Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
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el papel que la sociedad y el Estado les han asignado, pero tenemos que hacer honradamente el
intento de superar esta división entre civiles y militares; profesionalizar, en síntesis, la conciencia
militar y desmilitarizar la conciencia de la sociedad.
La unidad nacional, la tan mentada unidad nacional, presidida por el Estado, es la que nos
permitirá superar aceleradamente el estancamiento. Por eso queremos terminar con el militarismo:
para conformar una sociedad armónica dentro de la Constitución y en el marco del estado
de derecho.
Como expresara nuestro presidente en diciembre del año pasado: “Es necesario cambiar la
mentalidad arraigada en nuestra sociedad, eliminar sus componentes de autoritarismo, de intolerancia,
de egoísmo, de predisposición a la compartimentación sectorial y de ineptitud para el
diálogo: en cuanto a nosotros, los radicales, debemos comprender que debemos estar a la altura
de esta misión”.
Creemos que esta ley es la mejor contribución que nosotros, como legisladores oficialistas,
podemos hacer al país. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.
Sr. Leconte.—Señor presidente, señores senadores: al entrar a tratar esta ley de Defensa
Nacional conviene evocar la preocupación que este tema trajo a nuestros constituyentes de
1853, que en numerosas disposiciones de nuestra Carta Magna fijaron conceptos que hacen a
la Defensa Nacional, a las facultades del Congreso y del Poder Ejecutivo para tomar medidas en
materia militar y de defensa.
Es así como en el artículo 67, incisos 21 a 25 se establece con toda precisión las facultades del
Congreso en esta materia. Y en especial quiero referirme a los incisos 15 a 17 del artículo 86 de la
Constitución Nacional, que establecen las atribuciones del presidente de la Nación.
Para ser preciso, voy a leerlos. El inciso 15 dice: “Es comandante en jefe de todas las fuerzas de
mar y de tierra de la Nación”. El inciso 16 dice: “Provee los empleos militares de la Nación: con
acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores del Ejército
y Armada; y por sí solo en el campo de batalla”. El inciso 17 establece lo siguiente: “Dispone de
las fuerzas militares marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución según las
necesidades de la Nación”, concepto amplio y fuerte que nos está estableciendo las pautas claras
de las cuales no podemos salir.
El inciso 18 habla de la declaración de guerra y el 19 de la declaración del estado de sitio.
Con relación a estas disposiciones, dice Linares Quintana: “Los poderes militares son el sistema
de atribuciones vinculadas con la existencia, la organización y el funcionamiento de las Fuerzas
Armadas, que la Constitución Nacional ha asignado exclusivamente a los poderes Legislativo y
Ejecutivo con el propósito esencial y específico de la defensa de la patria y de esta Constitución,
de acuerdo con los términos del artículo 21 de esta última.
“Preferimos —dice el autor— la denominación de poderes militares a la usualmente empleada
de poderes de guerra, pues aquélla es más genérica, comprendiendo además los poderes
en tiempo de paz.”
Es una cita del Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado,
Editorial Alfa, Buenos Aires, 1963, tomo IX, página 373, sumario 6.001.
Pero estas no son las únicas normas constitucionales que se refieren a la materia. Así,
el artículo 6º faculta al gobierno federal a intervenir en el territorio de las provincias para
repeler invasiones. El artículo 21 establece el deber de todo ciudadano de armarse en defensa
de la Patria y de la propia Constitución. El artículo 23 permite declarar el estado de
sitio frente a una conmoción interior o ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio
de la Constitución y de las autoridades por ella creadas. El artículo 103 califica de traición a
la Nación la acción de tomar las armas contra ella o de unirse a sus enemigos prestándoles
ayuda y socorro. El artículo 108 prohíbe a las provincias armar buques de guerra o levantar