tiende a proveer a la defensa común, conforme al enunciado del Preámbulo de
la Constitución. Estimo que no es necesaria esta disposición ya que no agrega ni quita nada a la
prescripción constitucional.
Pero el tema controvertido, al cual se ha referido ya el senador Bravo Herrera, se vincula
con el texto del artículo 2°, que dice: “la Defensa Nacional es la integración y acción coordinada
de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación para enfrentar las agresiones de origen
externo”. Esta disposición, sin duda tomada del modelo español, como bien reconocía el señor
senador Berhongaray, es un reflejo del artículo 2º de la ley de defensa de España.
Pero, ¿qué dice la ley de defensa de España? Textualmente, expresa “La Defensa Nacional es la
disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales
de la Nación ante cualquier forma de agresión”.
Y, ¿qué dice nuestro artículo 2º? Establece “La Defensa Nacional es la integración y acción
coordinada de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, para enfrentar las agresiones
de origen externo”.
La diferencia entre el modelo español y el proyecto que analizamos indica una limitación que
cierra la clara y terminante disposición del inciso 17 del artículo 86, que faculta al presidente de
la República para disponer de las fuerzas imitares, marítimas y terrestres, y correr con su organización
y distribución según las necesidades de la Nación, sin hacer distinción entre internas y
externas.
El señor senador Bravo Herrera hizo una minuciosa descripción de una cantidad de peligros
que hoy entraña en la vida moderna la subversión y los brotes de terrorismo interno que hacen
correr peligro a la soberanía de la Nación, aunque sea una agresión externa disfrazada.
Nosotros nos preguntamos: ¿es interna o externa la agresión de los tupamaros, de los montoneros,
del ERP, de Sendero Luminoso, del M-19 en Colombia o de las asociaciones ilícitas de
subversivos y organizaciones delictuales, como lo son la de los traficantes de narcóticos que se
alían, como en Colombia, para agredir al poder?
Este es un peligro que ya ha sido denunciado en el Parlamento en otra oportunidad. Me voy
a permitir repetir textualmente palabras mencionadas en este Congreso en octubre de 1965.
Entonces se dijo: “La agresión subversiva o guerra revolucionaria se interpone a la autenticidad
nacional para contagiar la revolución con los ingredientes ideológicos y los impulsos extranjeros
de la guerra revolucionaria”. Y se agregaba: “Por otra parte, la guerra revolucionaria, necesariamente,
provoca la guerra. Hasta ahora fue la guerra convencional; mañana nadie sabe cómo
será”. Palabra premonitoria, que con sangre el país vivió posteriormente.
Y dijo más adelante este legislador: “Sabemos que el comunismo en todas sus formas es enemigo
de la democracia representativa y que procura socavar sus cimientos para posibilitar el acto
de fuerza que le permita implantar el sistema… Siempre su advenimiento se ha realizado a través
del acto de la fuerza. Por eso la democracia representativa está permanentemente amenazada por
la guerra subversiva, acto de fuerza por el cual se pretende imponer el comunismo en América y
en el mundo”.
“Declaramos —decía el legislador— que estamos dispuestos a combatir al comunismo en el
plano ideológico y que también estamos firmemente decididos a combatirlo en el terreno de la
guerra cuando elija ese camino”.
Estas palabras, del entonces diputado Raúl Alfonsín —hoy presidente de la República— nos
hace pensar en una dicotomía sorprendente entre esa claridad de conceptos y este proyecto del
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1986